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El negocio privado en Cuba, rehén del mercado negro

Osmar Laffita, Primavera Digital

Capdevila, La Habana.- Todo indica que a propósito de la Declaración de La Habana", documento final de II Cumbre de la CELAC, el diario Granma, para mandar un mensaje del desempeño de los pequeños negocios privados autorizados en Cuba, el 31 de enero publicó un extenso trabajo, realizado por un equipo de cinco periodistas, titulado "Expectativas por cuentapropia".

Dicho trabajo periodístico está marcado por las expresas prescripciones que le impone a la prensa oficial el Departamento Ideológico del Partido Comunista, en las que están prohibidas las valoraciones sobre los actuales problemas que confrontan los dueños de los pequeños negocios privados.

Las primeras medidas legales puestas en vigor por el presidente Raúl Castro estuvieron dirigidas a flexibilizar la actividad privada en Cuba, que el anterior gobierno de Fidel Castro redujo prácticamente a cero.

Primero entró en vigor la Resolución No. 32 de octubre de 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que se autorizaba el desempeño de 178 actividades.

Al año de estar en vigencia la citada Resolución, el 6 de octubre de 2011 entró en vigor la Resolución No. 33 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que estableció el reglamento para el desempeño de la actividad privada y derogó la Resolución No. 32.

La novedad de la Resolución No. 33 fue que se elevaron a 181 las actividades privadas autorizadas, solamente 3 más que en la anterior Resolución.

Como muestra de esa visceral política de manipular y silenciar las informaciones que al gobierno no le conviene que sean del dominio público, los periodistas de Granma, en su trabajo, pasaron por alto que el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, en su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 7 de julio del pasado año, dio a conocer que en la actividad privada estaban involucradas 436 342 personas.

En esa misma intervención, Murillo explicó a los diputados que aquellos que tenían la licencia de modista o sastre a lo que realmente se dedicaban era a la venta de ropas, calzado y bisutería importadas. Esto, dijo, no se podía tolerar y anunció que a los efectos se dictarían las normas jurídicas que pusieran fin a estas violaciones e indisciplinas.

En el trabajo de Granma se omitió que en correspondencia con esos planteamientos de Murillo, el 26 de septiembre de 2013 entraron en vigor las resoluciones 41 y 42 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La primera puso en vigor el nuevo reglamento que norma el desempeño de las actividades privadas y la segunda elevó a 201 la cantidad de actividades que se autoriza a desempeñar y fija los alcances y límites de cada una.

Sin importarle que en la venta de mercancías importadas estaban involucradas -entre los dueños de estos pequeños negocios y los trabajadores contratados- más de 100 000 personas, tomó la decisión de poner fin a esta actividad.

A dichos efectos, el 2 de noviembre de 2013 la prensa oficial publicó una información rubricada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que señalaba:

"1.- En el caso de los que se desempeñaban como "modista o sastre y productor vendedor de artículos varios de uso en el hogar", se ha manifestado por un número considerable de trabajadores el interés de que se conceda un plazo para liquidar los inventarios. Con ese propósito se ha aprobado excepcionalmente que puedan realizarlo hasta el 31 de diciembre.

2) En virtud de lo anterior se ratifica la firme determinación del Gobierno de no permitir violaciones de ningún tipo a las decisiones adoptadas o que se adopten en el futuro."

Con tales medidas legales, quedó claro que si el despliegue y consolidación de los pequeños negocios privados afecta las ventas minoristas en dólares de los establecimientos propiedad del Estado, sencillamente se le pone fin, como ocurrió con la venta autorizada de artículos importados, sin importarle que miles de personas se queden sin trabajo.

Los periodistas de Granma afirman en su trabajo que el despliegue de los pequeños negocios privados le ha permitido al Estado liberarse de un numeroso grupo de prestaciones menores que representaban una considerable carga económica.

Pero Murillo pone en tela de juicio tal información.

En torno a este asunto, el zar de la economía cubana, en su intervención en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada en diciembre, planteó que el Estado destinó 304 millones de dólares para garantizarle los insumos y alimentos a los 34,000 establecimientos gastronómicos pertenecientes al Ministerio de Comercio Interior.

En estos momentos, decenas de miles de trabajadores continúan como empleados de estos ineficiente e improductivos establecimientos gastronómicos, los cuales están plagados de robos, engaños al consumidor y desvío de recursos que se comercializan en el mercado negro y con los que se garantiza el suministro de mercancías a los pequeños negocios privados dedicados a la elaboración y venta de alimentos.

Directivos de Comercio y Gastronomía de los municipios y las provincias están involucrados en una generalizada corrupción.

Los periodistas de Granma ocultaron que la política del gobierno cubano hacia expansión de los negocios privados va en dirección opuesta a la Declaración de La Habana, aprobada en la II Cumbre de la CELAC, que en su apartado 18 señala: "reconocemos la valiosa contribución del sector privado, de la sociedad civil y de los movimientos sociales".

Pero este no es el punto de vista del presidente Raúl Castro, porque Murillo les dijo a los diputados que la prioridad al acceso al mercado mayorista será de las cooperativas y no de los dueños de los pequeños negocios privados y que estos tendrán que tributar un 50% más de impuestos y contribuciones que las cooperativas.

Es política del Estado cubano ralentizar mediante altos impuestos la actividad privada, para evitar la consolidación y expansión de una clase media adinera e influyente. Esa es la explicación por la que prioriza que las personas naturales estén asociadas en cooperativas antes que individualmente se dediquen a actividades privadas. Es por ello que no habrá prioridad para que los dueños de los negocios privados tengan acceso a los suministros mayoristas.

Esto ha conducido a que desde el preciso momento que se flexibilizó la actividad privada, hace tres años, los dueños de estos pequeños negocios, para poder mantenerlos abiertos, irremisiblemente han tenido que pactar con los que controlan las redes de ventas de las mercancías que necesitan y que solo se encuentran en el mercado negro. Pero estas mercancías tienen que pagarla tres y hasta cinco veces por encima del valor al que se venden en los mercados mayoristas del Estado, lo cual se traduce en los altos precios en que están obligados a vender los productos que ofertan en sus establecimientos. Es la única manera de poder pagar los altos impuestos que les imponen las autoridades.

Tal situación ha provocado un efecto negativo, que se contrapone a la campaña anticorrupción que paladinamente llevan a cabo las autoridades cubanas.

Se da el caso de que en estos momentos son los negocios privados los que incentivan y propagan los negocios ilegales que cada día cobran mayor fuerza en sectores tales como el comercio, la gastronomía, la construcción, la agricultura y el transporte.

 

 

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