Cubanálisis  El Think-Tank

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¿Actualización del modelo o reforma del Estado?

 

Una lectura política del cambio económico en Cuba

 

Pedro Monreal, Cuba Posible

 

 

Alicia le pregunta al Gato de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?

-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar - dijo el Gato.

-No me importa mucho el sitio... -dijo Alicia.

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes - dijo el Gato.

- ... siempre que llegue a alguna parte - añadió Alicia como explicación.

- ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte - aseguró el Gato -, si caminas lo suficiente!

 

Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll.

 

La actualización del modelo económico en Cuba, valorada por su efecto sobre los indicadores económicos claves parece ser, hasta ahora, un proceso intrascendente. Juzgada con severidad, pudiera considerársele como un fracaso; evaluada con benevolencia, pudiese ser vista como una asignatura pendiente. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante los tres años posteriores a la aprobación oficial del proceso, que no han logrado superar el 3% anual, no proporcionan la “velocidad de despegue” que requiere la recuperación del escenario macroeconómico, ni aseguran el progreso del bienestar material de la población. (1)

 

Pudiera argumentarse que se requiere de más tiempo, pero tres años es un plazo razonable para juzgar un programa económico gubernamental. En muchos países, cuatro años es el tiempo máximo del que dispone un gobierno para dejar su impronta en la economía de una nación.

 

Parecería prevalecer, sobre todo desde la perspectiva de los economistas, el supuesto de que el futuro político del país depende del éxito o del fracaso de la actualización. Si se parte de esa premisa, las perspectivas no parecerían ser halagüeñas para el Gobierno cubano; pero: ¿qué consecuencias tendría para el análisis de la situación cubana la posibilidad de que tal supuesto no fuese válido?

 

Supongamos que existiese la eventualidad de que el éxito del programa del Gobierno hasta el año 2018 -momento que parece ser crucial para el futuro de Cuba- no se apoyase esencialmente en la actualización del modelo económico sino en una reforma del Estado mucho más amplia que, de manera general, estuviese produciendo resultados plausibles. Esa es una dimensión en la que las posibles relaciones de causa y efecto entre programa y resultados parecerían ser más sugerentes. Después de todo, con independencia de las insuficiencias de la actualización, y más allá de cualquier consideración doctrinal que pudiera tenerse sobre el actual modelo de Estado cubano, resulta evidente que la medición de la principales variables políticas del país -cualquiera sea la “métrica” que se utilice- no permite validar una conclusión alarmista respecto a la relativa estabilidad y resolución del Estado cubano, aún en medio de una situación económica que, a duras penas, logra alcanzar el estatus de reproducción simple. (2)

 

No estoy diciendo que no existan áreas problemáticas de gobernabilidad en Cuba ni que las cosas no pudiesen cambiar en el futuro, pero lo que parece relevante subrayar ahora es un dato de la realidad actual de Cuba: existe una desconexión visible entre los resultados económicos del país y la materialización de una rearticulación de la capacidad del Estado cubano que le permita seguir ejerciendo, sin mayores sobresaltos, aquello que -definida de manera un tanto cruda- es la esencia del poder: la capacidad de ejercer “el mando”, la posibilidad de imposición de una voluntad sobre otra, aún contra la resistencia de la segunda. (3) El poder político es esencialmente eso. Cualquier intento de edulcorarlo, a la larga, resulta fútil. (4)

 

¿Qué pudiera impedirle a un observador del proceso cubano poder apreciar la posible validez de tal hipótesis alternativa?

 

Quizás al menos tres cosas: a) la prevalencia de un enfoque “gerencial” respecto a la actualización que dificulta verla como un hecho eminentemente político y no meramente técnico; b) una asimilación excesivamente literal de la manera relativamente desbalanceada en que, tanto el relato oficial como una parte de la narrativa contestataria, le adjudican un peso excesivo a lo económico; y c) el olvido o desestimación de la cuestión del poder, o para ser más preciso, de la existencia de un Estado (no solo de un gobierno) que sabe y que puede ejercer el poder de manera efectiva, con relativa independencia de las variables económicas.

 

Este último aspecto nos remite a considerar el caso de aquellos Estados que funcionan como “el actor clave en la construcción de un bloque hegemónico con una direccionalidad histórico-política definida”. (5) Es una noción que retrata con nitidez lo que ha sido el Estado cubano desde 1959 hasta la fecha, pero lo relevante ahora consistiría en poder dilucidar si el Estado cubano actual necesita hacer “algo”, o no, para continuar funcionando de esa manera, y cuáles serían los medios concretos de los que realistamente dispone para intentarlo. Expresado de otra manera: ¿qué es lo que necesitaría resolver, en materia de capacidad estatal, para mantener el poder del “bloque hegemónico” (6) que hasta ahora lo ha poseído, qué medios cuenta para hacerlo, y cuáles pudieran ser las posibilidades de éxito en la consecución de tal empeño?

 

Nombrando las cosas

 

La “actualización del modelo económico” y la “reforma del Estado” son los dos procesos relacionados, pero diferenciables, que dan título a este artículo. Resulta entonces conveniente intentar asignarles una definición precisa; no tanto para conceptualizar en extenso sino para dejar claro a qué nos estamos refiriendo. Se trata de dos conceptos debatibles que admiten distintas definiciones y que, en muchas ocasiones, tienen una carga polisémica en el marco de los debates sobre políticas públicas. En el contexto de los debates actuales sobre Cuba, “la actualización” ha concentrado la atención de muchos estudios y ha estado presente en otros tantos análisis. Como contraste, las referencias a la reforma del Estado son escasas.

 

Alcanzar un nivel de precisión adecuado respecto al primero de estos conceptos resulta complicado. Para comenzar, hasta donde conozco, “actualización del modelo económico” es un término exclusivamente referido a los procesos actuales de Cuba, lo cual crea el inconveniente de que no puede ser directamente referido a un cuerpo teórico establecido, ni a nivel de economía política, ni a nivel de las ciencias políticas.

 

Obviamente se trata de un término que estaría designando, al menos aproximadamente, un tipo de proceso que generalmente se conceptualiza como reforma económica, de manera que la actualización, indirectamente, conecta con la teoría y con la indagación empírica sobre reformas económicas. Las razones por las que el Gobierno ha impuesto la utilización de un término no convencional -más bien impreciso- pudieran ser diversas. Sin embargo, parece ser bastante clara una motivación política: comunicar que no se pretende hacer un cambio en el sistema, mensaje que ha sido, quizás, llevado hasta el extremo de esquivar dos significados frecuentemente utilizados en el término “reforma” (entendido en un sentido académico como la corrección positiva de un sistema y, en su acepción más coloquial, como deshacer para volver a formar).

 

La actualización del modelo económico cubano es entendida en este artículo como un proceso de intervención pública correctiva aplicado de manera extendida al sistema económico nacional y que incluye los contenidos usuales de una reforma económica -cambios de estructura (relativos al mercado y al aparato institucional) y modificaciones operativas (reglas)- y que también incorpora elementos de estrategia económica, que rebasan el ámbito convencional de las reformas económicas. Tal es el caso de las transformaciones en por lo menos tres áreas adicionales: las bases materiales de la creación de riqueza y empleo (incluida la cuestión de la especialización productiva del país); la calidad de la dinámica económica (innovación); y la cohesión social (redistribución de riqueza e ingresos). En suma, la actualización del modelo económico cubano se concibe en el marco de este artículo como la materialización de un proyecto híbrido de política pública -combinación de reforma y de renovación de estrategia económica- orientada hacia la ejecución de cambios cualitativos en la conducción estatal de la economía.

 

Dos cosas deberían ser destacadas. Primero, que la actualización es un proyecto eminentemente político, cuyo leitmotiv central es el remozamiento de un modelo económico estatal centralizado (modelo que no es incompatible con ciertos grados y formas de descentralización), y que es concebido como mecanismo de afianzamiento de un sistema político unipartidista, al cual se subordina todo el diseño económico. Segundo, que la actualización entraña una contradicción, hasta el momento relativamente  controlada, pero con una capacidad permanente de generar tensiones.

 

Dichas tensiones están motivadas por la adhesión a procesos tecnocráticos de “racionalización” de la gestión económica pública (particularmente en su variante de “eficientismo”), la mercantilización, y el crecimiento del sector privado, que deben coexistir con un sistema político que genera prácticas específicas del ejercicio del poder, defiende intereses económicos, promueve determinados valores y sostiene una ideología, que colisiona con dicho proceso de racionalización.

 

Esta realidad constituye un desasosiego permanente del Gobierno cubano, pues debe hacer frente a algunos efectos previsibles de la actualización. No obstante, debe quedarnos claro que tal preocupación no podrá ser corregida, por la naturaleza de la actualización que genera contradicciones económicas, sociales, políticas e ideológicas. Para decirlo rápido: la actualización no es un proceso con capacidad propia de autocorrección y, mucho menos, tiene una tendencia interna hacia el auto-equilibrio.

 

La actualización quizás sea necesaria, e incluso inevitable, pero resulta portadora de un potencial autodestructivo, vista desde una perspectiva de análisis político. Hasta aquí, nada nuevo ha sido dicho. Las ciencias sociales han reconocido desde hace mucho tiempo el carácter contradictorio de los procesos sociales, incluyendo los relativos a los procesos de reforma en sociedades con sistemas políticos unipartidistas, específicamente aquellos presididos por partidos comunistas. (7)

 

Es precisamente esa incapacidad de autocorrección de la actualización lo que ha requerido la subordinación de la misma a otro proceso de mayor alcance. Esto que debería parecer obvio, ha recibido relativamente poca atención y cuando se aborda, casi siempre se hace desde una perspectiva que asume la función correctora de la política como un proceso “extraño” a la lógica de la actualización.

 

Por ello, se hace necesario recalcar que “la actualización del modelo económico” resulta un episodio marcadamente subordinado a la cuestión política. Es la “cosa” política (“cosa” entendida aquí en su sentido ontológico relativo a la esencia) lo que determina y por tanto subordina a ella el diseño y la dinámica de la actualización económica, y no al revés. Resulta importante tener en cuenta la aclaración anterior para no considerar apreciaciones quiméricas respecto al proceso político actual de Cuba.

 

Llegados a este punto nos parece conveniente introducir el concepto de reforma del Estado . Como ha sido mencionado anteriormente, no es un concepto de uso actual en Cuba aunque, en mi opinión, pudiera explicar mejor la verdadera dimensión del ambicioso proyecto que se ha propuesto el actual liderazgo cubano. Dicho proyecto, a grandes rasgos, procura establecer, en menos de diez años, las bases para la construcción de una nueva gobernanza del país. (8) Sin embargo, todo esto está condicionado por una prolongada situación de estancamiento económico y por los marcos de un episodio político inédito en casi seis décadas: un ejercicio masivo de transferencia generacional del poder político en Cuba.

 

En este artículo adoptamos la definición de reforma del Estado utilizada por Carlos Sojo que parte de las propuestas de Grindle sobre las “capacidades de estado”. (9) Es decir, la concepción de reforma del Estado como proceso dirigido a introducir los cambios que permitan que el Estado continúe siendo un Estado capaz, más específicamente, “un Estado que puede establecer y mantener en vigencia funciones económicas, técnicas, administrativas y políticas, con arreglo al siguiente esquema: a) capacidades institucionales -entendidas como la posibilidad de regular los intercambios políticos y económicos de la sociedad sobre la base de un conjunto de reglas de juego, conocidas y cumplidas; b) capacidades técnicas –referidas a la definición y adecuada ejecución de políticas macroeconómicas; c) capacidades administrativas –ligadas a la administración eficiente de una red de servicios e infraestructuras considerados básicos, tanto en el plano económico como en el social; d) capacidades políticas -relacionadas con la existencia de medios adecuados para la formación de demandas sociales, la representación de intereses y la resolución de conflictos. Junto con estas capacidades están los mecanismos de participación social y la posibilidad de rendición de cuentas y responsabilidad de los cuadros políticos. En síntesis, los elementos comúnmente referidos a la cuestión del buen gobierno”. Para el caso específico de Cuba, la anterior definición necesita una precisión porque en la Isla el desarrollo es asumido como una función estatal y por tanto habría que considerar también las capacidades técnicas que se requieren para conducir el proceso de desarrollo.

 

En cualquier caso, el cotejo de ambos conceptos facilita entender al menos tres cuestiones cruciales sobre el proyecto de “buen gobierno” en el que parece encontrarse enfrascado el actual liderazgo estatal cubano. En primer lugar, que el “buen gobierno” implica un proceso mucho más amplio y complejo que la actualización, pues abarca dimensiones políticas que la actualización no puede resolver. En segundo lugar, mientras que la actualización pudiera ser decisiva para dos componentes de la reforma del Estado (capacidades técnicas y administrativas) y parcialmente relevante para las capacidades institucionales (las relativas al plano económico), la reforma del Estado sería crucial para que pudiese funcionar cada uno de los componentes centrales de la actualización (reforma y estrategia económica). En tercer lugar, y último, debemos comprender que aunque hay una serie de cuestiones políticas que la reforma del Estado puede contribuir a resolver, existen otros aspectos, como el quehacer de los partidos políticos, de los movimientos sociales, y de las formaciones que aspiran a ser fuerzas políticas cuyo marco de acción son los espacios políticos más allá de las estructuras del Estado, algo que prefiero identificar como política “a secas”. Me refiero al espacio donde las ideas enfrentadas, los intereses divergentes, y los valores y preferencias ideológicas de distinto signo compiten (“luchan”, si se prefiere este otro término) por el control del poder. (10)

 

Hago el señalamiento anterior, porque me parece importante preciar que cualquier bloque socio-político hegemónico puede servirse del Estado para imponer sus objetivos y generalmente no resulta difícil comprender cómo lo consigue. Sin embargo, suele ser complicado entender por qué, para qué, y cómo son decididos esos objetivos políticos.

 

El dilatado enfriamiento económico y la abrasadora cuestión del poder en la Cuba del periodo especial.

 

El llamado “periodo especial” es una ambigüedad utilizada en el relato oficial cubano para denotar lo que en la práctica ha representado un prolongado periodo de estancamiento económico que, con altas y bajas, ya dura un cuarto de siglo. Es un tema que ha recibido una considerable atención y que ha generado una profusa literatura académica dentro y fuera de Cuba, de manera que no me detengo a caracterizarlo.

 

Lo que interesa a los efectos de este artículo es ubicar este largo “invierno” de la economía cubana como espacio temporal y como contexto económico y social de un complejo proceso político que ha logrado evitar que la debacle económica se haya transformado en fracaso total del proyecto político de socialismo cubano (o de socialismo “a lo cubano” si así se prefiriese). Para ser más preciso, me refiero a un proyecto de organización de la sociedad fundado en una economía estatal centralizada y en el predominio político de un partido único de inspiración vanguardista. Este partido es el sucesor de un núcleo revolucionario legitimado por su victoria en una guerra civil y reafirmada en una revolución social que benefició a amplios sectores populares. Dicha Revolución consiguió y reafirmó esa legitimidad por medio de un amplio programa de inclusión social, y de una ideología que ha combinado fundamentos comunistas con un ideario de estirpe nacional -primordialmente martiano-, lo cual generó una base de apoyo popular extendida y organizada.

 

Obviamente, el proyecto político ha sido mellado durante el período especial, en algunos aspectos más que en otros, pero el hecho comprobable es que más de dos décadas después de la caída de la Unión Soviética, el proyecto sigue vigente en Cuba. Aunque algunas modificaciones han tenido lugar, en ciertos casos importantes, estas no han transformado esencialmente la naturaleza del proyecto. Ni el modelo económico estatal ha dado paso a un esquema fundado en el sector privado y el predominio del mercado, ni se ha pasado a un sistema político multipartidista. El programa de inclusión social sigue siendo, a pesar de la crisis, uno de los mejores de América Latina y el Caribe (en realidad uno de los mejores de todo el mundo en desarrollo) y la idea de la justicia social continúa primando, no solo como prédica abstracta, sino como cemento de una ideología que, a pesar de estar crecientemente impugnada, conserva todavía un considerable impacto concreto en la política nacional. Finalmente, la irrupción de un heterogéneo sector contestatario y el surgimiento de zonas de frustración, desconcierto y apatía entre la población no han cambiado el dato fundamental de que el proyecto cuenta con decisivo respaldo popular, que llega a ser muy activo y contundente en determinados grupos sociales. (11)

 

En sentido estricto, la actualización ha sido uno de los tantos mecanismos de respuesta que ha utilizado el Estado cubano para sortear con éxito un tipo de escenario muy complejo que en otras latitudes desbancó a más de un gobierno y regímenes socio-económicos, en algunos casos con profundas implicaciones en todos los ordenes sociales.

 

Para apreciar las cosas desde una perspectiva adecuada, habría que tener en cuenta que durante este largo “invierno” económico, además de procesos discrepantes respecto al poder que pudieran haber tenido una lógica interna (incluyendo voces discordantes dentro del propio PCC y desde instituciones oficiales), la disputa por el poder político en Cuba en años recientes se ha ajustado fundamentalmente a un patrón vigente desde 1959. Dicha disputa ha tenido su esencia en el conflicto con el gobierno de Estados Unidos, siempre en compleja -y a veces divergente- interacción con otros actores nacionales (dentro y fuera de Cuba), que realmente han sido remanentes de la época de Guerra Fría o una especie de nuevos “activos”.

 

El espectro de acciones utilizadas desde principios de los 90s para disputarle el poder al gobierno cubano ha sido muy vasto. Ha incluido el reforzamiento de las leyes estadounidenses para arreciar el cerco económico sobre Cuba (con una lógica de afectar directamente a la población para obtener réditos políticos de un eventual descontento popular). También se han desarrollado actos de terrorismo (p.ej. la campaña de artefactos explosivos en instalaciones turísticas en 1997). Del mismo modo, con esa misma lógica, han destinado dinero del contribuyente norteamericano para sostener una abigarrada “oposición” con escaso impacto en la política nacional.

 

El Estado cubano, específicamente el llamado Estado revolucionario cubano, se ha reformado en varias ocasiones en el último medio siglo. Sin embargo, me detendré en la reforma del Estado correspondiente al “periodo especial” y de la cual la actualización ha sido un componente no solamente reciente sino relativamente tardío. El propio hecho de que la actualización hubiera irrumpido, como programa gubernamental, veinte años después del inicio del período especial, a pesar de que desde entonces ya se trabajaba en lo que han sido sus fundamentos técnicos, se comprende, únicamente, si lo consideramos como una subordinación del componente económico al político que, a su vez, intenta una reforma del Estado cuyo ritmos, prioridades y direcciones han estado determinados por consideraciones 100 por ciento políticas. En este sentido, debo señalarlo, la consideración más importante ha sido la cuestión del poder. Sin embargo, considero que la prioridad de esta cuestión (el poder) ha sido preservarlo en manos del “bloque hegemónico” que lo ha poseído desde 1959, para asegurar su transferencia ordenadamente hacia una nueva generación de dirigentes.

 

Considerando el devenir de los últimos años he logrado la percepción de que los actuales líderes de Cuba no han apreciado la crisis económica como una mera presión que los obliga a reformar el Estado sino, sobre todo, como una oportunidad valiosa para hacerlo. Me inclino a considerar que está siendo percibida como una ocasión favorable para “empacar” un proceso de reconstrucción integral de la autoridad política alrededor de un nuevo grupo dirigente. Aprecio que se proyecta que las futuras autoridades se asienten sobre un Estado reconfigurado “a la medida” de lo que pudiera ser el nuevo contexto político, con un poder estatal “heredado” que no ofrece la legitimidad de un poder “fundacional”. (12) Creo que se trata de un proceso mucho más complejo y ciertamente más profundo que un supuesto ejercicio de “gatopardismo”. (13)

 

Tratándose en esencia de una reforma del Estado, cabría hacer aquí una distinción importante entre “poder del Estado” y “capacidad estatal”. Muchas veces se enfoca el proceso, incluso por parte del propio gobierno, desde una perspectiva institucionalista, con énfasis en los componentes regulatorios y funcionales; sin embargo, se hace necesario incorporarle un plano de análisis más esencial que radica en la definición de la manera en la cual el Estado se relacionará con los demás actores sociales.

 

Se trata de un tema sobre el cual coexisten diversos enfoques conceptuales. El “ poder del Estado ” emana de la propia naturaleza del “juego político” que convierte relaciones políticas en relaciones de poder y en estructuras de poder, lo que condiciona la posibilidad de que el Estado pueda asegurar las condiciones para impartir una determinada direccionalidad a la sociedad. Por otra parte, siguiendo el planteamiento de Maximiliano Rey, pudiéramos considerar que: “la capacidad estatal alude a cómo desde la dirección del Estado se puede movilizar el andamiaje político-administrativo, en vinculación con el contexto social de ese determinado sector de políticas, que le permita plasmar las decisiones”. Es decir, que la “capacidad estatal” se refiere esencialmente a cómo se desarrollan las actividades en que se traduce el poder previamente definido del Estado. (14)

 

Esta diferenciación conceptual pudiera tener una relevancia práctica doble para el caso de Cuba. Primero, para entender que lo que ha estado en juego en los últimos veinticinco años en Cuba no ha sido una pérdida de “poder del Estado” sino una erosión –en algunas áreas significativa- de la “capacidad estatal” para “llevar a cabo tareas apropiadas de forma efectiva, eficiente y sustentable”, según la célebre definición ofrecida por Merilee Grindle. (15) Es decir que la abrasadora cuestión del poder en la Cuba contemporánea ha sido más un problema de aptitud para plasmar políticas públicas que un problema para mantener, en esencia, las correlaciones de fuerzas políticas en las que se asienta el Estado.

 

En modo alguno debe subestimarse la gravedad de los problemas de “capacidad estatal”, pues obviamente bajo determinadas condiciones tal erosión de capacidad puede acabar convirtiéndose en una crisis del “poder del Estado”. No obstante, eso no ha ocurrido en Cuba, entre otras cosas porque la reforma del Estado parece haber funcionado razonablemente bien en este punto esencial.

 

Las capacidades del Estado se han justado de manera tal que, aun estando disminuidas, han sido competentes para “entregar” los bienes públicos que aseguran la aceptabilidad social de los fundamentos políticos del poder del Estado. (16) En segundo lugar, porque es una diferenciación conceptual clave para comprender por qué la reforma del Estado, volcada fundamentalmente hacia la solución de problemas de “capacidad estatal”, donde se incluye la actualización, no puede ser considerada como un mero asunto administrativo, técnico o gerencial. Por el contrario, es una cuestión primordialmente política.

 

A fin de cuentas, lo que la actualización pueda lograr y definir, dependerá esencialmente de cómo se consideren y apliquen las cuestiones relacionadas con la “economía política”, y este es un asunto eminentemente político, no técnico.

 

Breve nota final sobre la cuestión política, la reforma del Estado y la actualización.

 

La relación entre política, reforma estatal y actualización es un tema vasto, complejo y cambiante, cuyo análisis -incluso de manera parcial- rebasa no solamente el espacio admisible para este artículo sino que seguramente sobrepasa las capacidades analíticas de especialistas individuales. Hecha la advertencia, me aventuro a escribir algo que pudiera resultar conveniente para cerrar, a modo de provocación intelectual, el asunto que ha sido abordado en este texto.

 

¿Qué tipo de tarea esencial debiera resolverse más allá de la reforma del Estado, en el terreno de la política “a secas” y qué perspectivas de éxito pudieran existir para ello, incluso asumiendo un desempeño opaco de la actualización?

 

El período decisivo para la política cubana es el que va desde este momento hasta el año 2018, cuando se supone que se complete la transmisión del poder político hacia el nuevo liderazgo. Esa transmisión será, por tanto, un momento político delicado para la cuestión del poder, porque inevitablemente incorporará al proceso un análisis acerca de la propia definición (reafirmación) de un modelo de Estado y no sólo la cuestión de la capacidad del Estado. Se tratará de una cuestión de esencia del poder.

 

Como he expresado anteriormente, un buen diseño estratégico y metodológico, bien gestionado además, de la actualización y de la reforma del Estado, será determinante. Sin embargo, también resultará decisivo el nivel de movilización social que normalmente conlleva una rearticulación del bloque social hegemónico (la primera rearticulación significativa en medio siglo). Esto implicaría “tareas” netamente políticas, al menos en dos grandes planos.

 

En primer lugar, la necesidad de asegurar la activación de actores y la conformación de coaliciones que aseguren que las relaciones políticas del PCC con otros actores sociales se constituyan en relaciones de poder tanto al interior del “bloque hegemónico” como en sus vínculos con el resto de la sociedad. Esto último constituye un desafío delicado, pues sería en un contexto de desindustrialización nacional, de empobrecimiento significativo de las bases populares, y de extensión de fenómenos como la desigualdad que crean contradicciones entre la ideología del “bloque hegemónico” y la práctica del ejercicio del poder. En segundo lugar, la necesidad de asegurar que el proyecto de transmisión del poder no sea “estorbado” de manera apreciable por una movilización política contestaría de cualquier tipo. En teoría, la propagación de ideologías alternativas pudiera ser, de aquí al año 2018, el área donde quizás el PCC pudiera ser más vapuleado. Sin embargo, hasta el momento esta posibilidad sólo existe en el plano hipotético.

 

En cualquier caso, la confrontación ideológica (“lucha” ideológica, si se prefiere) resulta una cuestión esencial en Cuba hasta el 2018, y ese es un espacio neto de la política “a secas”. Es un asunto en el que el PCC pudiera estar relativamente mejor posicionado que sus rivales, pero no solamente por su superioridad en materia de posibilidades de difusión (que ciertamente es muy importante), sino sobre todo porque el PCC continúa proyectando credibilidad respecto a un tema crucial para la articulación de un mensaje ideológico de amplia aceptación popular en Cuba: la justicia social.

 

De hecho, después del inexplicable “resbalón” comunicativo cometido con la irrespetuosa metáfora del “pichón” (aquello de que los cubanos esperan con el pico abierto la magnanimidad del Estado proveedor), la información disponible parece indicar que el PCC ha tenido éxito en evitar que la desigualdad resultante de la actualización haya sido percibida como un equivalente de injusticia social, a pesar de que la desigualdad se construye socialmente desde el poder y nunca es un “accidente” social. En el fondo, temas como la unificación monetaria y la libreta de abastecimiento, por mencionar solo dos ejemplos, lejos de ser asuntos “técnicos” de la actualización, pudieran constituir aportes positivos o convertirse en desaciertos políticos, dependiendo de cómo se manejen.

 

La lucha ideológica no se trata de un asunto menor, pues son las contradicciones de las políticas en curso el terreno más propicio para sacar a flote las inconsistencias entre ideología y práctica política. Por tanto, ésta es el área de más rápido desgaste del mensaje ideológico de quienes ejercen el poder y donde más fácil resulta prestar atención a mensajes ideológicos alternativos. Obviamente, en este caso, además de la cuestión ideológica, resulta importante la “capacidad estatal” para lograr políticas públicas que eviten la exclusión social y le den sentido concreto al mensaje ideológico de justicia para todos.

 

Mientras el PCC mantenga la iniciativa para articular “compromisos ideológicos positivos”, (17) como el asociado a la percepción popular de que el Estado cubano asume su responsabilidad a favor de la justicia social procurando resultados concretos y no solo propiciando oportunidades, resulta altamente probable que arribe al año 2018 sin sufrir un desgaste ideológico y político significativo, a pesar de las contradicciones (y estragos) de la actualización. Una razón para sustentar esta afirmación es la probabilidad de que suceda en Cuba lo que ha ocurrido con cierta regularidad en la experiencia histórica: que los “compromisos ideológicos positivos” resulten mucho más atractivos que otras propuestas ideológicas alternativas que se apoyan en temas que, siendo importantes en sí mismos, son popularmente percibidos como “bienes políticos abstractos”. (18)

 

Notas:

 

1. Evaluada desde la perspectiva del desarrollo, y no solamente desde el ángulo de la macroeconomía, la actualización es igualmente decepcionante. No por el hecho de no poder “entregar” desarrollo -una meta que ciertamente exige plazos mayores- sino por el escaso efecto que la actualización está teniendo en la creación de condiciones cruciales para impulsar el desarrollo, específicamente en lo relativo a lo que se requeriría hacer para colocar, de manera estable, una parte creciente de la fuerza laboral del país en trayectorias tecnológicas y organizativas ascendentes (transformación orientada hacia una estructura de mayor “valor agregado”), a la vez que se garantizase que esa fuerza laboral estuviese en capacidad de “capturar” los beneficios sociales del proceso, incluyendo mayores salarios y mejores condiciones laborales, en la línea del concepto de “trabajo decente” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

2. La cuestión relativa a la “medición” de la gobernabilidad de un país y del nivel de conflicto que pudiera existir, ha recibido una considerable atención en los últimos diez años, principalmente en el contexto de necesidades de la política internacional, sobre todo en materia de gestión de conflictos y de prioridades de ayuda exterior y de colaboración internacional. Se parte de la premisa de que se trata de un terreno en el que la medición es difícil y controversial, pero se reconoce igualmente que poder disponer de un sistema de indicadores, aun con carencias, resulta preferible a no tenerlo. El punto que habría que retener es que de acuerdo con esa “métrica”, no existen razones para considerar que el Estado cubano presenta problemas mayores de gobernabilidad y, mucho menos, para sostener la idea de que sea probable la emergencia de una situación de conflicto en Cuba por razones internas. Si se revisan tres de las más conocidas metodologías (MPICE del United States Institute of Peace, desarrollada por expertos del Ejército de Estados Unidos; “Conflict Assessment Indicators”, desarrollada por The Fund Peace; y “Governance and Conflict Indicators Report”, desarrollada por el ITAD bajo contrato de la Agencia de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido) se hace evidente que el Estado cubano parece ser capaz de proporcionar una situación de “seguridad sostenible” (“sustainable security”) según la definición del término aportada por Pauline H. Baker en “Conflict Resolution: A Methodology for Assessing Internal Collapse and Recovery”, en Armed Conflict in África, de Carolyn Pumphrey y Rye Schwartz-Barcott (compiladores), The Scarecorw Press, 2003. Supongo que es el tipo de consideraciones que ayudan a entender mejor algunos eventos recientes de política exterior relacionados con Cuba.

 

3. Este es uno de los aspectos más recurrentemente destacados en la literatura académica sobre el tema del poder. Ciertamente ha sido un asunto muy subrayado por la tradición marxista, pero también ha sido importante para autores tan disímiles como Voltaire, Sorel, Clausewitz y Weber, entre otros.

 

4. A riesgo de ser redundante, una breve aclaración: ejercer “el mando” es pertinente para cualquier tipo de Estado contemporáneo. En modo alguno es una característica exclusiva de los sistemas políticos “no competitivos”.

 

5. Maximiliano Rey. “Capacidad estatal y poder del Estado en Latinoamérica del siglo XXI: Una perspectiva política para el análisis de las políticas públicas y la estatalidad”. Revista Estado y Políticas Públicas. Número 2, Año 2, Mayo 2014. FLACSO-Argentina.

 

6. Utilizo aquí el término de “bloque hegemónico”, en referencia concreta al caso del “poder revolucionario” en la Cuba post-1959, más como un “comodín” narrativo que como concepto riguroso. El análisis preciso de tal “bloque hegemónico”, sin dudas necesario a la hora de analizar en detalle la “transición” de poder en curso, rebasa ampliamente los propósitos de este trabajo.

 

7. No me refiero aquí a textos autobiográficos como los de Milovan Djilas, Kruschev, Gorbachev, Alexander Dub?ek, Petr Pithart, o Zhao Ziyang, todos muy interesantes en sí mismos, sino a trabajos académicos que incluyen desde “clásicos” del tema como Janos Kornai, Oscar Lange, y Adam Przeworski, hasta otros autores que han producido una abundante literatura sobre las reformas y las transiciones “post-comunistas” desde los 90s. Son los casos de A. Aslund, V. Kosmarskii, H. Kroll, D. Lipton, J. Sachs, J.M. Litwack, M. Hart-Landsberg, P. Burkett, S. Haggard,, B. Naughton, J. Unger, G. White, O. Filippov, O. Svetsova, G. Jibson, G. Evans, S. Whitefield, Wu Guoguang, Zheng Yongnian, Jinglian Wu, Chenggang Xu, Yiping Huang, L. Brandt, T.G. Rawski, Le Dang Doanh, A. Kokko, D. Dapice, R. Mallon, J.K. Rosengard, Hubert Schmitz, Dau Anh Tuan, Pham Thi Thu Hang y Neil McCulloch.

 

8. Gobernanza entendida como eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a este buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una “nueva forma de gobernar”.

 

9. Carlos Sojo. “Reforma económica y cambio estatal en Centroamérica”. Revista Nueva Sociedad Nro. 156 Julio-Agosto 1998, pp. 127-142.

 

10. Compartir el poder es, en el fondo, una variante posible del resultado de la lucha por el poder.

 

11. De nuevo, no se trata de que no exista pérdida de apoyo en relación con el proyecto estatal vigente, sino de que con independencia de ello, el proyecto se mantiene y se reajusta fundamentalmente de acuerdo a lo que decide el gobierno. No creo que haya necesidad de demostrar que el Partido Comunista de Cuba (PCC) sigue controlando totalmente el ejercicio de la política en Cuba. La poca relevancia de otras agrupaciones políticas (no creo que resulte aplicable el calificativo de “fuerzas” políticas) seguramente se explica por la confluencia de diversos factores, pero uno muy importante es el hecho de que esas agrupaciones políticas no han logrado aunar apoyo popular, al menos con la escala que se requiere para participar efectivamente en la vida política.

 

12. El anuncio por parte del PCC, en febrero de 2015, de que una nueva Ley Electoral entraría en vigor entre 2015 y 2018 parece ajustarse a este “traje a la medida” que se manufactura para la reconstrucción de la autoridad política en Cuba. En el mismo sentido pudiera interpretarse la mención hecha con anterioridad, en febrero de 2013, acerca de la posibilidad de una reforma constitucional. Por el momento se carece de detalles, pero parece evidente la conexión de tales anuncios con un proceso de adaptación pensado para facilitarle una renovada gobernanza al nuevo liderazgo político.

 

13. “Gatopardismo” en el sentido de “cambiar todo para que nada cambie”, empleado en las ciencias políticas aludiendo a una expresión del personaje de Tancredi, en la novela “El gatopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

 

14. Maximiliano Rey. Op. Cit.

 

15. Merilee Grindle. (1997) Getting Good Government. Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, Harvard University Press.

 

16. No me refiero, en modo alguno, a la existencia de una situación de “complacencia” ni de aceptabilidad generalizada del status quo, ni siquiera me refiero a una situación de “tolerancia” o de “resignación”. La creciente emigración del periodo especial corrobora que no se trata de ello. Lo que digo es que la capacidad estatal para seguir entregando bienes públicos que son considerados como esenciales por la gente (no solamente por el gobierno) favorece la existencia de una considerable franja de aquiescencia popular respecto a ese poder estatal.

 

17. Aquí lo de “positivo” no se refiere a que se trate de algo “bueno” sino a algo sobre lo que pueden construirse soluciones prácticas.

 

18. Una nota de interés histórico sobre este punto: los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del XX, que pudieron articular “compromisos ideológicos positivos”, fueron más exitosos en organizar programas políticos atractivos en comparación con el movimiento “cartista” de la primera mitad de siglo XIX que estuvo estructurado alrededor de un mensaje ideológico basado en “bienes políticos abstractos”.