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Cuando se quiso eliminar el “capitalismo parasitario”

A 48 años, la Ofensiva Revolucionaria no acaba de ser sepultada

Osmar Laffita Rojas, en Cubanet

LA HABANA, Cuba.- Van a cumplirse 48 años desde que, en marzo de 1968, durante la llamada Ofensiva Revolucionaria fueran incautados forzosamente cerca de 40,000 pequeños negocios privados que pasaron a ser propiedad absoluta del Estado cubano.

Tal arbitraria medida fue la inmediata respuesta al discurso pronunciado por Fidel Castro el 23 de marzo de 1968 en la escalinata de la Universidad de La Habana, en el que la emprendió contra los propietarios de los pequeños negocios a los que tildó de “explotadores, enemigos del pueblo y aliados y sostén de la contrarrevolución”, y aseguró que había que ponerle fin a dichos negocios porque eran perjudiciales para la nación.

En consecuencia, el entonces Ministro del Trabajo, Jorge Risquet Valdés, dictó la Resolución No.82 del 25 de marzo de 1968 que, entre otras cosas, señalaba: “Con el fin de erradicar definitivamente el capitalismo parasitario y la explotación del hombre por el hombre, el gobierno dispuso la nacionalización (forzosa, sin indemnización) de todos los establecimientos dedicados a la actividad comercial, de servicios e industrial, explotados por propietarios particulares”.

Al amparo de tan injusta legislación, de la noche a la mañana decenas de miles de personas perdieron sus propiedades y se quedaron sin trabajo.

Hubo que esperar 25 años para que Fidel Castro, sin otra alternativa tras la  desintegración de la Unión Soviética -principal sostén de la economía cubana-, tuviera que autorizar la actividad de los pequeños negocios privados, aunque con muchas restricciones, en el sector de los servicios y la gastronomía.

Para darle visos de legalidad a una medida que Fidel Castro tomaba en contra de su voluntad, se puso en vigor el Decreto-Ley No. 141 del 8 de septiembre de 1993, que autorizaba el desempeño de 117 actividades privadas, para lo cual había que sacar licencias y abonar mensualmente el impuesto correspondiente.

A pesar de las restricciones existentes y la acción punitiva y corrupta de los inspectores, en 1996 se reportó el mayor auge y expansión de los pequeños negocios privados en Cuba. 250,000 personas tenían licencias para el desempeño de diferentes actividades, entre los que sobresalían los dueños de pequeños restaurantes, las conocidas paladares, y los dedicados al arrendamiento de habitaciones a turistas y empresarios extranjeros.

Como nunca fue el propósito de Fidel Castro consolidar la actividad privada, cuando se percató que disponía de dinero suficiente proveniente de sus negocios con Venezuela, China y Brasil, se dio a la tarea de llevar estos negocios privados a su mínima expresión.

La Resolución No.8 del 31 de marzo de 2003 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dejó en pie 107 actividades de las 157 que estaban vigentes hasta ese entonces. Luego, en la Resolución No.11 de 25 de marzo de 2004, se eliminaron otras 40 actividades, entre ellas la de elaboradores de alimentos (dueños de paladares, pizzería y cafeterías).

En el año 2005 cobró auge la “Batalla de Ideas”, dirigida personalmente por Fidel Castro. Fue su particular versión de la Revolución Cultural China. Estuvo dirigida contra todos aquellos que apostaran al desarrollo del capitalismo en Cuba.

Como muestra de esa paranoia estatista, el 11 de marzo de 2005 el MTSS puso en vigor la Resolución No. 9, que mantuvo la negativa de las 40 actividades para las que no se otorgarían nuevas licencias. Así fue que para 2005 se redujo a su mínima expresión la actividad privada en Cuba.

Esta política punitiva contra los dueños de los pequeños negocios, debidamente autorizados por las resoluciones dictadas por el MTSS, contó con el apoyo y la complicidad incondicional de los sindicatos oficialistas, del gobierno y del Partido Comunista.

Cuando Raúl Castro asumió la presidencia, la actividad privada era prácticamente inexistente. Habían sido eliminadas muchas paladares, pizzerías y cafeterías. A inicios de 2008 solo quedaban 110,000 personas con licencia para  ejercer la actividad privada.

Como consecuencia de la irresponsable y voluntarista política de pleno empleo aplicada por Fidel Castro, el gobierno de Raúl Castro se encontró que en las empresas estatales sobraban 1.5 millones de trabajadores. La fórmula para su reubicación laboral  fue permitir los pequeños negocios privados, que estaban en vías de extinción.

Raúl Castro no autorizó los pequeños negocios privados con el propósito de darle marcha atrás a la Ofensiva Revolucionaria, sino para solucionar el problema que significaba el elevado número de trabajadores excedentes.

La solución inicial dada por el gobierno fue la puesta en vigor por el MTSS de las resoluciones 32 del 7 de diciembre de 2010, la 33 del 6 de septiembre de 2011 y la 42 del 6 de septiembre de 2013, que autorizaron nuevamente los pequeños restaurantes, pizzerías y cafeterías, el alquiler de habitaciones y portales y el empleo de personal contratado.

Dichas resoluciones solo reconocieron a los poseedores de estas licencias como personas naturales y no jurídicas.

El gobierno ha autorizado el arrendamiento de establecimientos a sus trabajadores para que realicen trabajos de peluquería, zapatería y relojería. La mayoría de estos establecimientos fueron convertidos en Cooperativas no Agropecuarias (CNA).

De las 498 CNA aprobadas, ya funcionan 389, principalmente en el sector de los servicios, la gastronomía, el transporte de pasajeros y la construcción.

De los 11,000 establecimientos que quedan de la Ofensiva Revolucionaria, hace dos años que la viceministra del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Ada Chávez, explicó que en la política de extender la gestión gastronómica a formas de propiedad privada y cooperativa, se mantendrá la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de producción. Solo se arrendarán los establecimientos y se venderán los equipos, útiles y herramientas, por tanto, no se contempla la venta de establecimientos a particulares ni a las cooperativas

Tal política el pasado año parece que se trabó, porque Ada Chávez, en un encuentro de funcionarios del MINCIN celebrado en septiembre de 2014, dijo que en el año 2015 se arrendarían 9,000 cafeterías y restaurantes a privados y cooperativas, pero todavía se continúa a las espera de saber información hasta donde llegó en ese proceso.

La agencia EFE, en un despacho desde La Habana, dio a conocer el pasado 2 de febrero que la directora de Gastronomía de la Unión de Empresas de Comercio de La Habana, Idalmis Martínez, explicó que de los 230 establecimientos con que cuenta la provincia, se decidió que 117 unidades gastronómicas en el primer trimestre del presente año pasaran a convertirse en CNA.

Como se puede apreciar, a 48 años de la Ofensiva Revolucionaria todavía hay dirigentes del gobierno que plantean que la decisión de traspasar la deficiente, irrentable y corrupta gastronomía estatal a formas de gestión privada y cooperativas se aplicará “de manera gradual, con el fin de mejorar el servicio en esa actividad”.

Así, la Ofensiva Revolucionaria no acaba de ser definitivamente sepultada.