Cubanálisis  El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

Diego Trinidad, PhD, Miami

 

 

                               

 

 

                                

 

EL CONCEPTO DE “RULE OF LAW” Y UNA REPÚBLICA DE CUBA POSTCASTRISTA

 

Con motivo de la presentación del libro Rule of Law: The Path to Freedom, del distinguido autor cubano-argentino Armado Ribas, he decidido ampliar mis comentarios del pasado sábado en la Librería Books and Books de Coral Gables, pensando en una Cuba del futuro. Este concepto de Rule of Law es muy difícil no solo de traducir al español, sino de explicar. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? Las respuestas a estas preguntas son cruciales y trataremos de explicarlas de la mejor manera posible.

 

Primero, la traducción. Rule se traduce al español primero como regla, no solo regla de medir, sino regulación. Por eso, después de probar traducciones como imperio de la ley, o dominio de la ley, decidí usar regulación porque pienso que se ajusta mejor a lo que tenemos que explicar. El concepto de la regulación por la ley es muy elusivo, aún para el mundo de habla inglesa, el mundo anglo americano, del cual surge.

 

La regulación por la ley es tan remota como la Grecia Antigua, cuando Aristóteles primero proclamó que “la regulación por la ley es mejor que la de cualquier individuo”.  Siglos después, el gran jurista inglés Lord Edward Coke, en una decisión judicial que se produjo en 1610 (Proclamations, 77 ER 1352), escribió: “El Rey mismo no debe estar sujeto al hombre, sino a Dios y a la ley, porque la ley lo hace Rey”.

 

Todavía dos siglos después, otro gran jurista británico, el profesor A. V. Dicey, amplió mucho más el concepto de regulación por la ley y señaló nueve características esenciales sobre la regulación por la ley.  Dicey fue además quien popularizó la frase “rule of law” en su libro “An Introduction to the Study of the Law of the Constitution” (“Una Introducción al Estudio de la Ley de la Constitución”) en 1885. Estas características son las siguientes:

 

Primera: La supremacía de la ley, lo que significa que todas las personas (individuos y gobierno) están sujetos a la ley y todos son iguales ante la ley.

 

Segunda: Un concepto de la justicia que enfatiza (a) juicios interpersonales -los derechos y deberes entre las personas y la resolución de los conflictos entre individuos; (b) leyes basadas en normas; y (c) la importancia de los procedimientos legales -el debido procedimiento de la ley

 

Tercera: Restricciones en el ejercicio de los poderes discrecionales, es decir, un gobierno de leyes, no de hombres. Y la clave de un gobierno de leyes es el control de la discreción de la personas.

 

Cuarta: La doctrina de precedentes judiciales -decisiones de los jueces a través del tiempo.

 

Quinta: La metodología del derecho común -inglés y americano- complementado por legislación parlamentaria.

 

Sexta: Toda legislación debe ser presuntiva -leyes promulgadas en y para el presente y futuro, nunca retroactivas.  Las leyes no pueden ser aplicadas retroactivamente.

 

Séptima: Un poder judicial independiente.

 

Octava: El ejercicio por un Parlamento (en Gran Bretaña) o un Congreso (en Estados Unidos) del poder legislativo considerando principios generales, no detalles y políticas.  Las leyes deben ser lo más simples posible. El poder ejecutivo debe ser limitado por el legislativo y viceversa. En otras palabras, la división de poderes contenida, por ejemplo, en la Constitución americana. Ambos poderes deben ser balanceados por el poder judicial, que decide finalmente qué leyes promulgadas por la legislatura y aprobadas por el ejecutivo son constitucionales.

 

Novena: Todas las leyes deben tener una base moral.

 

Como se puede ver, el concepto de la regulación por la ley es algo muy complejo y que contiene muchos elementos. Pero básicamente el concepto se puede definir como el respeto de todos a las leyes -a todas las leyes, desde las ordenanzas municipales, a las leyes estatales (de carácter regional) y finalmente, a las federales (nacionales). Pero hay que destacar que debido a que en Estados Unidos en particular la soberanía reside en el pueblo -un concepto novel de la Constitución americana promulgada en 1787- se espera por el pueblo que las leyes bajo las que viven y es gobernado ese pueblo sean leyes justas. 

 

Aunque en la Constitución americana no hay mecanismos directos para violar una ley injusta, si existen mecanismos para enmendar y cambiar las leyes. El proceso de la Regulación por la ley, que en este caso se puede también definir como un Estado de Derecho, está entonces basado en el respeto a las leyes justas. El pueblo no puede decidir qué ley es injusta o qué ley se debe desobedecer, pero tiene el poder para -eligiendo nuevos legisladores y otro ejecutivo- eventualmente cambiar las leyes injustas o que puedan convertirse en obsoletas. El sistema está diseñado para depurarse continuamente.  No siempre funciona perfectamente, pero eventualmente funciona lo mejor posible: siempre y cuando la ley se respete. Esa es la clave de todo.

 

En Estados Unidos se creó algo único en la historia cuando se ratificó la Constitución de 1787. Se creó la primera república constitucional federal. Es decir, se creó una división del poder entre el nuevo gobierno federal o central, y los distintos gobiernos estatales (o regionales). Y también se creó una división entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, todos interdependientes e iguales, con la soberanía residiendo en el pueblo. Por eso, el preámbulo de la Constitución comienza con las palabras WE THE PEOPLE OF THE UNITED STATES –Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos. 

 

El preámbulo no es decorativo ni simbólico. Todo lo contrario, es crucial, ya que describe, específicamente, la razón de ser del nuevo gobierno. Continua el Preámbulo: “para formar una Unión más perfecta, establecer la Justicia, asegurar la Tranquilidad doméstica, proveer la Defensa Común, promover el Beneficio (Welfare) General, y garantizar las Bendiciones de la Libertad para nosotros y para nuestra Posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América”.  Estas no fueron meras palabras: han perdurado por 226 años, más que ninguna otra constitución escrita.  La razón porque han perdurado y porque han traído más libertad a la mayor cantidad de personas en la historia, es precisamente porque se forjó bajo la regulación por la ley.

 

De la misma manera, la república federal constitucional americana es única entre todos los demás sistemas de gobierno en que fue creada por una constitución “negativa”, es decir, la constitución limita los poderes del gobierno mientras protege los derechos del pueblo. 

 

De la Declaración de Independencia de 1776 viene otra novedad. Se reconoce que los derechos del pueblo -de cada ciudadano, en efecto- son otorgados por Dios, no por el gobierno. Este reconocimiento del Derecho Natural también es único de Estados Unidos.

 

La Constitución, de hecho, solamente enumera 18 poderes permitidos al Congreso. Vale la pena citarlos:

 

1-- el poder de imponer y cobrar impuestos (no impuestos sobre ingresos; esos fueron permitidos después de aprobarse la Enmienda 16 en 1913).

 

2-- obtener préstamos con el crédito de Estados Unidos.

 

3-- regular el comercio con otras naciones extranjeras, entre los Estados y con las Tribus Indias.

 

4-- establecer reglas uniformes para obtener la ciudadanía americana y para las bancarrotas a través de Estados Unidos.

 

5-- acuñar la moneda, regular el valor de la misma y fijar las normas de pesos y medidas.

 

6-- castigar la falsificación de los activos y los valores de Estados Unidos.

 

7-- establecer oficinas de correos.

 

8-- promover las artes y ciencias asegurando por un tiempo limitado los derechos exclusivos de los inventores y autores.

 

9-- constituir tribunales menores a la Corte Suprema.

 

10-- definir y castigar la piratería y las ofensas contra las leyes de las naciones.

 

11-- declarar la guerra, otorgar permisos de corso, formular reglas para las capturas en tierra y mar.

 

12 -- organizar y mantener ejércitos, pero las apropiaciones de dinero para tales ejércitos estarán limitadas a dos años.

 

13 -- organizar y mantener una marina de guerra.

 

14 -- reglamentar y regular las fuerzas militares en tierra y mar.

 

15 -- organizar una milicia para ejecutar las leyes de la Unión, para suprimir insurrecciones y para repeler invasiones (esto se convirtió en la Guardia Nacional de cada estado).

 

16 -- organizar, armar y disciplinar la milicia, reservando para los estados respectivos el nombramiento de oficiales de la milicia y el entrenamiento de las milicias.

 

17 -- ejercer la legislación exclusiva para establecer la sede del gobierno (lo que se convirtió en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital de Washington) y la edificación de fuertes, arsenales, astilleros y todo tipo de edificación en la sede del gobierno.

 

18 -- aprobar todas las leyes que sean propias y necesarias para llevar a cabo la ejecución de los mencionados poderes y todos los demás poderes otorgados por esta Constitución al gobierno de los Estados Unidos.

 

Estos son TODOS los poderes enumerados y otorgados por la Constitución al Congreso.  Todos los demás poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución o prohibidos a los Estados por la Constitución, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo. Esta es la Décima Enmienda a la Constitución (parte de la Declaración de Derechos) aprobada, como las primeras nueve, en 1791.

 

Otra diferencia del nuevo sistema de gobierno creado por la Constitución de 1787 es que no se menciona ni una sola vez la palabra democracia -como tampoco se menciona en la Declaración de Independencia. Tampoco se menciona en la Constitución la regulación de las elecciones, excepto las reglas para la composición del Senado y la Cámara de Representantes y para la elección del presidente y vicepresidente.

 

Las acostumbradas frases como elecciones por el voto secreto y universal de los ciudadanos no aparecen en la Constitución. La regulación de las elecciones quedó a cargo de las legislaturas estatales, de manera que cada estado establece sus propias normas para la elección de oficiales estatales y locales, tales como la edad mínima y otros requisitos como poseer cierta cantidad de propiedad o saber leer y escribir.

 

La franquicia electoral era muy limitada al principio de la creación de Estados Unidos.  Probablemente no más del 10% de los ciudadanos podían votar, y las mujeres y los esclavos estaban excluidos. De manera que la república federal constitucional creada en 1787 no puede ser llamada una democracia bajo ninguna interpretación de esa palabra.  Es más, en los debates de la Convención Constituyente en Filadelfia en el verano de 1787, hay múltiples menciones de la palabra democracia, pero todas y cada una son críticas o condenatorias. 

 

Los fundadores de Estados Unidos tenían una gran desconfianza y un gran temor a todo tipo de democracia y trataron por todos los medios que la nueva nación NO fuera una democracia, sino una república. El temor al desorden y al caos que existía en algunos estados -las antiguas colonias todas se habían convertido en estados independientes con sus respectivas constituciones, agrupadas en una especie de Liga bajo los Artículos de Confederación- mayormente creados por las legislaturas estatales y sus irresponsables y demagógicas políticas, fue precisamente lo que dio lugar a la Convención Constituyente de 1787. 

 

Los fundadores se aseguraron que la nueva nación tendría un gobierno central suficientemente fuerte, pero limitado por la Constitución, con los derechos individuales firmemente protegidos. Ese complicado sistema de frenos y balances y división de poderes que resultó de la Convención en Filadelfia, fue la nueva nación de los Estados Unidos de América.

 

Ahora, el nuevo sistema creado, la nueva república constitucional federal, como es una nación de leyes, bajo la regulación por la ley, que se crea y aprueba por el Congreso, necesita otro mecanismo para aplicar las leyes.

 

Este es el sistema de cortes, desde las municipales, pasando por las condales y estatales, y finalizando en las federales. La Corte Suprema decide la constitucionalidad de todas las leyes aprobadas en todos los niveles. Pero el sistema judicial federal se compone además de las cortes de distrito y las cortes de apelación, o de circuito.

 

La Constitución NO le otorgó a la Corte Suprema el poder de interpretar las leyes y de decidir la constitucionalidad de ellas. Esto resultó de uno de los primeros casos juzgados por la Corte Suprema bajo la presidencia del más grande de todos los jueces que jamás se sentaron en esa Corte, el Juez John Marshall, quien presidió la Corte Suprema por 35 años, de 1801 a 1835.  En el famoso caso Marbury V. Madison, el primer caso importante que la Corte de Marshall decidió en 1803, el gran Juez escribió la opinión unánime de la Corte, invalidando el Judicial Act de 1789. La frase clave es esta: “Es enfáticamente la provincia y el deber del Departamento Judicial decir que es la ley”. Con esas palabras nació lo que se conoce como Revisión Judicial, la habilidad y el derecho de la Corte Suprema de ser el árbitro final sobre la constitucionalidad de las leyes. 

 

La Corte de Marshall fue además enormemente importante en la creación y consolidación de una gran república comercial, puesto que la mayoría de sus decisiones importantes afirmaron lo casi sacrosanto de los contratos en Estados Unidos. Marshall además fue un gran defensor de los derechos individuales y de las corporaciones, a las cuales les otorgó casi los mismos derechos que a los individuos. De manera que fue uno de los más importantes arquitectos de la nueva república.

 

El otro invaluable arquitecto de la república comercial, el hombre más responsable de lo que se convirtió Estados Unidos a través de su larga historia, fue el primer Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton.

 

Hamilton en realidad convirtió a la nueva nación en una república comercial, primero con su plan de asumir todas las deudas, estatales y federales, incurridas durante la Guerra de Independencia. Esto le dio seriedad y validez a la república instantáneamente, y le aseguró el crédito futuro a Estados Unidos. 

 

Quizás igualmente importante fue su Reporte sobre Manufacturas. Con este plan, que no fue adoptado (la asunción de las deudas, muy opuesta por Jefferson y Madison, resultó de un acuerdo mediante el cual el Congreso aprobó la ley, y la capital del país, que era New York, fue trasladada, eventualmente, a un distrito sureño entre Maryland y Virginia, lo que sería Washington, D. C.), Hamilton ideó una república industrial y comercial, con tarifas proteccionistas que se convirtieron en la principal cuestión electoral por más de un siglo, con el Partido Demócrata apoyando el libre comercio y el Federalista, Whig y Republicano, apoyando aranceles para proteger a las nacientes industrias americanas. 

 

Hamilton trató de utilizar -primera vez que esto se hizo- la llamada cláusula “propia y necesaria”, la última de las 18 enumeradas y permitidas al Congreso por la Constitución y una cláusula muy flexible.  Madison, uno de los creadores de la cláusula, se opuso, porque consideró muy amplia la interpretación de Hamilton.

 

La visión de Hamilton triunfó -y ayudó a crear los primeros partidos políticos: Republicano-Demócrata de Jefferson y Madison, Federalista de Washington, Hamilton y John Adams -aunque curiosamente el partido de Jefferson y Madison dominó la política de la nueva nación por casi la primera mitad del siglo, eligiendo a tres presidentes consecutivos por dos términos cada uno. Aún John Quincy Adams, hijo de John, el segundo presidente, se consideraba Republicano-Demócrata, y cuando el verdadero Partido Demócrata nació con la elección de Andrew Jackson en 1828, dominó la vida política de la nación hasta la elección de Abraham Lincoln en 1860, el primer presidente Republicano. 

 

Su partido habrá triunfado políticamente, pero la visión de Jefferson de una república agraria con pocas grandes ciudades y poca industria, quedó enterrada para siempre. Las decisiones de Marshall se ocuparon del resto: Estados Unidos sería una gran república comercial-industrial por el resto de su historia, donde la libertad y la creación de riquezas producidas por ese sistema dual de libertad bajo un gobierno de leyes, creó y sigue creando la mayor cantidad de riquezas que el mundo ha conocido.

 

Posible aplicación del concepto de Regulación por la ley y de la Libertad creada bajo ese sistema en una futura República Constitucional en Cuba.

 

Las lecciones y las ventajas de este sistema dual para Cuba en un futuro son obvias. Pero primero se debe indicar que estos conceptos fueron desconocidos aún en la primera República de Cuba inaugurada en 1902. Los americanos reconstruyeron a una Cuba totalmente devastada después de la Guerra de Independencia que culminó con la Guerra Hispano-Americana y la ocupación de la isla por Estados Unidos entre 1898 y 1902. 

 

El gobierno de ocupación construyó la infraestructura de la isla, terminó con las epidemias de fiebre amarilla y malaria (con buena ayuda del descubrimiento del médico cubano Carlos Finlay de que el mosquito era en trasmisor de las epidemias) y creó un sistema de sanidad en toda Cuba, implantó un nuevo sistema educacional y las primeras escuelas públicas, y fue instrumental en la redacción de la primera Constitución cubana, que fue modelada en la americana, pero que estúpidamente, por parte de Estados Unidos, incluyó la funesta Enmienda Platt en su texto. 

 

Todo eso le dio un buen impulso a la nueva nación independiente. En realidad, se crearon una serie de condiciones propicias y favorables al éxito de la nueva república, condiciones bastante más favorables que las de casi todas las demás repúblicas hispanas independizadas de España en el siglo anterior. 

 

Pero el concepto de regulación por la ley no fue aprendido por los cubanos. El primer presidente de Cuba independiente, Tomás Estrada Palma, no solo insistió en su reelección en 1906, sino que al producirse una rebelión liderada por José Miguel Gómez y el Partido Liberal, quienes se  sintieron defraudados del triunfo presidencial en 1906 al Estrada Palma ganar por un fraude masivo, renunció junto a todo su gabinete, dejando a Cuba sin gobierno y obligando a Estados Unidos a intervenir bajo la Enmienda Platt, a pesar de que el Presidente Theodore Roosevelt estaba opuesto a la intervención 

 

Por el resto del medio siglo, los políticos de la Cuba republicana vivieron en un país donde los hombres y no las leyes gobernaban, y donde las leyes se burlaban abiertamente, todo lo opuesto a un gobierno bajo la regulación por la ley.

 

Luego los cubanos nunca aprendieron estos grandes principios creados por sus vecinos del norte. Por supuesto, desde 1959, Cuba ha sido gobernada también por un sistema no de leyes ni de hombres, sino de un solo hombre. Un siglo de ignorancia de los principios que crearon la libertad y la riqueza en el mundo.

 

No importa cuando el sistema político en Cuba permita cambiar las fortunas del país, no es solo cuestión de adoptar cambios, reformas o un nuevo modelo (chino, vietnamita, lo que sea) para crear un sistema más eficiente, libre y abierto, sobre todo económicamente, sino de crear una nueva república de la nada (pero en condiciones mucho más favorables que las existentes en 1902). 

 

Aplicar los conceptos y principios de la Regulación por la ley le permitiría a Cuba rápidamente ocupar un alto lugar entre las naciones más prósperas del mundo. Pero si no se instaura una nueva república bajo estas normas, que han probado con creces a través de casi tres siglos (pues las colonias inglesas en Norte América ya llevaban muchos años viviendo bajo la Regulación por la ley antes de nacer Estados Unidos en 1787) que son las únicas que producen la mayor libertad y la mayor prosperidad para todos los individuos que viven bajo el sistema, Cuba seguirá condenada a nunca cumplir la gran promesa que siempre ha podido ser. 

 

No la que soñó Martí, porque eso nadie lo puede saber exactamente ni en realidad importa tanto, sino una nación moderna, libre y próspera, lo que debe ser, lo que casi todos los cubanos de buena voluntad queremos que sea. ¿Cómo se puede lograr esto? Veamos un ejemplo muy sobre-simplificado.

 

Como en China en 1979, se puede comenzar con zonas industriales en selectos enclaves costeros. Obviamente, las inversiones tienen que ser garantizadas por el gobierno. Pero el gobierno cubano puede recibir ayuda de Estados Unidos inmediatamente. Solo es necesario cumplir los mínimos requisitos para eliminar la Ley Helms-Burton, celebrando elecciones libres (las primeras podrían ser “cosméticas”, con partidos semi-gubernamentales) y liberar los presos políticos. Así se puede contar de inicio con créditos americanos y seguros a las inversiones por parte de organismos americanos e internacionales.

 

Luego se abren otras nuevas zonas comerciales-industriales y se permiten nuevos partidos políticos. Sería de esperar que la prosperidad casi inmediata indujera al gobierno a mayores aperturas políticas, que culminarían en la elección de una Convención Constituyente para adoptar una nueva Constitución. En esa Constitución se pueden incorporar los principios y conceptos mencionados.  No es imposible y no tienen que pasar 35 años como en China, donde todavía no hay libertad política.

 

No importan nuestras diferencias políticas, si los herederos de la “revolución”, algo en que nadie ya cree, no se aferran al poder indefinidamente y si eventualmente (uno esperaría y quisiera que no demorara mucho) abren sus mentes a la realidad, a la verdad histórica, todos estos beneficios son inevitables y Cuba podría comenzar a ser, por fin, una república de todos y para el bien de todos.