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Extorsión al sector privado

Si no les pagas lo que te piden, eres multado. La pequeña empresa privada en Cuba es frenada por la corrupción estatal

Osniel Carmona Breijo, en Cubanet

LA HABANA, Cuba.- A pesar de que la variante de ‘trabajo por cuenta propia’ se considera uno de los pilares en la reanimación del modelo económico cubano, el desarrollo cotidiano de estas pequeñas empresas privadas se enfrenta a la gestión corrupta de los cuerpos estatales que controlan la actividad.

Cada vez más personas manejan un negocio propio en la isla. Según el gobierno, el número de emprendedores ya ronda el medio millón, sin embargo la tasa de crecimiento se encuentra estancada y la estadística apenas constituye el 4% de la población.

Sin embargo, los ‘cuentapropistas’ (pequeños empresarios) no pueden elegir asociarse libremente o inyectar capital extranjero de manera directa a su negocio. Por demás, los nichos económicos autorizados se rigen por un sistema de limitantes para la competitividad y expansión de la pequeña empresa. Disposiciones burocráticas como las que regulan el comercio especulativo, el uso de espacios públicos y la venta de mercancías de factura industrial, crean lagunas legales que aprovechan los funcionarios para pedir sobornos.

Privados vs. Estado corrupto

Serafín Zulueta, dueño de una cafetería desde principio de los 90, asegura que todos los trabajadores independientes en algún momento entregan dinero a las autoridades para facilitar trámites administrativos o comprar el favor de funcionarios durante las inspecciones.

Para abrir su negocio, emplazado en una superficie estatal, tuvo que sobornar “a la gente de Vivienda” para que le asignaran el terreno, y a través del tiempo “me hice amigo de inspectores Generales Integrales, de Salud Pública, Vivienda, Precios y Finanzas, de la Empresa Eléctrica. Me ha costado cualquier cantidad de dinero, pero si no lo hago aparecen las multas y los ‘peros’, me sale más caro”.

Otras víctimas del fenómeno son los carretilleros, quienes después de la suspensión del ejercicio comercian gracias a la “colaboración” de los funcionarios a cargo de impedir precisamente que realicen sus ventas.

Yasser Soler, un carretillero de La Habana Vieja, expone el contrato ilícito entre los miembros de esta modalidad del cuentapropismo y los inspectores.

“Avisan (los inspectores) cuando podemos trabajar, se hacen los de la vista gorda y nos dejan salir a vender, casi siempre después del mediodía. Pero no es gratis, a cambio hacemos una colecta entre todos y damos más de 600 pesos diarios al que pase a recoger”, relata Soler. “Ya somos once carretilleros (pagando), como están las cosas nos conviene porque no tenemos otra cosa para mantener la familia”.

Buitres en la carretera, el precio de rodar

En una sociedad donde todos buscan un recurso extra para subsistir, la corrupción llega a interpretarse incluso, como una forma permisible de explotación entre compatriotas. Y en el sector público se encuentran las figuras que mayor ventaja pueden sacar de la situación. Ni siquiera el cuerpo más representativo de la ley, la policía, se mantiene al margen de la problemática.

Comúnmente los ‘boteros’ (taxistas), a bordo de autos americanos de la primera mitad del siglo pasado que, aún remotorizados con piezas modernas, no cumplen con los requisitos técnicos para circular, son presas de los Oficiales de la División de Tránsito.

Eugenio Cordoví, conductor de un Mercury del año 54, cuenta que existen dos vertientes usadas por los agentes para sacar dinero a los transportistas privados. En primer lugar, destaca al sistema de multas acumulativas de puntos a la licencia de conducción, y luego la tenencia del somatón técnico de los vehículos.

Según Cordoví, “cuando te paran en la carretera siempre te cogen por algún lado, estos trastes están tan desbaratados que no tienes que haber cometido ninguna infracción del tránsito. Es mejor no cuadrarse y entenderse, por suerte (los policías) al final quieren lo que todo el mundo, buscarse unos pesos para completar el mes”.

Amplía que cuando las multas impuestas sobrepasan los 36 puntos, automáticamente la licencia de conducción queda inhabilitada por un periodo que puede exceder el año.

“Ese es otro negocio, ahí si quieres recuperar la licencia para empezar a trabajar, tienes que buscarte al policía indicado y soltarle por lo menos 2 mil pesos. Por ese billete te la consiguen con el registro limpio”, dice.

Una cifra similar se requiere para costear el proceso de inspección correspondiente al somatón, aporta Víctor Madera, propietario de un Ford de 1958.

“La gente muchas veces ve un cacharro de esos circulando y se pregunta cómo puede ser posible, ahí tienen la respuesta”, indica Madera.

Toma chocolate, y paga lo que debes

En Managua, en el municipio Arroyo Naranjo, los cuentapropistas son extorsionados por un grupo de inspectores que exigen una suma de dinero semanal para no hacer valer las disposiciones que prohíben a los comerciantes privados vender artículos industriales, según informa Jorge Chacón, trabajador de un negocio de artesanías.

De acuerdo con Chacón, temprano en las mañanas de viernes una pareja de inspectores cobra entre cincuenta y cien pesos a cada uno de los más de quince cuentapropistas que se agrupan en el área habilitada por el gobierno local para ejercer la gestión no estatal de empleo.

A la extorsión, expone, los cuentapropistas le llaman “el pago del sindicato”, solo que “no pagas para que te defiendan, sino para que no te molesten”.

“Empezó para evitar una multa, pero (los inspectores) le cogieron el gusto. Incluso, está viniendo siempre una pareja diferente. Pasan por los puestos, estiran la mano y se acabó”, comenta Chacón.

Otro vendedor contratado que se identificó como Alexei, amplía que quienes pagan el soborno son dueños de “mesitas” donde se venden principalmente útiles del hogar, piezas de plomería y electricidad. A falta de un mercado mayorista, adquieren las mercancías en tiendas convencionales y luego las comercian a precios más elevados.

Según Alexei, para conseguir ganancias que garanticen la rentabilidad del negocio, resulta necesario expender artículos de procedencia industrial. “Por eso la gente prefiere pagar y no quejarse”.