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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Raúl Castro, cinco años después

 

Oscar Espinosa Chepe, La Habana, en Cubaencuentro

 

Con la enfermedad de Fidel Castro, su hermano menor, siempre el segundo hombre de la revolución, asumió el poder el 31 de julio de 2006. Polémicas existen sobre si Cuba ha cambiado algo desde entonces. Está claro que las ilusiones sobre la realización de trascendentales cambios, creadas por Raúl Castro debido a sus antecedentes pragmáticos como organizador y ministro durante decenios de las fuerzas armadas, no se han cumplido a pesar de haber transcurrido un lustro.

 

Habría que destacar que hasta el 24 de febrero de 2008 su mandato fue provisional, así como que en el VI Congreso del Partido Comunista, en abril de 2011, se consolidó como primer secretario. Mucho se recuerda su discurso del 26 de julio de 2007, donde fue extraordinariamente crítico al referirse a la situación nacional, y abogar por reformas estructurales y de conceptos, no efectuadas hasta el presente.

 

La estructura institucional del país y el disfuncional sistema de gestión se mantienen, con su prodigalidad de ministerios, reproducidos en provincias y municipios. Una arquitectura administrativa generadora de un inmenso ejercito de burócratas, que unidos a los del partido y las organizaciones políticas y de masas son una carga insoportable para la sociedad. Hoy constituyen el primer obstáculo para que fluyan los cambios imprescindibles. Esa organización institucional se basa en una rígida centralización estatal, al estilo soviético, con el importante papel de la planificación inmovilizadora y desfasados conceptos de una falsa propiedad socialista —verdaderamente antisocial—, los dogmas contra la propiedad privada y el desconocimiento del mercado como una categoría económica objetiva. Todo sazonado con intereses conservadores y burocráticos, que desde los más altos niveles hasta la base defienden la hegemonía y los privilegios disfrutados durante tantos años.

 

A pesar de esta realidad, no puede negarse que a partir del 31 de julio del 2006 existe una nueva situación en Cuba. Comenzó una etapa de relativa racionalidad, en que sin desaparecer el estado totalitario, se han abierto ciertos espacios, que aunque insuficientes, hubieran sido impensables bajo la dirección de Fidel Castro. Los factores que han hecho posible superiores dosis de sentido común podrían ser varios, como las características personales del nuevo presidente, menos proclive a los excesos ideológicos y más interesado en aspectos prácticos, económicos y sociales; quizás que al asumir el poder ha encontrado un escenario más calamitoso del que imaginó hallar, ante lo cual no ha tenido más opción que tratar de realizar reformas en un país, que “está al borde del precipicio”, como él mismo ha definido; o la conclusión de que no se puede seguir viviendo por encima de los magras posibilidades de una economía en ruinas.

 

Desde su ascenso provisional al poder, el ambiente es algo más sosegado. Han concluido las marchas, contramarchas y mítines que agobiaban a los cubanos; hasta en la televisión donde aún se mantiene una importante carga ideológica, la programación se cumple sin las interrupciones no anunciadas para presentar los largos discursos del máximo líder, y todavía peor, las peroratas de Hugo Chávez. Por suerte, desaparecieron también la “Batalla de Ideas”, la Revolución Energética y los trabajadores sociales, y con ello los “diligentes” dirigentes formados —o deformados— personalmente por Fidel Castro, para servirlo en la ejecución de sus ideas.

 

En la educación se aplican programas más racionales y se erradicaron las costosas escuelas en el campo y el envío de jóvenes de los centros urbanos a labores agrícolas durante determinados períodos en el año. Desaparecieron las aventuras de los maestros emergentes e integrales, y se implantaron exámenes de ingreso a las universidades, cuya enorme cantidad de suspensos ha demostrado la calamitosa formación de los estudiantes desde la escuela primaria. Así también parece terminar la desatención en la preparación de técnicos medios y obreros calificados, que ha dado lugar a una sustancial carencia de imprescindibles oficios y profesiones. Las rectificaciones en marcha, con sus contradicciones y limitaciones, no podrán evitar que los efectos nocivos causados por los daños al magisterio cubano y a la formación de generaciones de jóvenes estén presentes por mucho tiempo.

 

A eso se ha sumado una serie de transformaciones, que aunque efectuadas de forma insuficiente y sin una concepción integral, han significado rupturas con la ortodoxia ideológica que durante tanto tiempo prevaleció en Cuba. Es difícil imaginar que antes de julio de 2006 se hubiera podido decretar el pago por el trabajo realizado, y aún con sus limitaciones la ampliación del trabajo por cuenta propia, la contratación de fuerza de trabajo por privados y la entrega de 1,3 millón de hectáreas de tierras en usufructo, así como tomado la decisión de comenzar la reorganización de la fuerza de trabajo mediante el despido de 1,3 millón de trabajadores, aproximadamente el 25,0 % de los ocupados.

 

Paralelamente, a pesar de que se mantienen las características represivas del régimen, como ya han expresado algunas personalidades se han permitido modestos espacios de opinión, muy reducidos hasta ahora, incluida la aparición de publicaciones independientes —todavía con cortas tiradas— y la posibilidad de que puedan leerse internamente criterios de académicos cubano-americanos y realizarse determinados intercambios sobre cuestiones controversiales. Incluso en los controlados medios de difusión y otros lugares (teatros, centros de conferencia…) se aprecia una creciente tendencia, a veces sutil, en ocasiones con nitidez total, a la formulación de críticas a la situación imperante; algo que por su magnitud es inédito e inimaginable en el pasado. Tampoco puede soslayarse el acceso de los cubanos a bienes y servicios antes prohibidos —teléfonos celulares, computadoras (sin acceso a internet) y efectos electrodomésticos—, y el compromiso oficial expresado en los Lineamientos del VI Congreso del PCC de permitir la venta entre particulares de viviendas y automóviles, lo cual de hecho significa el reconocimiento a la propiedad privada. Estas medidas, como ha señalado el escritor Leonardo Padura, están provocando grandes cambios en la sociedad cubana, no obstante ser insuficientes y aplicadas a un ritmo inadecuado, como expresamos anteriormente.

 

Estas realidades conviven en un clima de contradicciones, inconsecuencias y, sobre todo, incertidumbre. Si bien fueron excarcelados todos los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra de 2003, quienes decidimos permanecer en Cuba estamos sometidos a una licencia extrapenal que nos puede hacer regresar a las cárceles en cualquier momento. Al mismo tiempo, en estos años han sucedido hechos repudiables, como la muerte durante una prolongada huelga de hambre del reo de conciencia Orlando Zapata Tamayo, las continuas amenazas y falsas acusaciones lanzadas desde las altas instancias del gobierno contra personas que únicamente manifiestan sus opiniones pacíficamente, la organización de turbas para agredir a los disidentes y los asiduos encarcelamiento por cortos períodos y algunas condenas de largo alcance.

 

Más importante aún, todas las leyes represivas se mantienen vigentes y los órganos para aplicarlas están listos para regresar a los peores tiempos. Un hecho que refleja las vacilaciones de gobierno en respetar los derechos humanos es que a años de haber firmado los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, no los ha ratificado la Asamblea Nacional, lo cual demuestra la intensión de mantener las manos libres para ejercer acciones violentas contra los deseos populares de cambios democráticos.

 

La realidad cubana es compleja y contradictoria. No puede ser de otra forma para un país que ha permanecido bajo la férula del totalitarismo durante 52 años, con un tejido social metódicamente destruido y un ejército de funcionarios y burócratas listos para defender sus intereses y privilegios ante cualquier cambio por temor a perderlos. Como esbozó el Presidente en el discurso a la pasada Asamblea Nacional, oponen todo tipo de obstáculos a las transformaciones, aprovechándose para ello de la mentalidad, hábitos y prejuicios fomentados durante tanto tiempo. Un panorama aún más complicado, pues en el heterogéneo sector reformista están presentes vacilaciones ante el temor que la dinámica de los cambios se vaya fuera de control y puedan perder el poder como sucedió en el este de Europa.

 

Los resultados de las vacilaciones están a la vista. La cuestión no es hacer reformas, sino las transformaciones requeridas, sin los prejuicios contra la propiedad privada, el mercado y el mantenimiento de la camisa de fuerza del fracasado sistema de planificación centralizada. Resulta imposible, como se pretende, actualizar un modelo económico, político y social que obstruye el desarrollo de las fuerzas productivas. Las reformas realizadas hasta el momento han fracasado precisamente por sus concepciones limitadas y cargadas de prohibiciones y cortapisas.

 

Ante la realidad del fracaso de un cuentapropismo de subsistencia, que ha obligado a extender a cinco años el necesario programa de reorganización laboral, y un sistema de entrega de tierras en usufructo que con tres años de implantación no ha impulsado la producción agropecuaria, se implementan nuevas medidas flexibilizadoras, que podrían traer algunos beneficios, pero mantienen sus características de insuficiencia y una visión aún no integral de la economía.

 

Rebajar los precios de los artículos y ofrecer créditos en moneda nacional a los campesinos no resuelve los problemas de una agricultura atrasada e improductiva. Medidas de mayor alcance como la posible ampliación de las entregas de tierras en usufructo a 5 caballerías (67,1 hectáreas), hacer indefinido el período de concesión de la tierra y permitir la construcción de viviendas en ellas, deben acompañarse de la solución de los problemas de la comercialización de los productos agropecuarios y la disolución del monopolio estatal del Acopior, así como terminar la dependencia obligatoria de los productores a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) que, se conoce bien, están supeditadas a la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Si grupos de campesinos desean organizarse en cooperativas independientes, como han manifestado algunos, o mantenerse como productores independientes, debe permitirse. Por supuesto si determinadas personas consideran conveniente permanecer en las actuales CCS y mantener sus vínculos con la ANAP también deberían tener ese derecho. No obstante, resulta antidemocrático e injusto el Artículo 2 del Decreto No. 282 del Reglamento para la Implementación de la Entrega de Tierras Ociosas en Usufructo, que obliga a obtener un aval de las CCS para solicitar tierras y pertenecer a estas organizaciones donde estén ubicadas cuando reciba las tierras.

 

En el caso del trabajo por cuenta propia, las medidas flexibilizadoras han sido todavía más insuficientes. Reanudar la venta de útiles para la actividad de cuentapropia en tiendas minoristas, tales como freidoras, parrillas y planchas de grillar, cafeteras o sartenes eléctricos, tanto a un cuentapropista como a cualquier ciudadano común, no es una solución. Mucho menos lo es la rebaja de los precios de los productos en envases mayores utilizados por los cuentapropistas, vendidos en tiendas minoristas. Realmente más alcance parece que tendrá la posible anulación del impuesto a la utilización de fuerza de trabajo hasta 5 personas. Pero al parecer se mantendrán los altísimos impuestos cuando sea mayor la cantidad de empleados, con contribuciones progresivas que podrían hasta llegar a ser superiores a los salarios pagados. Esto indica el mantenimiento de la concepción de solo permitir negocios bonsái, de bloqueo a la posible aparición de pequeñas y medianas empresas (PYMES), por lo cual la actividad continuaría siendo de poca relevancia para el desarrollo del país.

 

En el terreno político, también afloran las contradicciones y la inconsecuencia. Mientras el presidente Raúl Castro el 1 de agosto señaló la voluntad gubernamental de actualizar la política migratoria vigente, dirigiéndose fundamentalmente a la comunidad cubana en el exterior —principalmente en Estados Unidos—, y expresó que “casi todos preservan su amor por la familia y la patria que los vio nacer y manifiestan de diferente forma su solidaridad hacia sus compatriotas”, solo 4 días después el Tribunal Supremo Popular ratificó la injusta sentencia contra el ciudadano norteamericano Alan Gross, por supuestamente introducir en Cuba medios de info-comunicaciones, al parecer entregados a grupos judíos. Enfermo y con serios problemas familiares, ya ha cumplido 21 meses de reclusión.

 

Esta acción servirá de inestimable regalo para quienes en Estados Unidos laboran intensamente por eliminar las medidas adoptadas por el Presidente Obama para propiciar el acercamiento de las familias cubanas y la asistencia humanitaria a través de las remesas para una población urgentemente necesitada de ayuda. Si triunfaran esos propósitos no solo se volverían a dificultar los contactos entre ambos lados del Estrecho de la Florida, sino que también sería un golpe muy fuerte a la incipiente iniciativa privada en Cuba muy dependiente de esas remesas, como demuestra un reciente estudio realizado por Manuel Orosco, del Inter-American Dialogue, y Katherine Hasing, de City University of New York, quienes recientemente visitaron el país. La muestra realizada por ellos indica que como base de los recursos disponibles para iniciar un negocio, el 62,0 % de los consultados señalan las finanzas de amigos y familiares en el exterior.

 

Las palabras del Presidente, aunque positivas al reconocer el valor de los cubanos residentes en el extranjero y representar un paso para el inicio de futuras conversaciones para su eventual participación en la reconstrucción, una realización que necesitará algo más que palabras, se contradicen nuevamente con los tozudos hechos, quizás impuestos por los “duros” del régimen, siempre listos a bloquear cualquier acercamiento a Estados Unidos, o por los viejos hábitos de negociar desde posiciones de fuerza.

 

Emitir una valoración de los resultados de los 5 años de Raúl Castro en el poder no es una tarea fácil, pero indudablemente existe una Cuba distinta a la anterior al 31 de julio de 2006. Con todas sus inconsecuencias, contradicciones y limitaciones se ha abierto un proceso de reformas y será muy difícil que alguien pueda detenerlo. La mentalidad del cubano ha cambiado sustancialmente hacia un consenso masivo sobre la necesidad de transformaciones, lo que constituye posiblemente lo más importante acaecido en esta etapa.