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El informe desconocido de un Relator Especial dado a conocer en La Habana

Maikel Pardo Valdés, Primavera Digital

Párraga, La Habana.- Nos toca ahora reflexionar en los argumentos que basados en la razón nos permiten esgrimir la verdad como arma valedera ante los ojos del mundo y principalmente de nuestro pueblo. Pueblo que ha sido engañado y programado en el desconocimiento de la libertad de opinión y de expresión, ajeno a que es el propio estado quien tiene la obligación de promulgar y facilitar la posibilidad de contar con espacios públicos para ello. Pueblo que ignora que es legítimo recibir financiamiento de organizaciones internacionales.

Este es el pretexto utilizado por el gobierno para tildar al opositor de mercenario, acusarlo de traidor y despojarlo de su estatus de ciudadano. Así banaliza una labor cívica sin tener en cuenta que es un derecho por demás recogido en el Documento de los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas de los cuales Cuba es signataria.

Entonces, no los ratifican por ser conscientes de que por su carácter vinculante, les colocaría en una posición de compromiso legal en la esfera internacional. Esto evidencia una dinámica gubernamental basada en la más burda manipulación con la finalidad de perpetuarse en el poder.

En la agenda de trabajo del evento, que tuvo lugar en el domicilio del promotor ciudadano Antonio G. Rodiles, se trataron diversos temas de interés:

-El Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el keniano Maina Kiai, fechado en 24 de abril de 2013 y dado a conocer durante el 23º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Tema 3 de la agenda, ‘Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo’.

-La liberación incondicional de todos los presos políticos, la promulgación de una amnistía, así como el reconocimiento de la existencia de este estatus de presos políticos en Cuba.

-Sensibilización para con los familiares de los presos de conciencia, para los que se encuentran en huelga de hambre, para con las Damas que son reprimidas inhumanamente por el simple hecho de exigir pacíficamente libertad para su pueblo.

-Eliminación o derogación de la Ley de Peligrosidad Pre-delictiva.

Se analizó el contexto político, social y económico en que realizan su labor de activismo cívico los actores de la verdadera sociedad civil cubana.

Se abogó:

Por una realidad de vida donde las libertades sean la regla y no la excepción. Un clima gobernativo donde prime la tolerancia, el respeto y se aplique el principio de presunción de inocencia, donde el mero hecho de pensar diferente, de disentir no sea punible, donde el optar por otra posición política no se tipifique como delito.

Por la libertad de asociación y de reunión, como componente fundamental integrante de vital importancia para la labor de los actores de la sociedad civil que promueven la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por el derecho a poseer un espacio público donde fomentar el debate y el intercambio con la comunidad, en particular con el sector juvenil, que se caracteriza por su dinamismo y constituye la masa crítica gestora del cambio social.

Por la libertad de acceso a la financiación.

Por el derecho de cada ciudadano, de forma individual o colectiva, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objetivo expreso de promover y proteger por medios pacíficos los derechos humanos y las libertades fundamentales en concordancia con lo planteado en la Declaración Universal promulgada por Naciones Unidas, y que por ende, el Estado no lo tipifique como conducta delictiva.

Que la maquinaria mediática gubernamental cese con su desgastado discurso de invocar la supuesta protección de la “soberanía nacional” frente a la llamada “injerencia externa” como principal razón para restringir el activismo cívico, así como la financiación extranjera, utilizado esto además como plataformas de campañas de desprestigio a quienes reciben dichos fondos y colocándoles en una posición poco ética y moral anta una población que desconoce cómo funcionan realmente estos mecanismos.

Permeada por una programación dogmática que entre otras cosas presenta a la financiación extranjera como estigma y a las diversas organizaciones de la sociedad civil, como nuevas forma de imperialismo o neocolonialismo, así, incitan a las masas a combatirlas mediante un discurso que vergonzosamente posee peligrosos visos de nacionalismo. Estos son hechos particularmente alarmantes. En realidad, son víctimas de actos violentos de hostigamiento ciudadanos comunes, hombres y mujeres que como miembros comprometidos con el bienestar de su nación, forman parte de asociaciones que promueven los derechos humanos y las reformas democráticas.

Paradójicamente, esa misma cúpula gubernamental que se da a la tarea de estigmatizar a quienes, como personas naturales, reciben fondos del extranjero, reciben de igual modo financiamiento exterior, ya sea este en forma de préstamos o de programas de asistencia para el desarrollo y, claro está que en cifras considerablemente superiores de lo que pueda llegar a las organizaciones de la sociedad civil.

No existen mecanismos donde la población pueda exigir reportes de su entrada y posterior utilización, debido a la no existencia de un Tribunal de Cuentas donde el Estado se vea obligado por la ley a dar participación a la ciudadanía, mediante alguna organización de la sociedad civil creada para este fin, y que sirva como garante, digamos, en el proceso inversionista.

No debemos permitir que nuestra labor se vea empañada ante los ojos de la comunidad al llevar a la población la gestión del conocimiento mediante la implementación de políticas educativas y de acción pacífica.

Debemos neutralizar la tergiversación o la utilización de argumentos espurios por parte del gobierno cubano, como supuesta sedición o vulneración de la soberanía del estado, excusa ilegitima y pretexto falaz que para nada satisface las necesidades de una sociedad democrática.

Hay que garantizar la existencia de opiniones diversas que se constituyen en una oportunidad para el dialogo, la tolerancia y el entendimiento mutuos. Todo como parte de la mecánica de una sociedad plural, donde convivan intereses diversos y contradictorios que buscan una canalización para su adecuada expresión.