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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Ciclones, vivienda y revolución

 

Dimas Castellanos, La Habana, en Diario de Cuba

 

Los ciclones se clasifican, de acuerdo a la intensidad de los vientos, en depresión tropical, tormenta tropical y huracanes. Los primeros alcanzan hasta 62 Km/h; la tormenta tropical  hasta 117 y los huracanes por encima de los 118 Km/h.

 

A estos últimos la escala Saffir-Simpson los clasifica en cinco categorías: uno, de 119 a 153 Km/h; dos, de 154 a 177; tres, de 178 a 208; cuatro, de 209 a 251; y cinco, de 252 Km/h en adelante; pero todas, de la uno a la cinco, cuentan con la suficiente potencialidad destructiva para ocasionar cortes de electricidad, daños a las viviendas, incluso a las bien construidas; derribar grandes árboles y destruir industrias y vías de comunicaciones.

 

Según información del Consejo de Defensa Nacional, el huracán Irma de categoría cinco, que azotó a Cuba entre el 7 y el 9 de septiembre pasados, provocó 14.657 derrumbes totales y 16.646 parciales, es decir 31.303 viviendas, sin contar las decenas y decenas de miles que sufrieron otros daños.

 

Entre 2002 y 2004, solamente en la provincia Pinar del Río, los huracanes Isidore, Lili, Charley e Iván, de categorías uno, dos tres y cinco respectivamente, dañaron más de 98.000 inmuebles. En 2008 los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike dañaron y derribaron totalmente alrededor de medio millón de viviendas; y en 2005, el huracán Dennis, de categoría tres, dañó más de 80.00 viviendas en Pilón (Granma), más del 70% de las viviendas en Casilda (Trinidad), 5.241 viviendas en Santiago de Cuba, más de 25.000 en Granma, unas 400 en Jaruco (Mayabeque), más de 3.200 en Matanzas, 8.200 en Sancti Spíritus y 1.828 viviendas en la capital.

 

La magnitud de esos daños es tal que la suma de las viviendas dañadas solo por los ciclones mencionados es similar a la cifra del déficit habitacional que la revolución heredó, pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el déficit habitacional hasta 1959 era de unas 700.000 viviendas; mientras el ritmo de construcción entre 1946 y 1953, según la tesis de Erich Trefftz, era de 26.827 como promedio anual, cifra que aumentó entre 1953 y 1958.

 

En 1953, Fidel Castro planteó: "Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda rebajando resueltamente el 50% de los alquileres, eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños, triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la Isla en escala nunca vista bajo el criterio de que si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento".

 

El 14 de octubre de 1960, mediante la Ley de Reforma Urbana, el Gobierno revolucionario estableció que: "Toda familia tiene derecho a una vivienda decorosa; que el Estado haría efectivo ese derecho en tres etapas, y que en la futura mediata, el Estado con sus propios recursos construirá las viviendas que cederá en usufructo permanente y gratuito a cada familia".

 

En la disposición final de dicha Ley declaró: "En uso del Poder Constituyente que compete al Consejo de Ministros, se declara la presente Ley parte integrante de la Ley fundamental de la República. En consecuencia se otorga a dicha Ley fuerza y jerarquía constitucionales".

 

Sin embargo, como promedio anual el primer plan de 1960 a 1970 no pudo rebasar las 11.000 viviendas y el segundo plan, de 1971 a 1980, a duras penas alcanzó las 17.000. De tal forma, en los primeros 20 años el ritmo de construcción anual resultó inferior al período 1946-1953, lo cual en lugar de aliviar agudizó el déficit habitacional.

 

Para recuperar el atraso se planteó edificar 100.000 anuales a partir de 1981, pero en la primera década no se pudo superar las 40.000 anuales. Este plan se interrumpió en 1995 con la crisis conocida como "Periodo Especial". Entonces, Carlos Lage Dávila, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, presentó un informe a la Asamblea Nacional de Poder Popular en 2005, en el que aseguró que debido al "mejoramiento de las posibilidades financieras del país" se iban a "construir y terminar no menos de 100.000 viviendas nuevas por año a partir del 2006". Es decir, se iniciaría un segundo plan de 100.000 viviendas.

 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2008 se construyeron cerca de 45.000, pero en el año 2013 no se llegó a las 26.000 (cifra inferior al promedio del período 1946-1953, cuando los habitantes de Cuba eran la mitad de los actuales).Es decir, en cinco años la construcción descendió en unas 19.000 viviendas.

 

Un cálculo conservador de los incumplimientos de los planes y de las viviendas destruidas por los fenómenos atmosféricos arroja un déficit superior a las 700.000 que se calculaban antes de 1959. Cifra que no es mayor gracias a los más de dos millones de cubanos que han abandonado el país desde 1959.

 

Aceptando que la cifra siga siendo de 700.000, al ritmo de unas 25.000 anuales, se necesitarían 28 años sólo para resolver el déficit. Si a ello se añaden las nuevas necesidades debido al crecimiento demográfico, el envejecimiento del fondo habitacional, la falta de mantenimiento, los crecientes derrumbes, la carestía de los materiales de construcción y el efecto de los fenómenos naturales, entonces se requeriría aproximadamente de medio siglo. Estamos pues, ante una tragedia habitacional con sus implicaciones.

 

La Ley de Reforma Urbana de 1960 rezaba que "El Estado con sus propios recursos construirá las viviendas que cederá en usufructo permanente y gratuito a cada familia". Luego, la Ley General de la Vivienda de 1984 definió a la microbrigada como la vía principal para su construcción. Mientras el incumplido plan de 100.000 descargó la responsabilidad en la familia. Un giro demostrativo de la incapacidad del Estado para afrontar por sí solo el tema de la vivienda

 

Un recuento abreviado de los 50 años que nos separan de la Ley de Reforma Urbana de 1960 revela un giro que va de la promesa del Estado de construir y ceder en usufructo permanente y gratuito viviendas decorosas a la construcción de viviendas con tablas de palmas derribadas por los huracanes con techo de tejas de cinc o asbesto cemento, que son candidatas a ser derribadas por los próximos huracanes. Pero revela también la imposibilidad e incapacidad del Estado totalitario para resolver la tragedia habitacional, pues su solución requiere de la acción conjunta de los cubanos dotados de instrumentos básicos como los derechos y las libertades ciudadanas para participar en calidad de sujetos en la solución de un problema tan primario como la vivienda, que es uno de los componentes del desarrollo humano integral.