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Nuevas medidas gubernamentales amenazan al sector privado cubano

El gobierno ha identificado a los sectores del transporte, la gastronomía y la renta de habitaciones a turistas como los más lucrativos de la gestión privada, cuya prosperidad debe impedir a toda costa

Ana León y Augusto César San Martín, en Cubanet

LA HABANA, CUBA – El próximo 7 de diciembre entrarán en vigor las “normas, decretos y resoluciones complementarias de organismos para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”. Aun cuando el gobierno afirma que solo son ajustes, la mayoría de los cuentapropistas califican de asfixiantes las nuevas medidas, anunciadas para finales de un año que no ha sido satisfactorio para la gestión privada en la Isla.

Con el objetivo de detallar los controles han comenzado a realizarse en todo el país seminarios coordinados por los gobiernos municipales y funcionarios locales del Ministerio de Trabajo, para instruir a los cuentapropistas sobre la implementación de dichas resoluciones. Paralelamente se ha desarrollado un proceso de capacitación, al cual se une la venta en los estanquillos de la Gaceta Oficial número 35.

A las reuniones asisten grupos que no sobrepasan los veinte trabajadores del sector privado. La cifra evidencia el desinterés de quienes serán los mayores afectados, que consideran el paquete de medidas como una estrategia más para limitar el desarrollo del trabajo por cuenta propia.

El gobierno ha identificado a los sectores del transporte, la gastronomía y la renta de habitaciones a turistas como los más lucrativos de la gestión privada, cuya prosperidad debe impedir a toda costa. CubaNet entrevistó a varios cuentapropistas de diversas ramas y  muchos manifestaron su inconformidad. Al igual que los boteros, varios arrendadores contemplan la posibilidad de entregar sus licencias, pues los requerimientos les parecen excesivos en una economía donde se dificulta la adquisición de toda clase de insumos, siendo el Estado el primer responsable por la escasez y el desabastecimiento.

A partir de los noventa días después del 7 de diciembre, los arrendadores estarán obligados a mantener una cuenta permanente en el banco cubano, cuyo valor deberá ser equivalente a tres veces el impuesto fijo que pagan por cada habitación. Es decir, si el arrendador paga 35 CUC mensuales por una habitación, deberá mantener en el banco 105 CUC y 200 pesos moneda nacional. Una vez abonada la cuota fija y el 10% de sus ganancias, deberá depositar además el 80% de los ingresos mensuales.

Esto significa que si el arrendador ingresa una suma mensual de 600 CUC, al finalizar el mes deberá depositar 480 en su cuenta bancaria. Ello no solo supondría un obstáculo para realizar cualquier operación comercial; también ocasionaría a los trabajadores por cuenta propia una considerable pérdida de tiempo en las largas filas de los bancos cada vez que acudan a colocar la suma reglamentaria, extraer el dinero que necesiten para invertir en su negocio, o sufragar gastos personales.

Con solo el 20% de sus ingresos, el cuentapropista se vería afectado al momento de pagar a sus trabajadores y solventar los problemas típicos de la pequeña empresa cubana, obligada a abastecerse por canales alternativos para mantener la calidad de los productos y servicios que ofrece.

Las resoluciones vendrán acompañadas por un conjunto de normas emitidas por el MINTUR (Ministerio de Turismo) para los negocios de renta a extranjeros. El documento ha circulado entre los arrendadores durante los seminarios de capacitación y enumera los requisitos que debe tener cada espacio destinado a alojar turistas.

Tales exigencias obligarían a los arrendadores a cumplir con un estándar de confort y calidad que se aprecia en muy pocas instalaciones estatales. Abundan los comentarios negativos de clientes acerca de los servicios de hoteles en Varadero, donde toallas rotas, climatización defectuosa, vajilla sucia, paredes mohosas y gastronomía de mala calidad están a la orden del día.

Pese a sus propias insuficiencias, el Estado ha dictaminado, una vez se hagan efectivas las medidas, que delegaciones territoriales del MINTUR realicen rigurosas inspecciones a las casas de renta de los cuentapropistas, en coordinación con las entidades de control de la Administración Municipal.

Según los arrendadores, estas acciones de fiscalización han sido concebidas para controlar la economía del sector privado, en especial la gestión que depende casi exclusivamente del turismo, un mercado que en 2018 se ha comportado de manera inestable para Cuba. Depositar el 80% de las ganancias mensuales equivaldría a poner el capital de los particulares a disposición del Estado, que tiene la peor reputación en lo concerniente a liberar los dineros guardados en el banco, inquiriendo acerca de su uso futuro o negándose arbitrariamente a emitir la cantidad solicitada por los clientes.

Mientras se agravan las contradicciones entre Estado y sector privado, muchos auguran que estos mecanismos de control serán una puerta abierta a la corrupción. La lógica indica que sería más lucrativo para los inspectores aceptar sobornos que cerrar negocios imposibilitados de cumplir con requisitos no acordes a las posibilidades reales de la economía interna, que parecen responder tanto al carácter centralizador del gobierno como a su intención de aniquilar la competencia.