Cubanálisis  El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

Diego Trinidad, PhD, Miami

 

 

                               

 

 

                                

 

CUBA Y  LA ÚLTIMA BARRERA: CONFISCACIONES Y COMPENSACIONES

 

Raúl Castro, sus herederos y sucesores podrán hacer mayores o menores cambios y “aperturas” en la economía de Cuba. Podrán también, si deciden que es conveniente y puede ayudar al régimen, ofrecer mayores o menores “garantías” a inversionistas extranjeros.

 

Podrán esperar recibir algunas inversiones importantes de Hispanoamérica y de Europa (China  no invierte en Cuba, excepto en proyectos de infraestructura no comerciales, aunque le ha otorgado créditos y quizás alguno que otro préstamo.  Irán tampoco invierte, pero igualmente ha otorgado créditos y préstamos, y en el futuro pudiera ofrecer abastecimiento de petróleo a bajo costo).

 

Podrán tener esperanzas de recibir más y mejores facilidades del Presidente de EEUU como parte de la nueva política americana de acercamiento desde diciembre del 2014, aunque ya no hay mucho nuevo que el Presidente pueda ofrecer para ayudar al régimen.

 

Adicionalmente, aunque el régimen es oficialmente ateo, pudieran siempre rezar para que una lluvia de inversiones bendiga a la isla. Igualmente pudieran poner sus esperanzas en que el Presidente americano convenza al Congreso de levantar el embargo, lo cual consecuentemente le permitiría al régimen su anhelo de al menos 30 años: acceso a créditos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros. Algo enormemente improbable en los ocho meses que le quedan al Presidente en el poder. 

 

Pero lo que de ninguna manera pueden esperar ni conseguir -inclusive si milagrosamente se levantara el embargo económico- es que las grandes compañías americanas o siquiera multimillonarios conocidos como George Soros, Tom Steyer, Haim Saban (dueño de Univisión) y otros grandes benefactores de la Izquierda, inviertan ni un centavo en Cuba.  No hasta que se resuelva el espinoso asunto de las propiedades ilegalmente confiscadas -sin la debida compensación- a los propietarios cubanos (ahora casi todos ciudadanos americanos naturalizados y sus descendientes).

 

Este es el gran problema y el “secreto” que imcomprensiblemente se ignora entre el Exilio Histórico. Esta es la Última Barrera que el régimen cubano necesita rebasar para integrarse completamente al sistema económico internacional. Es decir, para convertirse en una nación “normal” en toda la extensión de la palabra.

 

El hecho que el régimen se mantenga firmemente en el poder sin ofrecer muchas concesiones para mejorar los “Derechos Humanos” (lo escribo en mayúscula y entre comillas porque esta es la modalidad en el siglo 21), cuando para los que defendemos la libertad lo que cuenta son los derechos individuales, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada y a disfrutar esos pocos pero básicos derechos. Pero al Capital no le interesan mucho los derechos, ni humanos ni individuales.

 

Solo le interesa la protección de su propiedad y la garantía legal de sus inversiones. La cual en Cuba no existe. Pero donde cuenta para los efectos de las inversiones americanas no es en Cuba, sino aquí en EEUU.

 

Antes de explicar todo lo referente a esa última barrera mencionada en el título, es necesario un breve recuento histórico de lo sucedido en Cuba desde 1959 sobre las confiscaciones de la propiedad privada sin compensaciones y por qué es tan crucial para el régimen resolver esto para conseguir inversiones americanas.

 

Extrañamente (o quizás no; era muy temprano y todavía era necesario ofrecer matices de legalidad), la primera ley aprobada -ilegítimamente, en mi opinión, ya que el Consejo de Ministros del primer gobierno revolucionario NO podía legislar ni mucho menos aprobar leyes- para permitir al gobierno la confiscación de propiedades de antiguos colaboradores y miembros del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, se basó en el artículo 24 de la Constitución de 1940.

 

Pero ese artículo 24, el cual exigía la justa compensación del propietario, dictaminada por tribunales competentes, fue modificado para excluir cualquier compensación a esos primeros propietarios despojados extrajudicialmente de sus negocios y residencias (luego se incluyó a todos los que habían lucrado con el erario público desde los gobiernos Auténticos de Grau y Prío). Aún así, de cierta manera el Consejo de Ministros trató de llevar a la normalidad las violaciones constitucionales y sistémicas causadas por el golpe militar de Batista. Otra ironía de las tantas que ocurrieron en Cuba.

 

Aunque la Ley de Reforma Agraria adoptada (otra vez por el Consejo de Ministros) en Mayo de 1959 fue una ley de redistribución de la tierra buscando “justicia social”, también fue una gran expropiación -una vez más sin compensacián a sus dueños- y naturalmente tiene que ser considerada como parte de las confiscaciones a que este trabajo se refiere. Pero fue distinta en el sentido que su propósito no fue solamente confiscar propiedad, sino resolver un serio problema social en Cuba y cumplir una de las promesas del Movimiento 26 de Julio. Claro que el resultado para los propietarios de la tierra confiscada fue el mismo, puesto que no fueron compensados. Además, la Ley de Reforma Agraria se puede considerar como el principio del fin de la economía y hasta de la sociedad cubana. Con esa Ley, se comenzó a implantar en Cuba una verdadera revolución, y sus consecuencias todavía perduran, ya que directamente produjo todas las carencias y dislocaciones en la economía cubana desde entonces y destruyó la productividad de la agricultura cubana, hasta 1959 una de la principales en Hispanoamérica (Cuba producía el 85% de los alimentos que el pueblo consumía).

 

 El intento de “legitimizar” un acto claramente ilegal es curioso, sobre todo cuando desde el golpe militar del 10 de marzo de 1952, la Constitución del 1940 fue violada y de facto derogada por Batista y sus secuaces. No importan los varios vuelcos que entre 1952 y 1959 se le dieron al gobierno de facto de Batista para legitimarlo, incluyendo dos elecciones presidenciales, una ganada fraudulentamente por Batista (con la complicidad del ladino ex Presidente Grau, quien se retiró como candidato a última hora), y la final, en 1958, también ganada fraudulentamente por el candidato oficialista Andrés Rivero Aguero, porque en Cuba durante esos siete años NO existió un gobierno constitucional. 

 

Sin embargo, el primer gobierno revolucionario, cuya única legitimidad era haber derrocado a la dictadura previa, trató de apelar a la derogada Constitución del 1940 y su gran artículo 24 que protegía la propiedad privada tanto como ninguna otra.

 

No solo las expropiaciones tenían que ser justificadas y dictaminadas por los tribunales, sino que la terminología del artículo, el cual exigía que las compensaciones a los expropiados fueran en efectivo, en la práctica hacían las compensaciones, y por consiguiente también las confiscaciones, imposibles. ¿Por qué? Porque en Cuba en 1940, debido a la grave crisis económica que existía, el gobierno carecía de suficiente dinero en efectivo para pagar confiscaciones a nadie que fuera expropiado, sin importar las razones de esas posibles expropiaciones.

 

La “Ley” sobre confiscaciones y compensaciones se modificó tres veces más, en  diciembre de 1959, julio de 1960 y enero de 1961. Pero estas nuevas modificaciones se aplicaron a todos los propietarios que fueron expropiados, especialmente en las dos confiscaciones masivas de septiembre de 1960 (industria del cigarro) y octubre de 1960 (todo el resto de la gran industria privada cubana, incluyendo las grandes compañías como Bacardí y los centrales azucareros de cubanos (los americanos habían sido confiscados antes), además de las viviendas privadas mediante la Reforma Urbana).

 

Los cambios en la Ley de Reforma Constitucional excluyeron las compensaciones usando la novedosa justificación que los propietarios habían abandonado Cuba y consecuentemente, habían “renunciado” a sus derechos propietarios.  No solo fue ilegal esta medida, la cual contravenía los principios básicos del derecho internacional, sino que muchos de los mejores abogados cubanos así se lo señalaron a los dirigentes revolucionarios.

 

Pero Fidel Castro decidió que nada de eso importaba y su voluntad se impuso, como siempre sucedió desde 1959 hasta que “abandonó” el poder en el 2006 por motivos de salud. Desde 1959, las leyes cubanas NO han cambiado, por lo que nada se ha hecho nunca para resolver el asunto.

 

Esa es la situación ahora. Pero desde el 17 de diciembre del 2014, como las intenciones de la presente administración americana son conseguir un acercamiento con el régimen cubano de cualquier manera, y por supuesto eso es lo que Cuba lleva cuatro décadas buscando, se hace urgente resolver el problema.

 

¿Pero como? Las compensaciones a los propietarios americanos son relativamente fáciles de resolver porque las leyes americanas reconocieron esas pérdidas desde 1959 y solo es cuestión de lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio entre los dos gobiernos. Lo cual no quiere decir que no existan muchas y muy complejas cuestiones por resolver. Por ejemplo, cómo valorar la propiedad confiscada; qué valor asignar a la moneda utilizada para compensar; a quién compensar primero. En fin, hay muchas consideraciones que se necesitan resolver.

 

Pero para eso están los equipos de negociadores profesionales de cada nación. Es decir, entre dos naciones soberanas, cada una representando los intereses de sus ciudadanos, si existe la voluntad, un acuerdo puede lograrse rápidamente. El régimen cubano se ha negado hasta ahora, pero se debe recordar que las negociaciones llevan meses andando y todo puede cambiar muy pronto.

 

Existen precedentes, ya que Cuba ha recientemente reestructurado parte de su deuda externa con algunas naciones europeas agrupadas en el Club de París. Además, el hecho es que todas esas pérdidas americanas, por multimillonarias que sean, ya han sido descontadas por sus dueños legítimos (o sucesores) al Internal Revenue Service (IRS), lo cual facilita un acuerdo. 

 

Pero por otro lado, nada de esto aplica a las pérdidas de los cubanos (ahora casi todos ciudadanos americanos nacionalizados, pero no incluidos cuando el registro de las pérdidas americanas se finalizó en 1976). Esas pérdidas son mucho más grandes y muchísimo más valiosas que las propiedades americanas confiscadas entre 1959 y 1960, y nunca los propietarios cubanos recibieron compensación alguna. Nadie nos representa, incluyendo al gobierno de EEUU. Somos huérfanos internacionales. Excepto ante los tribunales americanos

 

Ahora se puede ver el gran escollo y la tremenda amenaza que los cubanos despojados de sus propiedades sin compensación representan para el futuro del régimen cubano. ¿Por qué?  Muy fácil.  Cada gran compañía americana tiene departamentos legales.  Todos los abogados que trabajan en esos departamentos saben muy bien que solamente defender (aunque los cubanos no prevalezcan ante los tribunales) esos casos contra la avalancha de demandas sería tan costoso que ninguna utilidad producida por inversiones en Cuba puede valer el riesgo.

 

Y esa es la razón por la qué el régimen cubano tiene que resolver el problema y por lo que, mientras no lo haga, nunca se realizarán las inversiones americanas que el régimen codicia.

 

En este momento, la Ley Helms-Burton le prohíbe a los americanos invertir en Cuba.  ¿Pero si se deroga la Ley? Peor. Porque la Ley Helms-Burton también evita que los cubanos puedan demandar al régimen o a compañías que inviertan y “trafiquen” con propiedades confiscadas sin compensación.

 

Existe una enorme brecha en la Ley Helms-Burton, la cual siempre fue la gigantesca farsa en la Ley, que permite al Presidente suspender por seis meses las cláusulas que prohíben ese “tráfico” en propiedades robadas. La prohibición (waiver) ha sido renovada  automáticamente por todos los presidentes desde que se aprobó la Ley en 1996. 

 

Es decir, que la Ley Helms-Burton prohíbe las inversiones americanas, pero a la misma vez prohíbe a los cubanos a quienes se les confiscaron sus propiedades sin compensación, demandar al régimen cubano o a las compañías no americanas que invierten en Cuba y “trafican” con esas propiedades robadas.

 

Es un arma de doble filo que puede ser derogada, por supuesto. Pero la única manera que eso puede suceder es si el régimen cubano compensa, de alguna forma, a los propietarios cubanos por sus pérdidas, entre otras condiciones. Así y solo así puede Cuba resolver el problema de las confiscaciones y compensaciones para que esa solución le permita integrarse al sistema de comercio internacional y lograr el sueño dorado de que las inversiones americanas por fin lleguen a Cuba. 

 

Veremos cuándo lo hacen, pues ya saben que lo tienen que hacer, y más temprano que tarde. La administración americana no quiere obligar al régimen a negociar. No entiende la importancia de resolver el asunto. Pero Cuba sí lo entiende y lo sabe muy bien.  Además, sabe también que nunca conseguirá mejores condiciones que bajo la actual administración, a la que le quedan ocho meses en el poder. El tiempo apremia. El régimen lo sabe. 

 

Cuba podría disponer de suficiente dinero para pagar estas compensaciones a cubanos una vez que se decida a negociar (aunque esto es debatible; algunos consideran que Cuba no tiene dinero, mientras otras investigaciones demuestran que si lo podría tener).

 

Todos y cada uno de los antiguos países “socialistas” de Europa Oriental, incluyendo la “Madre Patria” rusa, han resuelto de alguna manera este grave y complicado problema. Todas las compensaciones han sido descontadas, por supuesto. Es decir, se han pagado centavos por dólares. En algunos casos se han emitido bonos a largo plazo y con bajo interés como compensación.  En algunos casos se han devuelto ciertas propiedades a sus antiguos dueños. Pero se ha resuelto el problema por acuerdo mutuo.

 

Cuba es la excepción. Como el régimen no se decide a negociar y la presente administración americana ni lo presiona ni le interesa representar a los propietarios cubanos, un grupo de antiguos propietarios cubanos de Miami hemos decidido actuar y estamos preparando una formula para obligar al régimen castrista a negociar directamente con nosotros.  Pronto anunciaremos nuestra estrategia y plan de acción para lograrlo.

 

La gran y final ironía es que nosotros quizás lograremos alguna compensación por nuestras pérdidas, pero el régimen en definitiva se beneficiará más. Pero no importa. Se hará justicia y lograremos que se reconozcan nuestros derechos de propiedad. Nuestros principios serán vindicados.

 

Quizás sea un victoria relativamente vacía, pero será una merecida victoria. Además, mediante la estrategia que nuestro grupo prepara, no conseguiremos compensaciones importantes de parte del régimen cubano, pero SÍ lograremos obtener grandes beneficios, incluyendo económicos, por los resultados del plan de acción.

 

Finalmente, tendremos la enorme satisfacción de haber obligado al régimen castrista a negociar con un grupo de cubanos de igual a igual, sin ningún apoyo de nadie más, especialmente del gobierno americano. Eso en sí vale cualquier esfuerzo que se haga. 

 

En ese sentido, habremos en definitiva derrotado al régimen castrista.