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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

El sector privado cubano: el tamaño sí importa

 

Pavel Vidal Alejandro, en OnCuba

 

La expansión de las micro y pequeñas empresas privadas en Cuba se ha sostenido, a pesar de los pesares. En 2010, año en que el gobierno comenzara a otorgar nuevas licencias para las actividades privadas e introdujera algunas flexibilizaciones en los mercados, el número de negocios creció un 59 por ciento. En 2011 el incremento fue todavía mayor y llegó a 72 por ciento. A partir de 2012 sucede un enfriamiento, al acercarse el sector a los niveles potenciales y ante la falta de otras políticas complementarias.

 

A pesar de las dificultades que tiene el sector privado cubano para acceder legalmente a los insumos y al capital que necesita, y del marco regulatorio en extremo restringido en el que operan, las micro y pequeñas empresas han seguido generando empleo desde 2012 a un ritmo de 6,4 por ciento cada año, como promedio. El año pasado, aun con la recesión y crisis financiera que se aprecia a nivel macroeconómico, la cantidad de empleos privados aumentó un 7,2 por ciento.

 

Por el momento, el sector privado cubano se concentra, más que todo, en la microempresa (el número promedio de trabajadores por empresa es alrededor de 4), aunque hay algunos casos de mayor tamaño, pero sin llegar siquiera a constituir una empresa mediana.

 

El sector privado, junto a las cooperativas, es importante para un grupo creciente de familias como fuente de ingresos alternativa de los deprimidos salarios estatales, provee alrededor de un 30 por ciento del empleo total en la economía, ayuda a la competitividad del sector turístico y es clave en la producción de alimentos. Ha sido, además, la piedra angular en la estrategia oficial que busca reducir el tamaño del estado sin afectar las cifras agregadas de desempleo. Por tanto, su crecimiento sostenido y resiliencia es una muy buena noticia.

 

Sin embargo, las noticias podrían ser mejores si en algún momento el gobierno cubano cambiara el espacio que concibe para el sector privado en el modelo de crecimiento y desarrollo del país. De hecho, una mirada más exigente a los datos del sector privado conllevaría a concluir que su reciente expansión ha ocurrido en detrimento de la eficiencia económica.

 

El peso del valor agregado del sector privado y cooperativo nacional (sumando trabajadores por cuenta propia, cooperativas y campesinos) se mueve apenas entre un 6 y 9 por ciento del total del PIB (recordar que emplea el 30 por ciento de la fuerza de trabajo). Cuando se estima la dinámica de la productividad de la economía cubana (Productividad Total de los Factores) se aprecia que aumentó entre 1996 y 2007 a un ritmo promedio anual de 3,5 por ciento, mientras entre 2008 y 2014, coincidiendo con la mayor expansión del sector privado, el aumento de la productividad bajó a 1,1 por ciento.

 

Detrás de estos números se pudieran identificar dos factores. El primero tiene que ver con el ejemplo del ingeniero o del doctor que nos encontramos manejando un taxi o sirviendo en un paladar, ejemplo multiplicado por decenas de miles de veces, y extrapolado a otras profesiones universitarias y a trabajadores con una experiencia laboral acumulada, a la que renuncian para poder obtener unos ingresos mínimos con los cuales mantener a la familia. No tiene sentido que el país haya invertido miles de millones de dólares en educación por décadas y ahora diseñe una política que solo orienta y limita el sector privado hacia actividades, en general, de muy bajo valor agregado y escasa intensidad tecnológica.

 

En el sector privado de pequeña escala de América Latina prima la informalidad, y también genera mucho más empleo que valor agregado. Pero Cuba debería hacer todo lo posible para que así no sea. Existen condiciones sociales y una formación del capital humano que ofrece opciones para ser diferentes.

 

El segundo factor, y no ajeno al primero, tiene que ver con la máxima política de “evitar la concentración de la riqueza”. Lo cual se aplica al extremo de cobrar una tasa impositiva de 50 por ciento a todo negocio que gane más de 2000 dólares en un año. Bajo cualquier punto de comparación, es una tasa excesivamente alta, que va en contravía de la tendencia internacional de apoyo y fomento de la pequeña y mediana empresas, y más que todo constituye un incentivo a la evasión fiscal y a la informalidad. En este mismo saco podemos echar el tipo impositivo vigente que crece en la medida en que la empresa genera más empleo, y la regulación que limita a solo uno el número de establecimientos permitidos por cada licencia otorgada para operar un negocio.

 

Cada vez más, las experiencias internacionales muestran que las empresas nuevas, el espíritu emprendedor, y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, son un vehículo trascendental para la introducción de ideas innovadoras y de alta productividad en las economías. Pero para que el aumento de la productividad se aprecie a gran escala y contribuya el crecimiento del PIB, es indispensable que las empresas innovadoras puedan aumentar su tamaño, de modo que, mediante un proceso competitivo de autoselección, las de mayor productividad absorban los factores de producción (capital y trabajo) empleados previamente en actividades menos productivas.

 

El marco regulatorio e impositivo, y la retórica política, no deben castigar y desalentar el crecimiento de las empresas privadas que ganen competitividad y espacios de mercado a partir de la innovación. Para que la contribución del sector privado al PIB sea significativa, el gobierno cubano tendría que romper ese umbral que restringe las actividades de bajo valor agregado al sector privado y reservar el resto de la economía solo para las empresas estatales y de capital mixto o 100 por ciento con inversión extranjera. El gobierno tendría que pensarse políticas de desarrollo productivo que integren todas las empresas, independientemente de su forma de propiedad, con el fin de aprovechar la calidad del capital humano disponible.

 

Junto a un marco regulatorio y tributario adecuado, la política económica debe garantizar el acceso al financiamiento, algo que resulta complicado que llegue solo desde el crédito bancario, dado que en muchos casos se trataría de proyectos nuevos y sin colaterales tangibles. Una opción que se puede explorar para conectar la pequeña y mediana empresa cubana con el financiamiento externo son los fondos de capital de riesgo. Dichos fondos tienden a aceptar las ideas innovadoras como “colateral”, pues exigen como contrapartida una participación futura en las ganancias de las empresas.

 

Por ejemplo, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) ha hecho una importante inversión, en los últimos años, en la formación de capacidades en el terreno de la informática, capacidades que hoy no se explotan a su máximo potencial. La organización del sector privado en pequeñas y medianas empresas orientadas a la producción de softwares, la programación y otras actividades afines, de la mano de fondos de capital de riesgo, pudiera ser una opción a valorar. Los trabajadores por cuenta propia, que hoy operan bajo la figura de la licencia del “programador de equipos de cómputo” podría ser el embrión para este despegue.

 

Ante la crisis venezolana y la recesión en que ha caído la economía cubana desde 2016, las autoridades cubanas parecen solo querer apostar a grandes proyectos de inversión extranjera, obviando que estos grandes proyectos no operan en el vacío, sino que, para ser competitivos y viables financiera y operativamente, necesitan de un sector de pequeña y medianas empresas dinámico al que puedan interconectarse.

 

El próximo gobierno cubano debería dejar de medir su fortaleza en función del número de empresas estatales y de cuánto control monopólico tiene sobre los mercados. Sería más fuerte si se apoyara en una economía vibrante, favorecida con un marco regulatorio que promueva la competencia, el crecimiento empresarial y la innovación, y arroje así mayores ingresos fiscales por la vía de un sistema impositivo verdaderamente progresivo, con los cuales poder sostener el acceso universal a la educación, a la salud pública y a un sistema de asistencia social de calidad.