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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Evitar la implosión de Venezuela

 

International Crisis Group, Foreign Policy en español

 

Si no se rompe el círculo de violencia, el país podría sufrir un derrumbe político y económico.

 

Las confrontaciones políticas en Venezuela se han tornado violentas en los últimos días con el homicidio de seis manifestantes, lesiones causadas a muchos más y continuas restricciones a las libertades civiles. Esto amenaza con erosionar aún más la estabilidad y los derechos humanos en una nación de por sí polarizada, que enfrenta además una aguda crisis económica y en donde la tasa de homicidios es una de las más altas del planeta.

 

El Ejecutivo y la oposición deben encontrar una forma de impulsar rápidamente un mínimo diálogo político. En última instancia, este diálogo -sobre la dirección económica que se le dará al país, sobre cómo controlar el crimen de la mejor manera y sobre cómo apaciguar la recalentada política venezolana- necesitará producir un resultado que todos puedan aceptar pacíficamente. En el corto plazo, sin haber empezado siquiera estas conversaciones, existe un claro y actual riesgo de incremento en la espiral de la violencia política y una debacle económica. La comunidad internacional, particularmente los países latinoamericanos, deben utilizar su influencia para llamar a un diálogo inmediato, pero también dejar en claro a todas las partes -particularmente al Gobierno- que más violaciones a los derechos humanos y la erosión de los valores democráticos acarrearán un gran costo.

 

Después de un comienzo tambaleante en 2013 (incluyendo alegatos de fraude en la elección presidencial y la pugna de la oposición por convertir las elecciones locales de diciembre en un plebiscito sobre su mandato), Nicolás Maduro parecía haber alcanzado una mayor estabilidad política. Ahora el futuro de su Gobierno se ha puesto nuevamente en duda. El descontento generalizado por la situación económica del país, la ausencia de productos básicos de consumo, la alta inflación y el crimen violento han alimentado las protestas en pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país, inicialmente lideradas por estudiantes y una parte de la coalición de oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD), bajo el liderazgo de Leopoldo López (cabeza del partido Vanguardia Popular) y la parlamentaria independiente María Corina Machado. El líder de la MUD y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ha formulado un llamado a la contención y la moderación y también ha exigido un diálogo político inmediato y el fin de las acciones de organizaciones paramilitares y de la violencia contra los manifestantes.

 

El Gobierno ha respondido con violencia excesiva, atacando a los manifestantes no sólo con equipos antimotines como gases lacrimógenos y cañones de agua, sino también con garrotes, balas de plástico y munición real. Aparentemente los miembros de la policía de seguridad (SEBIN) y grupos paramilitares en motocicletas han sido grabados en video disparándole a los manifestantes. Grupos de derechos humanos afirman que docenas de personas han sido arrestadas, golpeadas y torturadas.

 

Los medios de comunicación estatales aseguran que se avecina un “golpe de Estado fascista”, financiado y promovido por Estados Unidos. La mayoría de las estaciones de radio y televisión privadas han resuelto no cubrir en directo las manifestaciones bajo la amenaza de ser multadas o cerradas; el canal colombiano de televisión por cable (NTN24) fue suspendido y periodistas en las calles han sido golpeados y detenidos, con su equipo y material de trabajo confiscado. Las dificultades de acceso a Internet son atribuidas por algunos a sabotaje del Ejecutivo.

 

El 12 de febrero, estudiantes que exigían la liberación de compañeros detenidos marcharon frente a la sede principal de la Fiscalía General. Aquellos que permanecieron después de la manifestación realizaron actos vandálicos contra el edificio y se enfrentaron con partidarios armados del Gobierno en una lucha que produjo tres muertes. El Ejecutivo venezolano luego expidió una orden de captura contra López por cargos que incluyen homicidio, conspiración y terrorismo. Luego de permanecer en la clandestinidad por varios días, Leopoldo López reapareció el 18 de febrero en medio de miles de seguidores en Caracas, profirió un discurso exhortando a una confrontación pacífica y se entregó a la Guardia Nacional. Manifestaciones en su apoyo se sucedieron en todo el país.

 

Aunque el caos en las calles haya sustraído la atención de la crisis económica, ambos fenómenos se exacerban mutuamente. El presidente Maduro ha sido incapaz, o no ha tenido la voluntad, de poner fin a los grupos armados, y no parece haber una investigación en curso para identificar o procesar a los responsables de excesos. El Gobierno, o las facciones dentro de éste, puede que hayan resuelto promover un escenario violento, presuntamente bajo la creencia de que esto favorecería su causa, ya fuese porque dividiría a la oposición, amedrentaría a los manifestantes en las calles, desviaría la atención de la mala gestión económica, proporcionaría una excusa para implementar medidas autoritarias o todas estas razones. También es posible que extremistas en la oposición estén buscando la violencia bajo la creencia de que ésta podría acelerar la caída del Gobierno; estas acciones serían inaceptables.

 

No existe una solución fácil. Venezuela carece de instituciones confiables y mecanismos esenciales para canalizar la disidencia y facilitar un acuerdo político. Las nuevas elecciones (parlamentarias) se llevarán a cabo a finales de 2015. Pero para comenzar a desenredar la confrontación, López, y otros que la oposición considera presos políticos, deben ser prontamente liberados a menos de que los cargos en su contra sean creíblemente sustanciados; las personas armadas que integran a los colectivos a favor del Gobierno deben ser desarmadas y desmovilizadas y el derecho a manifestarse pacíficamente debe ser garantizado. La oposición debe dejar en claro que rechaza cualquier recurso a acciones inconstitucionales dentro de su llamado para que Nicolás Maduro renuncie y que está dispuesta a dialogar para así reducir las probabilidades de más violencia y para asegurar reformas políticas. Las restricciones a la prensa deben ser levantadas y los ataques contra los periodistas deben cesar.

 

Un diálogo genuino es entonces necesario para construir consensos sobre las medidas necesarias para paliar la crisis económica y, en el largo plazo, el crimen violento. Hasta ahora, la oferta del Gobierno para conversar ha sido limitada principalmente a asuntos administrativos, pero si éste da señales claras de que está comprometido con negociaciones genuinas, la oposición deberá participar.

 

Crisis Group advirtió en marzo de 2013 que Venezuela no podría soportar confrontaciones políticas extralegales sin correr un serio riesgo de violencia. Se cruza esta línea cuando el Gobierno muestra pocas señales de autorregulación y la oposición se encuentra en peligro de radicalizarse. Si la violencia se desata, y las partes rechazan utilizar medios pacíficos, Venezuela se derrumbará política y económicamente, situación de la cual se recuperará lenta y dolorosamente, sin importar quien esté al mando. Es en el interés de todos, pero particularmente del Gobierno, contener la violencia, buscar el diálogo y ofrecer alguna distribución del poder.

 

La comunidad internacional se ha limitado a realizar débiles llamadas al diálogo y a una solución no violenta. El presidente Maduro rechazó suaves reproches de Colombia y Chile, tildándolos de interferencia en asuntos internos. Es hora, sin embargo, de que América Latina exija no solamente que las dos partes actúen responsablemente pero que el Ejecutivo respete los derechos humanos, pues éste se encuentra obligado a hacerlo por sus compromisos legales internacionales. Las potencias como Brasil deben ser más activas en insistir en una solución política. Las organizaciones regionales, UNASUR, MERCOSUR y CELAC -las cuales profesan apoyo a los principios democráticos- necesitan hacer más audible su oposición a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y a cualquier acto de violencia por parte de los manifestantes.

 

El futuro de Venezuela está sobre la mesa, pero su implosión política y económica podría también afectar a una región que ha disfrutado un largo periodo de crecimiento económico, estabilidad y democracia arduamente conseguido. Aceptar reclamaciones de soberanía no puede convertirse en una excusa para la falta de acción, cuando estos logros tan importantes están en juego.