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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

En marcha atrás como el cangrejo

 

Oscar Espinosa Chepe, en El Nuevo Herald

 

El Decreto-Ley No. 300 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo y su Reglamento, que sustituyeron el Decreto-Ley No. 259 del 2008, entrará en vigor el 9 de diciembre. La nueva normativa dispone que los usufructuarios puedan recibir hasta 67.10 hectáreas de tierra (5 caballerías), un incremento respecto a las 40.26 hectáreas permitidas por el Decreto anterior. Para recibir esta tierra el usufructuario deberá probar que las poseídas estaban bien explotadas y, además, será imprescindible su vinculación a cualquiera de las formas productivas existentes: Granjas Estatales, Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) o Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), además de las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) que eran las únicas con ese derecho. Esto se hará a través de contratos con carácter obligatorio para el usufructuario y de no hacerlo antes de los 30 días después de entregada la superficie ociosa podría ser una causal de extinción del contrato.

 

En cuanto a quienes recibieron tierras en usufructo en el marco del Decreto-Ley No. 259 se establece en las Disposiciones Transitorias del Decreto-Ley No. 300, que el ministro de la agricultura en el plazo de dos años, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, adoptará las medidas que garanticen la suscripción de los contratos de usufructo con los usufructuarios que recibieron tierras por el Decreto-Ley 259. Así todos los usufructuarios tendrán que depender obligatoriamente de Granjas Estatales o entidades firmemente controladas por el Estado, como las ineficientes UBPC o CPA.

 

El propósito es el control más estricto sobre los usufructuarios, y garantizar que queden incluidos en el plan de la economía nacional, realicen las producciones señaladas y entreguen el fruto de su trabajo al acopio estatal, en las condiciones y precios dictados por el Estado. Asimismo, se supone que recibirán los recursos necesarios para su trabajo a través de los socios impuestos, lo cual constituye una verdadera camisa de fuerza, que prácticamente los convierte en miembros de las entidades a las que están forzosamente vinculados. Incluso está previsto en el en el Artículo 20 del Reglamento, la posibilidad de que en el futuro una parte de los usufructuarios se integren con sus tierras y bienes “opcionalmente” a las entidades a las se han tenido que asociar.

 

El plazo del usufructo permanece sin cambios: 10 años prorrogables sucesivamente por igual término para las personas naturales (privadas) y 25 años igualmente prorrogables para las personas jurídicas (estatales). Una diferencia discriminatoria al sector privado, mucho más productivo que el estatal. El Decreto-Ley No. 273 del 2010 sobre el derecho de superficie para inversiones extranjeras establece que “el derecho de superficie puede concederse por un término de hasta 99 años”. O sea, para inversiones extranjeras 99 años de usufructo, mientras al sector privado agrícola únicamente se asignan plazos de 10 años. Un periodo insuficiente para recibir los frutos del trabajo y las inversiones realizadas; más aún cuando las tierras entregadas están cubiertas de malezas y marabú. Debe añadirse que la cantidad de obligaciones impuestas al usufructuario puede ser causal de pérdida del usufructo, de manera que el interés por hacer producir las tierras recibidas está limitado por el temor de perderlas o que no se renueve el usufructo al vencerse los 10 años. Esto explica en parte que después de 4 años de la aplicación del Decreto-Ley No 259 y la entrega de una cantidad significativa de tierra, la producción agropecuaria continúe deprimida.

 

El Decreto-Ley No 300 aprobó que los usufructuarios (tras 4 años de espera) puedan construir sus viviendas, almacenes y otras instalaciones en las tierras recibidas, bajo la categoría de bienhechurías. Esto podría ser un estímulo, aunque habrá que esperar lo establecido por el Instituto de Planificación Física encargado de autorizar las obras, así como otro obstáculo considerable: la adquisición de materiales de construcción, lo cual en Cuba constituye una barrera difícil de superar.

 

Hasta octubre del presente año se habían entregado en usufructo 1’523,000 hectáreas de tierra a 172,000 privados y 2,700 entidades jurídicas. Quedan sin explotar 975,478 hectáreas, pues de acuerdo con el Balance de Tierras Ociosas realizado en 2011 el cómputo arrojó un aumento de 525,000 hectáreas. Por tanto alrededor del 36.0% de la tierra estaba ociosa, fundamentalmente en manos de las Granjas Estatales y UBPC, organizaciones ahora designadas para ser las rectoras de los usufructuarios.

 

El Decreto-Ley No. 300 es un paso atrás en las reformas comenzadas por el presidente Raúl Castro que refuerza el propósito del régimen de continuar con un modelo estatista; política seguida en otros sectores de la economía. Incluso en el libro Miradas a la Economía Cubana del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) publicado este año, académicos han expuesto que “la percepción actual de la mayoría de los empresarios es que la planificación centralizada se ha acrecentado en vez de flexibilizado”. Una apreciación nada halagüeña; evidencia de que Cuba por la falta de la implementación de las reformas estructurales que con urgencia necesita, seguirá hundiéndose en la crisis económica, política y social más terrible de su historia.