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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

¿Nuevas cooperativas, otras camisas de fuerza?

 

Es muy probable que las nuevas cooperativas previstas a desarrollar en otros sectores, estén diseñadas de manera que prevalezca el férreo control estatal sobre los productores, al igual que ocurre en las cooperativas agrícolas

 

Oscar Espinosa Chepe, La Habana, en Cubaencuentro

 

En la reunión ampliada del Consejo de Ministros, efectuada el 31 de marzo, el vicepresidente Marino Murillo presentó la política para la creación experimental de cooperativas fuera del sector agropecuario, lo cual está en consonancia con 36 lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista, según reseñó el periódico Granma. Con la adición de que: “Para cada experimento se han diseñado los principios fundamentales que regirán su funcionamiento, preservando, en todo los casos, el papel regulador del Estado y el gobierno, según corresponda.”

 

Lamentablemente no se han ofrecido datos adicionales sobre los sectores de la economía donde se permitirá la constitución de esas cooperativas ni las condiciones en que podrán operar. Ciertamente cualquier flexibilización y grado de libertad autorizada a los cubanos para desarrollar sus iniciativas sería un paso positivo, siempre que primen la voluntariedad para asociarse y gestionar sus negocios, sin imposiciones externas. Si esas condiciones básicas no son garantizadas de antemano, puede asegurarse el fracaso de este proyecto.

 

Existe el peligro de que se pretenda imponer el esquema implantado en las falsas cooperativas agropecuarias, que ha llevado a ese sector al desastre y convertido a un país con ricas tradiciones agrícolas en importador de casi el 80 % de los alimentos que necesita, incluida en ocasiones hasta el azúcar, y ya parece que el café de manera permanente.

 

Las falsas cooperativas agropecuarias, en la práctica empresas estatales, en su mayoría irrentables, son un ejemplo de lo que no debe hacerse en las cooperativas que se proyecta constituir en otros sectores. Tales son las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), creadas mediante la trasformación burocrática de las granjas del pueblo en 1993, con la mutación de los granjeros de un día para otro en cooperativistas. Las cifras oficiales muestran que hasta el 31 de diciembre de 2007, el 20 % de sus tierras estaban ociosas y la mayoría han trabajado con pérdidas, en particular en la esfera cañera. Igual podría decirse de las Cooperativas de Producción Agrícola (CPA) que en 1987 estaban constituidas por 1.418 unidades con casi un millón de hectáreas de tierra, pero al concluir 2011 eran 1.002 y no sobrepasan las 586.000 hectáreas.

 

Las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) son las únicas que han mantenido una producción estable, a pesar de la crónica falta de recursos y el fuerte control estatal, recrudecido en los últimos años. Al cierre de 2007, según el Anuario 2011 de la Oficina Nacional de Estadísticas, solo tenían el 18,3 % del total de la superficie agrícola, pero obtenían más del 65 % de la producción agropecuaria, lo cual debe haberse incrementado en los años subsiguientes. En ellas, los campesinos mantienen la propiedad de sus tierras, aunque han estado obligados a entregar la mayor parte de las cosechas al Estado, y prácticamente el 100 % del café, carne vacuna, leche, tabaco, a los precios de acopio fijados centralmente, por lo regular desestimulantes y sin apreciables beneficios por los elevados costos de producción. Tienen que adquirir los escasos insumos que se ofertan a precios muy altos, así como obtener créditos de fuentes también estatales a través de engorrosas gestiones con el equipo de dirección de las cooperativas, estrictamente controlados por el Gobierno, en particular por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), brazo del Partido Comunista para controlar a los campesinos y ahora también a los usufructuarios, prácticamente obligados a integrarse a esa organización política para poder recibir la tierra y otros “beneficios”.

 

Los campesinos agrupados en las CCS y los pocos privados “dispersos” desde finales de 2011 pueden vender con precios de oferta y demanda directamente a los hoteles y otras instalaciones turísticas, con lo cual deberán obtener algunas ventajas económicas. Sin embargo, están obligados a hacer esas operaciones a través de las directivas de las cooperativas, de igual modo que las gestiones para obtener créditos y comprar determinados insumos.

 

En esas condiciones es muy probable que las nuevas cooperativas previstas a desarrollar en otros sectores, también estén diseñadas de manera que prevalezca el férreo control estatal sobre los productores, “preservando, en todos los casos, el papel ‘regulador’ del Estado y el gobierno, según corresponda.” En ese caso, estaríamos frente a otras falsas cooperativas, verdaderas camisas de fuerza, donde el principio de voluntariedad y libertad de gestión estarían absolutamente ausentes. Si ese esquema fuera impuesto, no se alentaría la eficiencia y el incremento productivo, seguramente florecerá el descontrol y la corrupción, como ha sucedido en las falsas cooperativas agrícolas.

 

Debería procederse a la masiva privatización de las pequeñas, dejando a los nuevos propietarios escoger cómo deben organizarse, ya sea individualmente o mediante una propiedad colectiva verdaderamente independiente del Estado. Esto podría originar la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), que hasta el momento el Gobierno se ha negado a permitir, las cuales como ha ocurrido en otros países darían flexibilidad a la economía, serían fuentes de empleo y riqueza para toda la sociedad mediante el pago de impuestos razonables.

 

En la mencionada reunión se anunció que un diagnóstico realizado al Ministerio de la Agricultura indica que “presenta un estado económico-financiero desfavorable por varios años, el cual influye negativamente en la gestión empresarial. También demostró que han sido insuficientes las acciones y medidas adoptadas hasta la fecha para revertirlo”. Ese diagnóstico no es más que la consecuencia del control absoluto por el Estado cubano en la agricultura y del mantenimiento por años de falsas cooperativas. Las autoridades deberían tener muy en cuenta esos resultados, pues si repiten los viejos errores en las nuevas cooperativas, los fracasos económicos tendrían mayores dimensiones.