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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

¿Votarán los cubanos de afuera?

 

¿No sería el voto de 2 millones de cubanos en el exterior, apoteósica inauguración de la Embajada cubana en EEUU?

 

Miriam Celaya, en Cubanet

 

LA HABANA, Cuba.- El reciente anuncio oficial de la próxima entrada en vigor de una nueva Ley Electoral cubana, dado a conocer tras la celebración del X Pleno del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC), ha recibido la indiferencia social como respuesta. Basta un sondeo de opinión entre los cubanos comunes para constatar la apatía general, la falta de confianza en el sistema y la casi absoluta certeza de que el gobierno se las apañará para que todo siga bajo su estricto control. El sentimiento más extendido es que la nueva Ley será, a no dudarlo, otra triquiñuela raulista para simular cambios que en esencia no son tales.

 

Sin embargo, la apatía política de los cubanos -de los cuales solo la actual generación de octogenarios conoció en su juventud lo que alguna vez fueron elecciones generales, durante la República maldita- no solo dimana de haber estado largamente privados del derecho a elegir y a tomar parte en los destinos del país, sino de la distorsión que ha creado el engendro de farsa electoral refrendado en una Ley surgida desde 1976 y ligeramente modificada en 1992 solo para establecer el voto “secreto y directo” en los órganos provinciales y nacionales, instancias éstas en las que, sin embargo, no postulan ni eligen directamente los electores, sino la “representación” de ellos a través de los diputados.

 

Por otra parte, bajo la Ley electoral vigente no solo se prohíben los partidos políticos que puedan postular sus candidatos, sino que -además- el Partido único, dizque “comunista”, no constituye jurídicamente una estructura electoral, por lo cual tampoco puede postular candidatos ni presentarse a elecciones. En tales circunstancias llama la atención que la propuesta de una nueva Ley electoral haya surgido precisamente del Pleno del Comité Central y no de las instancias superiores del Poder Popular, que constituye el órgano legislativo constitucional encargado de dichas funciones. Así las cosas, el PCC no postula, pero tampoco necesita hacerlo en tanto es el que promulga una Ley electoral que, obviamente, estará en función de sus intereses políticos. Esta es en esencia la aberración primaria de toda legislación cubana.

 

Para coronar al “soberano”

 

Hay apatía general, y la casi absoluta certeza de que el gobierno se las apañará para que todo siga bajo su estricto control

 

A juzgar por cifras oficiales incontrastables, el PCC cuenta con una membresía de unos 800 mil militantes, lo que significa que alrededor del 7% de la población cubana milita en el partido político que “gobierna” sobre un total de 11 millones, sin contar al 20% de ese total de cubanos que vive en una emigración despojada no solo de sus derechos políticos en Cuba, sino de sus derechos naturales como hijos de este país.

 

Esto conduce directamente a otra consideración adicional, y es que si la nueva Ley electoral aspira a ser verdaderamente democrática, no solo deberá introducir modificaciones radicales que implicarían una derogación del artículo 5 de la Constitución vigente,* sino que debería incluir también el derecho al voto a todos los cubanos emigrados en edad electoral, lo cual subsanaría, entre otras injustas exclusiones, el despojo de su ciudadanía y de sus propiedades en la Isla, el trato diferenciado y gravoso a la hora de visitar su país natal, a la vez que reconocería su plena capacidad para participar en la vida política de la Nación, habida cuenta que de ellos proviene, bajo el rótulo de remesas familiares, uno de los más importantes ingresos económicos con los que subsisten tanto un enorme sector de cubanos “de adentro” como la dictadura y su claque en el poder.

 

En ese sentido los cubanos de la emigración podrían constituir una fuerza importante para empujar la democracia dentro de Cuba, en particular porque cuentan con herramientas tan poderosas como su independencia económica, su probada capacidad para inyectar capitales en la economía nacional y su experiencia de vida en sociedades democráticas. De asumir tal compromiso, la emigración sería una fuerza formidable que, por demás, influiría en la eventual aceleración del proceso de transición hacia la democracia en Cuba, al exigir el lugar que han ganado por derecho propio: transmutarse de sostenedores financieros del sistema en actores políticos de su país natal.

 

¿Acaso no son los propios medios oficiales los que divulgan las convocatorias a las urnas para los residentes extranjeros en Cuba, siempre que se producen elecciones en sus países de origen? ¿Qué justificación tendría el régimen para impedir que los emigrados cubanos ejerzan el mismo derecho en las diferentes legaciones diplomáticas cubanas de todo el mundo? ¿No sería esta una apoteósica inauguración de la Embajada cubana en EE UU?

 

Ahora bien, está claro que desde el punto legal la emigración actualmente no cuenta con posibilidad alguna de lograr semejante reconocimiento por parte de las autoridades cubanas. Sin embargo, una campaña de reclamo de sus derechos legales, y en particular de su participación como electores efectivos, no solo tendría un gran impacto en la opinión pública en el actual escenario de acercamiento entre los gobiernos de Cuba y EE UU, sino que constituiría un logro político importante, con independencia de sus resultados.

 

La enorme ventaja de los emigrados sobre los que vivimos en la Isla es, precisamente, la libertad de expresión, su capacidad de organización y de acción, y su pleno acceso a diversos medios de comunicación. Con frecuencia los disidentes de la Isla hemos sido justamente cuestionados por no haber sido capaces, a lo largo de décadas, de crear un frente común. He aquí una posibilidad de crearlo, aunando esfuerzos y energías cubanos “de adentro” y “de afuera”, por un objetivo común, el reconocimiento y ejercicio de un derecho raigal de toda sociedad democrática: el de elegir a sus gobernantes. ¿Es un sueño? Probablemente; pero en cualquier caso un sueño legítimo y compartido por la mayoría. En cualquier caso tenemos el antecedente histórico en el papel determinante que jugó la integración de la emigración con los libertadores de la Isla, en los tiempos de nuestras guerras por la Independencia.

 

Obviamente, el régimen de La Habana no tiene la intención de propiciar una legislación que ponga en peligro o haga tambalear sus poderes cuasi seculares. Tampoco, de manera aislada o proponiendo “delegados opositores” a nivel de barrios lograríamos avances significativos. ¿Qué nos impide, entonces, unirnos en un frente común por el derecho de todos los cubanos al pluripartidismo y al sufragio? El momento actual nos coloca ante una disyuntiva en la lucha pacífica por nuestras reivindicaciones ciudadanas: o contemplamos pasivamente la legitimación hasta el infinito de la dinastía Castro, o nos integramos -más allá de ideologías, títulos y preferencias políticas- bajo un solo rótulo: CUBANOS.

 

Ya no nos queda nada por perder; en cambio, quizás tendríamos la posibilidad de asistir al descubrimiento de nuestra propia fuerza. Valdría la pena intentarlo.