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Vía libre a la impunidad

Jorge Olivera Castillo

LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org -Muy poco se puede esperar de lo sucedido recientemente en el Consejo de Derechos Humanos, respecto al examen periódico de varios países, entre ellos, Cuba.

Con la posposición hasta septiembre de las respuestas a las recomendaciones elaboradas por la instancia internacional, el gobierno de la Isla vuelve a mostrar sus reticencias al acatamiento de las exhortaciones para que mejore en asuntos relacionados con el respeto al libre ejercicio de las libertades fundamentales.

El hecho de que tomara notas y escuchara impasible las críticas de los representantes de otras naciones, apenas significa un procedimiento formal que pasará al olvido en un tiempo relativamente breve.

No existe una genuina voluntad de cooperación. Todavía está lejos el día en que cesen o disminuyan los actos de repudio, los arrestos arbitrarios, los encarcelamientos por motivos políticos y los juicios sin las debidas garantías procesales.

La situación sobre este tópico de la realidad nacional apunta a un mayor deterioro en lo que resta del 2013. Basta repasar los acontecimientos para cerciorarse de que apenas queda espacio para la esperanza.

El  aumento de los presos políticos y de las golpizas por parte de las turbas organizadas contra cualquier manifestación de protesta pública, reflejan una tendencia que podría incluso sobrepasar los pronósticos más conservadores. Por razones de supervivencia, el régimen no va desestimar los métodos con los cuales garantiza el control social.

Con una hábil combinación de técnicas, que van del chequeo personalizado y el corte del servicio telefónico hasta el arresto temporal, el confinamiento prolongado o las palizas, los secuaces del Ministerio del Interior y sus colaboradores, consiguen mantener los niveles adecuados de terror que actúan como aislantes entre los opositores y el resto de la población.

Es casi imposible ganar prosélitos, al menos en cantidades notables, ante una represión que se actualiza cada día en función de las necesidades. No importan los costos políticos u otros problemas colaterales.

Lo más que sucede frente a las sistemáticas y flagrantes violaciones a los derechos ciudadanos por parte de las autoridades cubanas, son denuncias de organizaciones no gubernamentales y ocasionalmente algún que otro señalamiento crítico no vinculante de parte de entidades pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos.

Raúl Castro ha mostrado sus credenciales de represor implacable, tal y como lo hizo su hermano durante los 47 años que estuvo como gobernante absoluto del país.

Aunque se le atribuye algún mérito en cuanto a las leves aperturas económicas que ha promovido desde que sustituyó a Fidel en la presidencia, es indiscutible su consagración a mantener el orden y la unanimidad ideológica en torno a las directrices del partido comunista.

La insurrección popular que acreditan algunos analistas a partir del cúmulo de problemas existenciales y la indiscriminada aplicación de la fuerza sin detenerse en las consecuencias, es sólo una teoría que en el contexto cubano se desmorona más rápido que un castillo de naipes.

El gobierno ha logrado salir airoso con sus tropelías. Sus actos represivos terminan diluyéndose en un mundo que concentra su atención en asuntos de mayor importancia estratégica. El Medio Oriente o Corea del Norte copan el interés político y mediático. Cuba sigue siendo un problema menor en el tablero mundial.

Por tanto, las 292 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos no tendrán ningún impacto relevante. La situación interna seguirá siendo grave y sujeta a una ampliación de las incidencias. Raúl Castro sabe que las posibilidades de afrontar castigos de envergadura son nulas. Por eso actúa sin que le tiemble el pulso.

 

 

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