Estalla la guerra por el petróleo cubano

 

RUI FERREIRA, El Nuevo Herald, Marzo 15, 2007

 

La guerra por el petróleo cubano ha llegado al Capitolio.

 

Dos senadores introdujeron ayer un proyecto de ley de energía que contempla conceder permiso a empresas petroleras estadounidenses para participar en la extracción de crudo cubano.

 

Paralelamente, el senador Mel Martínez propuso una enmienda al Acta de Libertad y Solidaridad para Cuba, conocida como Helms-Burton, que negaría visas a todos los extranjeros que inviertan en la industria petrolífera cubana, aunque no incluye a los estadounidenses.

 

La propuesta Ley Energética de Seguridad y Eficiencia del 2007 (Safe Energy Act), presentada por el senador demócrata Byron Dorgan y su colega republicano Larry Craig, intenta incrementar el acceso a las reservas de petróleo y gas natural en las afueras de la plataforma continental del este del Golfo de México, a lo largo de las costas de la Florida.

Para ello, el Safe Energy Act propone que las compañías estadounidenses de petróleo y gas natural tengan acceso a esa zona, que es una franja a 45 millas de la costa de Estados Unidos que abarca aguas cubanas.

 

La participación en la extracción será fuera de la plataforma continental ''incluyendo tanto aguas territoriales de Cuba como de Estados Unidos'', precisa el proyecto de ley.

La Habana y Washington firmaron en 1977 un acuerdo que divide por la mitad las aguas colindantes del estrecho de la Florida para preservar sus intereses económicos, incluyendo la potencial extracción de crudo.

 

Según explicaron Dorgan y Craig en la presentación ayer de la propuesta, ``este nivel de acceso permitirá equilibrar la situación actual, al permitir el acceso de Estados Unidos a recursos que, de momento, están apenas al alcance de Cuba y otros países''.

 

Con el precio del barril por el cielo, las compañías petroleras han intensificado en los últimos años la búsqueda de crudo cerca del mercado estadounidense, incluida Cuba, en donde el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que pueden haber hasta 4,600 millones de barriles.

 

En una aparente respuesta a la Safe Energy Act, el senador Martínez propuso una enmienda a la Acta de Libertad y Solidaridad para Cuba que pretende ``bloquear todo esfuerzo cubano de desarrollar su industria petrolera''.

 

''Esta enmienda envía un mensaje fuerte de que cualquier intento de desarrollar la exploración de petróleo cubano enfrentará sanciones serias. Apoyar el régimen de Castro a desarrollar su extracción de crudo va en contra de la política estadounidense y nuestra seguridad nacional'', dijo Martínez.

 

Por ello, añadió, la propuesta de sus dos colegas de permitir que estadounidenses inviertan en la industria del petróleo cubano ``es una política mala, porque ataca las protecciones [ecológicas] de la Florida y va en contra de todo lo que el Congreso hizo el año pasado, incluyendo la zona de exclusión de perforaciones que se logró delante de la Florida''.

 

En términos prácticos, la enmienda propone la negación de visas de entrada a Estados Unidos a extranjeros que hayan invertido en la isla, a similitud de lo que ya está previsto en la misma ley Helms-Burton en relación a empresarios que comercian con propiedades estadounidenses intervenidas por La Habana.

 

Aunque todas las administraciones, desde que la ley fue firmada por Bill Clinton en marzo de 1996, han suspendido la aplicación del capítulo tercero que prohíbe el acceso a Estados Unidos de esos empresarios.

 

La propuesta de Martínez, sobre el papel, es mucho más estricta con los inversores extranjeros que con los estadounidenses, para los que no define una sanción directa.

 

''Esta enmienda, tal como está presentada, no se refiere directamente a los ciudadanos estadounidenses [que quieran invertir en la industria petrolífera de la isla]. Pero ``creemos que elimina toda posibilidad de inversión a norteamericanos porque sus subsidiarias estarían abarcadas'', dijo a El Nuevo Herald, Jessica García, portavoz de Martínez.

 

La esperanza del senador, añadió su portavoz, es que durante la discusión se introduzca el lenguaje necesario para impedir a los empresarios norteamericanos acceder al petróleo cubano.

 

Lo único que la propuesta de Martínez ahora precisa es que autoriza al presidente a imponer sanciones ''a toda persona'', sin especificar nacionalidad, que invierta más de $1 millón en la isla.

 

Las sanciones serían la negativa de créditos y licencias para esas inversiones, pero no se consideran multas o penas de cárcel.

 

El Safe Energy Act no se refiere, ni pretende abarcar, a subsidiarias extranjeras de empresas norteamericanas, sino que autoriza el acceso directo de esos empresarios a la industria cubana.

 

En Washington, el rechazo a las inversiones norteamericanas en la industria cubana del crudo no se circunscribe a Martínez. Su colega demócrata Bill Nelson, y los congresistas republicanos, Mario y Lincoln Díaz-Balart, así como Ileana Ros-Lehtinen, se han manifestado públicamente en contra.

 

Ros-Lehtinen indicó la semana pasada que está preparando un paquete legislativo en ese sentido.

 

''El Congreso consistentemente ha votado para evitar la exploración petrolera por lo menos a 100 millas de nuestras costas. El programa de exploración del régimen presenta una escapatoria que enriquecería al tirano, y causaría daños a nuestro sistema ecológico. Esto es totalmente inaceptable'', dijo la congresista.

 

No existe una medida exacta de la cantidad de empresarios estadounidenses interesados en invertir en la industria petrolera cubana, de la que sí participan compañías extranjeras como la canadiense Sherritt International.

 

''Como hay un impedimento legal de hacerlo en Cuba, realmente nadie ha mostrado intereses en hacerlo'', dijo la portavoz del American Petroleum Institute, Karen Matusic.

 

Pero, ''con el 85 por ciento de nuestras costas cerradas a la extracción, siempre damos la bienvenida a nuevos lugares donde podamos hacerlo'', añadió. 

  

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