Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ESPECIAL REPRODUCIDO EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

 Un análisis de las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas

 

Gabriel C. Salvia y Verónica E. Repond

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

  

Las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas sostienen recurrentemente el compromiso con la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos. Pero, como tratando de exceptuar a Cuba de dichos compromisos, siempre agregan el “respeto a la soberanía y el principio de no intervención”. En consecuencia, la dictadura cubana no produjo ningún avance de apertura política en estos dieciocho años de Cumbres Iberoamericanas y, contrariamente, incrementó la represión en distintos años, especialmente en el 2003 deteniendo y condenando a largas penas tras juicios sumarísimos a setenta y cinco opositores pacíficos, la mayoría de los cuales ya llevan más de seis años injustamente encarcelados. Curiosamente, los delitos por los cuales se los acusó son los derechos y las libertades que las Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas ratifican y dicen promover, pero que en Cuba son consideradas actividades ilegales. Por eso, es sugestivo luego de leer los concluyentes pasajes de estas declaraciones, suscriptas entre 1990 y 2008, el retroceso en materia de libertades democráticas que se viene produciendo en varios países de la región. En consecuencia, sería saludable, por un lado, que la próxima Cumbre Iberoamericana, a realizarse durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en Portugal, incluyera un Comunicado Especial en el cual se ratifique lo suscripto en las dieciocho Declaraciones anteriores en materia de democracia y derechos humanos. Pero en definitiva, si alguna contribución efectiva pueden tener las Cumbres Iberoamericanas para que lo suscripto en sus declaraciones no se convierta automáticamente en letra muerta, es asumir un mayor compromiso incluyendo una cláusula de legitimidad democrática para que los países miembros integren la Organización de Estados Iberoamericanos.

 

Desde 1990 hasta 2008, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha realizado dieciocho Cumbres de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno con sus correspondientes declaraciones finales: Guadalajara, Madrid, Salvador, Cartagena, Bariloche, Viña del Mar, Margarita, Oporto, La Habana, Panamá, Lima, Bávaro, Santa Cruz de la Sierra, San José, Salamanca, Montevideo, Santiago y El Salvador.

 

Al respecto, con mayor o menor énfasis, las declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas sostienen recurrentemente el compromiso con la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto a los derechos humanos. Pero como tratando de exceptuar a Cuba de dichos compromisos, siempre agregan el “respeto a la soberanía y el principio de no intervención”, argumento conocido como “Doctrina Estrada” que también fue utilizado por el gobierno de facto de Honduras luego de despachar al presidente Manuel Zelaya en pijamas hacia Costa Rica. Esta doctrina, considerada obsoleta por muchos analistas y por los gobiernos democráticamente más avanzados, representa tanto el viejo argumento en que se vienen amparando las dictaduras de diverso signo –inclusive la argentina de 1976-1983- como una contradicción para la OEI: ¿Cómo se puede afirmar al mismo tiempo el carácter universal de los Derechos Humanos y señalar la adhesión irrestricta a la no intervención en los asuntos internos? Asimismo, ¿cómo se puede garantizar el derecho del pueblo cubano “a decidir libremente su sistema político” bajo un régimen de partido único que reprime las libertades democráticas fundamentales?

 

En base a estas contradicciones y a la ausencia de una cláusula democrática para integrar la OEI, las Cumbres Iberoamericanas no lograron ni un mínimo de apertura en el régimen totalitario cubano y hasta se incluyeron en varias declaraciones la condena al embargo comercial de los Estados Unidos a la Isla, con lo cual Cuba logra un apoyo a su propagandístico reclamo –donde el resto de los países olvida las confiscaciones a empresas norteamericanas realizadas en los inicios de la revolución y hace oídos sordos a las correspondientes partes del texto sobre Derechos Humanos cuyo sistema legal viola expresa y descaradamente.

 

Las dos declaraciones más categóricas en materia de compromiso democrático fueron la de Viña del Mar de 1996 y la de Margarita en 1997. En la primera se llegó a incluir un párrafo que parecía dirigido directamente a la dictadura cubana: “La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos”.

 

En línea con la Declaración de Viña del Mar, la siguiente, en Margarita, expresaba lo siguiente: “Declaramos estar convencidos que la democracia es no sólo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, la aplicación de las reglas de la convivencia civilizada establecidas por la ley; la validez del diálogo en la solución de los conflictos; la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática, que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y estrategias nacionales de formación ciudadana”.

 

Sin embargo, la dictadura cubana no produjo ningún avance de apertura política en estos dieciocho años de Cumbres Iberoamericanas y, contrariamente, incrementó la represión en distintos años, especialmente en el 2003 deteniendo y condenando a largas penas tras juicios sumarísimos a setenta y cinco opositores pacíficos, la mayoría de los cuales ya llevan más de seis años injustamente encarcelados. Curiosamente, los delitos por los cuales se los acusó son los derechos y las libertades que las Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas ratifican y dicen promover, pero que en Cuba son consideradas actividades ilegales.

 

Por ejemplo, la ola represiva de marzo del 2003, conocida como “La Primavera Negra de Cuba”, fue la respuesta de la dictadura militar de los hermanos Castro al crecimiento de la disidencia interna, principalmente al intento de ejercer los derechos a la libertad de asociación, expresión, reunión y petición, como las actividades del periodismo independiente y la recolección de firmas a través de la iniciativa de referéndum conocido como “Proyecto Varela”. Poco le importó al régimen cubano haber suscripto lo siguiente en declaraciones anteriores a 2003 de las Cumbres Iberoamericanas:

 

-“La libertad de expresión y de prensa constituye un valor inalienable e insustituible, así como un elemento fundamental en la estructura democrática de las Naciones, al que debemos otorgar las garantías fundamentales para su correcto funcionamiento y desarrollo” (1991);

 

-“En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia” (1996);

 

-El carácter representativo y participativo de la democracia ha tenido un sólido fortalecimiento en Iberoamérica con la celebración periódica de elecciones libres y competitivas, así como mediante el recurso frecuente, en algunos países, a referéndum y consultas directas a la población (1996);

 

-“Por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones. Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres” (1997);

 

-“Los Jefes de Estado y de Gobierno condenamos enérgicamente los ataques y cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores. Estos actos constituyen atentados a la actividad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión” (1997).

 

Ahora, en sintonía con la llegada de líderes autoritarios a los gobiernos de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, todos ellos aliados de la dictadura cubana, no fue de extrañar que luego de la Cumbre Iberoamericana del 2004, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, no se volvieron a incluir en las siguientes Declaraciones expresiones como las siguientes: “Reafirmamos nuestra convicción de que constituyen elementos esenciales de la democracia, la independencia y equilibrio de poderes, la adecuada representación de mayorías y minorías, la libertad de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la justicia social y la igualdad”.

 

Es verdad que la alternancia de gobiernos que se desarrolla en los países iberoamericanos más respetuosos del estado de derecho les brinda ventajas a los gobiernos autoritarios, cuyos presidentes pretenden la perpetuación indefinida en el poder. Solamente vale la pena detenerse a pensar en los distintos presidentes y gobiernos que pasaron por cada uno de los países que integran la OEI entre 1990 y 2008, donde Cuba sigue siendo la dictadura remanente que ilegítimamente participa en éste y otros ámbitos regionales, pues sus autoridades -pertenecientes un régimen de partido único- no surgieron de elecciones libres y competitivas.

 

Por eso, ante la falta de apertura política en Cuba y el surgimiento de gobiernos en otros países iberoamericanos que contrarían lo expresado en las declaraciones firmadas en estos dieciocho años, la próxima Cumbre debería asumir el compromiso de ratificar lo suscripto entre 1990 y 2008 en materia de Derechos Humanos. De lo contrario, se estaría reconociendo el abandono en la defensa de las libertades fundamentales y que durante todos estos años se perdió el tiempo. En consecuencia, sería saludable que la próxima Cumbre Iberoamericana, a realizarse durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009 en Portugal, incluyera un Comunicado Especial en el cual se ratifique lo suscripto en las siguientes Declaraciones en materia de democracia y derechos humanos:

 

I Cumbre Iberoamericana: Declaración de Guadalajara

 

7. Reafirmamos que es obligación del Estado de Derecho promover y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. A partir de nuestros propios esfuerzos y sobre la base de una cooperación internacional amplia, no selectiva y no discriminatoria, estamos decididos a conformar un acervo iberoamericano en el ámbito de los derechos humanos que consolide conductas de respeto, libertad y armonía en lo político, lo jurídico, lo económico y lo social. 

 

II Cumbre Iberoamericana: Declaración de Madrid

 

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales como pilares que son de nuestra comunidad. Solo mediante la salvaguardia de estos valores se pueden superar cabalmente los obstáculos internos de orden político, económico o social que se plantean en nuestros países. Ello exige un desarrollo equilibrado y justo, cuyos beneficios alcancen a todos.

 

Nuestro propósito es una sociedad libre, abierta y pluralista, con pleno ejercicio de las libertades individuales sin perseguidos ni excluidos y dirigida a la consecución del progreso y de la justicia social.

 

El diálogo y la negociación entre todos los poderes y la colaboración de todos los sectores sociales, sin injerencias externas, son la mejor forma de fortalecer los sistemas democráticos y evitar involuciones que conducen al autoritarismo.

 

13. La libertad de expresión y de prensa constituye un valor inalienable e insustituible, así como un elemento fundamental en la estructura democrática de las Naciones, al que debemos otorgar las garantías fundamentales para su correcto funcionamiento y desarrollo. 

 

III Cumbre Iberoamericana: Declaración de Salvador

 

2. En esta oportunidad, reafirmamos nuestro pleno compromiso con la democracia representativa, el respeto, la defensa y la promoción de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.

 

11. Tenemos presente en ese marco la relación mutua entre la consolidación de la democracia y la promoción del desarrollo. La estabilidad política favorece la realización de programas económicos y sociales efectivos. Por el contrario, la ausencia de perspectivas de crecimiento con justicia social dificulta la consolidación de la democracia

y la preservación de los derechos humanos. Si ya no es aceptable en el mundo de hoy condicionar la observancia de los derechos civiles y políticos a la previa obtención de plenas condiciones de desarrollo, tampoco es plausible imaginar que la plena realización de los derechos humanos pueda abstraerse de la situación económico-social de las poblaciones involucradas. 

 

IV Cumbre Iberoamericana: Declaración de Cartagena

 

La Conferencia Iberoamericana es un foro idóneo en nuestro espacio político, para la concertación y la cooperación, fundamentado en el compromiso con la democracia representativa, la defensa y la promoción de los derechos humanos. 

 

V Cumbre Iberoamericana: Declaración de Bariloche

 

Ratificamos nuestro firme compromiso con la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

 

El desarrollo educativo y cultural de una comunidad es un factor fundamental en la consolidación de sistemas políticos democráticos, capaces de conformar una sociedad integrada y participativa. 

 

VI Cumbre Iberoamericana: Declaración de Viña del Mar

 

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el estado de derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

La necesidad de consolidar nuestras democracias, haciéndolas más eficientes, participativas y transparentes, se constituye así en una tarea permanente y en un obligado espacio de reflexión y cooperación para nuestros pueblos.

 

En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia.

 

Nuestras democracias tienen desafíos tales como asegurar una representación y participación efectiva de la población, procurando que las opiniones y las iniciativas -que son condiciones esenciales para el debate abierto y transparente de la vida pública- fortalezcan a las sociedades.

 

La gobernabilidad en democracia supone la representación y participación de todos los habitantes de nuestros Estados, sin consideración de origen, raza, religión o sexo, con especial consideración a las poblaciones indígenas, pues ello refrenda la legitimidad de la democracia política. Ello implica reconocer la contribución de las mayorías y de las minorías al perfeccionamiento de nuestros modelos democráticos. Compatibilizar estos requerimientos con el respeto al principio de la igualdad entre todos los hombres y mujeres que habitan Iberoamérica, constituye un desafío para nuestra sociedades.

 

Estamos convencidos de que la dignidad de las personas, la igualdad y la participación plena de mujeres y hombres en la política, la economía y la sociedad, son fundamentales para la práctica democrática. La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos.

 

Las agrupaciones y los partidos políticos tienen un papel esencial en el desarrollo democrático. Por ello, reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de estas agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos, de conformidad con la legislación y las tradiciones políticas de cada uno de nuestros países, para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población.

 

El carácter representativo y participativo de la democracia ha tenido un sólido fortalecimiento en Iberoamérica con la celebración periódica de elecciones libres y competitivas, así como mediante el recurso frecuente, en algunos países, a referéndum y consultas directas a la población. Existe un notable mejoramiento de la organización y administración electorales, a través de una más moderna institucionalidad de sus organismos, que han permitido la realización de procesos transparente con pleno respeto a los requisitos esenciales del derecho electoral. Por otra parte, han existido debates e iniciativas para reformar los sistemas electorales hacia modalidades que permitan una representación más democrática de la población y una mayor relación entre los electores y los elegidos. En esta materia, la disponibilidad de información confiable -acerca de las tasas de abstención electoral, del nivel de inscripción en registros electorales, en los partidos y agrupaciones políticas-constituye un paso adicional para el fortalecimiento de la democracia.

 

La consolidación de la democracia implica el desarrollo de una cultura de la responsabilidad mutua entre los ciudadanos y las autoridades. Esta es una de las áreas más inexploradas de nuestros esfuerzos políticos. En el caso de los cargos elegidos, debe asumirse plenamente la esencia del mandato, con las correspondientes obligaciones de las partes. Los representantes del pueblo, junto con cumplir su cometido, deben dar cuenta pública y periódica de su gestión. A su vez, los ciudadanos deben conocer sus derechos y ejercerlos, así como respetar las facultades de las cuales están investidos los órganos públicos y sus titulares. En esta mutua responsabilidad reside en gran parte la transparencia que se hace exigible actualmente como una de las principales bases de la democracia.

 

La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman nuestros Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la corrupción.

 

El fortalecimiento y consolidación de la democracia requiere una gran confluencia de nuestra energía colectiva. Los dirigentes y ciudadanos de Iberoamérica debemos, sin tardanza, sumar nuestros esfuerzos a esta tarea crucial para nuestro futuro. Convocamos a los partidos, a los parlamentos, a las variadas organizaciones de la sociedad civil, a los organismos internacionales, a desarrollar con fuerza y creatividad múltiples iniciativas que garanticen la gobernabilidad democrática en toda Iberoamérica. Tenemos la firme convicción de que la cooperación política democrática enriquecerá los horizontes de nuestra Comunidad Iberoamericana y abrirá nuevos caminos para la anhelada integración de nuestros pueblos. 

 

VII Cumbre Iberoamericana: Declaración de Margarita

 

Declaramos estar convencidos que la democracia esno sólo un sistema de gobierno, sino también una forma de vida a la que los valores éticos dan consistencia y perdurabilidad. La tolerancia, la capacidad de valorar y aceptar el pluralismo; el derecho a la libre expresión y al debate público; el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, la aplicación de las reglas de la convivencia civilizada establecidas por la ley; la validez del diálogo en la solución de los conflictos; la transparencia y la responsabilidad de la gestión pública son principios jurídicos y valores éticos de la práctica democrática, que debemos fortalecer y promover dentro de efectivos programas y estrategias nacionales de formación ciudadana.

 

En esta VII Cumbre ratificamos nuestra voluntad de continuar en el camino de fortalecer y perfeccionar nuestros sistemas democráticos, de progresar cada vez más en el respeto y protección a los derechos humanos, de garantizar el respeto del estado de derecho, de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en nuestros sistemas económicos, con el objeto de la búsqueda de la justicia social, de mejorar nuestros sistemas de administración de justicia, de elevar el nivel de la ética pública, de contribuir, conforme con la legislación vigente en cada país, a un eficiente funcionamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales, de velar por la libertad de expresión como elementos fundamentales de nuestros sistemas democráticos, y de incentivar a nuestros pueblos para su participación activa en la consecución de tales propósitos.

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno reiteramos el compromiso de nuestra Comunidad con la ética y los valores que orientan la democracia y que hacen posible la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos, razón de ser y contenido de dicha forma de gobierno. Reafirmamos que la democracia, el desarrollo sostenible, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y basándose por igual en los principios de objetividad, imparcialidad y universalidad. Enfatizamos igualmente la obligación del Estado de promover y garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos, sobre la base de una cooperación internacional dentro de un clima que excluya la confrontación, que apunte al fortalecimiento y actualización de acciones comunes dirigidas a la promoción, protección y defensa de estos derechos. El objetivo de alcanzar la gobernabilidad en una democracia eficiente y participativa, según los términos señalados por la VI Cumbre Iberoamericana, reclama, en consecuencia, de un esfuerzo individual y colectivo por parte de nuestros Estados, y de nuestras sociedades para profundizar y arraigar en las instituciones una cultura de los derechos humanos basada en la dignidad, la libertad, la igualdad, la no discriminación y la solidaridad. Reconocemos que estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes.

 

Los valores que dan soporte a la democracia dentro de nuestra Comunidad y que se traducen en derechos, deberes y garantías han adquirido expresión y vigencia dentro de nuestros ordenamientos constitucionales y en los tratados internacionales ya incorporados a nuestro derecho interno. Reconocemos, sin embargo, la necesidad de realizar un esfuerzo mayor para eliminar los obstáculos que todavía impiden o limitan el pleno respeto y la garantía de todos los derechos humanos.

 

8. Apoyamos la iniciativa, según la legislación interna de cada país, para impulsar la suscripción o adhesión de nuestros países a los tratados internacionales sobre derechos humanos de alcance universal, regional, generales o particulares, de los cuales todavía no seamos parte. Reconocemos la importancia del desarrollo progresivo en la aplicación de las normas internacionales y nacionales que garanticen tales derechos, y de lo cual son ejemplo las recientes reformas constitucionales adoptadas por algunos países iberoamericanos. En ese marco, destacamos la importancia de promover el respeto al derecho internacional humanitario y a los principios humanitarios reconocidos universalmente.

 

Coincidimos en que la consolidación del sistema democrático en Iberoamérica debe propugnar la mayor credibilidad en su funcionamiento, resaltando el papel esencial que las agrupaciones y partidos políticos así como los gobiernos cumplen en el desarrollo de la vida democrática.

 

Reafirmamos que el desarrollo del sistema político democrático, a través de las figuras de la representación y la participación, implica necesariamente el aporte de las agrupaciones y partidos políticos, en concordancia con la vigencia de los valores de libertad, igualdad, bienestar, orden y justicia. Una de las cualidades más sobresalientes de la democracia es la participación popular en todos los ámbitos de la vida social, por lo que urge que los Estados concreten esfuerzos y promuevan acciones que involucren a los diversos sectores sociales y que garanticen la adecuada combinación de los mecanismos de participación con los de representación.

 

Todo régimen democrático se encuentra vinculado a transformaciones permanentes para corregir las imperfecciones y defectos que se presentan en su ejercicio. Sólo el sistema democrático permite un proceso constante de atención a la marcha de su desarrollo y de denuncia ante sus retrocesos. Nuestro compromiso es no cejar en el perfeccionamiento de la democracia y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a través de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, garantizando el acceso, la transparencia y credibilidad de dichos mecanismos, mediante elecciones libres y periódicas.

 

Por constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre y veraz, sin censura ni restricciones.

 

Sostenemos que esas libertades requieren de la presencia y funcionamiento de una pluralidad de medios de comunicación libres. Por otra parte el fomento a la educación y la cultura contribuye al pleno ejercicio del derecho a la información.

 

Al reiterar el derecho a las libertades de expresión, de información, de opinión, lo hacemos de conformidad con nuestras respectivas legislaciones nacionales y con los principios y normas consagrados en diversos instrumentos internacionales sobre la materia.

 

Los Jefes de Estado y de Gobierno condenamos enérgicamente los ataques y cualquier otra forma de violencia o coacción contra los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores. Estos actos constituyen atentados a la actividad de los medios de comunicación y a la libertad de expresión. 

 

VIII Cumbre Iberoamericana: Declaración de Oporto

 

2. En esta Cumbre reiteramos el compromiso de fortalecerlas instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

IX Cumbre Iberoamericana: Declaración de La Habana

 

2. En esta Cumbre reiteramos el firme compromiso de cada uno de los gobiernos de fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Reafirmamos igualmente nuestra voluntad de contribuir a alcanzar un sistema justo y participativo de relaciones internacionales, de acuerdo con los principios de convivencia internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales 

 

X Cumbre Iberoamericana: Declaración de Panamá

 

3. Reafirmamos nuestro compromiso de promover y defender la democracia y el estado de derecho; el pluralismo político y la identidad cultural; los derechos humanos en sus vertientes civiles y políticas, económicas, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. 

 

XI Cumbre Iberoamericana: Declaración de Lima

 

7. Reiteramos nuestro ineludible compromiso de proteger, promover y garantizar la plena vigencia de todos los derechos humanos, lo que exige necesariamente el imperio de la ley, así como la creación y mejora de las condiciones para su realización efectiva y pleno goce. Condenamos toda violación de los derechos humanos y exigimos el cabal cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales pertinentes en esta materia. 

 

XII Cumbre Iberoamericana: Declaración de Bávaro

 

3. En el común propósito de fortalecer el sistema democrático y así asegurar la gobernabilidad democrática, reconocemos la necesidad de promover y continuar apoyando acciones que consoliden una cultura democrática y el Estado de Derecho, que se sustentan en la libertad, la paz, la tolerancia y la participación social y ciudadana y la justicia social. Al mismo tiempo destacamos la importancia de aquellas instituciones que aseguran la transparencia y eficacia en el ejercicio de la acción gubernamental, de los partidos políticos, las agrupaciones y otras entidades representativas de la sociedad civil, así como de una más activa participación ciudadana en las cuestiones de la vida pública. 

 

XIII Cumbre Iberoamericana: Declaración de Santa Cruz de la Sierra

 

10. Reafirmamos nuestra convicción de que constituyen elementos esenciales de la democracia, la independencia y equilibrio de poderes, la adecuada representación de mayorías y minorías, la libertad de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, la celebración de elecciones libres, periódicas, transparentes y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la participación ciudadana, la 

 

Conclusiones

 

Además de la inmovilidad política en Cuba, donde se mantiene un régimen dictatorial, es sugestivo -luego de leer los concluyentes pasajes de estas declaraciones suscriptas entre 1990 y 2008- el retroceso en materia de libertades democráticas que se viene produciendo en varios países de la región. Quizás el no haber incidido oportunamente desde la comunidad democrática iberoamericana en la apertura política de Cuba demostró el carácter meramente voluntarista de estas declaraciones y sirvió de mal precedente para que posteriores gobiernos en otros países actúen en contra de lo expresado en las mismas.

 

En definitiva, si alguna contribución efectiva pueden tener las Cumbres Iberoamericanas para que lo suscripto en sus declaraciones no se convierta automáticamente en letra muerta, es asumir un mayor compromiso ratificando lo expresado en las mismas en materia de democracia y derechos humanos y, yendo más allá, incluyendo una cláusula de legitimidad democrática para que los países miembros integren la Organización de Estados Iberoamericanos. En tal caso, al igual que sucede con la OEA, está claro que el gobierno de Cuba es el que debe adaptar su sistema legal armonizándolo en materia de libertades civiles y políticas al resto de los países iberoamericanos. Pero para ello se requiere firmeza por parte de los Jefes de Estado de los países con mejor calidad institucional dentro de la OEI, quienes surgidos de elecciones libres y competitivas no pueden aceptar seguir posando para la foto junto a dictadores.

 

 

Gabriel C. Salvia es Presidente y Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). Es periodista y autor de varios textos sobre la realidad cubana.

Verónica E. Repond es abogada y colabora como Asistente de Investigaciones en el Proyecto Puente Democrático del Área Promoción Internacional de los Derechos Humanos de CADAL.