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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Pasos para una transición democrática en Cuba

 

Ernesto Gutiérrez Tamargo, Madrid, en Diario de Cuba

 

¿Qué pasos dar en el caso de que, bajo presión popular, las autoridades se decidieran a construir un Estado de Derecho? Un acercamiento a esta hipótesis por un especialista en leyes.

 

Todos los problemas actuales de Cuba gravitan, esencialmente, sobre la nula existencia de una democracia pluripartidista y una falta completa de libertades político-económicas, unidas a un continuo irrespeto de los derechos humanos.

 

En aras de propiciar el diseño legal para un cambio de sistema político, con respeto y dignidad para todos los cubanos, que permita restañar heridas anquilosadas por más de medio siglo y conformar un estado moderno y libre, propongo (sin ánimo de agotar un tema tan complejo) estas bases estructurales para una transición democrática en Cuba, bajo la premisa de la ficción jurídico-política de que exista un consenso desde el poder —con la indiscutible presión popular, participación de todas las fuerzas opositoras y solidaridad internacional— para iniciar el proceso que permita instaurar en Cuba un Estado Constitucional de Derecho.

 

Sea cual sea el motivo que lo provoque, sin ruptura del régimen actual no hay transición, ni tampoco habrá democracia, Esta propuesta pretende o intenta explicar un modo (no el único) en que el régimen imperante en Cuba pueda cambiar pacífica y políticamente a un sistema democrático.

 

Propone una salida digna, honrosa y para todos los bandos, sin venganzas ni revanchas, sin vencedores ni vencidos (exceptuando los delitos de sangre, cuestión que debería decidir un Parlamento libre y plural, tal como ocurrió en España, Sudáfrica y Chile).

 

Postula un cambio político de la Ley a la Ley, pero sin que ello implique modificar, rectificar o subsanar el sistema jurídico del régimen castrista actual. Pretender echar "vino nuevo en odres viejos" es un contrasentido jurídico no seguido por ninguna transición respetable en Occidente.

 

Por el contrario, lo que propongo es usar ese organigrama legal —en lo que sea posible, que es poquísimo— para poner en marcha el cambio de régimen y deshacer esos "odres viejos" por los nuevos, en los cuales se ha de verter la savia de un sistema democrático pleno de garantías, y entretejiendo para ello el nuevo sistema legal con las bases que un día estructuraron el sistema democrático incipiente de Cuba: las Constituciones democráticas de 1901 y de 1940.

 

Deberá contemplarse legalmente una Amnistía General que beneficie a todas las partes en conflicto, y que vendrá salvaguardada a tenor del proceso en marcha conforme a la Ley de la Transición que previamente se apruebe (y fungirá como una Ley Fundamental o Carta Magna provisional).

 

Del mismo modo, es preciso poner un especial cuidado en atender o respetar igualmente, con dicha amnistía, el principio de garantía de las víctimas, el pueblo liso y llano, frente a las violaciones de derechos humanos. Por lo habrá que contar de manera imprescriptible e insoslayable con: a) recursos efectivos compensatorios; b) una Comisión de Justicia y Dignidad, con su concomitante Ley de Memoria Histórica; y c) reparaciones adecuadas en el orden civil, administrativo y laboral a todas las víctimas del sistema político que se deja atrás.

 

Algunas premisas

 

Para alcanzar lo dicho anteriormente, es preciso que se den las siguientes premisas:

 

1) Que la voluntad de cambio político sea irrevocable, eficaz y efectiva; esencialmente, como ya hemos reiterado, entre quienes ostentan el poder.

 

2) Que esa voluntad sea tutelada en una primera etapa y, acto seguido, despojada de toda preeminencia jerárquica preconcebida: ha de ser transmitida, conforme a la voluntad popular soberana, a quien se elija al efecto, con total desprendimiento y altruismo por quienes la hayan empezado.

 

3) El respeto de los actores de todo el proceso. El mejor garante de que el principio tácito de garantía a vidas y haciendas de todas las partes involucradas cale y se consolide en la opinión pública, es que la transparencia, la legitimidad y el patriotismo —no partidista, no ideológico y no de apego al poder— venga, emane y lo haga, precisamente, del Gobierno que inicie el cambio político.

 

El proceso para el cambio de régimen deberá empezar de un modo incluyente contemplando los actores con interés y capacidad de avanzar en un proceso democrático; a saber, en el marco nacional: a) el Gobierno; b) la oposición interna, disidencia, sociedad civil, reformistas y el exilio; c) la Iglesia Católica y otras confesiones eclesiásticas, como los protestantes. Y en el marco internacional: d) observadores y organismos supranacionales.

 

Los pasos legislativos a dar son, en mi opinión:

 

1) Ley de Libertad para todos los presos políticos y de conciencia (que anule las penas/sentencias e impida el destierro de los liberados, así como facilite el retorno inmediato de los que han abandonado el país por dichos motivos). Esta libertad no puede ser condicionada a nada. Es una medida de gracia completa.

 

2) Ley de Libertad de opinión, asociación y prensa. Esta Ley podrá emanar directamente del poder, bien de modo directo por Consejo de Ministros como Decreto-Ley, o, si se quiere, para mayor seguridad legal, como propuesta legislativa para que sea aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular. No es requisito sine qua non que pase por éste segundo trámite.

 

3) Ley de Transición. Referéndum a la nación

 

4) Ley de Amnistía (conforme a lo explicado al inicio).

 

5) Convocatoria a elecciones para crear la Asamblea Constituyente que dote al país de una nueva Carta Magna. La Constitución ha de ser refrendada en Referéndum a la nación

 

6) Elecciones libres y pluripartidistas para elegir el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) y el Gobierno (Presidente de la República).

 

El paquete legislativo antes expresado debe hacerse de un modo paulatino y con la capacidad altruista de ser incluyente.

 

La Ley de Transición

 

El punto realmente trascendental para el cambio del régimen dictatorial actual, es precisamente la Ley de Transición, que ha de propiciar la modificación del sistema político actual por otro democrático. Para que esta Ley pueda ponerse en marcha de un modo adecuado, deben observarse los siguientes pasos o premisas de orden procedimental:

 

1) Tiene que aprobarla el Consejo de Ministros, refrendarla el Consejo de Estado. Pero todo esto carece de sentido sin la mayoría popular. Es perfectamente sabido que el pueblo cubano tiene plena consciencia de que vive en una dictadura. Quitarse ese disfraz y asumir desde el poder, con dignidad y valentía la postura del cambio político, legitimará la iniciativa que parta desde el Gobierno. Por consiguiente, esta Ley tendrá que presentarse para su aprobación a la actual Asamblea Nacional del Poder Popular donde deberá ser necesariamente contrastada y aprobada. Este trámite meramente burocrático-jurídico deberá cumplimentarse para que el cambio político se haga de la Ley a la Ley. La Ley de la Dictadura debe dar paso a la Ley de la Democracia. Jurídicamente no puede haber un "salto al vacío" que obvie o desconsidere la "legalidad socialista".

 

2) El frontispicio de la Ley de la Transición o de Cambio Político en su artículo primero deberá citar a la Democracia como suma de valores políticos que asume, o debería asumir, el Gobierno actual, y que se someterá para su aprobación en la Asamblea Nacional, e inmediatamente la someterá a referéndum previsto en la propia Constitución de 1976 (aunque la Constitución de 2002 imposibilita en su articulado la modificación del régimen socialista, tampoco puede suplantar esa norma la soberanía popular al no consultarle su voluntad soberana al pueblo, que es de quien dimanan única y exclusivamente todos los poderes del Estado).

 

3) Será conveniente, antes de proceder a la discusión de la Ley de Transición o de Cambio Político ante la ANPP, en el interregno de su aprobación y presentación, que el Comité Central del PCC apruebe y emita un informe preceptivo, en el cual autorice a tramitar dicha Ley de Cambio, toda vez que, al ser el PCC la fuerza rectora y dirigente de la sociedad —según el artículo 5 de la Constitución de 1976—, y más de la mitad de los diputados militantes del PCC, es conveniente que dé su visto bueno al cambio de régimen, admitiendo coexistir con el pluralismo político, y, a la postre, aceptando eventualmente que es posible que algún día, bajo la premisa de elecciones generales con sufragio universal libre, pierda esa jerarquía y hegemonía políticas que hoy le viene concedida per impositio en la Carta Magna castrista. Todo ello tal y como aceptan los partidos comunistas de Europa.

 

4) El Gobierno, con su propuesta legislativa ante la ANPP, en su fase de presentación y discusión parlamentaria, deberá mostrar unas dotes también de altruismo político para una Cuba moderna que asuma, no ya el fracaso del sistema escogido, sino la valentía de iniciar una verdadera transformación democrática donde sea el pueblo cubano quien decida su futuro político, conforme a su sentir mayoritario, sin cortapisas ideológicas ni partidistas. Todo ello deberá desembocar (previa Convención Constituyente) en unas elecciones generales con sufragio universal que permita elegir —esta vez ya sin tutelas— al Presidente de la República, al amparo de una Constitución democrática plena.

 

El Gobierno ante la Asamblea Nacional

 

¿Qué postulados podría adoptar el Gobierno para defender en la Asamblea Nacional del Poder Popular (y ante la opinión pública cubana, acostumbrada a que siempre se les inocule la defensa del socialismo real o comunismo) la Ley de Transición o de Cambio Político?

 

La Constitución cubana de 1976 —reformada en 1992 y 2002—, si bien blinda el sistema socialista ante la posibilidad de cualquier reforma (declarándola incluso ilegal per se), no deja de ser una Constitución reformable en su artículo 137, párrafo segundo, que invoca (aún cuando el párrafo primero de ese artículo prohíbe por el artículo 3 la modificación del régimen imperante) la opción de solicitar mediante referéndum popular una iniciativa del calibre antes expresado, cambiando previamente para ello la composición de la integración de la misma Asamblea en sí.

 

Por tanto, ante la propuesta de esta Ley que ella no puede aprobar, la Asamblea tendría tres opciones plausibles: a) disolverse, al proponer la modificación total de toda su composición actual; b) someter primero a referéndum la Ley de Cambio, incluyendo un artículo para dejar sin efecto la composición actual de la Asamblea y elegir una nueva Asamblea que ad hoc solo intervenga para un único acto de aprobar la Ley, auto disolviéndose de manera inmediata; c) aprobar tal cual la Ley de Cambio, mediante la sustitución del artículo 3 en esa sesión plenaria por haber previamente sometido a referéndum ese artículo para declararlo inválido en la Constitución, y que en la misma consulta popular se incluya la Ley de Cambio. Todo ello, sin tener que modificar la Asamblea, para que pueda someter la Ley de Cambio para su aprobación.

 

Cabe una cuarta opción, más sencilla, no tan purista en Derecho, pero no menos válida constitucionalmente hablando, y es que el Gobierno, con la propuesta de Ley de Cambio Político aprobada en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Estado, y con el Dictamen o Resolución del Comité Central del PCC autorizando el cambio político —al ser el PCC la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, al amparo del artículo 5 de dicha Constitución—, someta a consideración de la Asamblea dicha Ley con todas las potestades que le vienen concedidas supralegalmente en la misma Carta Magna para someter a votación tal iniciativa legislativa.

 

Ello, pues, quedaría salvaguardado al final bajo el apotegma inapelable en Derecho de ser sometida esta decisión de la Asamblea a la única y verdadera soberanía —léase poder— decisorio que emana del pueblo: el Referéndum del Sí al cambio político.

 

Esta última opción es de una cuidadosa elección jurídica (afirmo que no es purista constitucionalmente hablando, pero sí válida en Derecho) porque, dicho de otro modo, el artículo 5 de la Constitución le entrega rango decisorio de Estado al PCC como fuerza dirigente, rectora, de la sociedad cubana en general, equiparando con ello cualquier decisión del PCC a la jerarquía de una Ley Fundamental con cualquier decisión que tome en concreto.

 

En el caso que nos ocupa, siempre que respete el procedimiento de reforma constitucional mediante la aprobación de la Asamblea y sometimiento de la misma al referéndum de la nación, no estaría incurriéndose en "contrafuero" (incompatibilidad de una ley de rango menor sobre otra mayor que no puede alterar por contradecirla).

 

Lo que resulta más importante, incuestionable en todo el sistema de Derecho Constitucional de las sociedades modernas y democráticas, es que una declaración de inalterabilidad del régimen socialista —o de cualquier otro que coarte sus libertades y derechos— no puede imponerse sobre la voluntad del pueblo. Este punto deja sin efecto cualquier blindaje político que se haya hecho con el artículo 3 en la Constitución cubana para declarar inamovible el sistema político imperante. El pueblo tiene el derecho a ser feliz y dotarse de unas normas supra legales a las que se someterá sólo democráticamente.

 

Después de la discusión en la Asamblea Nacional

 

Acto seguido, se convocarían y celebrarían en un plazo no mayor de tres meses, elecciones para una Convención Constituyente, parlamento que fungirá ad hoc para discutir, aprobar y someter a referéndum del pueblo una nueva Constitución democrática que haya aprobado a ese efecto.

 

En un plazo no mayor de seis meses se podrá tener lista la nueva Carta Magna para ser sometida a consideración popular. La base de esa nueva Constitución han de ser las dos Constituciones de 1901 y 1940, de las cuales emana la legitimidad democrática cubana y su compromiso fehaciente con su propia cultura de Derecho patrio y soberanía popular (la Constitución de 1976-1992-reformada en 2002 nunca se ha hecho al amparo del pluralismo político).

 

Esta nueva Carta Magna definirá a Cuba como un Estado Constitucional de Derecho, contemplando los cuatro principios supra legales que han de regir el nuevo Estado democrático: la libertad, la justicia, los derechos humanos el pluralismo político.

 

Concluido ese trámite, y al abrigo de una Constitución diseñada, discutida y aprobada por todos los partidos políticos cubanos, se convocarán elecciones libres —donde, como es obvio, se aprobará una Ley Electoral con rango orgánico— para constituir el nuevo Congreso cubano (Cámara de Representantes, propongo que sea unicameral, no veo mucho sentido tener también un Senado o Cámara Alta), y elegir al Presidente de la República de Cuba. Es de prever un tiempo no mayor de otros seis meses para cumplimentar estos requisitos.

 

Realizándose el cambio de modo semejante al que propongo es viable garantizar el criterio de protección para todas las partes, con un triunfo predecible a medio plazo de un sistema democrático, a fin de restañar la mayor cantidad posible de heridas y dolores por el tiempo de conflicto entre cubanos.

 

Sin una capacidad de generosidad, perdón y coexistencia superior a nuestros propios instintos, será imposible el diseño de una nueva Cuba que sirva de hogar común y tierra de asiento para las generaciones presentes y venideras. Pero esta dosis de perdón y sacrificio tan elevados no puede pedírsele solo a una de las partes en este diferendo (el pueblo, que es la que más ha sufrido), sino que, en la misma proporción, a quienes de verdad tienen la autoritas de propiciar el desmantelamiento del régimen totalitario hoy imperante en la Isla.

 

De lo contrario, son imprevisibles las consecuencias, los derroteros legales y/o judiciales, así como el camino a seguir, ante un irrefrenable anhelo de libertad y democracia del pueblo cubano.

 

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Este texto resume una ponencia presentada en el seminario "Historiografía y Política", celebrado por el Cuban Research Institute (Florida International University) y el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid), en Madrid, noviembre de 2010.