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CUBA EN LA PRENSA MUNDIAL

 

En esta Sección se reproducen, para información de los lectores, artículos que tratan el tema cubano. La reproducción en esta Sección no significa que necesariamente compartimos los criterios del autor.

 

Cuba, el gran hermano de Venezuela

 

Gracias a un acuerdo firmado por Hugo Chávez, el régimen cubano tiene acceso a información estratégica venezolana. El sistema de identificación argentino también se hizo con asesoría del gobierno castrista.

 

Alejandra Conti, en La Voz del Interior, Argentina

 

Hugo Chávez construyó su liderazgo latinoamericano en la declamada rebeldía contra el Imperio estadounidense, sin embargo entregó al gobierno de otro país, Cuba, una enorme base de datos que debería formar parte de su exclusivo y soberano dominio.

 

Por un contrato firmado en 2007 en secreto y sin licitación pública, Cuba se hizo cargo del sistema de identificación de ciudadanos venezolanos. Esto le permite tener acceso al sistema de emisión de documentos de identidad, lo que incluye los pasaportes diplomáticos.

 

No sólo le dio un enorme negocio, sino también la cesión de información sobre sectores clave de la economía. Por si fuera poco, también se han detectado casos de supuestos terroristas islámicos que viajan por el mundo con pasaportes venezolanos auténticos, pero entregados ilegalmente.

 

Estos datos, y toda la información que sigue, son el resultado de una investigación que la periodista Adriana Rivera plasmó en una serie de notas que fueron publicadas en el diario venezolano El Nacional . Gracias a esa investigación, pudo saberse que:

 

El contrato firmado por Hugo Chávez con Cuba en 2007 se hizo de forma directa y sin discusión pública. Costó 172 millones de dólares. En 2009, México otorgó el contrato para identificación de su población por licitación pública y pagó 51 millones de dólares. Venezuela tiene 30 millones de habitantes; México, 125 millones.

 

Los cubanos actúan a través de una empresa estatal, Albet Ingeniería y Sistemas, que subcontrató a la multinacional holandesa Gemalto para realizar el proyecto de la cédula electrónica venezolana. La razón es simple: Cuba no está entre los países con mejor tecnología para la confección de documentos biométricos. De este modo, la intermediación cubana encarece el servicio que paga Venezuela.

 

El contrato contenía cláusulas de confidencialidad que impedían que los técnicos venezolanos conocieran el proceso utilizado para la confección de los documentos. “Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip”, explicó a la autora de las notas Anthony Daquin, exasesor del gobierno venezolano que debió exiliarse en 2009 tras denunciar esta situación.

 

El contrato incluye la figura de la “autoría moral” para garantizar a los cubanos la propiedad de los programas que fueron desarrollados entonces y que ahora forman parte del portafolio comercial que ofrecen en otros países del continente, como Argentina.

 

Las empresas cubanas involucradas dependen del Ministerio de Informática y Comunicaciones o del Ministerio del Interior de Cuba. Dos generales (Medardo Díaz Toledo y Abelardo Colomé Ibarra) son los respectivos ministros. Existe la firme sospecha de que las empresas son una fachada de la Dirección General de Inteligencia cubana, que tiene así acceso a información estratégica de Venezuela.

 

Hasta el 17 de julio de 2011 (fecha del primero de los informes publicados por Rivera), Venezuela había pagado a Albet 780 millones de dólares.

 

El control del sistema de identificación les permitiría a los cubanos manipular el registro electoral. Pero no sólo eso; también cuentan con las bases de datos de los programas alimentarios, un proyecto de control de pozos petroleros de PDVSA, las comunicaciones del Despacho de la Presidencia, el sistema de control penitenciario, el de gestión de emergencias, gestión policial y gestión hospitalaria, entre otros.

 

El director del grupo de ingenieros y técnicos cubanos que trabajan en Venezuela es José Lavandero García, vicerrector de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, quien fue subordinado de Ramiro Valdés, jefe de los servicios de inteligencia de la isla. La periodista Rivera indica que el rastro académico de Lavandero García se diluye a poco de retroceder un par de años en su historia personal.

 

Si nada de esto es positivo para la soberanía de un país y la libertad de sus ciudadanos, lo que sigue es peor. Al menos tres países detectaron a sospechosos de terrorismo islámico que viajaban con pasaportes venezolanos. También estaban falsamente identificados como venezolanos el responsable de un ataque con bomba contra un ómnibus que en 2012 mató a cinco israelíes en Bulgaria, el autor del secuestro de siete turistas estonios en el Líbano en 2011, y unos iraníes que pidieron asilo en Canadá entre 2009 y 2011, explica Rivera en una nota publicada en agosto de 2014. Los pasaportes eran auténticos.

 

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Argentina y Bolivia también eligieron a Cuba para producir los nuevos sistemas de identificación. La nota recuerda que, en nuestro caso, la empresa actuante es Datys. De este modo, sostiene Rivera, el gobierno cubano tiene en su poder datos sensibles de más de 80 millones de personas en el subcontinente.

 

En Argentina, la publicidad dice que el nuevo DNI es 100 por ciento argentino. Sin embargo, en el video de presentación oficial del Sibios (el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad) se apunta que se logró con el apoyo de Cuba (https://vimeo.com/77142306). “Con lo cual logramos un sistema de avanzada, a muy bajo costo”.

 

El Sibios fue presentado en noviembre de 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, que también agradeció a Cuba el desarrollo del software que se utiliza desde enero de 2012. Teóricamente, en 2014 se debería haber completado el registro de todos los habitantes del país (http://bit.ly/19a0mfQ). Esto significa “más seguridad, no para unos pocos, sino para todos”, según dijo entonces la Presidenta.

 

En su sitio web, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advierte respecto de este tema: “No deben pasar inadvertidas las declaraciones que el fundador y portavoz del sitio web WikiLeaks, Julian Assange, realizó los últimos meses cuando se refirió a las medidas de identificación que se han lanzado en el país al decir que ‘Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de América latina’”. Como fue realizado con la colaboración (por decir lo menos) de un gobierno militar que hace 56 años gobierna en su país.