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La desactualizada valoración del modelo económico cubano

Osmar Laffita, Primavera Digital      

Capdevila, La Habana.- En el mes de diciembre del pasado año el David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS), de la Universidad de Harvard, y la revista cubana Temas, reunieron a un grupo de quince estudiosos cubanos, norteamericanos y europeos, en un taller que llevó por título "Cuba, la actualización del modelo" y que tuvo por sedes Diálogo Interamericano institución académica radicada en Washington y Cubarte, División de Informática del Ministerio de Cultura cubano.

En el mes de diciembre se dio conocer el documento final de dicho evento que fue coordinado por Rafael Hernández, politólogo, investigador, profesor y director de la revista Temas, y Jorge I. Domínguez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard.

El taller se pudo realizar gracia a la generosa contribución de la Christopher Reynolds Foundation, y en particular de su directora Andrea Panaritis, quien mantuvo el fondo otorgado, incluso cuando tuvo que suspenderse en 2012.

Si se analiza el documento final del citado taller y se compara con la intervención realizada por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge en la Segunda Sesión de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional, y el discurso de clausura del presidente Raúl Castro, se aprecia que los postulados expuestos van en direcciones opuestas.

No se ajusta a la ralentizada aplicación de los lineamientos económicos, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista, la afirmación de los integrantes del taller de que dicha política se trata de "un proceso de trasformación y reordenamiento político y social que adopta una estructura institucional".

En los cinco años que Raúl Castro lleva en el poder no ha habido la menor señal de descentralización de las principales decisiones del Estado y el Gobierno.

Los gobiernos provinciales y municipales no gozan de la menor autonomía; sus acciones están sujetas a decisiones que vienen "de arriba".

Algo similar sucede con la Asamblea Nacional, que se reúne dos veces al año y que desde su constitución, en 1976, nunca ha sometido al escrutinio público al Estado o al Gobierno.

Resulta irreal la afirmación de que el sector privado, desde su flexibilización en septiembre de 2011 hasta el presente, se haya expandido. Es cierto que el gobierno Fidel Castro lo redujo prácticamente a cero, pero la política del actual gobierno autoridades cubanas tal como lo ratifico Murillo no está dirigida a consolidar la pequeña ni mediana empresa, sino que su prioridad son las empresas estatales y las cooperativas de diferentes tipos.

Lo correcto no es hablar de resistencia al cambio, más bien hay que señalar la deliberada ralentización del mismo. Contrario a los que afirman los académicos que participaron en el taller, es el presidente Raúl Castro quien encabeza el sector que propugna la tesis de "sin prisa, pero sin pausas".

Raúl Castro se ha referido a "las sanas exhortaciones y otras que no lo son, que apremian acelerar el paso", y ha dicho que tal actitud "empuja al fracaso, a la desunión y daña la confianza y el apoyo del pueblo".

Es bueno recordar que en los 5 años del gobierno de Raúl Castro, la Constitución de 1976, enmendada en 1992, respaldada por leyes, Decretos-Leyes, Decretos, Códigos y Resoluciones, no ha sufrido ningún cambio, y hasta ahora no se habla de reforma constitucional.

Por tanto, si Ley de Leyes y el Código Penal no reconocen ningún tipo de actividad privada, las 440,000 personas que la ejercen, constitucionalmente son ilegales.

La entrega de tierras ociosas en usufructo se inició en 2008 amparado en el Decreto-Ley 259. De esa fecha hasta el presente, se han adjudicado 1’580,000 hectáreas. Durante ese tiempo se pusieron en vigencia los Decretos-Leyes 300 y 311. Ambos amplían la entrega de tierra de 13 a 67,10 hectáreas. La novedad es que el último autoriza a las personas naturales vinculadas a las Cooperativas de Créditos y Servicios a recibir tierras, lo que antes no estaba autorizado.

Los integrantes del taller alertaron que de las 6’342,416 hectáreas de tierra cultivable que tiene Cuba, se reportan 1,25 millones de hectárea como ociosas, algo realmente injustificado si se tiene en cuenta las cientos de miles de toneladas de alimentos que el gobierno cubano tiene que importar anualmente.

Los integrantes del taller no reflejaron que del medio millón de trabajadores que fue anunciado hace cinco años que serían cesanteados, finalizado diciembre solo 300 000 habían sido despedidos. La revocación por el gobierno de tal medida, que en ningún momento se ha hecho pública, se debe a que la flexibilización de la actividad privada no absorbió, como se esperaba, a esos potenciales desempleados.

Inexplicablemente, hasta ahora el gobierno cubano sigue sin levantar la talanquera para la entrada de la Inversión Extranjera Directa (IED), que es la única que puede generar empleos.

Se equivocan los que afirman que la llamada "actualización del modelo económico" está dirigida a reducir el rol del Estado.

Si bien se extinguieron varios ministerios, la corrupta burocracia que los poblaba se ha posicionado en la dirección de las nuevas Organizaciones Superiores de Desarrollo Empresarial (OSDE), una especie de mini-ministerios.

El verticalismo persiste. No se puede hablar de nuevos actores y muchos menos de nuevas reglas de poder.

En Cuba muy poco ha cambiado. El presidente Raúl Castro, en su discurso del primero de enero en Santiago de Cuba, reafirmó que la dirigencia historia que hace 55 años tomó el poder continúa como responsable de los destinos de Cuba.

Decir que el liderazgo histórico se desplazó a una dirección colectiva es una burla al pueblo cubano.

Los directivos de las empresas, antes de dar cualquier paso, tienen que primeramente esperar que les digan sí o no.

Resulta totalmente falso afirmar que la actualización del modelo es un cambio no solo económico, sino también político y social, porque si se parte de la presencia limitada de los pequeños negocios privados y las cooperativas, no se puede interpretar como una reducción de la estatización y el predominio de nuevas formas de propiedad.

En la ralentizada "actualización del modelo" predomina más lo político y el voluntarismo que lo económico. Eso explica por qué las estructuras económicas y gubernamentales continúan atrapadas por la inhibición y el inmovilismo. El gobierno es el único responsable de la demora en la concreción del proceso de actualización del modelo económico.

 

 

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