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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados

 

Carmelo Mesa-Lago, Pittsburg, en Cubaencuentro

 

Tras un fuerte crecimiento entre los años 2005 y 2007, las fallas del sistema económico centralizado de Cuba, que se han visto agravadas por la actual crisis global, han provocado la crisis económica más severa que ha tenido el país desde 1993-1994, cuando se sufrieron las consecuencias del colapso de la URSS (Mesa-Lago y Vidal, 2010; Pérez Villanueva, 2010). El 26 de julio de 2007, cuando la crisis aún no había surgido pero las fallas internas del sistema lo hacían insostenible, Raúl Castro anunció que eran necesarias “reformas estructurales”. Después de este anuncio se produjo en la sociedad cubana el debate más amplio que ha habido bajo la revolución. Posteriormente, desde principios del año 2008 y hasta marzo de 2010, Raúl aprobó varias reformas, mayormente modestas, pero entre ellas destacan dos por su profundo calado: 1) la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas para la explotación por campesinos y cooperativas; y 2) el despido masivo de empleados estatales excedentes, que a partir de ese momento deberían ser ocupados en nuevos trabajos privados.

 

En noviembre de 2010 se publicaron los Lineamientos para discutir en el VI Congreso del PCC, que fueron objeto de un amplio debate nacional antes de ser sometidos en abril de 2011 al citado congreso. En el transcurso del mismo, se modificaron —mediante cambios y agregaciones— un 68 % de los 291 lineamientos originales, los cuales aumentaron hasta 313 acuerdos (un 92 % de ellos económicos y solo un 8 % sociales). De todas formas, la mayor parte de las modificaciones fueron fusiones y correcciones de estilo, con pocos cambios sustanciales [1]. Un factor significativo a destacar es que los acuerdos admiten que las reformas previas han sido insuficientes para resolver los problemas del país, por lo que se requieren más cambios. En definitiva, las reformas y los acuerdos del Congreso son positivos pero a la vez son restringidos, con trabas y desincentivos que limitan su efectividad para resolver los problemas planteados (Espinosa, 2011).

 

Modelo económico

 

Los acuerdos del Congreso no cambian esencialmente el modelo vigente, sino que proponen “actualizarlo” de forma gradual y programada, para resolver los graves problemas socioeconómicos existentes. La planificación central continúa como instrumento primordial de dirección económica, aunque transformándose y teniendo en cuenta el mercado y la gestión “no estatal” (el término privado no se menciona en los acuerdos). Pero ambos mecanismos (el mercado y la gestión privada) quedan bajo la influencia del plan y sujetados a controles financieros y administrativos, así como a estricta regulación.

 

La empresa estatal sigue prevaleciendo y se ratifican formas de gestión privada antiguas o introducidas por las reformas de Raúl Castro, pero sin agregar nuevas. La gestión de las empresas estatales será más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales, y en el caso que dichas empresas o las cooperativas tengan pérdidas serán cerradas o transferidas a la gestión privada. Además, con sus utilidades las empresas podrán crear fondos de inversión y programas de estímulo para sus trabajadores y ejecutivos, a la vez que gozarán de más “flexibilidad” en la fijación de precios. Asimismo, se aspira a que la gestión de las cooperativas sea autónoma y que se negocie libremente y sin intermediarios una vez que se cumplan sus contratos con el Estado. Finalmente, se contempla desarrollar mercados mayoristas que vendan insumos y alquilen equipos al sector privado.

 

Usufructo de tierras

 

Raúl Castro ha reconocido que se importa el 80 % de los alimentos que consume la población, a un costo anual de 1.070 millones de euros (570 millones más en 2011), mientras que casi un 30 % de un total de 6,6 millones de hectáreas de tierras estatales están ociosas. Para aumentar la producción y reducir las importaciones, se dispuso la entrega en usufructo de dichas tierras a individuos, cooperativas y entidades estatales, mediante el Decreto-Ley 259 del 10 de julio de 2008. En junio de 2010, el director del Centro de Control de la Tierra, Pedro Olivera, dijo que se habían distribuido un millón de hectáreas. Casi un año más tarde, en marzo de 2011, se informó que hasta el momento se habían otorgado 128.000 usufructos, que sumaban en total 1,2 millones de hectáreas, quedando aún bastante tierra disponible.

 

Los acuerdos del Congreso estipulan dar en usufructo las restantes tierras ociosas del Estado, realizando las modificaciones legales que correspondan para “asegurar la sostenibilidad” de las tierras entregadas. Pero mantienen la venta obligatoria de parte de la cosecha al Estado (acopio), aunque aspiran a “mecanismos de gestión más ágiles” y permiten al productor concurrir al mercado por sus propios medios.

 

Despidos masivos en el ámbito estatal y expansión del trabajo privado

 

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) divulgó en enero de 2011 los primeros datos oficiales del desempleo abierto en 2010, que provisionalmente se cifró en 1,6 % (ONE, 2011b). Posteriormente, los datos se actualizaron y en la publicación del Anuario Estadístico de Cuba, que recoge las cifras oficiales consolidadas de cada año vencido, la tasa de desempleo que aparece es del 2,5 % (ONE, 2011c).

 

En su discurso sobre el avance de las reformas en este apartado, Raúl Castro reconoció que la nómina estatal estaba “inflada” (desempleo oculto) y decidió despedir a 500.000 trabajadores en una primera etapa de seis meses (entre octubre de 2010 y marzo de 2011), lo que representaba el 9,8 % de la fuerza laboral y, por lo tanto, se elevaría la tasa total de desempleo al 12 %. En el mismo anuncio se mencionaba que a finales del año 2011 se habrían despedido a un millón de trabajadores, y que a finales del año 2014 la cifra subiría a 1,8 millones, lo que supondría respectivamente el 20 % y el 35 % de la fuerza laboral (Mesa-Lago, 2010b; ONE, 2011c). Dichos despidos eran necesarios para reducir gastos, elevar la productividad laboral y aumentar los salarios, que ahora están un 73 % por debajo del nivel real de 1989. Para dar empleo a los despedidos se crearían en la primera etapa 250.000 trabajos por cuenta propia y una suma igual en otras actividades privadas como el usufructo.

 

Los acuerdos del Congreso introdujeron algunas innovaciones positivas respecto al pasado (Vidal y Pérez Villanueva, 2010), de las que destacan las siguientes: 1) la aprobación de 178 actividades por cuenta propia, 21 más que las permitidas anteriormente; 2) la autorización para emplear a trabajadores no familiares en la mitad de las ocupaciones autorizadas; 3) la posibilidad de venta de bienes y servicios a entidades estatales y más flexibilidad para arrendar locales y activos al Estado y particulares; 4) la regulación por el Banco Central de pequeños préstamos a trabajadores por cuenta propia (comúnmente llamados cuentapropistas) para la compra de bienes, insumos y equipo; 5) el permiso de un año para extraer en minas pequeños volúmenes de materiales de construcción; 6) la afiliación obligatoria a un régimen especial de pensiones de seguridad social (antes voluntaria); y 7) el aumento de 12 a 20 del número de sillas en los pequeños restaurantes (paladares) [2].

 

Política social

 

Antes del Congreso, Raúl Castro advirtió a la Asamblea Nacional que el coste de los servicios sociales era muy elevado, ya que representaba el 51 % del presupuesto estatal y el 31 % del PIB. Además, como la tendencia del coste es expansiva la viabilidad es insostenible y por tanto la solución pasa por recortarlo, subordinando el aumento del mismo al incremento de la producción y de los recursos fiscales disponibles (Castro, 2010). Desde 1995, varios economistas cubanos propusieron sustituir los subsidios universales a una gama amplia de bienes y servicios por subsidios específicos para personas necesitadas, un enfoque ahora validado por Raúl Castro. Aunque no se publican estadísticas oficiales sobre niveles de pobreza, algunas encuestas muestran que en el año 2002, bastante antes de la crisis actual, la cifra promedio de la población urbana en situación de pobreza era del 20 %, porcentaje que probablemente sería superior en la población no urbana (Mesa-Lago, 2010c; Espina, 2011).

 

Los acuerdos del Congreso ratificaron los anuncios de Raúl sobre la eliminación de “gratuidades indebidas” y del racionamiento “de manera ordenada y gradual”. De hecho, en el año 2010 varios alimentos y manufacturas fueron sacados de la libreta de racionamiento (patatas, chícharos, jabón, pasta de dientes, detergente, cigarrillos) y se incrementó el precio de algunos bienes y servicios (electricidad, gas, agua, gaso­lina). El sistema de racionamiento vende alimentos a precios subsidiados inferiores a su coste, pero solo cubre entre 7 y 10 días del consumo promedio mensual, mientras que el resto se debe comprar a precios muy altos en mercados agropecuarios y tiendas en divisas. Como el subsidio a precios de racionamiento es universal para toda la población, sería razonable suprimirlo para los estratos de ingresos más altos, pero el racionamiento es fundamental para los segmentos más pobres y que además no reciben remesas del exterior, por lo que no puede ser eliminado sin antes reforzar los instrumentos de asistencia social. Este fue el tema más debatido en el Congreso, donde las opiniones oscilaron desde la necesidad de suprimirlo de inmediato, hasta las que se oponían enérgicamente a su erradicación. Finalmente Raúl Castro prometió que el subsidio no se eliminaría “sin crear las condiciones previas para ello” (Castro, 2011), y un acuerdo del Congreso prometía garantizar la asistencia social “a las personas que la necesiten”.

 

Respecto a las pensiones de la seguridad social, estas son una carga pesada, y su monto es creciente hasta el punto de que en el año 2010 supuso el 7,6 % del PIB. El Estado tiene que cubrir el déficit, que alcanza al 40 % del gasto, porque los ingresos por cotizaciones son inferiores a los pagos efectuados a los beneficiarios. Además, este problema se agrava por el acelerado envejecimiento de la población, un escenario que en el conjunto de América Latina tan solo está en peores condiciones Uruguay. En el año 2010, el 17,8 % de la población cubana era mayor de 60 años, y esa cifra aumentará hasta el 30,8 % en el año 2030. Para enfrentar la situación, el Gobierno cubano llevó a cabo una reforma en el año 2008, que aumentó en cinco años las edades de retiro e introdujo otros cambios, pero el déficit y la tendencia al desequilibrio persisten (Mesa-Lago, 2010a; Peláez, 2011). Uno de los acuerdos del Congreso estipuló la disminución del aporte fiscal del Estado para cubrir ese déficit entre contribuciones y pagos de las pensiones, expandiendo las cotizaciones de los trabajadores estatales y privados. Por otro lado, la obligatoriedad para los trabajadores por cuenta propia de afiliarse y cotizar sería otra fuente de ingresos.

 

En el caso de la educación superior, se produjo una explosión de la matrícula como resultado de la “Batalla de ideas”, lanzada por Fidel Castro en 2003. En ese contexto se crearon 3.150 universidades municipales en dos años, pero las prioridades en las carreras y la distribución de los alumnos entre ellas generaron diferencias notables. Por ejemplo, se produjo un salto enorme en las carreras de humanidades, trabajo social, pedagogía y medicina, pero en cambio se contrajo la matrícula de estudiantes en ciencias naturales y matemáticas, mientras que aumentó ligeramente en ciencias agropecuarias y carreras técnicas. Esta situación provocó un déficit de científicos e ingenieros agrónomos, que comprometió el desarrollo económico futuro. También, a pesar del incremento de los graduados en carreras vinculadas a la educación, los bajos salarios de los maestros motivaron el éxodo a ocupaciones más lucrativas que dio como resultado un déficit de docentes que se intentó cubrir con “maestros emergentes” (jóvenes traídos del interior y entrenados con rapidez en cursos breves). En consecuencia, se deterioró la calidad de la enseñanza y se crearon graves deficiencias ortográficas en los exámenes de admisión universitaria. Posteriormente, Raúl Castro corrigió algunos de estos problemas: redujo drásticamente las universidades municipales; cerró la ineficaz carrera de los trabajadores sociales (que eran utilizados para otras tareas), así como las costosas escuelas en el campo; ofreció incentivos a los maestros retirados para que regresaran a las aulas; endureció los exámenes de ingreso; restringió la matrícula excesiva en carreras no esenciales, y procuró aumentar la matrícula en las importantes. En este punto, los acuerdos del Congreso estipularon que las matrículas en las carreras universitarias debían corresponderse con las demandas de desarrollo económico y social.

 

Aunque no estaba presente en los Lineamientos para discutir en el Congreso, un acuerdo importante del mismo fue la autorización de la compraventa de viviendas y de automóviles. La prohibición de la compraventa desde 1960 había forzado a la población a efectuar “permutas” o intercambio de viviendas de “similar” valor, pero las permutas estaban cuajadas de trabas burocráticas y corrupción. También en los acuerdos se legitimaron las formas privadas de construcción de viviendas (existentes de facto por decenios) y se prometió satisfacer la demanda de la población para comprar materiales de construcción a fin de conservar y rehabilitar sus viviendas.

 

En cuanto a la salud pública, la exportación de médicos, oftalmólogos, enfermeras y otro personal sanitario, especialmente a Venezuela, ha generado ingresos en divisas cercanos a los 3.700 millones de euros anuales por ventas de servicios profesionales. Pero también ha creado un déficit interno de estos profesionales, pues aproximadamente un tercio de los médicos está en el exterior. Un acuerdo del Congreso estipuló que se garantizaría que la graduación de especialistas médicos cubriese “las necesidades del país y las que se generen por los compromisos internacionales”.

 

Finalmente, respecto a los ingresos de la población, Raúl Castro reconoció que los salarios eran insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas, ya que, como se ha dicho anteriormente, su valor real cayó el 73 % entre los años 1989 y 2010. En el Congreso se alcanzó un acuerdo que estipulaba el aumento de los salarios de manera gradual, pero para ello sería preciso aumentar considerablemente la producción y la productividad.

 

Limitaciones y dificultades en la aplicación de las reformas y los acuerdos

 

Los acuerdos del Congreso deben ser implementados mediante leyes aprobadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que solo se reúne unos días en junio y diciembre, por lo que para una ejecución expedita habría que expandir las sesiones o habilitar otras reuniones. Sin embargo, algunos acuerdos podrían ser implantados por decretos del Ejecutivo.

 

Modelo económico

 

No se concretó un modelo porque los acuerdos ni siquiera bosquejan el nivel de participación e interrelaciones entre el plan y el mercado, a la vez que hay contradicciones entre algunos acuerdos, los cuales dejan algunos aspectos importantes por cubrir [3]. Varias veces durante la revolución se intentó sin éxito aplicar políticas para lograr la descentralización, el autofinanciamiento y el cierre de empresas con pérdidas. Tampoco se logró que con los beneficios de las empresas se crearan fondos de inversión y programas de estímulo para la productividad.

 

El sistema de “perfeccionamiento empresarial” —creado por Raúl Castro en el marco de las entidades gestionadas por las Fuerzas Armadas, sin que se consiguiese extender con éxito del sector militar al civil— se incorporó al modelo, pero sin indicar la forma de integrarse con el mercado y el sector privado, ya que no se permite la concentración de la propiedad privada, ni que la propiedad cooperativa sea vendida o arrendada a cooperativas o al sector privado; tampoco que dicha propiedad sea usada como garantía colateral para préstamos destinados a la inversión. Respecto a la inversión extranjera, se mantuvo la misma pauta seguida hasta el momento; por lo tanto, se circunscribe a las “actividades de interés para el país”, lo que ya había provocado la caída del número de empresas “mixtas” en el período de 2002 a 2009, a pesar de la desesperada necesidad de capital exterior y de transferencia de tecnología que demandaban todos los sectores de la economía.

 

En cuanto a los precios de los bienes y servicios, se mantuvo la fijación centralizada en las áreas que “interese regular”, “descentralizando las restantes” (sin especificar unas y otras). En los Lineamientos se dejaba para más adelante el hecho de conseguir una mayor “flexibilidad” de las empresas para fijar precios, cuando se establecieran regulaciones “que aseguren los intereses del país”, pero esta cláusula se eliminó de los acuerdos. Por último, se estipuló “revisar integralmente el sistema de precios”, pero sin guías de cómo hacerlo.

 

En los acuerdos también aparecen grandes metas idealistas, pero no se llegó siquiera a esbozar estrategias para alcanzarlas. Entre ellas cabe destacar la recuperación de la capacidad exportadora en azúcar, níquel, tabaco y pesca; la reducción de la dependencia en las importaciones; la supresión de los subsidios a las exportaciones; así como la eliminación de la dualidad monetaria (peso convertible y peso nacional). Existe un consenso en que la reducción de la dependencia en las importaciones de alimentos requiere un aumento de la producción interna, y que la unificación monetaria ha de ser precedida por un incremento en la producción y la productividad. Sin embargo, el análisis de la situación indica que las reformas y los acuerdos son insuficientes para lograr esos objetivos, y además las estadísticas del año 2010 muestran una caída en la producción. Finalmente, la supresión de los subsidios a las exportaciones requiere una reforma integral de los precios que está apuntada en los acuerdos, pero con serias contradicciones y aspectos problemáticos no resueltos.

 

Usufructo de tierras

 

La regulación de las tierras en usufructo confronta fuertes limitaciones y también desincentivos no enmendados por los acuerdos. La extensión de las parcelas cedidas no puede ser mayor de 13,4 hectáreas. Es usual que estén cubiertas de marabú (un arbusto espinoso muy difícil de extraer), o que su rendimiento sea bajo. También con frecuencia no hay acceso a agua ni a recursos para cavar un pozo, todo lo cual demanda gran esfuerzo para limpiar, cultivar y regar la tierra. Además, se prohíbe al usufructuario construir una casa en la parcela, por lo que puede que tenga que recorrer una distancia considerable para hacer su trabajo. La propiedad de la tierra se mantiene en poder del Estado, y es este el que concede el contrato de usufructo por solo diez años a personas físicas (el doble si se trata de cooperativas y entes estatales), renovables otros diez si el usufructuario cumple sus obligaciones. En el caso de las cooperativas y de las entidades estatales el término del contrato son veinte años.

 

El contrato es rescindido si la tierra no se cultiva “de forma racional y sostenible”, según el juicio del Gobierno, o no se vende al Estado la producción contratada, o si éste decide cancelarlo por razones de utilidad pública o de interés social.

 

El Gobierno asigna al usufructuario una cuota de la cosecha (hasta el 70 %) para su venta obligatoria al Estado (acopio) a un precio inferior al de mercado. En los Lineamientos se proponía como innovación que la mayoría de los precios fuese fijada por la oferta y la demanda, pero los acuerdos suprimieron esa cláusula y ratificaron que el Estado determinaría el precio de acopio. En caso de rescisión del contrato, la ley no es clara respecto a si el Estado se queda o reembolsa al usufructuario el valor de la limpieza de marabú y otras mejoras efectuadas para el buen desempeño de las parcelas de tierra. La mayoría de los usufructuarios carece de experiencia para cultivar la tierra, pero ya en dos años deben comenzar a producir y vender al Estado. En cambio, desde el inicio del usufructo hay que pagar tres impuestos gravosos: 1) sobre la posesión y el uso de la tierra; 2) sobre la fuerza de trabajo y la seguridad social; y 3) sobre los ingresos personales. Los usufructuarios necesitan crédito a bajo interés para comprar semillas, fertilizantes, aperos de labranza y equipo.

 

Algunas de las restricciones apuntadas ya habían sido mitigadas: en el discurso pronunciado el 18 de diciembre de 2010 ante la Asamblea Nacional, Raúl Castro había prometido que el Estado compensaría a los usufructuarios por la inversión y por las mejoras efectuadas (Castro, 2010); en marzo de 2011, el Gobierno aprobó que los bancos estatales otorgasen pequeños créditos a un interés anual creciente del 3 % al 7 %, según el período de tiempo del préstamo, pero el número de prestatarios fue reducido y el crédito no ha podido usarse para erradicar el marabú, sino para iniciar la producción (Granma [18.12.2010 y 30.03.2011] y Reuters [22.03.2011]). También se informó que el Gobierno podría aceptar pequeños créditos extranjeros en divisas para incrementar la producción agrícola, pero estos irían al Banco de Crédito y Comercio, de propiedad estatal, en vez de a los usufructuarios (El Financiero [11.10.2010]). En octubre se anunció que se extendería el tamaño de las parcelas entregadas en usufructo hasta 67 hectáreas (cinco veces más que antes) a aquellos usufructuarios que demostrasen que habían aumentado la producción (Frank, 2011).

 

Después del VI Congreso, el presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Orlando Lugo, realizó unas declaraciones donde hace un balance de los defectos en la regulación del usufructo de tierras y sugiere algunas posibles mejoras [4]. En primer lugar señala que el plazo de diez años para el usufructo a los campesinos privados y las condiciones que el Estado determina para poder rescindir los contratos desincentivan la producción. En su opinión, el usufructo debe ser permanente y los hijos del usufructuario deberían tener derecho a heredarlo. En segundo lugar, indica que habría que permitir que los campesinos construyesen una casa en la parcela cedida y darles facilidades para que adquiriesen los materiales necesarios para su trabajo. Otra cuestión es que aunque se hayan dado créditos para comprar insumos a 10.000 campesinos (no solo usufructuarios), este número representa tan solo el 2,5 % del total de los 400.000 miembros de la ANAP. Además, en el año 2010 no se dieron créditos ni insumos a los usufructuarios, hecho que motivó la caída de la producción agrícola, y ha habido quejas sobre los altos precios y la baja calidad de los productos vendidos. Finalmente, Lugo plantea que no debe producirse una comercialización monopolizada por el Estado (acopio), y en su lugar hay que permitir la comercialización directa de los campesinos a la red minorista. Por su parte, Armando Nova (2010), un investigador cubano sobre temas agrícolas, recomienda que el usufructuario tome sus propias decisiones sobre qué sembrar, a quién vender y cómo fijar los precios; que las cooperativas sean autónomas; y que se reduzca el acopio a lo indispensable y la mayoría de la producción se venda a precios de mercado.

 

Trabajo por cuenta propia y despidos masivos

 

La regulación del trabajo por cuenta propia ha sufrido vaivenes durante la historia de la revolución, que han generado incertidumbre sobre su futuro. En un principio este estaba prohibido, luego se autorizó al inicio de los años ochenta, y después se criticó. Más tarde se amplió durante la crisis económica de los noventa, pero ante los primeros síntomas de recuperación, este se volvió a restringir. En cuanto a la evolución del número de trabajadores por cuenta propia, el cénit se alcanzó con 169.000 en el año 2005, justo veinticinco años después de la apertura inicial, pero a finales del 2010 el número se redujo a 147.000 (ONE, 2011c). Varios economistas cubanos y extranjeros habían sugerido que el Estado se reservase las áreas estratégicas y permitiese el trabajo por cuenta propia del resto, pero los acuerdos autorizaron solo 178 ocupaciones muy concretas. Entre esas ocupaciones algunas son de cierta importancia (electricista, productor y vendedor de bienes determinados, transportista de carga y pasajeros, reparador, traductor e intérprete), pero la inmensa mayoría de empleos son artesanales y sin cualificación (aguador, limpiabotas, payaso, carretillero, pelador de frutas). Además, continúa la prohibición de trabajar por cuenta propia a los profesionales, muchos de los cuales serán despedidos y solo podrán ocuparse de trabajos no calificados. Igualmente, a pesar de la advertencia de Raúl Castro contra la discriminación por género en los despidos, hay evidencia de que ello está ocurriendo (Diario de Cuba [13.06.2011]).

 

Otro problema que se observa en la regulación del trabajo por cuenta propia es el exceso de impuestos. En primer lugar está la licencia para trabajar, que se paga a suma alzada. Le sigue un impuesto sobre el ingreso, que varía entre el 10 % y el 40 % según las ocupaciones. Después está el 25 % por la utilización de la fuerza de trabajo, que puede ser mayor a medida que aumenta el número de trabajadores, así como los aportes a la seguridad social. Finalmente está el 10 % por las ventas y otro 10 % por el uso de los servicios públicos. La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza (2010), asegura que el promedio de la carga tributaria para los trabajadores por cuenta propia oscila entre el 30 % y el 35 %, y que el promedio de las utilidades finales ronda entre el 20 % y el 25 %. Sin embargo, el economista canadiense Archibald Ritter (2011) estima que la tasa efectiva puede exceder el 100 % del ingreso neto de los cuentapropistas, y que es superior a la carga tributaria que se aplica a las empresas con capital extranjero. Por su parte, la ministra Pedraza declaró ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre de 2010, que el impuesto por la utilización de la fuerza laboral crecería según se utilizase mayor cantidad de trabajadores, a fin de desestimular la contratación, que el negocio rinda menos utilidades, y así evitar la concentración de la riqueza. Posteriormente, uno de los acuerdos del Congreso prohibió la acumulación de la propiedad para impedir desigualdades en el ingreso. En definitiva, vemos como con los impuestos a los trabajadores por cuenta propia se planeaba incrementar el ingreso fiscal en un 300 % en el año 2011, pero debido a las restricciones antes citadas se mató al ganso antes de que pusiera los huevos de oro.

 

Por último, los trabajadores por cuenta propia afrontan dificultades para obtener todos aquellos elementos necesarios para desempeñar su labor, incluyendo el acceso al crédito. Los cuentapropistas necesitan pequeños créditos para adquirir insumos, materiales y equipo en un mercado mayorista, como reconoció a finales del año 2010 el ministro de Economía, Marino Murillo (2010), hecho por el que prometió que este problema se resolvería “en los próximos años”. En este sentido, la Unión Europea, España y Brasil, así como un grupo de empresarios cubano-americanos en la Florida, han ofrecido alrededor de 14 millones de euros para asistencia financiera y asesoría en negocios de los cuentapropistas (El Fi­nanciero [11.10.2010]), pero hasta el momento el Gobierno no ha hecho pública su decisión de si los ha aceptado o no.

 

Política social

 

El aumento de ingresos a la seguridad social podría significar una fuente adicional de fondos si realmente se expandiese notablemente la afiliación de cuentapropistas. Pero hay que tener en cuenta el impacto negativo en el ingreso por la caída en el empleo y de las cotizaciones en el sector estatal, donde solo un cuarto de los empleados cotiza y es difícil extender la contribución por los bajos salarios (Mesa-Lago, 2010b). Para elevar el valor real de los salarios habría que generar primero un aumento considerable en la producción y la productividad, lo cual requiere reformas más profundas que las hasta ahora implementadas o aprobadas en el Congreso.

 

Respecto al gasto social, el economista cubano Pavel Vidal (2011) recomienda que la asistencia social se incremente de manera rápida, sin demoras, pues de lo contrario “habría un costo social muy grande”. De ese modo, los grupos vulnerables deben ser identificados y deben crearse nuevos mecanismos, así como formar el personal para ello. Un acuerdo del Congreso prescribió que la asistencia social la recibieran “las personas que realmente la necesitan”, lo cual si se hace con la focalización adecuada excluiría a beneficiarios que no están en situación de pobreza y así se ahorrarían recursos. Por otra parte, se dispuso “eliminar prestaciones que pueden ser asumidas (…) por los familiares de las personas beneficiadas”, pero la factibilidad de esta acción es dudosa en vista de las necesidades generalizadas de la población.

 

Por último, el Congreso no sentó las reglas básicas para la compraventa de viviendas ni eliminó la permuta, aunque estipuló que se flexibilizaría (véase más adelante el análisis de la ley promulgada sobre esto). Además, durante la presentación ante la Asamblea Nacional de los resultados económicos del año 2010 y el plan de la economía para 2011, el ministro de Economía, Marino Murillo (2010), anunció la abolición del precio subsidiado a materiales de construcción vendidos a la población para la construcción de sus viviendas, debido a la venta ilegal de dichos materiales con enorme ganancia para quienes especulan con ellos (hay que recordar que el precio subsidiado de un bloque es el 10 % del precio oficial). Esta medida es fiscalmente correcta, pero perjudicará al sector más pobre y de bajos ingresos, ya que no tendrá acceso a dichos materiales a un precio diez veces mayor.

 

Resultados de las reformas y ajustes aplicados

 

Aunque el modelo económico aún no ha sido “actualizado”, tanto la experiencia histórica como las limitaciones antes analizadas generan dudas sobre su éxito. En la presentación del informe central al VI Congreso, Raúl Castro (2011) anunció que el proceso tomaría un quinquenio y de paso amonestó: “lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los congresos anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido”. Por su parte, Pavel Vidal (2011) ha expresado: “No veo un cambio estructural importante en (…) la planificación [hay] que otorgar mayor espacio al mercado (…) regulándolo con instrumentos indirectos de penalización y estímulos, no [actualizar] un sistema centralizado que ha demostrado una y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba”. El modelo de socialismo de mercado chino o vietnamita, que otorga un papel mayor al mercado y al sector privado, ha dado excelentes resultados por decenios. Si se hubiese seguido este modelo, adaptado a las necesidades cubanas, hubiese habido mayor probabilidad de éxito.

 

Respecto al usufructo, a mediados del año 2010, el ministro de Economía, Marino Murillo, expresó su preocupación por la falta de resultados productivos. Por su parte, Pedro Olivera, director general del Centro Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de Agricultura, alegó que la evaluación del impacto en la producción tomaría dos años. Pero la producción agrícola disminuyó el 3 % en el año 2010, con resultados negativos en la mayoría de los productos. El impacto más grave se produjo en la producción del tabaco en rama, el arroz, los frijoles y la mayoría de las frutas, con caídas entre el 19 % y el 27 %. Después encontramos los cítricos y las hortalizas, con descensos entre el 16 % y el 17 %, y luego los huevos y los tubérculos, que disminuyeron entre 0 % y 3 %. Tan solo aumentaron un 2 % las cabezas de ganado, y entre el 5 % y el 6 % la producción de leche y la cosecha del maíz.

 

Las cifras preliminares del primer trimestre del año 2011 muestran una reducción en la superficie cultivada del sector privado (con poquísimas excepciones), aunque se aprecia un aumento en la producción de la mayoría de los cultivos respecto al deprimido año 2010 (ONE, 2011a, 2011b, 2011c) [5]. Por el contrario, estadísticas también preliminares del período enero-septiembre de 2011, comparadas con el mismo período en 2010, indican que la superficie cultivada total y del Estado se contrajo, pero la privada se había expandido, especialmente en cítricos (un 94 %), aves, ganado porcino y alubias (entre un 42 % y un 49 %). La producción agropecuaria creció un 7,2 %, aunque con diferencias notables: los mayores aumentos se registraron en el arroz (un 64 %) y las alubias (un 62 %), mientras que las peores caídas fueron para los cítricos (un 29 %) y las patatas (un 14 %). La desagregación de la producción por sector demuestra que el sector estatal tuvo un mal resultado y lo opuesto ocurrió en el sector privado. Por ejemplo, las cabezas de ganado disminuyeron el 8 % en el estatal, y crecieron el 92 % en el privado; mientras que las proporciones respectivas en otros productos fueron las siguientes: cítricos, caída del 20 % y aumento del 94 %; tubérculos, caída del 14 % y aumento del 18 %; plátano, caída del 29 % y aumento del 10 %; hortalizas, caída del 19 % y aumento del 7 %; y alubias, aumentos del 6 % y del 43 %, respectivamente (ONE, 2011d).

 

Estas cifras preliminares adolecen de contradicciones, pues aunque se contrajo la superficie sembrada no dejó de aumentar la producción, lo cual sólo podría explicarse por una mayor eficiencia y por el uso de fertilizantes, herbicidas, etc. Además, ONE define al sector privado como de campesinos no organizados en cooperativas que cultivan tierras no estatales, por lo que parece excluir a los usufructuarios, aunque estos tampoco se identifican con los sectores estatal y cooperativo. Hay que esperar a las estadísticas completas del año 2011 y a la desagregación de la superficie y producción usufructuarias, pero las cifras disponibles indican que después de la caída en 2010 de la producción agrícola, esta aumentó en 2011 en el sector privado y disminuyó o se estancó en el sector estatal. Aun con este adelanto, la producción agrícola en 2011 estaba muy por debajo de la existente en el año 2005, y peor aún respecto al año 1989, antes de la crisis.

 

En las reformas agrarias de China y Vietnam, el Estado también retuvo la propiedad de la tierra pero, a diferencia de Cuba, dichos países otorgaron contratos de duración indefinida, y dieron libertad a los agricultores para plantar lo que deseasen, vender los productos a quienes quisiesen y fijar su precio de acuerdo con la oferta y la demanda. Bajo estas políticas, se consiguió un enorme y rápido incremento de la producción agrícola, se alcanzó la autosuficiencia alimentaria y se generaron excedentes que luego fueron exportados. A modo de ejemplo, Vietnam es hoy el primer exportador arrocero del mundo, y vende a Cuba la mayor parte del arroz que se consume en la Isla.

 

En cuanto al trabajo por cuenta propia, los resultados no han sido muy halagüeños. A fines del año 2010 se contabilizaban 147.400 personas registradas, solo 3.600 más que en 2009, aunque el programa había comenzado a implementarse a principios de octubre de 2010 (ONE, 2011c). En el discurso de clausura en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 18 de diciembre de 2010, Raúl Castro (2010) apremió al Partido y al Gobierno para que facilitaran el avance del cuentapropismo, llamó a “no generar estigmas ni prejuicios contra ellos, ni mucho menos demonizarlos” y pidió “modificar la apreciación negativa existente”. Pero a pesar de estos augurios favorables, el 28 de febrero de 2011 se anunció que no se cumpliría la meta de la primera etapa, y tampoco se fijó un plazo para alcanzarla, salvo vagas referencias al plan quinquenal 2011-2014. A fines de octubre de 2011, el Gobierno reveló que solo se había despedido al 10 % del millón de trabajadores que debía ser sacado del sector estatal en diciembre de ese año. También informó que se habían creado 190.600 trabajos por cuenta propia adicionales, es decir, un 76 % de la meta de los 250.000 previstos, además de que dos tercios de las actividades registradas como nuevas se estaban realizando anteriormente de forma ilegal (Arreola, 2011a y b).

 

Entre el 1 de octubre de 2010, cuando se empezó a aplicar el programa, y el 30 de abril de 2011, justo después del VI Congreso, se habían concedido 221.839 licencias, de las que habría que descontar 27.000 devoluciones por parte de personas que no pudieron llevar a cabo su desempeño. Pero el 68 % de los nuevos trabajadores que accedieron a licencias por cuenta propia no tenía relación laboral previa con el Estado, lo que significa que ya eran antiguos desempleados que hacía tiempo que se habían desvinculado de las actividades controladas por el mismo. Además, el 16 % de las nuevas licencias fueron otorgadas a jubilados o trabajadores estatales, con lo cual el resultado final indicó que solo 35.494 personas, alrededor de otro 16 %, eran en realidad desempleados recientes tras el proceso de despidos masivos. Entre las razones para justificar la lentitud en los despidos y la creación de empleos privados se mencionaron la resistencia de los administradores estatales, la exigencia de documentos y trámites no legales a los cuentapropistas, así como la dilación excesiva para conceder licencias sanitarias (Granma [28.02.2011, 17.05.2011 y 21.05.2011] y Juventud Rebelde [19.03.2011]).

 

Tras un análisis de la evolución del proceso de despidos y del trabajo por cuenta propia, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2011 varios ajustes: 1) congeló todas las plazas estatales y extendió el cronograma de despidos sin fijar fecha; 2) permitió la contratación de trabajadores no familiares en las 178 ocupaciones aprobadas, y aumentó de 20 a 50 el número de sillas autorizadas en restaurantes privados (paladares), a la vez que facilitó que restaurantes estatales con baja actividad fueran arrendados a cuentapropistas; 3) suspendió el impuesto de utilización de la fuerza laboral en 2011 a los que contraten hasta 5 empleados, y también redujo cuotas mensuales o impuestos a varias actividades; 4) eliminó la obligatoriedad de afiliarse y cotizar a la seguridad social a mujeres de 60 o más años y a hombres de 65 o más; 5) asignó 14 millones de euros para asegurar la venta de mercancías a los cuentapropistas, pero dejó para el futuro la creación del mercado mayorista; 6) autorizó la actividad de agente de seguros; y 7) concedió a las embarazadas despedidas que no encontraran empleo la licencia de maternidad que antes perdían (Granma [17.05.2011 y 27.05.2011]). En septiembre de 2011 el Gobierno redujo las tasas de tributos mensuales a las personas que ofrecen hospedajes a cubanos y extranjeros, así como prometió que se extendería a otras ocupaciones el experimento de arriendo a trabajadores de peluquerías, barberías y salones de belleza. A comienzos de noviembre de 2011 el Consejo de Ministros anunció que habría nuevas cuotas de pagos de impuestos, sin mayor aclaración [6].

 

En el caso de la educación superior, se observa que la cantidad de alumnos matriculados en medicina, que aumentó un 61 % entre 2005 y 2010, había disminuido el 21 % en el curso 2010-2011. Esto significa un obstáculo para que se haga efectivo el acuerdo del Congreso para que la graduación de especialistas médicos cubra las necesidades del país y las que se generen por los compromisos internacionales. Por otra parte, el gasto en educación se redujo porque el número de universidades municipales había decrecido un 96 % entre 2009 y 2011, mientras que todas las escuelas de trabajadores sociales habían sido cerradas (ONE, 2011c).

 

Respecto al sistema de pensiones, la reforma del año 2008 se suponía que pospondría de 2015 a 2020 el momento en que habría más retirados que trabajadores entrantes en la fuerza laboral (Peláez, 2011). No obstante, dicha reforma no ha reducido de manera significativa el severo déficit del sistema, ya que para equilibrarlo en el año 2010 habría que haber subido hasta el 21 % la cotización actual del 12 % sobre el salario (pagada por las empresas), y en los años sucesivos ese porcentaje debería ir en aumento. Por otra parte, en abril de 2011 se habían registrado 198.511 personas en el régimen especial de la seguridad social, incluyendo a cuentapropistas que ejercían antes de iniciarse el proceso de extensión del trabajo privado (Granma [30.04.2011]). En cuanto a los gastos en asistencia social, si se hace una comparación con las cifras de los años 2006 a 2008, en 2010 estos gastos se redujeron un 39 %, el número de beneficiarios un 61 %, los adultos mayores con asistencia un 51 % y los beneficiarios de asistencia a domicilio un 67 % (ONE, 2011c). Estos severos recortes, unidos a la eliminación gradual de gratuidades y del racionamiento, más el acuerdo citado que restringe la ayuda a ciertos beneficiarios, perjudica a grupos vulnerables e implica una erosión en la red de protección social que es esencial en la reforma.

 

Referente a la vivienda, la construcción total de residencias cayó un 6% en el año 2010, mientras que la edificación de viviendas privadas se desplomó un 19% en el mismo año; la eliminación de subsidios a los materiales de construcción pudo ser la causa que provocó esa disminución mayor (ONE, 2011c). En este sentido, el grupo de población de bajos in­gresos no puede comprar los materiales a precios diez ve­ces superiores, por lo que se debería estudiar la posibilidad de ofrecer vivienda subsidiada para los grupos vulnerables. Una medida de gran envergadura fue la promulgación de la esperada ley de vivienda que entró en vigor el 10 de noviembre de 2011. La misma autoriza la compraventa de viviendas por parte de ciudadanos y extranjeros residentes permanentes en la Isla y permite a los compradores y vendedores fijar libremente el precio y mudarse cuando lo deseen. Además, autoriza las ventas y permutas de viviendas de cubanos que emigran definitivamente sin estar sometidas a la aprobación estatal. Se permite la donación de vivienda y la transferencia gratuita a los herederos familiares. La permuta subsiste, pero ahora es legal el pago de una compensación que antes se hacía de forma ilegal. Esta ley puede generar el capital que tanto necesita el sector privado para lanzar y expandir sus pequeños negocios, así como impulsar la reparación de las deterioradas viviendas existentes. También resuelve la situación de parejas divorciadas que son copropietarias de una vivienda al permitir su venta de mutuo acuerdo. Por otra parte, también contiene restricciones: la propiedad se limita a una residencia permanente y otra de veraneo o descanso (a fin de evitar la concentración de la propiedad); el financiamiento debe hacerse a través del Banco Central de Cuba, que obliga a pagar una licencia aún no determinada; se carga un impuesto del 6 % del valor de la compraventa (4 % en caso de permuta), y se establecen penas severas, incluso prisión, para aquellos que mienten sobre el valor real de sus viviendas (Ley general de la vivienda, 2011). Se especula que la autorización para tener una segunda casa de veraneo podría abrir un agujero legal para que cubanos emigrados compren viviendas a través de sus parientes en Cuba. Un potencial efecto indeseado de la ley puede ser el aumento de las desigualdades respecto a la vivienda entre la población, pues los que tengan más dinero comprarán casas en las mejores áreas y los que carezcan de recursos estarán condenados a permanecer en “solares” (una casa dividida entre muchos propietarios de pequeños habitáculos) de los peores barrios. Además, el propietario de una vivienda arrendada puede venderla y el arrendatario quedarse en la calle (Cave, 2011).

 

Otra disposición importante que entró en vigor en octubre de 2011 es la autorización de la compraventa de automóviles, de manera libre y en pesos nacionales, entre ciudadanos cubanos que viven en la Isla y extranjeros residentes permanentes; se incluyen los viejos coches estadounidenses anteriores a 1959 y los fabricados en la URSS, otorgados por razones de trabajo antes de 1990. Por su parte, el comprador puede tener más de un coche, y los artistas, deportistas, intelectuales y/o otros profesionales que hayan rendido servicios en el extranjero también pueden adquirir autos modernos comprados con autorización. Los cubanos y extranjeros residentes pueden comprar, cada cinco años, un auto nuevo con pesos convertibles o divisas a través de agencias comerciales o importarlos; los residentes extranjeros temporales pueden tener hasta dos coches durante su estadía (Regulaciones para la transmisión de vehículos de motor, 2011).

 

Las restricciones legales se aplican especialmente a la compra de coches modernos, con trabas burocráticas e inclusiones y exclusiones arbitrarias. Dicha compra debe tramitarse ante el gobierno regional, que a su vez hace una petición al Ministro de Transporte, y el permiso puede tardar hasta cuatro meses. El comprador debe demostrar que sus ingresos han sido obtenidos en servicios prestados al Estado. Asimismo, se les permite la compra de autos a intelectuales o artistas que reciban premios internacionales o derechos de autor a través de entidades oficiales, así como a trabajadores de la pesca, el tabaco, la marina mercante, las aerolíneas y la base naval de Guantánamo; pero se excluye a los receptores de remesas del exterior y a los microempresarios cuando esas son sus fuentes únicas de ingreso, además de a los profesionales de la salud que prestan servicios en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. La compraventa de autos puede ser gravada con tres impuestos: transporte, ingresos personales y transmisión de bienes y herencia. A los cubanos que emigran de forma definitiva, el Estado les confisca su auto, el cual transmite en propiedad a las personas que tienen derecho, aunque les pueden negar este derecho por razones de utilidad pública o interés social, de ahí que sea más restrictiva que en el caso de la vivienda (Regulaciones para la transmisión de vehículos de motor, 2011). El Estado cobra 21.000 euros por un Hyundai Accent nuevo, pero el mismo auto usado se vende por 22.000 euros, y el simple permiso de compra de un coche se revende por 7.500 euros, por lo que la ley no podrá impedir la especulación (Burnett, 2011).

 

¿Consenso o disenso en la dirigencia sobre las reformas?

 

Hasta el momento, las dos reformas estructurales principales que se pusieron en marcha no han logrado un éxito claro. En la reforma de la agricultura, a pesar de la cesión de tierras en usufructo, la producción agrícola cayó en 2010 y, aunque aumentó en 2011 en el sector privado, se desconoce si fue por los campesinos no afiliados a cooperativas o por los usufructuarios. En la reforma laboral se incumplió la meta de despidos, y la creación de empleos privados fue insuficiente, en gran medida debido a las trabas y los desincentivos impuestos. En cuanto a la “actualización” del modelo económi­co, con persistente predominio de la planificación centralizada y de la empresa estatal, 52 años de intentos fallidos para mejorar auguran un nuevo fracaso. La combinación de los despidos, la eliminación de gratuidades y el racionamiento, más los recortes sociales —incluyendo la esencial asistencia social— pueden provocar una situación peligrosa. Por último, la autorización de la compraventa de viviendas y automóviles son medidas muy positivas, aunque también repletas de restricciones que son demasiado recientes para evaluar sus efectos.

 

El interrogante crucial es saber el motivo por el que no fueron corregidas las fallas de las reformas durante los meses de debates previos a la celebración del VI Congreso, en los que participaron nueve millones de cubanos, o por parte de los 1.000 delegados que asistieron a dicho congreso. Tampoco se propusieron posibles soluciones en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en el Comité Central del PCC y su Buró Político. Después del VI Congreso, y en vista de los pobres resultados de las reformas, el Consejo de Ministros hizo ajustes, especialmente en el trabajo por cuenta propia y la compraventa de viviendas y coches, pero aún persisten problemas fundamentales. La Conferencia Nacional del PCC, anunciada para la segunda mitad del año 2011, y pospuesta para enero del 2012, parece estar encaminada a determinar el papel del Partido y sus relaciones con el Gobierno (Castro, 2010), aunque quizás amplíe y profundice las reformas estructurales.

 

La eficacia de las reformas y de los acuerdos del VI Congreso está obstruida por objetivos contradictorios. Por un lado, se pretende aumentar la producción para reducir las importaciones y expandir las exportaciones, así como eliminar el empleo estatal excedente, y se reconoce el papel creciente del mercado y el sector privado. Pero, por el otro, se pone énfasis en el plan central, el control, la empresa estatal y los fuertes impuestos al sector privado que obstaculizan su desarrollo. A pesar de las reiteradas aseveraciones de Raúl Castro sobre la unidad en la dirigencia, los elementos analizados en este artículo indican que existe un disenso en la cúpula del poder, así como en los niveles intermedios. Mientras unos apoyan las reformas como única vía para mejorar el desempeño económico y social, para así salvar la revolución, otros se resisten a ellas por temor a desatar fuerzas que se escapen del control del régimen o porque la competencia privada amenace sus posiciones y privilegios. El resultado es un compromiso ineficaz e insostenible.

 

Con el diseño actual, las reformas podrían alcanzar mejoras modestas, pero mientras no se resuelva el disenso en la dirigencia para expandir y profundizar estas reformas, no se conseguirá resolver los problemas económicos y sociales fundamentales de Cuba. Dos alternativas se perfilan en el futuro: a) una lucha en la dirigencia para impulsar las reformas o b) la continuación del statu quo con el riesgo de provocar una mayor erosión económica y social de imprevisibles consecuencias. Desde aquí abrigo la esperanza en que la historia tome el primer derrotero y triunfen los reformadores.

 

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[1] Los documentos oficiales de referencia sobre el tema son los siguientes: Proyecto de lineamientos de la política económica y social, VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. (La Habana, 9 noviembre de 2010); Información sobre el resultado del debate de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. (La Habana, VI Congreso del PCC, 1 mayo de 2011).

[2] Véanse las informaciones de prensa de AP (27.06.2010) y Reuters (22.03.2011).

[3] El economista cubano Pavel Vidal (2011) se pregunta “el plan está por encima del mercado, pero ¿hasta dónde?”.

[4] Véase la entrevista efectuada a Orlando Lugo en Juventud Rebelde (14.05.2011).

[5] La producción industrial cayó el 2 % en 2010 (6% en electricidad, 11% en textiles y 33 % en zapatos; se estancó en puros y cemento); la producción de petróleo creció el 10 %, pero la de gas cayó el 7 % y también la de níquel (ONE, 2011c).

[6] Noticias de la televisión cubana (02.11.2011).

 

Referencias bibliográficas

 

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