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Una declaración inexacta e incongruente

Osmar Laffita, Primavera Digital

Capdevila, La Habana.- Una de las conductas que marcan al cubano donde quiera que esté es su total identificación con la tierra en que nació, su apego a la soberanía y la independencia de su patria.

Por tanto, es normal en el pueblo cubano el rechazo a todo tipo de injerencia o intromisión en los asuntos internos de su país.

Los actuales gobernantes cubanos, por medio de su ministro de Relaciones exteriores de turno, acaban de mandar un nuevo mensaje poco creíble acerca del comportamiento de supuestos mercenarios vinculados a la Sección de Intereses norteamericana en La Habana.

Cuando el gobierno cubano habla de mercenarios se refiere a los luchadores por la democracia y la libertad que solo buscan por vías pacíficas el establecimiento del ausente Estado de Derecho en Cuba que los actuales gobernantes contumazmente desconocen y conculcan diariamente a los cubanos.

Resulta lamentable que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya lanzado una andanada de acusaciones e injurias contra la Sección de Intereses de los Estados Unidos (SINA) en La Habana.

La SINA no es una legación ni una embajada y mucho menos un consulado, pero goza de prerrogativas como si fuera algo similar. Funciona con toda una logística tal que en La Habana no existe misión diplomática que se le acerque en cuanto a recursos y personal, tanto diplomáticos como empleados cubanos.

Esto ocurre porque las autoridades cubanas lo han autorizado; los diplomáticos norteamericanos se atienen y actúan acuerdo a lo pactado por La Habana y Washington.

Llama la atención que de manera intempestiva el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la declaración aparecida en la prensa oficial el 2 de noviembre, diga que el jefe de la SINA viola flagrantemente los postulados recogidos en la convención de Viena, de la cual los dos estados parte son firmantes.

Queda claro que cualquier violación del principio de extraterritorialidad puede conducir a que al diplomático infractor se le declare persona no grata y en el tiempo establecido tenga que abandonar el país. Si el asunto es de gravedad, puede conducir al retiro del embajador y como caso extremo la ruptura de relaciones diplomáticas. En este caso, al no haber tales relaciones, equivaldría al cierre de la SINA

De acuerdo al largo inventario de acusaciones que se formulan en la declaración de marras contra la SINA, ninguna es violatoria de la Convención de Viena.

Todo lo que se haga dentro del recinto de una misión diplomática corresponde al principio de inmunidad. La presencia dentro de la SINA de ciudadanos cubanos que sean invitados a determinadas actividades no se puede considerar como una injerencia en los asuntos internos de Cuba dado que la actividad no se realiza en territorio cubano, sino norteamericano, lo que está debidamente admitido y reconocido por el gobierno cubano.

Es curioso que los redactores de esta declaración, que se supone que conocen en detalle todos los entresijos diplomáticos, hayan cometido la pifia de afirmar que dentro de la SINA funcionan de manera ilegal varios centros de Internet para promover entrenamiento e impartir cursos, algo que es enteramente lícito. Malo sería que lo hicieran en cualquiera de los cientos de Joven Club de Computación que funcionan en Cuba.

Resulta ridículo que en la susodicha declaración se denuncie a la SINA por no haber pedido permiso a los ministerios de Educación Superior e Informática y Comunicaciones para impartir sus programas docentes y los servicios de Internet.

Parece que se olvidaron que entre La Habana y Washington no existen relaciones diplomáticas, por tanto, no puede haber ningún vínculo intergubernamental: tales autorizaciones serían improcedentes. Actividades semejantes, que seguro también realiza hace la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, se enmarcan dentro de lo pactado entre los dos países en el momento en que se abrieron ambas oficinas.

Cierto que hace ya mas de año y medio que al gobierno cubano le resulta costosa la conexión satelital a Internet porque las leyes del embargo norteamericano prohíben a las operadoras de cables submarinos hacer negocios con las empresas de telecomunicaciones cubanas. Pero hace unos meses el gobierno venezolano informó que ya es totalmente operativo el cable submarino de fibra óptica tendido de la zona de Camurí, en la Guaira, Venezuela, hasta la Playa Siboney, de Santiago de Cuba, con una longitud de 1600 kilómetros y un velocidad de trasmisión de 320 gigabytes, lo que significa 3000 veces la capacidad de conexión que existe en Cuba actualmente. Lo curioso es que en torno a la operatividad del cable submarino de fibra óptica existe un gran misterio y el silencio de los medios oficiales cubanos sobre el asunto es sepulcral.

Por eso resulta poco creíble ese ataque contra la SINA, que dentro de su legación, atenida a la Convención de Viena, brinda los servicios de Internet no solo a los que el gobierno llama injuriosamente "mercenarios", sino también a cientos de cubanos que al ver que el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones no les da ningún servicio de la red de redes, optan por sacar un turno en los centros de Internet de la legación norteamericana en La Habana. Algo que es una vía de escape, porque con los 20 dólares mensuales de salario que ganan la mayoría de los cubanos ni pensar asomarse a los cibercafés de los hoteles de La Habana que cobran 6 dólares la hora para poder conectarse a Internet.

Eso de actividades ilegales, injerencistas, ofensivas y provocadoras, es bastante dudoso. Antes de lanzar tales acusaciones contra la SINA, es conveniente que el Ministerio de Relaciones Exteriores mire para arriba porque el techo que resguarda al gobierno cubano es de un vidrio muy frágil y cualquier pedrada le puede abrir un hoyo.

 

 

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