Cubanálisis El Think-Tank   

       

                 Eugenio Yáñez y Juan Benemelis

VIVA LA DEMOCRACIA, ¿PERO CUÁL? (PARTE VI Y FINAL) ¿COMO SERÁ EN CUBA?

                                                        La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando.- Winston Churchill

¿Más documentos constitucionales que democracia?

En los últimos dos siglos se han elaborado 19 disposiciones constitucionales para la República de Cuba. De ellas, quince hasta 1959, y cuatro posteriormente. Algunas duraron muy poco, otras más. La que más tiempo ha estado vigente sin modificaciones fue la Constitución de 1901 (27 años), seguida por la Ley Constitucional de 1959 (17 años) y la Constitución de 1976 (16 años).

Véase el listado de los documentos constitucionales que se han elaborado para Cuba:

  1. Constitución de Joaquín Infante, 1812
  2. Constitución de Narciso López, 1851
  3. Constitución de “El Ave María”, 1858
  4. Constitución de Guáimaro, 1869
  5. Constitución de Baraguá, 1878
  6. Constitución de Jimaguayú, 1895
  7. Constitución de La Yaya, 1897
  8. Constitución de la República de Cuba, 1901
  9. Reformas de la Convención Constituyente de 1928 a la Constitución de 1901
  10. Estatutos para el Gobierno provisional de Cuba, 1933
  11. Ley Constitucional de la República de Cuba de 3 de Febrero de 1934
  12. Ley Constitucional de la República de Cuba (1935) y Disposiciones Constitucionales para el Régimen Provisional de Cuba
  13. Constitución de la República de Cuba de 1940
  14. Ley Constitucional para la República de Cuba de 4 de Abril de 1952 (conocida como los Estatutos Constitucionales del Viernes de Dolores)
  15. Constitución de la República de Cuba de 1940 (restablecida el 24 de Febrero de 1955)
  16. Ley Fundamental de la República de Cuba de 7 de Febrero de 1959
  17. Constitución de la República de Cuba de 1976
  18. Ley de Reforma Constitucional de 1992 (modifica la de 1976)
  19. Ley de Reforma Constitucional de 2002 (modifica la de 1992)

Tras doscientos años de documentos constitucionales de todo tipo (el primero se elaboró en 1812, en Cádiz, España) y diecinueve documentos constitucionales, los cubanos seguimos preguntándonos cuál sería el camino verdaderamente democrático que más nos conviene comenzar a transitar “el día después”, es decir, tan pronto como desaparezca el totalitarismo y comience una verdadera transición hacia... ¿dónde?

La elaboración de tantas constituciones y leyes fundamentales sólo demuestra la inconsistencia e inmadurez cubana respecto al hecho democrático, factor que se ha reflejado en las marchas y contramarchas democráticas, a partir de su creación como Estado independiente en 1902; no sólo en su vida republicana como nación, sino también en los factores políticos del exilio y opositores internos.

Independientemente de las opiniones y criterios de cada quien, y de las posiciones políticas y legales que pueda sustentar con todo su derecho cada cubano, si no se logra crear en Cuba las bases para un verdadero Estado de Derecho seremos derrotados nuevamente por la vida: parece elemental que dos revoluciones en una misma vida son demasiado para cualquiera, y los cubanos deberíamos estar hastiados de intentarlo siempre por la fuerza para terminar en callejones sin salida.

La violencia como opción a lo largo de nuestra historia

A lo largo de nuestra historia en los últimos dos siglos ha habido diversos intentos reformistas, autonomistas, anexionistas, que siempre recibieron desprecio en mayor o menor medida de parte de las posiciones más radicales, representadas en tiempos de la colonia por el abolicionismo y el independentismo, y después de 1902 por los “revolucionarios” de todo tipo, incluyendo en este grupo a los insurreccionalistas, anarquistas, socialistas, abecedarios, guiteristas, “sargentos”, “rebeldes”, miembros del 26 de Julio, miembros del Directorio, “auténticos” (de la OA, no del PRC), y todos los que veían las soluciones de nuestra nación a través de la lucha armada, y miraban de soslayo a todos los “dialoguistas”, políticos “tradicionales”, buscadores de consensos, constitucionalistas,  y demás.

Esta realidad ha sido válida tanto en los 56 años que se vivieron de república independiente como en los 53 que han transcurrido hasta el momento bajo el totalitarismo, y se repite inexorablemente, simplemente con ligeras variaciones de matices de acuerdo a las condiciones y posibilidades de cada momento histórico.

Y, aunque sería un ejercicio de historia plausible, acaso la vía del autonomismo nos hubiera llevado por un camino más sensato, dando tiempo a que madurase el funcionamiento de una sociedad democrática. No sin razón, el mismo José Martí precipitaría el levantamiento armado de 1895, temeroso de que el autonomismo se transformase en la opción para salir del control colonial.

Algo parecido sucedió a fines de 1958, cuando Fidel Castro y los “revolucionarios” de otras organizaciones se negaron a participar en las elecciones, y cuando rechazaron negociar con el presidente electo Andrés Rivero Agüero luego de que ocupase la primera magistratura el 24 de febrero de 1959.

Dentro del país, el enfrentamiento armado violento frente al totalitarismo se desarrolló en los primeros años de la revolución castrista en el poder, tanto en las ciudades como en las montañas, básicamente en la sierra de El Escambray, y fue aplastado a sangre y fuego tras centenares de muertos en combate, infinidad de fusilados, y condenas a largas penas de prisión.

Desde el exterior, la invasión de Bahía de Cochinos-Playa Girón fue el mayor intento de acción armada contra el castrismo, apoyado (a regañadientes, finalmente) por Estados Unidos, pero fue aplastado en menos de setenta y dos horas. Las acciones armadas posteriores desde el exterior, fundamentalmente infiltraciones y ataques comandos con el sostén de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fueron cada vez más esporádicos, y ante la intención de Estados Unidos de no permitir este tipo de acciones desde su territorio, fueron eliminadas totalmente, quedando algunos grupos de cubanos actuando “por la libre” y fuera de la ley, hasta desaparecer completamente. Hoy por hoy, no existen opciones violentas desde el exterior frente al castrismo, y ningún país está dispuesto a facilitar su territorio para actividades de este tipo.

Como hemos visto, muchos cubanos, en sentido general, se han inclinado a lo largo de la historia hacia las soluciones radicales y violentas, considerando que cualquier otra vía para buscar remedios o salidas a las aspiraciones populares no eran más que pérdida de tiempo. Enfoques como éste se manifestaron en el siglo XIX, el XX y en el XXI, aunque cada vez reflejan más la frustración de la larga noche que opciones reales de actuación.

La “vía revolucionaria” para solucionar los temas políticos, como condición sine qua non en nuestra historia, se mezcla con la también “intransigencia nacional”, que hunde sus raíces a partir de que Diego Velázquez fundara la villa de Baracoa. Es conocida la práctica en la Isla, durante toda su vida colonial, de hacer caso omiso a las regulaciones procedentes de la corte madrileña. Fue notoria la tozudez de la aristocracia colonial criolla de no buscar la independencia ante una nueva Haití. Raya la esquizofrenia la política española de “hasta el último soldado y la última peseta” por impedir la independencia de la Isla.

Es legendaria la intransigencia entre los partidos, grupos políticos, tendencias y personalidades entre los conquistadores, los “indianos”, los jefes insurreccionales de las guerras independentistas, los “alzamientos armados” en la República, las vendettas entre las organizaciones revolucionarias, entre los grupos políticos del exilio, entre los opositores actuales de intra-muros.  

Todo ello se corona con el ingrediente del “caudillismo”, única fórmula en la cual se estructuran y organizan hasta hoy día todas las entidades políticas entre cubanos, ya sea en la colonia, la república, el castrismo, el exilio y la oposición interna. Siempre un caudillo por encima de una institución política.

Es a partir de estos tres elementos: 1) la solución de todo hecho político por la vía violenta, 2) la intransigencia y 3) el caudillismo, que el hecho democrático en Cuba no ha podido cuajar. De ahí que si bien la Isla mostró en el siglo XIX colonial una bonanza de riqueza, y en su hecho republicano del siglo XX una economía en vías de desarrollo, tales logros no tienen su contraparte en el real de lo político.

Si bien la clase empresarial cubana siempre ha mostrado su capacidad creadora, como fue en la colonia, la república y en el exilio, al mismo tiempo su casta política ha sido notoria por su incultura, su anti-humanismo, su intransigencia y su inmadurez democrática.

Es tal vez el triste destino de los cubanos, o quizás la oportunidad de buscar y encontrar soluciones al drama nacional que no desemboquen en la explosión violenta, la sangre y el fuego que no solamente no han resuelto los problemas, sino que constituyen un círculo cerrado donde al poco tiempo es necesario regresar al punto de partida.

La definición de quiénes deben ser “los cubanos”

Y cuando decimos que “los cubanos” tenemos que resolver este dilema hay que pensar en todos los cubanos, tanto los que viven en la Isla como los que viven fuera. ¿O no? Para algunos esta pregunta no vale ni siquiera la pena formularla, pero para otros las cosas no son tan sencillas. Y aquí tenemos un primer problema a dilucidar, pues aparentemente no hay criterio unánime sobre el tema.

Para el régimen totalitario en La Habana, los “cubanos” no se definen como los que nacieron en la Isla, sino los “revolucionarios”, los que apoyan a “la revolución”, y últimamente también, por consideraciones absolutamente oportunistas, los que llama “emigrados respetuosos”, y que en general, con independencia de su historia y actitudes anteriores, no tienen discrepancias fundamentales con el régimen de La Habana, y son hasta recibidos con deferencia en la oficina de intereses de Cuba en Washington. Por otra parte, desde una perspectiva opositora, para el “Proyecto Varela”, presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2002, los exiliados (o emigrados) quedaban fuera de los planes y derechos inmediatos para los cubanos, principalmente en el derecho al voto, lo que no cayó nada bien ante una parte del exilio más beligerante.

Para una parte del exilio, cubanos son todos los nacidos en Cuba, independientemente de donde vivan y su actitud ante el régimen totalitario. Entre los disidentes en la Isla, no hay definiciones absolutas e inequívocas sobre este tema, y algunos grupos ni siquiera se han pronunciado sobre este asunto. Para los más “firmes” del exilio, el concepto de “cubanos” abarca a los que viven fuera del país y dentro de la Isla, pero no incluye determinados derechos para los militantes del partido comunista, oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, y a veces hasta ni a los “comprometidos” con la dictadura, en un concepto tan difuso que podría abarcar hasta millones de cubanos si se incluyera en esta categoría, por ejemplo, a los miembros de los Comités de Defensa de la Revolución.

Así las cosas, hay dos preguntas que no pueden soslayarse desde el mismo comienzo del análisis;

1) Una de ellas es: ¿quién tiene razón en este debate, es decir, quiénes deben considerarse cubanos a los efectos de definir el futuro de nuestra nación? Y hay otra pregunta más, muy estrechamente relacionada con la anterior:

2) ¿Esas definiciones sobre el futuro de la nación cubana deben corresponder solamente a quienes vivan en la Isla y han mantenido la ciudadanía cubana, o todos los nacidos en Cuba tienen derecho a decidir sobre ese tema, independientemente de que hayan adoptado una ciudadanía extranjera, por lo que, de acuerdo a la Constitución vigente, han perdido la ciudadanía cubana?

Y se trata de más de un millón de cubanos que a lo largo de más de medio siglo han decidido adoptar otra ciudadanía, principal y mayoritariamente la americana. Y más recientemente, ¿los cubanos, fundamentalmente los que viven en Cuba, acogidos a la llamada “ley de nietos” española, que con esta ley se han convertido en ciudadanos españoles, pierden sus derechos a participar en las definiciones del futuro de la nación cubana?

Como las leyes vigentes en Cuba no reconocen la doble nacionalidad -a pesar de la leonina exigencia de que los nacidos en Cuba que residen en el extranjero solamente reciben el permiso de visitar su propio país si viajan con pasaporte cubano- hay que definir lo siguiente: ¿los nacidos en Cuba que hayan adoptado otra ciudadanía serán considerados ciudadanos cubanos en Cuba, o no? Y en dependencia de esa respuesta, naturalmente, será el derecho que se les reconozca a participar con todas las prerrogativas en los grandes debates constitucionales de la nación.

Este fue un tema central, el de la doble ciudadanía, en muchos de los países del ex bloque soviético que atravesaron la transición, pues se debatía el derecho de las segundas y terceras generaciones de nacionales en exilio, y el de las minorías nacionales en cada uno de los países. En el caso de Armenia, el exilio armenio estadounidense quedó excluido debido a su intención de acaparar el hecho democrático armenio. Y aún se presencia el debate de China ante Taiwán y frente a la enorme diáspora china en todo el sudeste asiático.

Tal vez bastaría con una modificación constitucional que no retire automáticamente la ciudadanía cubana a los nacidos en Cuba que disfrutan de otra ciudadanía en estos momentos. Sin embargo, ¿quién y cómo establecería esa modificación constitucional? Y además, ¿debería hacerse por consenso o por decreto? Si fuera por consenso, ¿cómo se establece tal consenso? Y si fuera por decreto ¿qué gobierno legítimo podría decretar sobre este tema? No son nada fáciles los dilemas que tenemos por delante.

Y esto nos hace pasar muy de cerca con otro problema peliagudo, complejo, y generador de innumerables interpretaciones y pasiones: ¿tenemos condiciones reales para comenzar de inmediato con una democracia “el día después” de la caída del totalitarismo, o no nos quedará más remedio que experimentar con un proceso de “dictablanda”, es decir, con un gobierno con suficiente poder autoritario para establecer determinadas regulaciones que impidan el caos, aunque tenga que ser a la vez respetuoso de determinadas instituciones del Estado de derecho, en lo que se crean las condiciones para un funcionamiento pleno de la democracia en el país?

¿Estaremos en condiciones reales de una verdadera separación de poderes en los inicios de nuestra transición, o deberán mantenerse bajo una misma autoridad los poderes ejecutivo y legislativo, para poder desembarazarnos del marasmo post-comunista, aunque el poder judicial pueda gozar de determinada independencia? Y aun así, ¿quiénes deberían integrar ese poder judicial post-totalitario, y quién debería nombrarlos, y en base a qué criterios?

Disyuntivas complejas y complicadas, donde en determinados momentos lo heurístico pude pesar más que lo lógico o lo mecánico. Al menos, podría pensarse que hay algo en lo que, para comenzar, casi todos los cubanos podríamos estar de acuerdo ante todas estas interrogantes: y es en que no se trata de un dilema sencillo o elemental, sino más bien todo lo contrario, un problema bastante complejo y peliagudo. Pero no hay que desesperarse demasiado ante esta realidad, porque ésta es solamente una de las tantas herencias envenenadas que recibiremos del totalitarismo.

El proceso que culminó con la Constitución de 1940

Algunos compatriotas ven el vaso medio vacío, y consideran que debemos enfrentar una tarea monumental que solamente podrán culminar generaciones posteriores, porque las actuales han sucumbido al borrado cívico provocado por el totalitarismo, o porque el exilio ha alejado físicamente a los cubanos de su patria por tanto tiempo que ya no tiene sentido pretender comenzar de nuevo en la Isla.

Otros lo ven medio lleno, y son muy optimistas en cuanto a que la reconstrucción nacional resultará una tarea (en términos históricos) relativamente breve, incluida la socio-sicológica, y señalan, no sin razón, que ya en dos ocasiones, al terminar la Guerra de Independencia en 1898, y tras la caída de la dictadura de Gerardo Machado en 1933, el país se encontraba desvastado, y sin embargo fue capaz de resurgir de sus cenizas en plazos insignificantemente breves.

Este optimista criterio resulta atractivo, pero no se puede olvidar que tanto en 1898 como en 1933 los nuevos poderes resultantes recibieron determinadas instituciones estatales establecidas y que funcionaban mejor o peor, pero tras la larga noche del totalitarismo las instituciones oficiales que se recibirán serán una caricatura de una verdadera administración pública, cargadas de enfoques ideológicos y clientelismo partidista, sin el más mínimo respeto por la legalidad y la meritocracia, y la sociedad civil cubana post-totalitaria sin dudas resultará una fantasía cargada de deseos más que una deteriorada realidad, que habrá que comenzar a reconstruir urgentemente desde bases muy endebles.

Para algunos cubanos, hay una solución inmediata que ven relativamente sencilla y fácil: restablecer la Constitución de 1940, y a partir de ahí realizar todas las adecuaciones que resulten imprescindibles para traer al presente un documento elaborado hace ya setenta y dos años. Tal tarea no asusta a quienes piensan que la Constitución de Estados Unidos tiene más de doscientos años y con menos de dos decenas de enmiendas posteriores sigue siendo un instrumento totalmente efectivo y práctico para esa nación, o que Inglaterra no cuenta con una Constitución escrita y sin embargo resulta la democracia más antigua y longeva del planeta.

Naturalmente, esas referencias a las constituciones de Estados Unidos e Inglaterra son exactas y están fundamentadas. La dificultad en el caso cubano consiste en que ni ingleses ni estadounidenses cuentan con regulaciones constitucionales tan estrictas como las que existen en esa Constitución cubana de 1940, que definen, por ejemplo, cuánto dinero se debe destinar para pagar el sueldo de los maestros en las escuelas públicas del país, o establecen que todos los cargos públicos son incompatibles con el de congresista, con excepción del de profesor de la Universidad de La Habana (en aquel momento no existía más ninguna universidad en el país), ni tampoco esas constituciones extranjeras establecen regulaciones que tranquilamente podrían ser consideradas “socialistas” o muy cercanas a esta ideología en el pensamiento político contemporáneo.

La Constitución de 1940 fue producto de un consenso ejemplar establecido en la Asamblea Constituyente de 1939 como nunca antes ni después se logró en la nación cubana, y los constituyentes electos por el voto popular fueron capaces de intercambiar criterios y proponer alternativas, en ocasiones divergentes y totalmente encontradas, sin insultos ni amenazas, burlas ni descalificaciones, sino con ingenio, paciencia y talento, en una Asamblea Constituyente donde se sentaron a la vez Blas Roca y Santiago Rey, Orestes Ferrara y Carlos Prío Socarrás, Carlos Márquez Sterling y Emilio “Millo” Ochoa, Ramón Grau San Martín y Pelayo Cuervo Navarro, Rafael Guás Inclán y Jorge Mañach, Alfredo Hornedo y Joaquín Martínez Saenz, Eusebio Mujal Barniol y Eduardo R Chibás, Juan Marinello y Emilio Núñez Portuondo, César Casas y Romárico Cordero, José Manuel Cortina y José A. Fernández de Castro, y muchos otros cubanos más, todos muy orgullosos de su papel y su tarea, y todos con la legitimidad de haber sido electos por el voto popular.

Lograron aprobarla finalmente el día primero de julio de 1940 en el poblado camagüeyano de Guáimaro, en homenaje a la primera Constitución de la República en Armas, y quedó promulgada por el Presidente de la Convención Constituyente en la escalinata del Capitolio Nacional, en La Habana, el día 5 de julio de 1940, para que entrara en vigor en su totalidad el día 10 de octubre de 1940. Nunca más los cubanos vivieron un proceso tan sublime de su joven y vilipendiada democracia.

No por gusto el régimen totalitario se ha empeñado a fondo en que las nuevas generaciones de cubanos no conozcan los detalles del proceso de la Asamblea Constituyente, desde las elecciones para seleccionar a los delegados, pasando por las discusiones detalladas durante muchas semanas, desde noviembre de 1939 hasta la proclamación de la Constitución, ni los detalles de las elecciones generales en junio de 1940, donde los candidatos comunistas obtuvieron ridículos resultados comparados con el resto de los candidatos, logrando solamente diez representantes a la Cámara en todo el país. Cómo detalle, sépase que el candidato a alcalde de La Habana en esas elecciones, Juan Marinello Vidaurreta, recibió algo más de 4,000 votos, siendo el candidato menos votado, mientras el alcalde electo recibió más de 90,000 votos.

Para esa ingente tarea de desarrollar la Constitución de 1940 y las resultantes elecciones democráticas no fue necesario importar suizos, australianos o noruegos. Bastó que los cubanos, como nación, reconocieran que ni la fuerza frente a los demás era una solución aceptable, ni tenía sentido pretender la victoria de un grupo determinado desconociendo a todos los demás, cuando resultaba mucho más inteligente y práctico buscar y lograr un consenso donde todos no tuvieran reparos en aceptar los criterios de los demás en la medida que los demás fueran capaces de aceptar los suyos, y que el resultado fuera un criterio consensuado común donde el beneficiario fundamental no fuera un grupo o una cofradía, o personas aisladas, sino la nación en su conjunto.

Aprendieron a preguntarse no quién era quien tenía la razón, sino qué era lo más razonable para el bienestar de la nación cubana. Tal grandeza, honestidad y altruismo colectivos, lamentablemente, tiene carácter excepcional en nuestra historia, y nunca más se ha podido repetir un proceso de tal magnitud. Lo que lejos de desalentarnos, debería ser visto como un gigantesco reto que tenemos por delante para la próxima constitución verdaderamente democrática que rija los destinos de la nación cubana.

Tal maravilla, casi paradisíaca, sucedió solamente una vez en nuestra historia, como ya dijimos, y no duró más de doce años, para colmo: parecía tal vez demasiado bello para ser cierto, así que nos encargamos de echarla abajo y desnaturalizar su propósito. A pesar de que la “democracia” establecida por la Constitución de 1940 tuvo que convivir con gangsterismo, latrocinio, corrupción y malversación en gran escala, al menos cada cuatro años se celebraron elecciones relativamente libres y honestas (1940, 1944 y 1948) y los cubanos podían expresar sus preferencias electorales en las urnas, dentro de un circunstancial respeto a los resultados, o al menos una relativamente elegante manera de cometer los fraudes y los pucherazos.

De lo sublime a lo ridículo

Todo eso se fue al piso el diez de marzo de 1952, cuando un golpe de estado lanzó por la borda la entonces excelente constitución cubana de 1940, porque uno de los candidatos que en esos momentos menos oportunidades mostraba en las encuestas de preferencia electoral para las elecciones de junio de 1952, se hizo cargo del gobierno violentando los mecanismos establecidos, desconociendo esa misma Constitución que durante su anterior período de hombre fuerte había contribuido decisivamente no solo a que se pudiera materializar, sino que la había respetado significativamente durante su mandato presidencial electo en 1940, y había asegurado un cambio y transmisión de poderes limpio y ejemplar al candidato opositor en 1944, frente a la intención de algunos de sus correligionarios y colaboradores de desconocer las urnas y violentar los resultados.

A pesar del golpista recurrente haber posteriormente restaurado el 24 de febrero de 1955 tal constitución profanada, al asumir un período “democrático” después de las dudosas elecciones de noviembre de 1954, que correría del 24 de febrero de 1955 a igual fecha de 1959, lamentablemente ya el mal estaba hecho: como la virginidad, que una vez perdida no puede recuperarse jamás, lo mismo sucedió con la Constitución de 1940: una vez violada en marzo de 1952, el hecho de querer restaurarla era casi como pretender maquillar a una momia o bailar con ella.

Tan poco quedaba por hacer que Fidel Castro mantuvo durante 1955, 1956, 1957 y 1958 -desde la prisión, el exilio o la Sierra Maestra- su absolutamente demagógica promesa de luchar por la “restauración” de una Constitución de 1940 que ya había sido “restaurada” en febrero de 1955 por quien mismo la violó en 1952.

Fulgencio Batista y Fidel Castro, como quiera que se desee presentarlos, y con independencia de las valoraciones y juicios que se puedan sostener sobre cada uno de ellos, fueron los dos grandes violadores de aquella Constitución de 1940: el primero con el golpe de estado “marzista” y los “Estatutos Constitucionales” de abril de 1952, y el segundo con su “revolución popular” y la Ley Fundamental de la República de Cuba del 7 de Febrero de 1959, que en realidad desconocía la Constitución vigente. Ambos, de una manera o la otra, se burlaron del civismo y la grandeza de los constituyentes de 1940, y de los sueños y las esperanzas de los cubanos, y se apropiaron de la República para sus fines personales, el primero por casi siete años, el segundo por casi medio siglo.

Ver a Fidel Castro y a lo sucedido en Cuba en las últimas cinco décadas como algo excepcional es desconocer la historia de la Isla desde su colonización, el caudillismo como rectoría política, y el carácter nacional que nunca llegó a cuajar. La auto-suficiencia individual, a partir de una abismal ignorancia cultural como nación, es un mal nacional reconocido por quienes se han adentrado en descifrar al “cubano”. Fidel Castro es la quintaesencia de esa fobia de precocidad nuestra de vernos y ver lo cubano desde un ángulo hipertrofiado y “excepcional” en cuanto a relevancia social-personal o estatal-internacional. Fidel Castro no es más que el producto de nuestra iliterata inmadurez.

De tal forma, la República que habría que restaurar después de la larga noche del totalitarismo, cualquiera que sea esa república que nacerá de la voluntad de todos los cubanos, parece que no debería ser caminando hacia atrás, hacia la de 1958 ni la de 1952, y ni siquiera la de 1948 o 1944 con todos sus gangsters, pistoleros, malversadores, corruptos y ladrones, sino la del mejor espíritu de la Constituyente de 1940, donde los mejores representantes de la voluntad de los cubanos supieron poner a un lado egos y ambiciones personales para dotar a la nación de un instrumento jurídico capaz de enrumbar al país por los caminos de la democracia, la prosperidad y el progreso.

¿Qué fue, entonces, lo que no previeron esos brillantísimos cubanos? Indudablemente, se les escapó la previsión de mecanismos realistas y efectivos para impedir que algún cubano “iluminado”, cualquier caudillo de barrio o guapetón de a la vuelta de la esquina, inconforme por cualquier razón con la marcha y los designios de un sistema democrático, pudiera pretender forzar el sistema y violentarlo, mediante la fuerza y la coacción.

Se dice, aunque es algo que merece investigación histórica más profunda y que no puede descartarse a priori, que el gobierno del presidente Carlos Prío no resistió el golpe de Batista, pudiendo hacerlo razonablemente (los mandos militares apoyaron al presidente constitucional, y “el hombre” solamente controlaba el campamento de Columbia en un primer momento), por temor a que los “ortodoxos”, punteros en todas las encuestas de preferencias electorales, cumplieran su promesa de llevar a los tribunales cubanos a todos los corruptos y malversadores de los dos gobiernos “auténticos” desde 1944 a 1952, que no eran pocos, comenzando por el propio Presidente de la República y muchos de sus familiares y sus ministros.

Las relaciones Cuba-Estados Unidos

Y entonces, aunque parezca una herejía de leso patriotismo lo que vamos a decir ahora, habría que preguntarse -y dejemos a un lado la hipocresía y el rasgado de vestiduras, así como todo lo “políticamente correcto”- si después de todo esos “yanquis” con los que compartimos, como tantos pueblos en el mundo, esa enfermiza relación de amor-odio, rechazo-envidia, go-home-come-home, no estaban tan desacertados ni eran tan malignos cuando consideraron que nosotros los cubanos, como nación emergente en 1902, necesitaríamos tener una Enmienda en la Constitución de 1901 que proclamaba nuestra independencia, que les permitiera, cuando fuera necesario, intervenir en nuestros asuntos internos para evitar males mayores, o disfrutar al menos de esa amenaza de intervención para hacernos razonar un poco menos apasionadamente y sin “acelerarnos” demasiado.

Sí, sí, griten cuanto quieran, argumenten todo lo que quieran, o hasta insulten si se sienten mejor pidiendo la cabeza del mensajero que viene con las malas nuevas, pero traten de responder fríamente esta pregunta: si Estados Unidos hubiera intervenido en Cuba para retrotraer tanto el golpe de estado de Batista como la “revolución” de Fidel Castro, ¿qué hubiera sido de nuestro país en el año 2012?

Imposible saberlo, claro está, pero al menos podemos estar muy seguros de que algunas situaciones no hubieran sucedido: podemos pensar que ni el marabú hubiera invadido la mitad de las tierras cultivables de Cuba, ni habría que importar café, ni casi dos millones de cubanos vivirían en el extranjero, ni la deuda del país fuera la mayor per-cápita en el mundo, ni hicieran falta 200 prisiones en la Isla, ni los cubanos, aun los más pobres, no sabrían lo que es un mango filipino, un anón, una guanábana, una “frita”, un “pan con timba” o un “rompequijá”.

Eso demuestra la ineptitud del democratismo cubano, incapaz de resolver por sí mismo sus problemas internos. Y afirma la apreciación proveniente de casi todos nuestros insignes patriotas del siglo XIX, y de los cubanos actuales, del necesario rol interventor de Estados Unidos, al punto de calificar como “traición” cuando ello no ha sucedido o no se efectúa.

Es posible extraer alguna lógica de esa sucesión de conflictos, destrucción, reconstrucción, desaparición de antiguos valores, y emergencia de nuevos valores que marcan la Isla a partir de 1959. Es posible achacarlo a la locura e insensatez de los caudillos de turno, y que no logremos descubrir los “planos secretos” de la naturaleza socio-económica de la Isla, de explicarnos el sentido desencontrado de las acciones de los cubanos.

El factor de más peso en el desvío de nuestra historia, desde el siglo XIX, no ha sido propiamente la preponderancia democrática, sino la inacabada formación de la nacionalidad, la falta de virtudes cívicas y administrativas ante la avalancha de eruditos-agitadores que nos han convocado a exaltar la patria obsesiva con sus revoluciones y la histeria nacional-patriotera, y lo siguen haciendo en la actualidad.

La fruta ¿madura?

Entonces, ¿tenemos una maldición los cubanos que nos impide ser independientes o poder labrar nuestro propio destino sin interferencias extranjeras? ¿Es que acaso esa doctrina de la “fruta madura” desarrollada y sustentada por “el imperialismo” tiene algún sentido?

Naturalmente, la respuesta más decente y emocional debería ser, de inmediato: “no, claro que no tiene por qué ser así”. Y con eso todos podemos terminar felices como lombrices y contentos como esperpentos, aunque lo que estemos diciendo se encuentre demasiado lejos de la realidad.

Sin embargo, entonces sería muy legítimo preguntarse, en un plano racional: ¿si no tiene por qué ser así, por qué es que ha sido precisamente así durante casi cinco siglos, y mucho más durante la etapa de Cuba como nación independiente, casi siglo y medio aproximadamente desde el inicio de nuestras guerras de independencia?

Y aquí, hay que confesarlo, las cosas se complican. Durante cerca de cuatro siglos el destino de Cuba estuvo uncido al de España, al ser su colonia más rebelde, pero a la vez la más querida, ese archipiélago al que los españoles se empeñaron en considerar una isla, a la que estuvieron dispuestos a defender hasta el último soldado y la última peseta, y por la que fueron capaces, para recuperar su capital, La Habana, de entregar a Inglaterra toda la península de La Florida en 1763.

Posteriormente, Cuba lo estuvo a Estados Unidos, al menos durante medio siglo, con o sin Enmienda Platt, pero independientemente de las unciones legales y las obligaciones jurídicas, fueron muy fuertes las dependencias psicológicas, que no desaparecieron con la supuesta “revolución”. Todavía hoy muchos cubanos dentro de la Isla llaman “frigidaire” a los refrigeradores, todos dicen “parqueo” y “parquear” (que viene de “parking”) en vez de estacionar, están al día en el “hit parade” de la música americana y las películas que ganan los premios Oscar, y a pesar de los esfuerzos y la propaganda de la dictadura, ni el viejo Din Jotavich ni los “muñequitos” rusos tienen más aceptación entre la población que Mickey Mouse o Supermán. Si Elpidio Valdés es popular en la Cuba castrista es porque resulta una versión cubana de los héroes de los “muñequitos” americanos, no una copia del peor entretenimiento soviético.

Con el castrismo, a partir de 1959, Cuba se separó de los Estados Unidos solamente para pasar a ser dependiente (en realidad colonia) de la Unión Soviética (URSS). Después del “desmerengamiento socialista” europeo entre 1989 y 1991, y tras años de futuro incierto, infinitas penurias y subsistencia precaria de la población en la década de los noventa del siglo pasado bajo el eufemístico nombre de “período especial”, a partir de 1998 la nación fue llevada a depender entonces del caudillo de Venezuela, del ALBA y de la solidaridad “bolivariana”, todo lo cual entró en ascuas a la vez, porque es lo mismo, tras conocerse públicamente del cáncer de Hugo Chávez, desde el 2011 hasta nuestros días, y que aparentemente está resultando algo mucho más grave y complicado que lo que reconoce la propaganda oficial, tanto en La Habana como en Caracas.

Ante todas estas realidades, ¿deberíamos los cubanos permitir que nuestro futuro dependiera exclusivamente de lo que se pueda pensar sobre ello en Caracas, Miami, Madrid, Moscú, Beijing, Hanoi, o cualquier otro lugar? Naturalmente que no. Esta es una respuesta no solo obligada, sino, además, sensata.

De acuerdo, pero entonces, ¿cuál es la propuesta que podemos esperar desde el interior de la nación cubana, y no solamente desde el interior de la isla de Cuba?

Y en estos momentos, aunque nos duela, tenemos que reconocer que no tenemos ninguna, al menos ninguna claramente definida. Así, tristemente, y por mucho que nos lacere, hay que aceptar que no tenemos desde dentro de la Isla ni desde el exilio no ya una respuesta aceptable, sino, simplemente, ninguna propuesta sensata ni ampliamente aceptada de solución, que pueda dar respuesta a nuestras realidades, más allá de formulaciones generales y declaraciones grandilocuentes.

Los lectores podrían preguntarse, y con razón: ¿pero bueno, todo este extenso documento alrededor de la democracia en Cuba, publicado en seis partes, para llegar ahora a esta conclusión, que no nos da una respuesta definitiva? Podrá interpretarse de diferentes maneras: puede parece frustrante que no haya una respuesta exacta, definida y completa ante esta problemática, o puede parecer sensato que sea más honesto decir que no se vislumbra una respuesta definida que pretender ser “servidor de pasado en copa nueva”, como dice el trovador que no cuenta con demasiadas simpatías en Miami.

Parece que llegamos a un pozo sin fondo, o a un círculo vicioso, difícil de ser quebrado. Tal vez en última instancia, al final de este trabajo, no cabe aventurar una respuesta al problema. Pensamos que para descifrar la historia política cubana tendríamos que realizar demasiadas interpretaciones, principalmente podríamos dejarnos llevar por tendencias economicistas, o considerar que el trasunto político cubano es de tipo bio-evolutivo, a lo Charles Darwin. Pese a que cualquiera de estas dos ideas nos fascinan, si lo hiciéramos de esa manera seríamos analistas intuitivos más que racionales.

Es que quizás no halla un solo camino, y en algún momento tendremos que retomar los versos del poeta español:

“Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar”.

Allá quien desee ver la falta de respuesta como un fracaso. Desde nuestra sencilla y humilde percepción, para llegar a las respuestas adecuadas es necesario partir de las preguntas correctas.

Y en esto, al menos, creemos que hemos podido contribuir con determinadas preguntas adecuadas.

Hay quienes se conforman con pretender que conocen las respuestas cuando ni siquiera han escuchado ni están claras las preguntas.

Nosotros no aspiramos a tanto.