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Inmovilismo, negligencia, cadenas de impagos, males de la agricultura cubana

Osmar Laffita, Primavera Digital

Capdevila, La Habana.- Muchos conocedores de la situación de la economía cubana no encuentran una explicación que convenza de por qué el gobierno de Raúl Castro continuó con la antieconómica práctica de destinar 1800 millones de dólares anuales a la importación de alimentos que en su mayoría se pueden producir sin ningún problema en Cuba.

En 2007, Raúl Castro, en el acto celebrado en la ciudad de Camaguey en recordación a la fecha del 26 de julio, denunció que cientos de miles de hectáreas de tierra aptas para el cultivo estaban cubiertas de marabú y malas hierbas y que esa situación había urgentemente que revertirla y poner a producir esas tierras.

Para ello, en julio de 2008 se puso en vigencia el Decreto-Ley 259 que autorizaba la entrega 13,5 hectáreas de tierra en usufructo. En 2012 fue derogado dicho instrumento legal y entró en vigencias el Decreto-Ley 300 que autorizaba la entrega de 67.10 hectáreas (cinco caballerías).

A tenor con la política dirigida a potenciar la producción agrícola, en el presente mes de enero entró en vigencia el Decreto-Ley 311, pero en el mismo se mantiene la misma cantidad de tierra refrendada en el Decreto-Ley 300, que autoriza la entrega de tierra en usufructo a las persona naturales vinculadas a las Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), algo que el anterior instrumento legal no permitía.

Para tener una idea del mal desempeño de la agricultura cubana, tenemos que según la última actualización del uso de la tierra realizada por el Ministerio de la Agricultura, al cierre del mes de junio de 2013, Cuba disponía de una superficie agrícola de 6’342,418 hectáreas; de ese total, 1’580,000 en estos últimos cinco años se han entregado en usufructo. Aunque resulte asombroso, aún quedan 1’000,000 de hectáreas cubiertas de marabú o mal atendidas.

De la superficie agrícola total, las Empresas Agrícolas, las Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las CCS, destinan en su conjunto a la producción de viandas, granos, vegetales, frutales, café y la cría de ganado, 3’842,418 hectáreas de tierra.

Por lo poco que se ha podido conocer a cuenta gotas, los resultados económicos y financieros en 2013 de las empresas agropecuarias y las UBP no son halagüeños.

Esta situación no es nueva, se repite de año en año.

En la mayoría de las empresas agropecuarias y las UBPC persisten las pérdidas, como resultado de los incumplimientos de sus planes productivos. Para mantenerlas en actividad y no declararlas en bancarrota, el gobierno aplica la perniciosa y antieconómica política del rescate como tabla salvadora. Para ello destina elevadas sumas de dinero por concepto de subsidios y de esta manera detienen temporalmente el descalabro, pero desde el punto de vista económico, realmente están en quiebra. Por sus reiterados incumplimientos productivos, resulta bastante difícil sacar a muchas de ellas de esa situación.

Toda esta negativa situación es el resultado del mal trabajo de los equipos de dirección de estas entidades productivas, atrapadas por el inmovilismo, la rutina, el actuar negligente, la mediocridad.

¿Cómo es posible ser eficiente y cumplir los planes productivos, si en la mayoría de estas entidades productivas, el personal no vinculado a la producción, representa un tercio del total emplantillado?

Tal situación se refleja en los negativos resultados de sus utilidades, lo que les ha impedido cumplir con sus obligaciones fiscales y no poder honrar sus deudas por concepto de créditos concedidos por los bancos. Todo este desastroso incumplimiento de sus planes productivos ha traído como resultado que no se haya podido detener la imparable subida de los precios de los alimentos que se comercializa en la red minorista ni sustituir las importaciones de alimentos.

Hay un malestar generalizado tanto entre los productores agrícolas, como entre los que comercializan los productos de manera mayorista y minorista y el pueblo en general.

Todo sigue igual o peor desde que el 1 de diciembre del pasado año se puso en práctica y de modo experimental en las provincias Mayabeque, La Habana y Artemisas, amparados en el Decreto 318, una nueva forma de comercialización de los productos agrícolas.

A tenor con esa nueva política comercializadora, el 18 de diciembre de 2013 abrió sus puertas el primer mercado de abasto mayorista de producto del agro de Cuba, ubicado en El Trigal, municipio Boyeros, La Habana.

Este nuevo mercado, con 16 000 metros cuadrados, pertenece a la Empresa Provincial de Mercados Agropecuarios (EPMA). Fue arrendada a una cooperativa no agropecuaria integrada por 10 socios, que a su vez han subarrendado 292 espacios a empresas agrícolas, UBPC, CPA, CCS y vendedores mayoristas, nueva figura que el citado Decreto reconoce, y que son quienes se ocupan de vender sus mercancía al por mayor.

De acuerdo a los precios en que las diferentes formas productivas comercializan sus producciones en El Trigal, decir que estos son mayoristas es una broma de mal gusto y una burla a las personas naturales y jurídicas que con el pago de 0.12 centavos de dólar pueden acceder en calidad de compradores a dicho mercado.

Las primeras quejas que se escuchan después de recorrer los diferentes lugares de venta, es que los productos están más caros que el año pasado.

Nadie esconde que se especula con los precios, que son realmente abusivos. No hay bolsillo que aguante.

El kilogramo de malanga hay que pagarlo a 28 centavos de dólar.

La col se vende por unidad a 0.44 centavos de dólar, por eso en la calle hay que pagarla a 0.60 centavos de dólar.

Las cajas de tomates hay que pagarlas a 11.20 dólar, es por ello que en los diferentes puntos de venta y carretilleros en la capital el kilogramo de tomate hay que pagarlo entre 0.64 y 0.80 centavos de dólar.

La caja de plátano fruta se oferta a 2.80 dólares, razón por la que en todos los punto de venta minoristas hay que pagar por un plátano 0.04 centavos de dólar.

El mazo de cebolla en las primeras horas de la mañana se oferta a 0.32 centavos de dólar; luego, cercano al cierre, lo rebajan a 0.24 centavos de dólar. Los productores le dicen al cliente que aunque tengan que regresar con la mercancía, no la pueden bajar más, porque según ellos, pierden. Esta es la razón por la que en toda La Habana un mazo de cebolla hay que pagarlo, de acuerdo al tamaño de estas, entre 0.40 y 0.48 centavos de dólar.

Esta situación cada día pone más en aprietos los bolsillos populares.

Los que comercializan estos productos en El Trigal, alegan que mientras más barato logren producir, más barato se podrá vender, pero en estos momentos vender barato significa ir a la bancarrota. Se escudan en que en que el pago de los insumos y los paquetes tecnológicos son insuficientes y a muy altos precios; hay adquirirlo a mayores precios por la izquierda, o de lo contrario, la cosecha puede peligrar.

Se alega como causas de los elevados precios mayorista, factores como el exceso de lluvia que han provocado serios daños a los cultivos, los bajos niveles productivos, el pago de la trasportación, los altos precios del arrendamiento de los locales y el pago de los trabajadores contratados que es alto.

Como la población tiene que comer, se abusa de los altos precios minoristas de los productos del agro. Hasta el momento no se vislumbra que bajen. La esperanza de que baje está cifrada en las empresas agrícolas y las UBPC, pero resulta difícil que esto se alcance por el momento por los desastrosos resultados que reportan en su actividad productiva.

 

 

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