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Juzgar al general-presidente (I)

Nelson Rodríguez Chartrand, en Primavera Digital

San Agustín, La Lisa.- Desde hace ya algún tiempo me ronda en la cabeza la firme idea de enjuiciar al presidente cubano y recientemente, me dispuse a ello.  Escojo  este espacio de libertad para compartir con usted esta experiencia.

Al analizar los motivos que alegaría como fundamento de la demanda, tomé en consideración el hecho de que quien demanda corre con la carga de las pruebas, situación procesal ésta que me pondría en gran desventaja si el motivo de la misma fuera de índole penal, pues como ya he demostrado en otras oportunidades, es precisamente mi demandado, el presidente, quien en última instancia ostenta el monopolio y control de las pruebas judiciales.

Fue por esta razón que opté por establecer demanda por concepto de “Infracción de Preceptos Constitucionales”. En primer lugar, porque las pruebas condenatorias de que dispondría serían suficientes e irrefutables, al emanar y verificarse las mismas en el propio acontecer de la vida de los cubanos, siendo cada ciudadano un ejemplo vivo de ellas, y en segundo lugar, pues porque la Constitución constituye la máxima expresión de la soberanía de los pueblos o lo que es lo mismo, la expresión directa de su voluntad, por lo que el mandatario que la viola, pierde su legitimidad, y por tanto, debe ser sustituido.

Seguidamente me di a la tarea de seleccionar los preceptos constitucionales que a mi juicio han sido violados por mi demandado, a saber:

Artículo 1, en cuanto establece que el Estado cubano se encuentra organizado con todos y para el bien de todos, para el disfrute de la libertad política, de la justicia social, del bienestar individual y colectivo y de la solidaridad humana.

Artículo 9, en cuanto expresa que el Estado debe garantizar la libertad y la dignidad plena del hombre, así como un empleo con el cual pueda contribuir a la satisfacción de sus propias necesidades.

Artículo 26, en cuanto se consagra el derecho a cada persona que sufriere daños o perjuicios por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, a obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que establece la ley.

Artículo 41, en cuanto estipula que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos.

Artículo 47, en cuanto  obliga al Estado cubano a garantizar mediante el sistema de seguridad social la protección adecuada a todo trabajador impedido de trabajar.

Artículo 56, en cuanto establece el derecho de inviolabilidad del domicilio,

Artículo 58, en cuanto expresa que la libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional, así como que nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.

Artículo 60, en cuanto estipula que la confiscación de bienes se aplica solo como sanción, por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley.

Pues bien señores, una vez determinados los motivos incriminatorios que alegaría en el escrito de demanda, vendría la determinación de las pruebas que se propondrían, lo cual no es tarea difícil, les aseguro que cuento con  evidencias y testigos suficientes como para dejar perplejo al tribunal de justicia más incrédulo.

Solamente las heroicas Damas de Blanco me aportarían pruebas más que suficientes de violaciones de cada uno de estos preceptos. Súmase a estas, las que aportarían los miles  periodistas independientes, activistas de los  derechos humanos, y miembros de organizaciones civilistas y políticas, que en su gran mayoría han sido víctimas de todos estos preceptos. Y por último, la gran prueba incuestionable, los millones de trabajadores cubanos que perciben un salario mísero e indigno, que los obliga a delinquir por la subsistencia.

Hasta aquí, espero no le quede dudas de que existen motivos sufrientes para poder al fin deshacernos por la vía de la justicia del dictador cubano, pero… ¿cómo proceder según el procedimiento establecido?

 (Continuará)