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La Constitución cubana es inviable ante las nuevas formas de propiedad

Osmar Laffita, Primavera Digital  

Capdevila, La Habana.- De los diferentes periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrados desde que el equipo de gobierno del General Raúl Castro asumió el poder en marzo de 2008, la más anticonstitucional ha sido el celebrado el pasado 23 de julio.

Si se hace una lectura detallada de los pronunciamientos del presidente Raúl Castro se puede apreciar su total desconexión con los primeros 21 artículos de la actual Constitución, porque esta por ningún lado reconoce el ejercicio de la propiedad privada sobre ninguna actividad económica, a no ser la del Estado, y mucho meno el empleo de mano de obra por propietarios particulares.

La propiedad privada que reconoce la constitución es la de uso personal, también la de los pequeños agricultores sobre su tierra y la de los que deciden agrupar sus tierras en cooperativas agropecuarias.

La actual Constitución solo reconoce el sistema económico de propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, en los que el estado organiza y controla la actividad económica, regida por el principio de la planificación y el plan central de la economía nacional.

En correspondencia al postulado de que Cuba no volverá jamás al capitalismo, la Constitución condena "todo tipo de explotación del hombre por el hombre". Por tanto, tal proceder, tal como está legislado, su proceder es anticonstitucional.

Una muestra de ese proceder anticonstitucional fue la información que brindó al pleno de los diputados Marino Murillo, zar de la economía cubana. Murillo dio a conocer que al cierre de junio tenían licencia de cuentapropistas 390 598 personas. De ese total, en el semestre sacaron sus licencias para ejercer las diferentes modalidades de trabajo privado 223 227 trabajadores por cuenta propia. De ellos, se desempeñan como contratados en cafeterías, pizzerías y pequeños restaurantes, 62 747 trabajadores.

En consecuencia con la nueva política de incentivar el trabajo privado como forma de empleo dirigida a descongestionar las plantillas infladas de las entidades estatales, el Ministro de Economía y Planificación, Adel Yzquierdo Rodríguez, reconoció ante los asistentes al parlamento cubano que el incremento de trabajadores contratados en actividades privadas posibilitó que no continuaran en las plantillas de potenciales desempleados

En una intervención de Marino Murillo en el séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional celebrada en diciembre de 2011, en que explicó la política que se seguiría de ubicación en otras actividades productivas de 450 000 trabajadores, anunció que de esa cifra a 130 000 que trabajaban en establecimientos gastronómicos de menos de cinco empleados, se les arrendaría el establecimiento y pasarían a trabajadores por cuenta propia.

En correspondencia con tal política, los diputados asistentes al parlamento del pasado 23 de julio aprobaron que se iniciara el arrendamiento de estos establecimientos gastronómicos, lo cual significará que a finales de año esté incorporado a esta modalidad de trabajo privado más de medio millón de personas.

Junto con esta enorme expansión de la actividad privada en los servicios, se le suma un nuevo elemento no reconocido por la Constitución: la autorización por el Parlamento para la creación experimental de cooperativas en sectores no agropecuarios en las que participen personas que aporten su fuerza de trabajo como asalariados.

Estas cooperativas funcionarán en instalaciones del Estado arrendadas por diez años y su actividad será independiente del control estatal. Esta experiencia comenzará con la creación de 200 cooperativas de producción y servicios. Se espera que la mitad de ellas se organice en los actuales mercados agropecuarios. En principio se tiene previsto que gran parte de ella comience a funcionar en el último trimestre del presente año.

En cuanto a los problemas existentes en la aplicación del Decreto-Ley 259, los diputados reconocieron la necesidad de modificarlo y ajustarlo a las nuevas dinámicas de la explotación de la tierra. Para ello se acordó emitir un nuevo Decreto Ley donde se ampliará la entrega de tierra en usufructo a 67.10 hectáreas (5 caballerías). También se autoriza a los usufructuarios a construir sus viviendas permanentes y con el derecho de usufructo a familiares o personas que trabajan la tierra.

Si bien todas estas medidas de facto ponen fin al predominio de la propiedad estatal en Cuba,  para que tengan reconocimiento de jure el paso a seguir es que el parlamento realice una profunda revisión de la actual constitución, que arroje las enmiendas que las nuevos cambios económicos exigen, porque la letra y el espíritu de la actual Ley de Leyes nada tienen que tienen ver con las medidas aprobadas por los diputados el pasado 23 de julio, las cuales están dirigidas a un cambio cualitativo de la actual estructura de propiedad  vigente en Cuba.

 

 

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