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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

El programa del Moncada o la revolución inconclusa

 

Miguel Sales, Málaga, en Diario de Cuba

 

- I -

 

El anuncio de una reforma constitucional en Cuba ha suscitado una febrilidad general en las filas de los disidentes que aspiran a ejercer la oposición leal dentro del sistema castrista. Menudean así los llamamientos a renovar los valores de un presunto "socialismo democrático" o a rescatar los "principios revolucionarios", como medio de rectificar el rumbo histórico que supuestamente el país habría extraviado a partir de 1959.

 

El razonamiento que sustenta estas posturas es que, si la revolución cubana fracasó en todos los ámbitos menos en la conservación del poder mediante la represión, no fue porque estaba basada en ideologías erróneas, sino porque los preceptos socialistas no se aplicaron con la pureza suficiente o porque Fidel Castro traicionó el ideario con el que había llevado a la lucha armada a sus seguidores.

 

Haciendo caso omiso de lo ocurrido en el resto del mundo en las últimas décadas, algunos voceros de esta penúltima recuperación revolucionaria y socialista sostienen que el fracaso del castrismo se debe a que en la Isla nunca se ha aplicado el marxismo auténtico. El socialismo "verdadero" (autogestionario, democrático, kibutziano, ecologista o vegetariano) habría evitado el colapso de la economía y garantizado derechos y libertades vulnerados desde los inicios del régimen hasta el día de hoy. Como si esas hipotéticas modalidades de organización colectivista hubieran existido alguna vez fuera de las páginas de los teóricos calenturientos que las concibieron. Otros ensalzan las ideas nacionalistas y democráticas que -aseguran- contenía el "programa del Moncada" como panacea que la población cubana aprobaría mayoritariamente hoy, en caso de que se celebraran elecciones libres.

 

De lo que cabe deducir que, si el verdadero socialismo o el "programa del Moncada" se implantaran en el futuro, otro gallo cantaría, la patria podría salvarse y todos terminaríamos navegando en el mar de la felicidad (Hugo Chávez dixit) en vez de andar huyendo en balsa por la corriente del Golfo. El problema de esta ficción es que el socialismo real ya se aplicó en docenas de países de lenguas, tradiciones, culturas y niveles de desarrollo diferentes, con resultados análogos a los que ha dado en Cuba y Venezuela, y que "el programa del Moncada" nunca existió y sus "ideas nacionalistas y democráticas" son como las once mil vírgenes que acompañaron a Santa Úrsula al martirio, que tampoco existieron. Como en el caso de las doncellas que se negaron heroicamente a la concupiscencia de Atila y los hunos, se trata en principio de una confusión documental.

 

Lo primero, el fracaso de los sistemas socialistas, resulta suficientemente obvio como para no tener que glosarlo aquí. En cambio, lo segundo, el ideario de la revolución cubana a partir de 1953, sí merece un examen exhaustivo, porque es un tema en el que siempre han prevalecido la confusión y la ambigüedad.

 

El orden de las cosas

 

Los orígenes de la revolución cubana de mediados del siglo XX se sitúan -como es sabido- en el golpe de Estado triunfante que encabezó en marzo de 1952 el ex presidente Fulgencio Batista y el intento de golpe de Estado dirigido por Fidel Castro, que fracasó en julio de 1953.

 

En relación con este último suceso, se suele fundir y confundir dos documentos, el Manifiesto del Moncada y el panfleto La Historia me absolverá (LHMA). Se da por supuesto que las ideas que figuran en LHMA -un texto muy posterior sobre cuya redacción final perduran dudas importantes- estaban explícitas antes del ataque simultáneo a los cuarteles de Bayamo y Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953 y que fue el consenso sobre esas ideas uno de los factores que motivaron a los conjurados a pasar a la acción. Nada más erróneo.

 

Según han relatado los supervivientes de ambos asaltos, ni Fidel Castro ni ninguno de sus lugartenientes elaboró durante los meses que duró la conjura nada parecido a un documento fundacional, en el que se precisaran la ideología y los principios de la organización y los cometidos que se proponía. En el año y pico de preparativos que precedió a julio de 1953 hubo algunas charlas informales y sin duda un consenso sobre la necesidad de derrocar por la violencia al Gobierno de Batista y de restaurar la Constitución de 1940, pero poco más.

 

Cuando Castro decidió pasar a la acción y lanzar a su tropa contra las fortalezas orientales, congregó a los complotados en la granja Siboney en las afueras de Santiago. Con la excepción de Abel Santamaría, el propio Castro y un par de jefes más, antes de la noche del 25 de julio ninguno de los reunidos allí conocía el objetivo de la operación ni la estrategia que seguirían en la lucha, y muchísimo menos las medidas que aplicarían en caso de que triunfara el empeño golpista. Cuando Castro explicó lo que iban a intentar, el plan pareció tan evidentemente descabellado a muchos de los reunidos, que varios de ellos renunciaron a participar en el ataque e incluso algunos de los que decidieron seguir adelante, como Gustavo Arcos, lo hicieron tras manifestar su desacuerdo con el método empleado para llevarlos al matadero.

 

Esa madrugada, poco antes del asalto, Castro leyó por primera vez algo parecido a un documento fundacional, la Proclama a la Nación, que luego se denominaría Manifiesto del Moncada. El texto lo había redactado tres días antes el periodista Raúl Gómez García, siguiendo las instrucciones del jefe del movimiento. Se trataba de un documento grandilocuente, lleno de moralina, adjetivos huecos, consignas y arengas patrióticas, con abundantes referencias a la "vergüenza", la "honradez", el "sacrificio" y la "democracia", que terminaba anunciando que en 1953 "nacería una república luz" [(sic].

 

El Manifiesto carece totalmente de contenido programático. En el texto se enumeran algunos principios muy generales, como la promesa de la Revolución de luchar por el bienestar y la prosperidad económica, y se proclama que el movimiento se fundamenta en "los ideales de Martí, contenidos en sus discursos, en las Bases del Partido Revolucionario Cubano, y en el Manifiesto de Montecristi; y hace suyos los Programas Revolucionarios de la Joven Cuba, ABC Radical y el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo)". Pero en medio de ese inverosímil ajiaco ideológico no se anuncia ni una sola de las medidas concretas que los revolucionarios se proponían aplicar en caso de que el movimiento triunfara, excepto la ya citada restauración de la Constitución de 1940 (y aun esa, "ajustada a las circunstancias de la victoria", como el propio Castro aclaró posteriormente). Años después pudo verse que esa indefinición convenía perfectamente a los designios de Castro, quien no quería verse limitado por ningún programa o acuerdo que le obligara a tomar en cuenta otras ideas o posturas políticas, ni siquiera las de sus propios seguidores.

 

Tras el fracaso del asalto a los cuarteles de Bayamo y Santiago, y la represión posterior, que se saldaron con 90 muertos y varias decenas de heridos, Fidel Castro gozó de la protección del arzobispo de Santiago de Cuba, amigo de su padre, y fue encarcelado con todas las garantías procesales. Mientras esperaba el juicio redactó algunos apuntes que luego usó en su alegato de defensa. Según varios testigos presenciales, esa intervención duró menos de dos horas, extensión muy inferior a la que llevaría la lectura en voz alta de la versión final de LHMA. Luego, en el presidio modelo de Isla de Pinos, Castro modificó y amplió esas notas, y sacó de prisión un primer borrador, con instrucciones de que sus secuaces lo hicieran llegar a destacados intelectuales moderados, para que mejoraran el documento. Basta comparar la vacuidad y rimbombancia del Manifiesto de julio de 1953 con el contenido de LHMA -que sin ser una maravilla literaria está mucho mejor escrito- para comprobar que en la redacción del segundo texto intervinieron una o dos plumas de más calidad, quizá Jorge Mañach y Mario Llerena, aunque este punto nunca se ha aclarado del todo.

 

La primera edición de LHMA se fabricó en una imprenta de la calle Desagüe, en La Habana, en octubre de 1954, casi un año después del juicio y transcurridos 15 meses de los ataques. Según algunas fuentes, se tiraron varios miles de ejemplares, que el incipiente aparato castrista se encargó de distribuir. Uno de los grandes exégetas de Castro, el periodista estadounidense Herbert Matthews, afirmó posteriormente que el panfleto apenas tuvo repercusión y pronto desapareció de la circulación.

 

Es decir, que hasta finales de 1954 no existió un documento escrito en el cual se expusieran claramente las medidas que el Movimiento 26 de Julio se proponía aplicar en caso de alcanzar el poder. Esas medidas componen un programa populista en el que destacan dos rasgos que luego caracterizarían a la gestión del gobierno de los Castro: la ignorancia supina de la realidad económica del país y la formulación de promesas fabulosas, que de antemano se sabían irrealizables.

 

Todo lo anterior, por supuesto, se presentó a la opinión pública envuelto en la retórica revolucionaria que proclamaba la consecución de la democracia, el desarrollo económico y la justicia social como objetivos del movimiento, adornada con citas de José Martí y algunas vaguedades conceptuales de literatos nacionalistas precedentes.

 

- II -

 

¿Qué medidas específicas se proponía aplicar Fidel Castro en caso de que el Gobierno de Batista hubiera caído el 26 de julio de 1953, como consecuencia del golpe del Moncada?

 

La parte del alegato que Castro dedica a "las cinco leyes revolucionarias que serían proclamadas inmediatamente después de tomar el cuartel Moncada y divulgadas por radio a la nación" comienza con una mentira solapada. Sin afirmarlo categóricamente, Castro sugiere que él mismo o alguno de sus lugartenientes llevaban encima un texto con las leyes que los atacantes iban a promulgar en caso de alcanzar el poder y que "es posible que el coronel Chaviano haya destruido con toda intención esos documentos".

 

Resulta por lo menos curioso que, si ese documento existía ya la noche del 25 de julio, Castro ni siquiera lo mencionara ante su tropa en la reunión donde leyó el "Manifiesto". La acusación contra Chaviano tampoco es coherente con el hecho de que el ejército presentara un gran volumen de pruebas documentales -libros, cartas, mapas, etc- y que, en cambio, hubiera destruido únicamente un solo texto donde figuraban cinco leyes hipotéticas.

 

La manipulación tenía el propósito de sembrar la idea de que las "leyes revolucionarias" ya estaban redactadas y consensuadas antes del ataque a los cuarteles de Bayamo y Santiago, cuando no existe prueba ni testimonio alguno de que así fuera. Pero lo más interesante no es esa pequeña insidia, sino lo que Castro prometía en las cinco leyes revolucionarias que enumeraba a continuación.

 

Veámoslas en el orden en el que figuran en el panfleto La Historia me absolverá.

 

Ley No. 1: Usurpación del poder judicial y castigos sumarísimos

 

Según Castro, "un gobierno aclamado por la masa de combatientes, recibiría todas las atribuciones necesarias para proceder a la implantación efectiva de la voluntad popular y de la verdadera justicia".

 

Por supuesto, el intérprete de la voluntad popular y el jurisconsulto facultado para decidir cuál sería la verdadera justicia era el mismo que había llevado al matadero la noche de carnaval a un centenar de adeptos y, tras desencadenar la masacre, culpaba al ejército de las represalias.

 

Era necesario, afirmaba, dar un "castigo ejemplar" a quienes el año anterior habían traicionado a la Constitución de 1940 y "no existiendo órganos de elección popular para llevarlo a cabo, el movimiento revolucionario, como encarnación momentánea de esa soberanía, […] asumía todas las facultades [aquí la redacción es confusa] de legislar, facultad de juzgar y ejecutar".

 

La usurpación totalitaria de la judicatura estaba justificada, según Castro, porque "el Poder Judicial, se ha colocado desde el 10 de marzo frente a la Constitución y fuera de la Constitución". Nada más falso. En siete años de dictadura, Batista nunca pudo dominar a los jueces, que en innumerables ocasiones fallaron en contra de los intereses del Ejecutivo. El mismo juicio por los sucesos del Moncada es la mejor prueba de esa independencia de los tribunales. Responsable de 90 muertes y decenas de heridos, Castro fue juzgado con todas las garantías procesales, desbarró en defensa propia todo el tiempo que quiso y fue sentenciado a 15 años de cárcel de los que solo cumplió 21 meses, en condiciones de reclusión realmente privilegiadas.

 

Esta ley, que comienza como un anuncio de restauración constitucional ("La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado…") es en realidad el preludio de los fusilamientos y las condenas astronómicas que los tribunales revolucionarios prodigaron desde los primeros días de 1959…. y que 60 años después siguen aplicando. La justicia al servicio del Poder Ejecutivo, usada como instrumento pedagógico para aterrorizar y someter a la sociedad civil.

 

Ley No. 2: Confiscación de tierras para repartirlas como propiedad "inembargable e intransferible"

 

En la formulación de Castro, esta ley "concedía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra, indemnizando el Estado a sus anteriores propietarios…"

 

Esta medida es el prólogo de las dos reformas agrarias por las que se estatizó la tierra después de 1959 y prácticamente se eliminó la propiedad privada en el campo, con las consecuencias económicas ya conocidas. Pero incluso sin haber llegado a esos extremos, la injerencia del Estado en el mercado agropecuario habría causado la ruina de la ganadería y la agricultura, por el afán confiscatorio y regulador que ya reflejaban estas ideas en 1953.

 

Decretar el carácter intransferible de los predios rurales equivalía a paralizar la compraventa de terrenos y a dejar la propiedad real en manos del Estado. Sin mencionar el daño que este enfoque minifundista habría causado a la industria azucarera, asunto que se trata más adelante.

 

Cuba habría pasado de país exportador a importador de alimentos y productos agrícolas, como ocurrió poco después de 1959, aunque tal vez la involución hubiera ocurrido en un plazo más largo.

 

Ley No. 3: El 30% de los beneficios de las empresas para los obreros y empleados

 

Esta promesa típicamente populista "otorgaba a los obreros y empleados el derecho a participar del 30% de las utilidades en todas las grandes empresas industriales, mercantiles y mineras, incluyendo centrales azucareros".

 

La medida era el equivalente de imponer un impuesto adicional del 30% sobre los beneficios empresariales y comerciales, algo que muy pocas compañías hubieran podido soportar.

 

Esta ley era la fórmula más rápida para quebrar el aparato industrial y mercantil del país y destruir su tejido productivo, como se comprobó en su momento. Una vez constatada la ruina, el Estado no tenía más que recoger los deshechos y socializar los costos, que fue lo que el Gobierno revolucionario hizo a partir de 1960, con el consiguiente empobrecimiento de toda la nación.

 

Ley No. 4: Sin azúcar no hay país

 

Según declaró Castro, "la cuarta ley revolucionaria concedía a todos los colonos el derecho a participar del 55% del rendimiento de la caña y cuota mínima de 40.000 arrobas a todos los pequeños colonos que llevasen tres o más años de establecidos".

 

En consonancia con la segunda ley, esta medida estipulaba la intromisión del Estado en el mecanismo de mercado, lo que llevaría a la ruina general por falta de competitividad. Los resultados de la política azucarera del castrismo son harto conocidos: en 2018 Cuba produce el mismo volumen de azúcar que en 1894 y ha perdido las cuatro quinta partes de su aparato agroindustrial.

 

La cuarta ley era un señuelo populista que carecía de sentido económico. La industria azucarera cubana hubiera sobrevivido muy poco tiempo en las condiciones que esa legislación preconizaba.

 

Ley No. 5: Confiscación de bienes malversados.

 

"La quinta ley revolucionaria ordenaba la confiscación de todos los bienes a todos los malversadores de todos los gobiernos y a sus causahabientes y herederos…", proclamó Castro. So pretexto de luchar contra la corrupción, esta medida era un ensayo de la confiscación general que seguiría poco después.

 

Tras la enunciación de las cinco leyes sigue un párrafo cuya autoría y fecha de inclusión en el texto son todavía dudosas. Algunos eruditos sostienen que no figuraba en la primera versión de La Historia me absolverá y que se añadió en versiones posteriores, en particular en la edición de marzo de 1959: "Estas leyes serían proclamadas en el acto y a ellas seguirían, una vez terminada la contienda y previo estudio minucioso de su contenido y alcance, otra serie de leyes y medidas también fundamentales como la reforma agraria, la reforma integral de la enseñanza y la nacionalización del trust eléctrico y el trust telefónico, devolución al pueblo del exceso ilegal que han estado cobrando en sus tarifas y pago al fisco de todas las cantidades que han burlado a la hacienda pública".

 

Aunque Fidel Castro afirmaba en La Historia me absolverá que "todas estas pragmáticas y otras estarían inspiradas en el cumplimiento estricto de dos artículos esenciales de nuestra Constitución, uno de los cuales manda que se proscriba el latifundio […] y el otro ordena categóricamente al Estado emplear todos los medios que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurar a cada trabajador manual o intelectual una existencia decorosa", era perfectamente posible impugnar la legitimidad y legalidad de esas medidas sobre la base de otros derechos reconocidos en la propia Constitución, tales como el derecho a la propiedad privada o la primacía del bien común.

 

Si Castro hubiera trepado al poder sobre un montón de cadáveres en julio de 1953, no habría necesitado proclamar el marxismo-leninismo ni implantar una dictadura comunista. Le hubiera bastado con aplicar a fondo las medidas que figuran en La Historia me absolverá para que la economía del país quedara totalmente trastornada y la vida social cubana sufriera una conmoción de la que difícilmente se hubiese recuperado. Y, naturalmente, la oposición política a tales disparates habría sido enorme, lo que hubiera justificado la represión del nuevo régimen, en aras de la defensa de la revolución y el interés del pueblo, como efectivamente ocurrió después de 1959.

 

El "programa del Moncada", dado a conocer por primera vez 15 meses después del asalto al Moncada, marcaba un rumbo a la ruina y la tiranía quizá más lento y más parecido a lo que años después haría Hugo Chávez en Venezuela, pero de resultados previsiblemente similares.

 

El espíritu y los contenidos de la revolución, que inspiraron las reyertas políticas del periodo republicano, fracasaron y quedaron invalidados por los frutos que dieron a partir de 1959. La pretensión de resucitar el "socialismo verdadero" o "el culto de la revolución" -como llamaba Martí a ese delirio colectivo-, es un ejercicio de pensar desiderativo y un anacronismo, tras el naufragio del comunismo del siglo XX, el Socialismo del Siglo XXI y la crisis interminable de la socialdemocracia europea.

 

La historia de Cuba a partir de 1850 se fundamentó en el mito de un destino nacional grandioso, solo realizable mediante la revolución. Esta visión teleológica de la historia se hizo realidad en 1959, pero el resultado de la revolución (o de las cuatro revoluciones sucesivas) ha sido un país hundido en la miseria y la opresión, aquejado de una descomposición social y nacional imparable.

 

Puesto que esa historia es la crónica de un fracaso inapelable, lo más lógico y lo más ético sería no entroncar con ninguna "tradición histórica", sino precisamente romper con ella y superarla, de una vez y para siempre. Pero ahí radica, en última instancia, la paradoja en la que se debate hoy la sociedad cubana. No hay medios pacíficos para realizar los cambios que el país necesita, por lo que la revolución es ahora más necesaria que nunca. Pero los fracasos sucesivos de los métodos revolucionarios son los que han conducido a la situación actual y esto -además del miedo al aparato represivo, reforzado por las experiencias de Venezuela y Nicaragua- genera una aversión insuperable al uso de la violencia con fines políticos.

 

Es absurdo pensar que el futuro de Cuba deba pasar por la repetición de los disparates de los últimos 170 años. La reiteración de un experimento socialista o la recuperación de los "valores revolucionarios" sería un acto de contumacia, o sea, de persistencia en el error.