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Cuba, los derechos civiles y la reforma constitucional

Hoy se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunos fueron regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Roberto Jesús Quiñones Haces, en Cubanet

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GUANTÁNAMO, Cuba. – Este lunes 10 de diciembre se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Algunos de ellos también fueron regulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966 y puesto en vigor el 23 de marzo de 1976.

El gobierno cubano es parte de este importante instrumento jurídico internacional y, de conformidad con los compromisos contraídos con la ONU al ratificar dicho Pacto y con los acuerdos firmados con la Unión Europea, debió haber incorporado hace mucho tiempo su articulado a la legislación nacional, lo cual no ha hecho.

Se esperaba que en el Proyecto de Constitución que fue sometido a debate popular esos artículos quedaran incluidos para sentar las bases de la necesaria transformación política del país, algo que permitiría que esos derechos humanos estén al alcance de todos los cubanos. Sin embargo, una comparación entre ambos documentos demuestra que no ha sido así.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Proyecto de Constitución cubano

En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -en lo adelante PIDCP- se reconoce que: “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal de ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales”.

En Cuba no están creadas las condiciones a que alude el Preámbulo del PIDCP y eso queda demostrado con un simple cotejo de ese documento y el Proyecto de Constitución.

Aunque el Proyecto de Constitución supera -en cuanto a la ampliación de los derechos consignados en él- a la Carta Magna de 1976, eso no provocará una situación garantista de esos derechos si no se realizan profundas transformaciones de nuestro sistema político, algo que no está en las mentes de los gobernantes cubanos. Eso indica que tendremos una nueva Constitución, pero que seguirá siendo formal y vulnerada como hasta ahora ha ocurrido con la vigente, porque en Cuba no existen garantías para el cumplimiento de los derechos civiles y políticos.

El artículo I del PIDCP establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Ese principio del Derecho Internacional aparece en el art. 16, inciso (a), del Proyecto de Constitución, pero la dificultad estriba en que para que se haga realidad entre nosotros, el pueblo debe decidir mediante elecciones auténticas -léase democráticas y multipartidistas- el sistema político que desea, y eso jamás ha ocurrido en Cuba después de 1959, pues se nos ha impuesto un sistema de partido único sin que el Partido Comunista haya sido elegido por el pueblo para ocupar la posición auto asignada. En Cuba el pueblo solo elige a los delegados de cada circunscripción al Poder Popular, personas que carecen de poder real para resolver los problemas de la comunidad. Cuando a las asambleas de elección de candidatos se presentan personas que defienden un proyecto alternativo al castrismo estas son detenidas por la Seguridad del Estado. Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) son impuestos por una comisión de candidatura que para nada tiene en cuenta las opiniones de los electores. Dichos diputados son mayoría con respecto a las personas elegidas en la base, casi todos militantes del partido y todos subordinados a él. En tales condiciones no puede hablarse de soberanía popular pues la ANPP está circunscrita a los límites impuestos por los comunistas, quienes han decidido que sea ella la que elija a los más importantes dirigentes del país y tome todas las decisiones trascendentales; es decir, los 605 diputados, que representan el 0.00027% del total de los electores, son los ejecutores de la soberanía nacional, mientras que el 99.99973 % restante no decide nada. ¿De qué libre determinación puede hablarse en Cuba?

El artículo 2 del PIDCP establece la obligación de cada Estado firmante del documento -Cuba lo es- de integrar a su legislación los derechos reconocidos en él. En el primer párrafo de dicho artículo se establece que el reconocimiento de esos derechos a todos los individuos, se hará sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social. En el Proyecto de Constitución no se menciona la discriminación política como lesiva a la dignidad humana pues eso impondría a los castristas la obligación de reconocer el multipartidismo. En tales condiciones resulta una falacia de los dirigentes cubanos proclamar que el Partido Comunista representa a todo el pueblo.

El artículo 3 del PIDCP establece que cada uno de los Estados partes se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo -ante los tribunales- aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. En el Proyecto de Constitución aparece en el art. 94 la posibilidad de reclamar ante los tribunales por esa causa, pero en Cuba el sistema judicial está subordinado al Partido Comunista y las personas son juzgadas según su posición política. Cuando el recurso se establece ante tribunales de esta naturaleza, contra la actuación de funcionarios del Estado, el ciudadano está en una posición desigual. Mientras esta realidad no se subvierta, el derecho a un recurso efectivo ante estos tribunales será otra simple expresión de marketing político.

En cuanto a la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos reconocida en el artículo 3 del documento internacional, aunque el art. 40 del Proyecto de Constitución establece el principio de igualdad y oportunidad de los ciudadanos, en Cuba sólo disfrutan plenamente sus derechos las personas reconocidas como defensoras del proyecto comunista. Todos los demás ciudadanos son discriminados de una forma u otra.

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La nueva Constitución que quieren imponer los comunistas no está a la altura de los derechos humanos reconocidos en la legislación internacional

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger en él su residencia. También tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. Aunque este derecho está reconocido en el artículo 54 del Proyecto, muchas personas son interceptadas por la policía cuando visitan La Habana, la “capital de todos los cubanos”, detenidas arbitraria e ilegalmente y remitidas a sus provincias luego de permanecer varios días en los calabozos de las unidades policiales de la capital.

Otros ciudadanos son privados de sus pasaportes sin causa justificada y se les impide salir del país sin justificación legal. También hay cubanos a quienes se les niega la entrada al país por motivos políticos.

El artículo 17 del PIDCP establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Este derecho aparece en los artículos 46, 52 y 53 del Proyecto, sin el alcance que tiene en el PIDCP, pero se viola constantemente en Cuba porque la policía y la Seguridad del Estado allanan los domicilios sin presentar una orden de registro firmada por la autoridad competente. Es práctica común de las fuerzas represivas andar con varios de estos documentos encima, los cuales llenan cuando se presentan a hacer el registro. También extienden el acto a aspectos no contemplados como objetivos precisos del mismo y no entregan acta de los objetos ocupados a los ciudadanos. En el caso de los opositores pacíficos y periodistas independientes estos son despojados de sus bienes sin que esa decisión haya sido adoptada por ningún tribunal. Los teléfonos de estas personas -fijos o móviles- están sujetos al constante escrutinio y control de las fuerzas de la Seguridad del Estado. La desfachatez llega al extremo de realizar ruidos y hasta conversar mientras estos ciudadanos hablan, para que sepan que están siendo escuchados.

El artículo 18 del PIDCP establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. En cuanto a la libertad de fe, el apartado 4 del artículo 18 del PIDCP establece que los Estados Partes se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Sin embargo, aunque el art.84 del Proyecto reconoce que la educación es un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias, la educación en Cuba está monopolizada por el Estado, que la ha convertido en un medio de adoctrinamiento ideológico. Al impedir que los padres den a sus hijos la educación que desean, el Estado cubano viola también lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscripta por Cuba.

El artículo 19 del PIDCP establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Este derecho no está plasmado en el Proyecto de Constitución cubano, el cual tampoco ha reconocido el derecho de cada persona a la libertad de expresión con el complemento de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito o en forma impresa o artística y no ser perseguido a causa de ello.

Los derechos de reunión pacífica, asociación libre y fundar sindicatos independientes, que aparecen en los artículos 21 y 22 del PIDCP, sólo se reconocen en Cuba para las organizaciones dependientes del partido comunista, las que pretenden erigirse como las representantes de la sociedad civil. En el Proyecto de Constitución no existe siquiera un atisbo de que esa situación cambiará.

En cuanto al artículo 25 del PIDCP, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas y tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país, se trata de otro derecho vulnerado en Cuba desde 1959, porque sólo puede ser disfrutado por los acólitos del proyecto castrista.

En la parte III del PIDCP se establece el respeto que debe recibir toda persona detenida y sus derechos. Aunque el Proyecto de Constitución reconoce en el art. 48 que toda persona disfruta de las garantías del debido proceso, se trata de otra quimera jurídica pues en Cuba los detenidos reciben tratos crueles, inhumanos y degradantes, al ser encerrados en calabozos carentes de mínimas condiciones higiénico sanitarias. Son obligados a dormir en camas de cemento o de hierro, a realizar sus necesidades fisiológicas sin privacidad y no se les permite tener literatura religiosa o recibir la visita de un sacerdote o ministro de su confesión religiosa, sin que muchas veces se les diga por qué están detenidos, de qué se les acusa, ni se les informe a sus familiares acerca del lugar donde se encuentran. Estas personas carecen del derecho de recibir asistencia jurídica hasta pasados siete o diez días y aunque la ley reconoce la presunción de su inocencia no se les permite comunicación con sus familiares si el Instructor no lo autoriza. Si se determina que debe ser investigado bajo la medida cautelar de prisión provisional se le remite a una prisión, lo cual está prohibido por el PIDCP, las Reglas Mandela y las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos y Recomendaciones Relacionadas, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. ¿De qué debido proceso puede hablarse ante tales prácticas? ¿Qué respeto existe al principio de presunción de inocencia cuando el individuo es tratado como un culpable ya sancionado?

Por lo expuesto, la nueva Constitución que pretenden imponer los comunistas dista mucho de ser un documento a la altura de los derechos humanos reconocidos en la legislación internacional.