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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Informatización a la vieja usanza

 

Cuba necesita acceder a la sociedad de la información sin interferencias de ningún partido político ni de una Constitución que reclama ser reformada.

 

Dimas Castellanos, La Habana, El Blog de Dimas

 

La Sociedad de la Información es efecto de un proceso de convergencia entre los avances tecnológicos y la democratización de la información y las comunicaciones que irrumpió alrededor de los años 80, con tal fuerza que condujo a las Naciones Unidas a convocar una cumbre mundial de la información, celebrada en la ciudad suiza de Ginebra en 2003. En ella se adoptó una Declaración de Principios y un Plan de Acción, cuyo principal beneficiario son las personas, con formación para el uso inteligente y creativo de las modernas tecnologías, sin lo cual será imposible el progreso social y cultural.

 

Una de las exigencias de las novedosas tecnologías de la información es la necesaria inmediatez en su introducción. Una peculiaridad que distinguió a Cuba desde la época colonial. La máquina de vapor, patentada 1769, fue introducida en la producción azucarera cubana casi inmediatamente. El ferrocarril, inaugurado en 1825, enlazó las localidades de La Habana y Bejucal en 1837. El telégrafo, que envió el primer mensaje a distancia en 1844, inició su primera línea en Cuba nueve años después. El teléfono, que estrenó su primer servicio en 1877, llegó a Cuba en 1881. El alumbrado eléctrico, que en 1879 era disfrutado solo por algunas ciudades importantes del mundo, en 1889 se utilizaba en La Habana, Cárdenas y Puerto Príncipe, y en teatros como Payret y Tacón. El cine, patentado en 1895, fue exhibido en La Habana en 1897. La radio, estrenada en 1920, fue inaugurada en 1922 en Cuba. La televisión, casi en paralelo con Estados Unidos, inauguró la primera emisora cubana en 1950. Mientras, internet comenzó oficialmente en Cuba en 1996, a más de diez años de su explotación en otras latitudes.

 

El pasado febrero, el primer vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel, en la clausura del primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad, planteó algunas cuestiones acerca de la sociedad de la información que exigen ser comentadas, debatidas y consensuadas.

 

1- El acceso a internet supone al mismo tiempo desafíos y oportunidades y constituye una acción necesaria para el desarrollo de la sociedad en las condiciones contemporáneas.

 

Si la sociedad de la información se distingue por el uso generalizado y eficiente de las modernas tecnologías en época de globalización, cuando la información ha devenido materia prima de toda actividad y de cada persona, nadie podría negar que la misma,  además de necesaria, contiene desafíos y oportunidades que hay que afrontar. Con esta tesis no puede haber discrepancias.

 

2- La estrategia a su acceso debe convertirse en un arma fundamental de los revolucionarios para lograr la participación social en la construcción del proyecto de sociedad que queremos, desde un diseño integral del país. Y agregó que la estrategia de uso de esta herramienta… tiene que ser liderada por el Partido y debe involucrar a todas las instituciones y a la sociedad para lograr el más pleno uso de sus potencialidades en función del desarrollo nacional.

 

Si partimos de que es una necesidad de todos, la estrategia de acceso a internet no puede convertirse en un "arma fundamental de los revolucionarios", sino de todos, pues los revolucionarios son solo una parte. Y "el proyecto de sociedad que queremos" -si ese queremos incluye a todos- tiene que ser consensuado con todos. Entonces esa estrategia inclusiva no debe ni puede ser liderada por un partido, que como lo indica su acepción, representa a una parte, mientras el desarrollo compete a todos. Este planteamiento se contradice con otra zona del discurso donde Díaz-Canel dijo, que necesitamos distinguirnos" por una informatización con todos y para el bien de todos".

 

3- Las regulaciones y normas que rigen el acceso a internet y su uso, deben ser coherentes con la legislación vigente y alinearse con los principios generales de la Constitución y demás leyes y ajustarse a las cambiantes necesidades del desarrollo social.

 

Aquí la contradicción es tan flagrante que resulta inadmisible. Un fenómeno tan moderno y cambiante como la sociedad de la información no puede subordinarse a una Constitución que reclama con urgencia una profunda reforma, a menos que el propósito sea que la informatización corra la misma suerte del resto de los proyectos estancados en el país. El planteamiento debe ser en dirección opuesta: los cambios que implica la sociedad de la información nos obliga a reformar una Constitución que hace rato no responde a las necesidades del desarrollo, sobre todo lo relativo a derechos y libertades ciudadanas, que constituyen una necesidad insoslayable de la sociedad de la información, que en la Constitución vigente están subordinadas a una ideología y a un partido.

 

Lo anterior es demostrativo de que la sociedad de la información implica, ineludiblemente, el respeto y defensa plena de los derechos humanos, el  reconocimiento de su universalidad, indivisibilidad e interrelación, y el acceso democrático a la infraestructura y los servicios de las tecnologías informativas.

 

El discurso de Díaz-Canel fue pronunciado dos décadas después del inicio oficial de internet y después que el presidente de EEUU Barack Obama, entre las medidas dirigidas a "empoderar al pueblo cubano", planteara autorizar la exportación comercial de artículos dirigidos a mejorar la capacidad de los cubanos para comunicarse, incluyendo la venta de dispositivos de comunicaciones y artículos para establecer y actualizar los sistemas relacionados con las mismas.

 

La demora en su introducción ha estado acompañada de restricciones para que la información obtenida del ciberespacio se correspondiera "con la ética revolucionaria" y no "afectase a la seguridad del país".

 

En 1996 se emitió el Decreto 209 [1], cuyo articulado define que la política será trazada "priorizando en la conexión las personas jurídicas y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país"; que para "garantizar el cumplimiento de los principios expuestos en el presente Decreto, el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global tendrá carácter selectivo"; y que "el acceso directo desde la República de Cuba a la información en redes informáticas de alcance global tendrá que estar autorizado por la Comisión Interministerial que se crea por el Presente Decreto". Luego, en el año 2003, la Resolución No. 180 [2] resolvió: "Disponer que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba emplee todos los medios técnicos necesarios que permitan detectar e impedir el acceso al servicio de navegación por Internet, desde líneas telefónicas que operan en moneda nacional no convertible a partir del 1ro. de enero del 2004."

 

La creación de la sociedad de la información es incompatible con la prioridad de los revolucionarios, con la subordinación a las ideologías y con una Constitución que refrenda esas restricciones. La contradicción está planteada. Se asumen las exigencias de la modernidad o se corre el riesgo de continuar ensanchando la brecha informativa del país y de los cubanos respecto al mundo.

 

El uso pleno de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para fomentar una información libre y autónoma, rica y diversificada, plural y temática, interactiva y personalizada, es una necesidad. Especialmente en la época en que la diferencia entre niveles de desarrollo se mide por la cantidad de conexiones a internet. Sencillamente, la informatización a la vieja usanza tiene que ser desterrada.

 

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[1] Decreto No, 209 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Sobre el Acceso desde La República de Cuba a Redes Informáticas de Alcance Global de 14 de junio de 1996.

 

[2] Resolución No. 180/2003 de fecha 31 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.