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¿Justicia donde no hay estado de derecho?

Osmar Laffita, Primavera Digital

Capdevila, La Habana.- Se repite por séptima ocasión la obra de teatro bufo que las autoridades cubanas han titulado VII Encuentro Internacional de Justicia y Derecho 2014.

Provoca hilaridad escuchar a los administradores de la justicia en Cuba hablar de Estado de Derecho y respeto a la leyes

El director de la obra cómica, Rubén Remigio Ferro, que ostenta el cargo de presidente del Tribual Supremo Popular, (TSP), sabe perfectamente que la Constitución de la República tiene puesta la camisa de fuerza del artículo 5 que señala que el "Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el estado".

La llamada generación histórica que dirige el país desde 1959, que dice poseer según el don de la verdad, se abroga el derecho de desconocer y violar consuetudinariamente la Constitución, en especial los artículos que más le afectan en su proceder arbitrario, como el 74, 75 inciso g, 86, 94 y 99.

Los dirigentes históricos se consideran por encima del parlamento y el pueblo.

De qué justicia hablan Ana María Mari Machado, vicepresidente del Parlamento cubano, María Esther Reus, ministra de Justicia y el presidente del TSP, cuando los pactos internacionales de derechos políticos, económicos y sociales de las Naciones Unidas, firmados hace ya seis años, todavía están a la espera de su ratificación, lo que dice que el Estado cubano no clasifica dentro del numeroso grupo de países catalogados como cumplidores del Estado de Derecho moderno.

Los gobernantes cubanos le han concedido poderes a los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la policía política para detener, encarcelar y con la complicidad de jueces y tribunales, condenar a prisión a una persona sin que se tengan en cuenta sus derechos como ciudadano.

A diario queda demostrado que los cubanos no gozan de ningún amparo legal.

La Ley de Registro de Asociaciones solamente es válida para las organizaciones de la sociedad civil que sirven de polea trasmisora de la política del partido único. Las organizaciones independientes -de prensa, defensoras de los derechos humanos y las libertades civiles y religiosas- están sometidas al acoso, la represión y las golpizas por parte de los aparatos represivos.

Resulta penoso que abogados de países donde se respetan las leyes, donde impera el Estado de Derecho, donde las personas naturales y jurídicas desempeñan su labor sin que las leyes se lo prohíban, hayan participado en ese aquelarre jurídico que fue el VII Encuentro de Justicia y Derecho, en un país como Cuba.

El presidente del TSP sabe perfectamente que la justicia cubana no es independiente.

En Cuba no hay tripartición de poderes, las funciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial las determina y aprueba el Buró Político del Partido Comunista, que es quien dice la última palabra: todos los demás órganos tienen que dócilmente acatar y cumplir.

Para que no exista ninguna duda de esa supeditación al Partido Comunista, el artículo 121 de la Constitución deja bien claro que los tribunales bajo la dirección del TSP constituyen un sistema de órganos estatales que jerárquicamente están subordinados al poder legislativo y al Consejo de Estado.

La Constitución deja claro que la economía cubana está basada en "la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción" y que no se acepta "la explotación del hombre por el hombre" y que la ley establece las regulaciones que garantizan el cumplimiento de ese principio.

Como el gobierno cubano nunca ha respetado las leyes vigentes, se da el caso de que las resoluciones 32, 33 y 42 dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre 2010 y 2013 que flexibilizaron y ampliaron de 179 a 201 las actividades permitidas en el sector privado, no son reconocidas por la Constitución.

La nueva Ley de Inversiones Extranjeras descarta como personas jurídicas a los dueños de pequeños restaurantes privados que dan empleo a miles de trabajadores contratados. De facto son pequeñas empresas pero la legislación que los autorizó solo los reconoce como personas naturales, lo que es una total aberración jurídica.

Solo hay que echar un vistazo a la situación actual de la jurisprudencia cubana para concluir que en Cuba se dista mucho de un Estado de Derecho. La Constitución, los códigos y las leyes se contraponen las libertades y derechos, algo muy diferente a lo que ocurre en las sociedades democráticas, donde las personas y las instituciones gozan de sus plenos derechos y ejercen sus libertades sin ningún tropiezo.

 

 

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