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El debate constitucional en Cuba: dos alternativas

Una Constitución que, como un sistema inmunológico fuerte, nos defienda contra todos los vendedores de milagros, los mesías, los autócratas, los caudillos, los aspirantes a dictador

Manuel Cuesta Morúa, en Cubanet

LA HABANA, Cuba -El pasado 9 de junio el semanario Trabajadores reseñaba en uno de sus artículos, titulado “¿Una nueva Constitución?”, un texto aparecido en el blog La Joven Cuba con la entrada: “Cuba ¿tiempo para una nueva Constitución?”  Un evento en los medios oficiales que merece acercamiento.

Trabajadores aprovechaba también la oportunidad para destacar, a su vez, un segmento de los debates que existen en la web sobre temas constitucionales, inconexos por cierto, donde destaca las opiniones de especialistas sobre la adecuación o no de la actual Constitución cubana a los tiempos que corren, y la consiguiente necesidad de que sea cambiada o reformada.

Es esta una noticia excelente que saludamos desde la iniciativa ciudadana Consenso Constitucional. Que una publicación vinculada al Estado comunique a todos los cubanos, dentro y fuera de la isla, de la existencia de una corriente académica e intelectual -asertiva o ligada con el poder o la ideología oficiales-  que ve como urgente una profunda controversia en torno a la Constitución, reconduce toda la discusión de las reformas en Cuba al plano fundamental: el de las reglas del juego que, como las leyes del tránsito, deben regular civilizadamente la convivencia social y el tipo de relación entre los ciudadanos y el Estado. Es este un debate del que debió informarse, por ejemplo, previo a la discusión y reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras recientemente aprobada. No precisamente por el pueblo.

No obstante, se trata de un hecho noticioso del poder, inédito de acuerdo a mis informaciones, que muestra al público los nombres de una conciencia intelectual consentida, a la espera de que sus ideas se conviertan además en iniciativa política. A decir verdad, en el 2009 la revista Espacio Laical propició un intercambio acerca del asunto, del mismo modo que lo hizo la revista Temas en el año 2012. Más atrás en el tiempo, un intelectual cubano-americano de cátedra en la universidad de Harvard, Estados Unidos, había hecho una propuesta notable de reforma constitucional, que de seguro debatió al menos con sus aventajados alumnos. Sin desgranar, por otro lado, el tiempo y los esfuerzos que organizaciones de cubanos fuera del país vienen dedicando al tema de la Constitución en Cuba. Lo nuevo aquí es que se saca todo esto de la discusión de cámara para arrimarlo al cubano de a pie. Es como un anuncio de que va a sonar un disparo de salida, reconociendo que ha empezado la carrera en pos de la Carta Magna.  ¿Por qué ahora y no antes?

La propuesta concreta 

La pregunta que sobreviene a continuación es si y cuándo el Estado  -el actor que esta conciencia intelectual y académica considera como el más legítimo-  va a disparar en la línea de salida. Es decir, cuándo del debate profesoral se va a pasar a la propuesta concreta.

Parece que hay cierto apuro en el gobierno cuando un semanario como Trabajadores, que no se le ha ocurrido exigir la publicación del Código del Trabajo recién discutido y aprobado, adelanta el tema del cambio constitucional.  Lo que invita a la cautela.

Hay que estar bien alertas, aunque la mía es optimista, cuando de pronto el gobierno pasa del “sin prisa pero sin pausa”, que a la manera de un mantra pronuncia una y otra vez el presidente designado Raúl Castro, a la prisa habitual de los Estados totalitarios, que de súbito pretenden construir el mejor de los mundos imposibles.

Del silencio oficial sobre un tema impostergable, emerge ahora una corriente de cambio constitucional que no guarda relación alguna con el modo en el que viene operando el gobierno en materia jurídica.

En vez de ir del derecho a los cambios en los hechos, las autoridades cambian la realidad y después analizan cómo modifican la ley; en vez de un análisis general del texto constitucional para determinar su correspondencia con las mutaciones de la realidad, tanto del país como del mundo, se hacen reformas parciales en ámbitos jurídicos específicos sin analizar su relación con el resto de los ámbitos y su necesidad de adaptación  -como si un cambio en un área concreta no afectara al resto del atlas legal; en vez de contrastar los cambios en la ley, y cómo podrían vulnerar o respetar la Constitución, se manda a paseo esta última con el propósito de regular las necesidades prácticas del gobierno y su burocracia, y en vez de dar participación a los ciudadanos en la fase anterior a la creación o modificación de la ley, solo se les informa de la ley creada o modificada, o de la voluntad del Estado de inventarla o cambiarla. En ninguna de estas variantes, el soberano, el pueblo, de donde según el Artículo 3 de la Constitución vigente, -en su parte descifrable-, dimana todo el poder del Estado, puede ejercer la soberanía. Es la maldición latinoamericana de la ley acatada pero incumplida.

La Constitución de 1976

La lógica de este procedimiento es la siguiente: los cambios legales solo se producirán en las áreas de interés del gobierno y de un modo que faciliten y garanticen la gestión del poder en los nuevos tiempos modernos. No es casual que, con toda lentitud, se hayan hecho modificaciones al Código Penal, a la Ley de Inversiones Extranjeras, a la Ley Tributaria y al Código de Trabajo. Áreas en las que el gobierno busca protegerse de la ciudadanía. A favor de esta, los cambios migratorios  -la supresión del permiso de salida que obstruía el flujo torrencial de dinero contante y sonante producido en La Florida-  y la autorización de la compra venta de autos e inmuebles, -el reconocimiento legal de un hecho impuesto por la fuerza y extensión de la corrupción social.

Y de repente el discurso oficial habla, Trabajadores lo es más que Granma, sobre la probabilidad de una nueva Constitución.  ¿Estamos ante otra alternativa constitucional, ahora desde el gobierno? Imaginación posible, desde arriba comienza a mostrarse una ansiedad controlada en esta dirección. Y ya esto es distinto a lo que venía ocurriendo hasta ahora.

El asunto es de suma importancia y obliga a hacer distinciones de contextos. Porque aunque lo parezca, no es lo mismo reforma o cambio constitucional que reforma de la Constitución. La Constitución de 1976 ha sido reformada dos veces, en 1992 y en 2002, sin que ello haya significado reforma constitucional. Ni en su naturaleza, ni en su forma, ni por sus procedimientos.  Una reforma constitucional exige un cambio precisamente en la naturaleza, en las formas y en los procedimientos. De modo que en lo esencial, la Constitución soviético-cubana de 1976 sigue intacta.

Su adecuación, manteniendo los fundamentos originales, es lo que ha venido haciendo el gobierno a través de la inmensidad de decretos-leyes sin codificar, y de las distintas comisiones de estudio o de modificación jurídica. Todo un ajetreo legal que ha alimentado la ilusión de que en Cuba hay un contexto de cambio constitucional donde únicamente ha venido ocurriendo un revestimiento jurídico de los intereses del poder. Solo estamos dentro de un contexto de cambio constitucional cuando se produce un debate abierto al público sobre los fundamentos del Estado. Ello no significa que el debate por sí mismo los cambie, solo quiere decir que en el debate se cuestiona todo: desde la naturaleza del Estado, hasta sus límites, pasando por la relación entre este y los ciudadanos.

¿Regresaremos al rico espíritu constitucionalista nuestro, que defendía la civilidad aún en medio de la guerra y pugnaba por enviar a los militares a sus cuarteles?

¿Qué entiende la elite por cambio constitucional?

El debate intelectual en torno a la ley por parte de lo que se viene conociendo como oposición leal, a la que el historiador cubano Haroldo Dilla llama acertadamente Acompañamiento Crítico Consentido, no debe confundirse con una alternativa constitucional. Ella solo parece abrirse como posibilidad una vez que el discurso oficial permite que este debate se le ofrezca al público.  Y eso es lo interesante: que el gobierno haya dado permiso a la crítica consentida para que filtre sus preocupaciones e ideas a los ciudadanos. Pero el hecho de que el intercambio virtual presentado por Trabajadores carezca de localización física en un espacio determinado y de localización virtual en una web específica es muestra de que cierta conciencia intelectual se mantiene dispersa -en una discusión que de los asuntos legales puede pasar a la controversia agrícola-, aguardando porque el gobierno preste oídos a una exigencia y la convierta en acción política. Y el gobierno parece que comienza a escuchar la calle y a dar curso público a las ideas de cambio constitucional de sus intelectuales, reconociendo de paso que nada es irreversible.  Un gesto importante de legitimación, no imprescindible para nosotros, a las iniciativas que se mueven por este camino.

Y bienvenido…  A las preguntas.  Porque, ¿de qué irá la cosa?  ¿Qué entiende la elite por cambio constitucional? ¿Habrá un regreso a la legitimidad ciudadana que no se invoca en Cuba desde 1939? ¿Volveremos al Estado de derecho, el que protege las libertades fundamentales de las personas, gocen o no de sus derechos civiles y políticos? ¿Se colocarán el Estado y el gobierno de una buena vez por debajo de la ley, de modo que cualquier ciudadano pueda invocarla frente a aquellos? ¿Regresaremos al rico espíritu constitucionalista nuestro, que defendía la civilidad aún en medio de la guerra y pugnaba por enviar a los militares a sus cuarteles? ¿Nos desprenderemos definitivamente del espíritu soviético, que la misma Rusia dejó atrás -claro que para retornar a los zares- que niega de cuajo la diversidad cultural y la pluralidad política consustanciales a nuestra nacionalidad? ¿Dónde quedará el concepto de minorías sin el cual no se logra entender la cultura y dinámica de la sociedad cubana? ¿Se podrá por fin superar la falsa división entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, en la que los primeros parecen gozar de todos los derechos y los segundos merecen todos los castigos, y al margen de la ley? ¿Se defenderán los derechos subjetivos, de modo que un ciudadano pueda iniciar un proceso judicial contra quienes le llamen, y por este orden, mercenario, contrarrevolucionario, gusano y, discúlpenme lo soez, maricón y negro de mierda? ¿Volveremos todos a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario, acabando con una mentalidad y cultura jurídicas que nos considera a todos culpables por definición?

Formular el espíritu de las leyes

La cuestión más importante, entre otras tantas preguntas que podrían formular los abogados constitucionalistas a su modo y los ciudadanos al suyo, es la de la legitimidad, es decir, quién tiene el primer, último y más importante derecho para formular, definir y decidir los qué en el Estado y en la sociedad.

De la respuesta que se le dé a esta cuestión se perfilan dos alternativas que, como dos candidatos en unas elecciones, comienzan a competir por el favor del público -lo fundamental-, y por el favor de los tiempos -lo forzoso.

Es saludable que la respuesta del gobierno se mueva en sintonía con la parte descifrable del Artículo 3 de la Constitución vigente antes mencionado. Si así fuere, es recomendable que su reacción frente a iniciativas ciudadanas como Consenso Constitucional, entre otras, se mantenga en el nivel que parece desprenderse del periódico Trabajadores: el nivel político, no policial.  A fin de cuentas, no tendría mucho sentido iniciar una reforma constitucional al mismo tiempo que se ataca y reprime a los ciudadanos en los mismos derechos que dicha reforma debería proteger.

En tal sentido, las autoridades podrían empezar a escuchar seriamente a los cineastas que promueven una Ley de Cine, a los periodistas que buscan una Ley de Prensa, a la comunidad LGBTI que empuja una Ley por la igualdad del matrimonio, a los religiosos de todas las religiones que pugnan por una Ley de Culto y a las miles de organizaciones que demandan una reforma de la Ley de Asociaciones. Desde ellos mismos.

Pero sin pedir permiso, Consenso Constitucional dio su respuesta a la cuestión de la legitimidad.  Los ciudadanos desde sí mismos, y desde abajo, pueden y deben formular y definir el espíritu de las leyes que rigen para todos.  No el Estado. El origen del constitucionalismo y de las Constituciones está en el derecho a impedir, como habría dicho un buen pensador, que el gobierno haga ciertas cosas. Y los límites al Estado y al gobierno solo pueden provenir de fuentes distintas al gobierno y al Estado mismos. ¿Cuál es una, la principal, de esas fuentes? La ciudadanía. De nuevo.

El debate parece abierto

Esa es nuestra alternativa. Proporcionar unas herramientas, horizontales, sin jerarquías, ni jefes o caudillos, sin notables ni sabios arrogantes, a través de las cuales los ciudadanos, dentro y fuera de Cuba, -los cubanos de afuera importan para algo más que enviar o traer dinero- puedan definir cómo quieren que las leyes expresen sus derechos, sus inquietudes y el modo en que el Estado y el gobierno debe tratarlos.  Las Mesas de Iniciativa Constitucional a lo largo del país están funcionando en esta dirección, recogiendo además la demanda, mediante firmas, de que las nuevas leyes que necesitamos exigen nuevos representantes directamente elegidos por los ciudadanos. Y eso se llama Asamblea Constituyente Ahora. Véanos en www.consensoconstitucional.com y tendrá una mejor idea de nuestra esencia y de nuestros propósitos.

¿Hay otra alternativa? Es probable una desde el Estado, desde lo alto. Y entonces, ¿pretenderá este ocupar el lugar que por esencia y naturaleza no puede asumir: el de los ciudadanos? ¿Intentará conducir el debate a través de las mismas organizaciones, los CDR por ejemplo, que los ciudadanos pagan exactamente para que los vigilen mientras ejercen sus derechos, como siempre nos recuerda el líder Leonardo Calvo Cárdenas? ¿Aprovechará la incultura jurídica de la ciudadanía para ofrecer una reforma precocida, con la excusa técnica de que el pueblo nada ha conocido, nada ha visto y nada ha escuchado sobre el complejo lenguaje de los juristas?

A juzgar por la ansiedad de Estado habrá dos alternativas en el escenario del cambio constitucional en Cuba. Una que reinventa la ciudadanía, desde los ciudadanos, en el proceso mismo de dotarnos de nuevas leyes  -democráticas-, buscando una Constitución que, como un sistema inmunológico fuerte, nos defienda contra todos los vendedores de milagros, los mesías, los autócratas, los caudillos, los aspirantes a dictador presentes y futuros que atacarán, como individuos o como grupos, a la sociedad y sus derechos; y otra alternativa, desde el poder, que intenta retocar, haciendo más aceptable para nosotros mismos y para el mundo, nuestra condición actual de súbditos. Unos súbditos con menos pesadillas sobre sus derechos, dentro de una Constitución que hablará en nuestro nombre para defender siempre y en última instancia al Estado.

El debate parece abierto y hay una elección que hacer.

Pero la mejor crónica a escribir del proceso sería aquella en la que el gobierno cubano ha aceptado el desafío de la competencia de ciudadanos autónomos, cuyo resultado solo podría desembocar en que estos se identifiquen con su propia obra. Lo que nunca ha ocurrido en la historia constitucional de Cuba. Ni en 1901, ni en 1940, ni en 1976.

 

 

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