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La corrupción infecta a la economía cubana

Osmar Laffita Rojas, en Primavera Digital

Capdevila, La Habana.- En el diario Granma del pasado 28 de junio en un trabajo de las periodistas Leticia Martínez Meneses y Taima Puig Meneses, se informó sobre la reunión del Consejo de Ministros presidida por el presidente Raúl Castro que analizó los resultados de la economía en el primer semestre y el estimado para lo que resta del año.

A pesar de ser el principal indicador para conocer con exactitud el verdadero crecimiento de la economía, las periodistas no dieron a conocer acumulado del Producto Interno Bruto (PIB) del semestre, que para el presente año está fijado en un 2%. .

En la reunión, Gladys Bejerano, Contralora General de la República, presentó un informe acerca del comportamiento de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa.

Estos problemas aún persisten, con un daño significativo para la economía y la sociedad. Los hechos delictivos que ocurren en las empresas y las Unidades Empresariales de Base (UEB) ponen de relieve que las acciones desarrolladas para disminuirlos no han tenido el efecto deseado: todavía persiste el descontrol y la impunidad.

De acuerdo a la Contralora, en 2015 se reportaron daños por más de 5 280 000 dólares, originados por el desvío de recursos para su venta ilícita en el mercado negro.

Las dependencias del Estado donde tuvieron mayor incidencia estas ilegalidades fueron los ministerios de la Agricultura y de Comercio Interior, junto con el Consejo de la Administración Provincial de La Habana, que se llevó las palmas con los mayores casos de corrupción reportados.

Los recursos que han sido de mayor interés para los delincuentes de cuello blanco, dada su alta cotización en el mercado negro, fueron los medios informáticos, el combustible, los materiales de construcción, las piezas y neumáticos.

Estos robos se originan porque las administraciones no aplican el adecuado control sobre estos recursos.

El descontrol generalizado existente es el caldo de cultivo para las acciones delincuenciales.

En muchas entidades pasa más de una semana sin ser depositado el efectivo y no hay una reacción inmediata frente a estos incumplimientos. La mayor incidencia de tales prácticas se reportan en los establecimientos del comercio, la gastronomía, y el sector agroalimentarios.

Es excesiva la demora en el reporte de los hechos de corrupción administrativa detectados. De los analizados, el 58 % fue informado luego de 6 meses de ocurridos y un 13 % después de un año.

Bejerano planteó que las acciones para poner fin a los hechos delictivos que ocurren en las empresas, unidades presupuestadas y organizaciones superiores empresariales, no han tenido el efecto deseado.

Prevalece un ambiente de complicidad colectiva con los desvíos de recursos. Y muchos administrativos, amparados en sus cargos, actúan con toda impunidad.

Las manifestaciones de indisciplina social, las ilegalidades y la corrupción fueron objeto de análisis el pasado 6 de julio por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Según se afirmó, el informe presentado por la Contraloría General de la República a los diputados miembros de la Comisión, fue “una aproximación lo más objetiva posible al complejo fenómeno de la corrupción ocurrida en el 2015, sobre todo las causas que la generan y alimentan”, con el propósito de frenarlas y liquidarlas definitivamente.

En dicho informe quedó claro que continúa a toda mecha la sustracción y apropiación de recursos para su comercialización ilícita, principalmente de los materiales de construcción que utilizan las entidades para la ejecución de obras y mantenimiento, y de los establecimientos que venden estos materiales a la población, y de las partes y piezas de vehículos y los neumáticos, que permanecen por años como ociosos en los almacenes.

En el informe de la Contraloría se señala que en 2015 se identificaron 898 hechos de corrupción. De ellos, 784 fueron detectados y analizados por los consejos de dirección de las empresas y 114 continúan pendientes de reportar por las diferentes entidades. 2 200 personas están implicadas directamente en estos hechos, 882 con responsabilidad colateral y de ellos, el 6% no laboraba en la entidad.

Se pudo conocer que La Habana tiene la mayor cantidad de casos de corrupción reportados.

En el informe de marras queda claro que en el 36% de las entidades en que se reportaron hechos de corrupción, están presentes las mismas manifestaciones y modus operandi. Esto demuestra que los directivos de las empresas y sus trabajadores no acaban de asumir el control de los recursos con el que están responsabilizados.

En el informe se reconocen los problemas existentes en la selección de los cuadros, pero se pasa por alto que el principal responsable de que esto ocurra es el Partido Comunista, que es quien da la última palabra en la aprobación del cuadro en proceso.

Las deficiencias que se reportan en la selección de los cuadros se deben a que en este proceso, por lo general, son superficiales las evaluaciones hechas a sus desempeños.

En el informe de la Contraloría se reflejan fisuras en el control de los recursos, preocupantes por su incidencia en la economía.

Ante tanto desvío de recursos, resultan una burla los llamados al ahorro.