Cubanálisis El Think-Tank

REPRODUCCIÓN DE UN ARTÍCULO SOBRE CUBA

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Los despidos en Cuba se aplazan sine die

 

Elías Amor Bravo, Valencia, en Unión Libe5ral Cubana

 

La medida estrella de Raúl Castro entra en crisis.

 

Ya se veía venir. Las reformas de los “lineamientos” van perdiendo fuerza conforme el castrismo observa indicios de que pueden provocar un estallido social. Sólo en estos términos se puede comprender que el régimen haya aprobado finalmente aumentar el plazo para implementar el plan de despidos de más de un millón de empleados estatales en los próximos años.

 

Conviene recordar que esta iniciativa, anunciada a bombo y platillo desde el pasado año por el mismo Raúl Castro, parecía ser el eje principal de transformación de la economía castrista hacia un pequeño sector privado bajo estricto control político, pero las resistencias encontradas en sectores del aparato del poder y del partido, han congelado los planes, al menos sine die.

 

El pasado mes de febrero, Raúl Castro admitió un “retraso” en el inicio del plan y “alertó que una tarea de esta magnitud que afecta de un modo u otro a tantos ciudadanos no puede enmarcarse en plazos inflexibles”. En aquel momento, y sin duda ante los primeros indicios de que las cosas no iban a salir bien, se dijo que los trabajadores “disponibles”, un eufemismo para referirse a los despidos, podrían ser reubicados en sectores como la agricultura, la construcción o la educación.

 

La información oficial del nuevo aplazamiento temporal, como siempre sucede en estos casos, fue recogida en Granma, al señalar que Raúl Castro al término de la reunión del Consejo de Ministros, y de forma inesperada, solicitaba más tiempo “para realizar ajustes al plan de “disponibilidad laboral” y la reubicación de trabajadores en otros sectores con déficit de mano de obra”.

 

Aunque el comunicado del régimen intentó quitar importancia a la decisión, señalando que “fue aprobada la propuesta para extender el cronograma de ejecución del proceso de disponibilidad laboral, basado en principios fundamentales como el de mantener las plantillas congeladas (…) y priorizar los cambios a formas de empleo no estatal”, como una medida de carácter administrativo, es evidente que desde hace algún tiempo, esta actuación se veía venir.

 

Las razones que lo justifican son varias.

 

En primer lugar, que, en contra de lo que se indica, el ritmo de avance de la economía no estatal está siendo más lento, y tiene más problemas de lo que pensaban los comunistas a la hora de diseñar los “lineamientos”. La limitación en el número de ocupaciones a 178, casi todas de carácter asistencial y servicios, impide a muchos profesionales, médicos, arquitectos, técnicos, establecerse por cuenta propia en otras diversas actividades. Parece que la economía cubana no está registrando un desempeño macroeconómico muy positivo en estos primeros meses de 2011, y que la afluencia turística no consigue mejorar el cierre de las cuentas externas.

 

En segundo, los informes sociológicos de los servicios de la seguridad del estado han venido reflejando el malestar en amplios sectores de la población, preocupados por la desaparición de los productos subsidiados, las gratuidades, el escaso poder adquisitivo de los salarios y la eventual pérdida de empleo. Por mucho que las autoridades se han encargado de explicar que nadie debe preocuparse por una cesantía temporal, el miedo en Cuba es real, y la experiencia de los trabajadores cesantes del sector azucarero está muy cerca en el tiempo como para pasar por alto esta situación.

 

Tercero, las normas de contratación de asalariados acaban de publicarse esta misma semana y la presión fiscal y de seguridad social sobre los contratos es asfixiante, lo que puede incidir negativamente en el aumento del empleo por cuenta ajena y la viabilidad de estas pequeñas actividades no estatales.

 

Cuarto, el sindicato único parece estar teniendo dificultades para controlar a este nuevo sector de la población, integrado por los pequeños emprendedores y cuenta propistas,  que ya el pasado 1 de mayo dio la espalda a las algaradas y convocatorias a las que se ven obligados a participar todos los cubanos. En ausencia de libertad sindical y de negociación colectiva, el sindicato único del castrismo carece de argumentos para relacionarse con el gobierno y afrontar medidas de ajuste del empleo, mientras que el malestar en amplios sectores de la sociedad debe estar provocando un aumento de la deslealtad y del compromiso con esta organización.

 

Quinto, la entrega de tierras tampoco está dando los resultados esperados en términos de actividad y de empleo, y ya se están produciendo los primeros abandonos, así como de licencias para el ejercicio de actividades por cuenta propia, por la enorme burocracia que somete y controla a estas nuevas actividades.

 

En fin, todo un universo de despropósitos está marcando el devenir, a partir de ahora incierto, de la medida “estrella” de los lineamientos castristas. Ahora, lo peor, es que nadie sabe ni cuándo ni cómo empezarán los despidos, lo que arroja más incertidumbre sobre una población angustiada y que ha vivido durante medio siglo en medio de la escasez. El recorte de los primeros 500.000 empleados públicos estaba previsto para cerrar en el primer trimestre del 2011, pero los nuevos retrasos van a crear, si cabe, mayor angustia en los sectores de la población afectados por las medidas. Tal vez, los organismos internacionales de protección del trabajo deberían pronunciarse por estas actuaciones del castrismo y defender a los cubanos de la opresión de su régimen político.

 

En suma, y a modo de resumen, que las cosas no van bien. Antes de empezar con reducciones en el empleo estatal, que es el mayoritario en una economía con una participación superior al 60% del gasto estatal en el PIB, es preciso adoptar medidas eficaces para liberalizar las actividades productivas en todos los sectores de la economía y crear mercados competitivos y libres que permitan la consolidación de las empresas. La libertad económica está estrechamente relacionada con las libertades políticas. Ese corsé que pretende mantener el castrismo sobre la economía y la sociedad, fraccionando el proceso de despliegue de las actividades económicas, no puede menos que provocar un desastre en términos económicos.