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Los cubanoamericanos y la nueva ley de inversión extranjera

 

Jesús Arboleya, en Progreso Semanal

 

Uno de los aspectos que más expectativas generó en las discusiones de la reciente ley de inversión extranjera en Cuba, fue lo relativo a la posibilidad de que los emigrados, particularmente los cubanoamericanos, pudieran invertir en el país.

 

Al igual que la ley de 1995, la nueva ley no excluye esta posibilidad, aunque también es cierto que no conozco algún caso que se haya concretado. Como causa, se aduce la supuesta reticencia de las autoridades cubanas a aceptar las inversiones provenientes de la comunidad cubanoamericana, pero en verdad no conozco a ningún cubanoamericano que lo haya solicitado, simplemente porque lo prohíbe el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

 

Al igual que su predecesora, la nueva ley está orientada a incentivar y regular las grandes inversiones procedentes del extranjero. Según informó el ministro Rodrigo Malmierca a la Asamblea Nacional del Poder Popular y fue reportado por el periódico Gramma, “la atracción del capital extranjero estará orientada hacia grandes y necesarios proyectos y dará prioridad a las asociaciones y empresarios serios, con buena situación financiera y que, por supuesto, no estén involucrados en acciones contra Cuba de ninguna índole”.

 

Aunque algunos grandes empresarios cubanoamericanos pudieran encuadrarse en esta definición, dudo mucho que se arriesguen a invertir en el país mientras exista la actual política norteamericana contra Cuba, por lo que estaremos en una situación bastante similar a lo ocurrido hasta ahora. La buena noticia es que parte de este sector pudiera verse compelido a influir para que cambie la política existente.

 

La nueva ley no contempla la inversión extranjera orientada a los pequeños negocios existentes en el país, donde la participación de los cubanoamericanos es un hecho tangible. El problema consiste en que quizá debido a prejuicios políticos, la ley cubana ni siquiera reconoce la existencia de pequeñas empresas privadas, por lo que estas formas de propiedad están metidas en el saco de los “trabajadores por cuenta propia”, sin reconocer sus especificidades.

 

Como resulta de esto, la inversión de los cubanoamericanos, y de los emigrados en otros países, no tienen un respaldo legal efectivo y aparecen contabilizadas como remesas para el consumo, lo cual desvirtúa su naturaleza y las distancia de la propia política cubana encaminada a incentivar estos negocios, como un factor más de la revitalización económica del país.

 

Está claro que vistas de manera individual, estas inversiones no son portadoras de grandes capitales, alta tecnología o mercados externos, ni están orientadas a sectores estratégicos de la economía, pero de conjunto representan cifras y oportunidades nada despreciables y la lógica de un mercado socializado como el cubano es que, a la larga, una buena parte de sus utilidades se oriente en el sentido de las prioridades del país.

 

Aunque la falta de datos e imprecisiones estadísticas impiden contabilizar con exactitud su volumen, la mayor parte de los analistas calculan que las remesas constituyen un ingreso superior a los dos mil millones de dólares anuales y cerca del 50 % se invierte o se planea invertir en el desarrollo de pequeños negocios. Si, tal y como acaban de informar los funcionarios cubanos, Cuba necesita entre 2 000 y 2 500 millones de dólares de inversión externa para alcanzar los niveles de desarrollo que requiere la economía, es fácil comprender el potencial de estas inversiones, si se establece una política encaminada a estimularlas.

 

Desconocer la existencia de estas inversiones tiene implicaciones nocivas para la transparencia de las pequeñas empresas que se desarrollan en el país e incluso se contradice con el interés de limitar la concentración de la riqueza. Paradójicamente, a través de familiares, amigos o socios, hoy día un emigrado cubano puede ser dueño en la práctica de una cadena de restaurantes, una red de autos de alquiler o de varias empresas agrícolas, y acumular un capital considerable en estos u otros negocios, sin que exista ningún mecanismo legal que controle esta inversión, lo cual no solo desprotege al inversionista y desestimula estos emprendimientos, sino también al propio Estado cubano.

 

La inversión de los emigrados, especialmente los cubanoamericanos, en las pequeñas empresas cubanas tiene, además, efectos políticos a una escala que trasciende su valor económico. En primer lugar, estas personas han demostrado que no los detiene el bloqueo y, de hecho, constituyen una masiva rebelión contra sus medidas, complicando su implementación. Por otro lado, estas inversiones cambian la naturaleza de su relación con Cuba, en correspondencia con el espíritu de la nueva ley migratoria.

 

La nueva ley de inversión extranjera es, sin duda, un paso más en el sentido de las reformas que requiere el modelo económico cubana y la intervención estatal en las mismas, posibilita garantizar que se corresponda con los intereses de la nación, tal y como aspiran aquellos que en el mundo se oponen al capitalismo salvaje y las terapias de choque neoliberales.

 

Conciliar estos intereses con las relaciones con la emigración y estimular su participación en el progreso del país forma parte también de este proceso y, desde mi punto de vista, en tal sentido también se avanza, en correspondencia con las exigencias de la realidad.