Cubanálisis  El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

Diego Trinidad, PhD, Miami

 

 

                               

 

 

                                

 

MÉXICO, EL DESCONTROL DE LA FRONTERA SUR DE ESTADOS UNIDOS,

Y LA LEY DE AJUSTE CUBANO

 

La inmigración ilegal. Este es un tema complejo que lleva mucho tiempo creando graves problemas a Estados Unidos y el cual es relativamente fácil y simple de resolver. Llevo al menos seis años proponiendo soluciones y me alegra que aunque nada ha sido adoptado, personas influyentes como el Senador Marco Rubio (R-Florida) y el prominente comentarista de Fox News, Bill O’Reilly, los cuales han leído mis ideas, ambos han propuesto algo muy similar, aunque mi plan de solo diez puntos puede ser mejor y más efectivo que lo que ellos han propuesto. 

 

Este artículo NO es en realidad sobre cómo solucionar el problema de la inmigración ilegal y como reformar las leyes sobre la inmigración legal hacia Estados Unidos.  A eso vamos más adelante. Pero antes, una simple solución para controlar la frontera durante esta “nueva” crisis que ha traído a más de 70,000 inmigrantes ilegales menores de edad (pero no “niños” ya que la mayoría tienen entre 13 y 17 años y muchos son miembros de temibles pandillas centroamericanas, como la Mara Salvatrucha 13 de El Salvador) desde enero del 2014. Nótese que escribo “controlar” y no “asegurar”, como los políticos, sobre todo los republicanos, llevan tanto tiempo predicando. La frontera NO se puede asegurar, pero se puede controlar.

 

Uno de mis diez puntos se refiere a como controlar la frontera sur relativamente fácil, rápido y a muy bajo costo. Se construye una cerca a lo largo de las más de 2,000 millas de la frontera (excepto en los tramos donde ya existan barreras efectivas).  La cerca debe ser de bloques de concreto y debe tener al menos 30 pies de alto y 5 de ancho. Frente -en la parte mexicana- se colocan rollos dobles de al menos 5 pies de alto de alambre tipo Concertina, al igual que sobre la cerca y en la parte trasera -en la parte americana. Se utilizan nuevas tecnologías, colocando cámaras en alto a distancias que siempre puedan cubrir toda la cerca. Se utilizan, además, drones pequeños de vigilancia constante. No es necesario emplear a más guardias fronterizos -eso solo sirve para crear una burocracia represiva mayor y más costosa. Pero se utiliza a los guardias que ya existen de una manera más efectiva, para que sean más móviles y para que utilicen vehículos más rápidos que cubran mayores distancias en menos tiempo.

 

Esta cerca puede ser construida en muy poco tiempo a un costo relativamente bajo. Puede adicionalmente tener el beneficio de crear trabajos, aunque sean temporales, para miles de obreros de la construcción ahora desempleados. La política de capturar y detener a los inmigrantes mientras se les procesa y se les somete al sistema judicial tiene que ser cambiada drásticamente.

 

Cuando se capturen a personas in flagrante delicto tratando de cruzar la frontera ilegalmente, se les detiene hasta que se pueda llenar un jet 727, lo cual no tardaría muchos días al paso que los ilegales tratan de penetrar la frontera, y entonces se les deporta.  Pero NO al otro lado de la frontera.  El avión va dirigido a la Ciudad de México.  Que el gobierno mexicano se ocupe de ellos. Sin embargo, ahora mismo, se necesita enviar a la Guardia Nacional a la frontera, sobre todo a la parte del Valle del Río Grande (Bravo) por donde casi todos los menores han cruzado desde enero.

 

Ya que el gobierno federal se niega a hacer esto, que los estados pertinentes, sobre todo Texas, Arizona y New México, que están gobernados por republicanos, envíen a su Guardia Nacional, y de ser necesario, que paguen el costo esos mismos estados. Ya el Gobernador Rick Perry de Texas lo ha ordenado. Ahora falta que Jan Brewer de Arizona y Susana Martinez de New Mexico se unan a Perry. 

 

Lamentablemente, con el Gobernador demócrata de California Jerry Brown no se puede contar, además que la inmigración ilegal por la frontera con California es muy poca hoy en día y las barreras en esa parte, sobre todo en la zona de San Diego, son muy efectivas.

 

Esto es todo lo que se necesita para detener esta nueva ola de inmigrantes ilegales menores,, excepto que es también crucial que se derogue la Ley Federal aprobada por el Congreso (firmada por el Presidente Bush hijo) en el 2008 que prohíbe la deportación inmediata de menores procedentes de Centro América (excepto mexicanos y canadienses). Esto fue un esfuerzo bipardidista bien intencionado para proteger a menores de abusos sexuales, pero solo ha servido para evitar que la mayoría de estos menores (el 70% proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala) puedan ser deportados de inmediato a México. 

 

Claro que es difícil que el líder del Senado, Harry Reid de Nevada, siquiera permita que se vote sobre tal proyecto de ley, pero la Cámara de Representantes debe aprobarlo de todos modos. Al menos puede servir como arma de campaña contra los demócratas en las elecciones al congreso de noviembre. Si los republicanos ganan el control del Senado, entonces -en enero del 2015- se aprueba la ley por ambas Cámaras y veremos si el Presidente se atreve a vetar tal proyecto, con la gran impopularidad de sus políticas sobre la inmigración ilegal.

 

Si aún así veta la ley, solo se puede esperar a que un nuevo presidente la firme en el 2017, ya que el Congreso, aún controlado por los republicanos, difícilmente podrá lograr supeditar el veto presidencial con la mayoría de  dos terceras partes de ambas Cámaras, como lo requiere la ley.

 

Ahora pasemos al tema de este artículo: la complicidad directa del gobierno de México en todo lo que lleva sucediendo desde enero del 2014 en su frontera sur con Guatemala y en permitir impunemente el paso de estos menores a través de todo el territorio mexicano hasta que llegan a la frontera con EEUU. 

 

Los que me conocen y leen mis escritos hace tiempo, saben muy bien que como historiador profesional, siempre que sea posible, trato de respaldar lo que escribo con pruebas concretas, preferiblemente con evidencia documental. Pero lo que sigue no puede ser respaldado de esta manera, como es para mi normal. De manera que son opiniones bien informadas y deducciones lógicas, pero no puedo ofrecer pruebas concretas, solo evidencia circunstancial. Pero debe ser considerado que la enorme mayoría de los casos legales en EEUU, incluyendo hasta casos de homicidio, son diariamente decididos por jurados basados estrictamente en evidencia circunstancial. Es mi deber ahora, tratar de convencer a los lectores de este artículo de la veracidad de mis argumentos.

 

Tengo muchas razones para estar suficientemente seguro, al menos para mi satisfacción, que antes de la elección presidencial en México en el 2012, se acordó un pacto informal entre el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y varios de los principales carteles de narcotraficantes en México. De ganar la elección el PRI -con la ayuda financiera y directa, a manera de coacciones y amenazas a los votantes por los carteles- el nuevo Presidente, después de una ausencia de 12 años en el poder por parte del PRI, cambiaría la política nacional hacia los carteles. 

 

Efectivamente, el pacto funcionó y Enrique Peña Nieto, un carismático y joven candidato sin mucha “profundidad” y muy poca experiencia política, resultó el ganador en una elección más reñida de lo esperado y bajo numerosas acusaciones de fraude.  Ya sabemos todos lo sucedido en México desde entonces. Disminuyeron enormemente las matanzas de gente inocente por parte de los carteles (o al menos ya no se reportan tantas en los medios noticiosos mexicanos).  Por otro lado, el nuevo gobierno de Peña Nieto, ha dejado relativamente tranquilos a los carteles. El quid pro quo es obvio. La evidencia de lo ocurrido desde el 2012 dentro de México no se puede negar. La violencia ha decaído en mucho y las actividades contra los carteles también, sobre todo del Ejército mexicano.

 

Ahora bien, vamos a la situación actual en la frontera sur. Aquí, la evidencia concreta es mucho menos necesaria. Las preguntas son las siguientes. ¿Como es posible que la frontera sur de México con Guatemala, que ha sido casi inexpugnable por tanto tiempo -lo cual los ilegales que tratan de entrar en México saben muy bien- de buenas a primeras se pueda cruzar con impunidad? No, no es posible.

 

Mucho peor. ¿Cómo es posible que miles de menores de edad -aún con la ayuda y complicidad de los carteles narcotraficantes- puedan atravesar todo México en su gran extensión, sin ser detectados y mucho menos detenidos?  Por supuesto que es imposible.  De hecho, todos hemos visto -y seguimos viendo a diario- como cientos de menores viajan en el techo de conocidos trenes (uno llamado notoriamente “La Bestia”). ¿Cómo es posible que esto suceda sin la complicidad directa del gobierno mexicano? De nuevo, obviamente NO es posible. 

 

Entonces llegan los menores a la frontera con EEUU y son asistidos otra vez por agentes del gobierno mexicano en colaboración con “coyotes” de los carteles para que crucen.  Impunemente, ya que simplemente se entregan a las autoridades fronterizas americanas.

 

Finalmente ¿quién paga por este transporte ilegal de menores? ¿Quién financia estas operaciones? ¿Es concebible que gente humilde y pobre en países centroamericanos igualmente pobres puedan pagar entre $5,000 y $10,000 por el transporte de menores a la frontera? No es posible, no tienen remotamente los recursos para hacerlo.

 

¿Entonces, quién lo paga? Este es el “secreto” del que nadie, mucho menos los medios informativos americanos, quiere hablar. Lo financian, casi seguramente (pero no tengo pruebas), las organizaciones mexicanoamericanas (ellos prefieren el ridículo y denigrante término “Latinos”, o peor “Chicanos”), especialmente la más grande y poderosa, La Raza, de California. Muy probablemente otras organizaciones “caritativas” no solo de California, sino de otros estados, también aporten fondos.  No me sorprendería si hasta Fundaciones prominentes contribuyen secretamente, al igual que algunos políticos ricos y renegados como el siniestro George Soros, conocido patrón de causas de la extrema izquierda, para no mencionar al dueño (ya no funge como Presidente) de Univisión, Haim Saban, el mayor contribuyente a candidatos demócratas desde hace mucho tiempo y quien tiene una agenda bien definida de apoyo a la inmigración ilegal, al igual que su cadena Univisión.

 

Este es mi argumento, el cual debo decir que es penoso para mí exponer, ya que me considero un buen amigo de México. Viví uno de los mejores años de mi vida en la gran Ciudad de México en 1984. Allá conocí y desde entonces estoy casado con mi esposa de 30 años Cristina, nacida en Tijuana pero residente del Distrito Federal desde los años 1970s. Conozco -y admiro- la historia de México, especialmente de la revolución mexicana.

 

Tengo todavía muy buenos amigos mexicanos y siempre he defendido al pueblo mexicano, a veces injustamente acusado por las políticas procastristas de sus gobiernos por más de medio siglo. Los pueblos solo son culpables de las acciones de sus gobernantes indirectamente, ya que los eligen.  Pero en el caso de México, ni siquiera se puede culpar al pueblo por eso, puesto que por mucho tiempo, sobre todo bajo el PRI, las elecciones siempre estaban arregladas.

 

No, el gobierno de México no solo es culpable directo y es completamente responsable de lo que sucede en la frontera, sino que voy más lejos. México se habría convertido en un estado criminal y narcotraficante, y es de hecho un enemigo de Estados Unidos.

 

Esto es verdaderamente trágico, en vista de las buenas relaciones que los dos países han mantenido por casi un siglo. Es además prejudicial, ya que el gobierno del Presidente Peña Nieto ha introducido una serie de reformas, sobre todo en el campo energético y en la modernización de la esclerótica burocracia mexicana, que prometen cambiar radicalmente a México y convertirlo en una nación enteramente dentro del Primer Mundo. Las medidas propuestas para abrir bastante la exploración de petróleo en el Golfo y para privatizar algunos aspectos del monopolio petrolero de PEMEX, pueden colocar a México en los primeros lugares entre los grandes productores y exportadores de petróleo en el mundo una vez más.

 

Naturalmente, no eximiré de responsabilidad por el descontrol de la frontera a la presente administración en Washington. El Presidente lleva más de dos años gobernando por decretos presidenciales, justo como tantos dictadores de “repúblicas bananeras” han hecho por décadas en Hispanoamérica desde tiempos coloniales.

 

Muchos de esos decretos -casi todos podrían ser ilegales e inconstitucionales- han sido promulgados en cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal. Es notoria su negación, o suspensión de las deportaciones de menores ilegales que llevan tiempo en EEUU cuando el debate sobre el llamado “Dream Act” poco antes de la elección presidencial en el 2012.  Eso lo ayudó a conseguir muchos votos de hispanoamericanos y contribuyó a su reelección. 

 

Su intención, al igual que la del Partido Demócrata, es hacer todo lo posible para transformar a EEUU en una república gobernada permanentemente por la izquierda, con el apoyo masivo del voto hispano. Ya lo lograron en California desde la elección presidencial de 1996, cuando con la cooperación de la administración del Presidente Clinton, se registraron para votar –ilegalmente- casi tres millones de mexicanos indocumentados que no eran ciudadanos americanos. Eso ha contribuido a convertir a California en un estado controlado por los demócratas desde entonces. 

 

Existen pruebas, esta vez documentos que se han revelado en los últimos dos meses, de que la administración sabía, desde enero del 2014, del proyecto de traer a miles de menores a EEUU aprovechando la ley aprobada en el 2008. La administración se preparó para esta nueva ola de inmigrantes ilegales menores de edad. Pero ¿que ha hecho desde mayo, cuando la situación en la frontera se reveló por vez primera?

 

Nada, absolutamente nada. Excepto solicitar al Congreso –cínicamente- $3.7 billones para ayudar a resolver la crisis “humanitaria” que la misma administración provocó a propósito, aunque casi ninguno de los fondos son para controlar la frontera.

 

También existe evidencia que en Centroamérica, por meses, se ha llevado a cabo una campaña de propaganda para convencer a los padres que manden a sus hijos menores a la frontera, ya que bajo la ley del 2008 podrían permanecer en EEUU.

 

¿Quien ha pagado por esta campaña? Se culpa a los carteles, pero los carteles solo se benefician económicamente. No, nada de eso. Los culpables son los que se benefician políticamente.  Todos sabemos bien quienes son.  Pero todo se puede parar en seco con al menos 10,000 tropas de la Guardia Nacional en Texas, a la clara vista del otro lado del Río Grande (Bravo).

 

Permanentemente, todo se resuelve adoptando el plan de diez puntos que propuse desde el 2007. Una vez más, aquí lo presento. 

 

Primero, por supuesto, construir la cerca como lo describo al principio de este artículo.  Eso es lo más importante y urgente, y lo más fácil y rápido de lograr.  La cerca se puede construir en 3-6 meses, con el beneficio adicional de brindarle trabajo a miles de desempleados en los estados fronterizos. Por todo lo ya expuesto, nadie debe tener razones para objetar a las medidas propuestas anteriormente.

 

Segundo, y esto también es crucial. Todos los ilegales, ya sean 11, 12 ó 13 millones en EEUU hoy, deben recibir un permiso de trabajo temporal, incluyendo números legales del Seguro Social.  Esto NO es una amnistía. Esto es reconocer la realidad. De hecho, al permanecer en el país sin ser deportados, ya existe, como ha dicho honestamente el Senador Marco Rubio, una amnistía para los que viven en EEUU ilegalmente. Estos permisos temporales excluyen, absolutamente, toda ayuda del gobierno federal (los gobiernos estatales pueden hacer lo que quieran) a los nuevos “documentados”. No tendrían derecho a ningún beneficio y no recibirían ninguno. 

 

Tercero, por los próximos diez años los ilegales no tienen derecho siquiera para aplicar a ser residentes permanentes, y en ese tiempo serán investigados intensamente. Los que hayan cometido delitos serios (no arrestos por conducir bajo influencia de alcohol ni delitos menores), serían deportados de inmediato. Muchos se oponen a demorar la residencia y todavía más, la ciudadanía porque eso convertiría a millones de personas en ciudadanos de segunda clase. Esto es falso y es denigrante a esos aplicantes, quienes mayormente están interesados en legalizar su situación, no en votar. Ni siquiera los ciudadanos, incluyendo los votantes hispanoamericanos, votan en grandes proporciones. ¿Por que lo irían a hacer distinto los nuevos legalizados?

 

Cuarto, por los próximos diez años, los que hayan sido aprobados después de ser investigados y hayan recibido la residencia permanente (que entonces ya les da derecho a beneficios existentes para todos los residentes), no tienen derecho para aplicar a la ciudadanía americana. Esa sería la penalidad por haber entrado o permanecido ilegalmente en EEUU. Nada de pagar impuestos atrasados o de aprender inglés o de pagar recargos por el privilegio de aplicar a la ciudadanía.

 

Es una falacia y un error pensar que los ilegales NO pagan impuestos. Por supuesto que los pagan, cada vez que compran algo. Los impuestos de venta SON impuestos y todos los pagamos. Y a los que aplican a la ciudadanía NO se les exige que hablen inglés, de manera que no hay razón para exigirlo a los nuevos residentes (antiguos ilegales).  Que aprendan inglés si quieren salir adelante, pero en este país no se debe forzar a nadie a actuar contra su voluntad. Esa es la libertad. Además, como muchos de estos nuevos aplicantes son relativamente pobres, es una injusticia cobrarles recargos exagerados.

 

Debe ser bien obvio que al retrasar la ciudadanía y por consiguiente el voto, por diez años, a los antiguos ilegales, todo el incentivo político para ambos partidos de agitar por un “camino” hacia la ciudadanía se pierde. Ya no habrá votos que “comprar” con la ciudadanía. Si los republicanos no pueden captarse el voto hispanoamericano de los nuevos ciudadanos en diez años con políticas inteligentes, no lo merecen.

 

En definitiva, la cuestión de la importancia de la ciudadanía americana para los inmigrantes siempre ha sido un gran mito. Esto es debido a que la abrumadora mayoría de los inmigrantes, especialmente los ilegales, vienen a EEUU a buscar trabajo con que ganarse la vida dignamente, ya que en sus países de origen, ni siquiera esto lo pueden hacer.  Para vergüenza de los gobernantes de esos países, que en su enorme corrupción solo se ocupan de robar y no de mejorar las condiciones de los pobres. Hoy en día, esos corruptos gobernantes no pueden ni siquiera asegurar la vida de sus ciudadanos, por lo que en buena parte y en su desesperación, deciden venir para EEUU.

 

Quinto, un sistema que funcione, como e-verify, preferiblemente diseñado y administrado por alguna de las principales compañías de tarjetas de crédito como Visa o American Express (como lo ha propuesto Newt Gingrich por mucho tiempo), para que los empresarios NO puedan contratar a ilegales y pagarle sueldos más bajos, y un sistema de no solo multas, sino cárcel, a los que violen la ley.  Además, un sistema para localizar a los visitantes que entran en EEUU como turistas y luego se quedan aquí (el 40% de los ilegales entran de esa manera). Eso es también esencial para controlar la inmigración ilegal.

 

Sexto, y esto también es muy importante, aunque toma más tiempo. Las leyes federales sobre la inmigración legal deben ser drásticamente cambiadas y modificadas para regresarlas a como eran en los años antes de 1965, cuando todo cambió gracias al Senador Ted Kennedy y su proyecto de “reunificar” a las familias como prioridad del gobierno americano.

 

Para EEUU, lo primero siempre debe ser su interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional en asuntos de inmigración? Admitir con prioridad a los que más puedan contribuir a la sociedad americana. Es decir, a los que tienen mejor educación o profesiones técnicas, como ingenieros, médicos, científicos de todas clases.

 

Pero también, por supuesto, los trabajadores manuales son necesarios y a esos se les debe separar una cuota suficientemente grande para llenar las necesidades existentes. Es decir, trabajos como jardineros, sirvientes domésticos, incluyendo cuidadores de niños, y ese tipo de oficios que requieren menos educación, pero muchos americanos no quieren hacerlos.

 

Además, todo nuevo inmigrante debe necesitar quien lo garantice y quien se haga responsable de su sustento -como era antes de 1965- y deben llegar ya con contratos de trabajo. Si quedan desempleados, los garantes son responsables de su sustento y bajo ninguna circunstancia pueden recibir ayuda del gobierno federal.

 

Algo que merece consideración, pero no propuesto por mi originalmente, es documentar a ciertos individuos para que puedan moverse libremente y trabajar, al menos de manera temporal, en cualquiera de los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.  Esto ya existe en la Unión Europea hace tiempo y aparentemente funciona bien.

 

Claro que por consideraciones de seguridad nacional y contraterrorismo, estos aplicantes tendrían que someterse a una rigurosa investigación. Pero esta medida podría ayudar y facilitar el empleo, sobre todo de personal experto, sin necesidad de otorgar visas especiales para viajar entre Canadá, Estados Unidos y México. Es algo que debe ser fácil de incorporar al Tratado sin necesidad siquiera de un largo debate en el Congreso americano, el cual tiene por supuesto que aprobar la medida.

 

Por último, la Ley de Ajuste Cubano debería ser derogada como parte de cualquier reforma de las leyes de inmigración en EEUU que se apruebe en el futuro. Esta ley, incluyendo la modificación aprobada por una orden ejecutiva del Presidente Clinton en 1995, la política conocida como “pies mojados, pies secos”, también debe ser derogada. 

 

La Ley de Ajuste Cubano, originalmente aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente Lyndon Johnson en 1966, era una ley justa, necesaria y merecida. En 1966, la revolución cubana tenía solo siete años, pero ya estaba consolidada (con el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961) y garantizada (con el “arreglo” entre el Presidente Kennedy y el Premier soviético Khrushchev que puso fin a la Crisis de los Cohetes de 1962).

 

Ya en ese año, habían emigrado a Estados Unidos unos 300,000 cubanos, casi todos admitidos como refugiados políticos, buscando la libertad y huyendo del sistema comunista impuesto en la isla por el régimen de Fidel Castro. Todos los cubanos en EEUU en 1966 tenían un status especial y nebuloso. Los cubanos estábamos técnicamente en libertad condicional, como deportados “voluntarios”. Es decir, no podíamos ser deportados a Cuba porque éramos refugiados políticos (la descripción legal era de “parolees” -en libertad condicional).  Pero teníamos permiso para trabajar de facto, sino de jure

 

Sin embargo, esa situación era temporal y debía ser cambiada a un status real, legal y permanente. Eso fue lo que hizo la Ley de Ajuste Cubano originalmente, otorgando la residencia permanente a todos los cubanos en EEUU que habían sido admitidos desde 1959, con solo una estadía en EEUU de dos años a los llegados desde entonces (en 1976, ese requisito de dos años fue reducido a un año).

 

¿Por qué era justa, necesaria y merecida esa ley? Justa, porque el gobierno de EEUU (bajo tres administraciones: Eisenhower, Kennedy, Johnson) estaba comprometido con los cubanos refugiados, por su responsabilidad en permitir el triunfo, consolidación y garantía de la revolución cubana. Necesaria, por las razones descritas antes: los cubanos refugiados -“parolees”- necesitaban un status legal permanente. Merecida, porque aunque EEUU bajo esas tres administraciones no tenía responsabilidad legal por lo ocurrido en Cuba, la tenía moralmente.

 

De hecho, miles de cubanos refugiados se ofrecieron de voluntarios para derrocar al régimen castrista en Bahía de Cochinos; pelearon en el Congo y el Vietnam contra el comunismo internacional en defensa de los intereses de EEUU; trabajaron como agentes secretos de la CIA para combatir el comunismo internacional; y se inscribieron en el ejército de EEUU bajo la vaga promesa de que en un futuro, jugarían un papel en recuperar la libertad de Cuba. Todo esto será debatible, pero los hechos son ciertos.

 

Por otro lado, a través de los años, mucho ha cambiado. Ahora la Ley de Ajuste Cubano es todo lo contrario de lo que fue. Ahora es injusta, innecesaria  y contraproducente, y lo ha sido por décadas.  No tiene ya razón de ser -y por mucho tiempo ha sido muy dañina a los mejores intereses del país.  Es injusta porque favorece a una minoría -los cubanos-sobre otros grupos de inmigrantes iberoamericanos. Es innecesaria porque la enorme mayoría de los cubanos que han llegado a EEUU en las últimas dos décadas NO son refugiados políticos, NO vienen a este país buscando la libertad, sino mejoras económicas, como cualquier otro grupo de inmigrantes, y al año de adquirir la residencia permanente, viajan a Cuba continuamente a visitar a familiares y parientes, lo cual es una gran inmoralidad. Es contraproducente porque contribuye al resentimiento de otros grupos de inmigrantes iberoamericanos, especialmente en contra de los cubanos del sur de la Florida, y porque promueve la inmigración de un grupo de cubanos que se ha formado y ha vivido toda su vida bajo un sistema estatista totalitario que los hace, al menos al principio, incapaces de adaptarse a vivir productivamente en un estado de leyes como EEUU. 

 

Por supuesto, la Ley de Ajuste Cubano ha beneficiado a cientos de miles de cubanos, empezando por los que llegamos antes de 1966 y por los han llegado desde entonces. Lo que no quita que algunos -del Exilio Histórico y de los más recién llegados- no agradezcan a este gran país su generosidad, sin importar las razones porque nos acogieron.  Pero eso siempre es de esperar en cualquier grupo tan numeroso. 

 

También se debe enfatizar que la Ley de Ajuste Cubano no tiene, ni nunca ha tenido, ninguna conexión con el Embargo Económico contra Cuba, impuesto primero por la administración del Presidente Eisenhower en 1960 y luego intensificado por la administración del Presidente Kennedy. Ambas políticas, en mi opinión fracasadas y obsoletas desde hace años, fueron adoptadas en un casi desesperado esfuerzo por “hacer algo” contra el régimen castrista. 

 

Desafortunadamente, la hostilidad contra el embargo ha afectado de cierta manera las políticas de la Ley de Ajuste, a pesar de que solo los cubanos se han beneficiado de ellas y en verdad no han perjudicado a ningún otro grupo, no importa el resentimiento que puedan haber creado.  Pero por las razones expuestas, ya es hora de terminar con la Ley de Ajuste como parte de una reforma general de todas las leyes de inmigración.

 

Esto es suficiente en lo que se refiere a proponer un plan para arreglar y permanente resolver el gran problema que es la inmigración ilegal, puesto que he consolidado varios de mis diez puntos originales, además de añadir dos nuevos: la posibilidad de incorporar algunas reformas al Tratado de Libre Comercio y la necesidad de derogar la Ley de Ajuste Cubano.

 

Este plan preferiblemente debe ser adoptado en su totalidad, pero puede ser también aprobado por partes, si así lo requiere el apoyo político que exista. Siempre y cuando que la construcción de la cerca tenga prioridad. Pero es importante enfatizar que este plan puede ser respaldado por todos los interesados en resolver, de una vez por todas, todos los problemas causados por la inmigración ilegal en EEUU. 

 

No hay en el plan nada reprobable para nadie, y si se ponen los intereses nacionales en primer plano y no los intereses partidistas (recuérdese que por 20 años los ilegales ya aquí presentes no podrían votar y no existirían entonces incentivos partidistas para comprar votantes), este plan debe ser respaldado por todos los políticos de buena voluntad.

 

Una nota final. Estados Unidos es un país de leyes. Pero también es un país de inmigrantes y, sobre todo, es una república fundada primordialmente bajo los principios de libertad y justicia para todos los americanos.

 

La inmigración legal es sumamente importante para el futuro de EEUU, especialmente por motivos demográficos.  La tasa de natalidad americana, aunque superior a la europea, rusa, y japonesa (pero ligeramente inferior a la china), es relativamente baja. Estados Unidos necesita que su población crezca de una manera en que pueda competir con naciones emergentes como India y algunas de Hispanoamérica y hasta África.

 

Los inmigrantes son generalmente más jóvenes que el resto de la población americana, con lo que proporcionan una base de trabajadores más amplia y más duradera. Eso es sumamente importante para la viabilidad futura de programas como el Seguro Social.

 

Además, es justo y necesario que los inmigrantes legales sean bienvenidos en este gran país. Es algo tradicional aquí desde la fundación de la república americana y es lo moral y lo correcto. Hacer lo contrario, iría en contra de los mejores valores y principios de Estados Unidos de América. 

 

Hagamos lo que es debido. Es hora ya de actuar y de evitar tantas dilaciones y tantas divisiones innecesarias. Es hora de que otra vez esta sea la gran república que los fundadores idearon y crearon. Como dice el lema nacional E Pluribus Unum - De Muchos, Uno.