Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ESPECIAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

¿REFORMA AGRARIA?

 

Gonzalo Daniel Fernández Reyes

 

Los líderes históricos de la Revolución Cubana se ufanan que la Reforma Agraria es una de sus más grandes conquistas. Que ésta tiene sus antecedentes en octubre de 1953 cuando Fidel Castro habló sobre el tema,  durante el juicio por los sucesos del ataque al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba:

 

“Un gobierno revolucionario, después de asentar sobre sus parcelas con carácter de dueños a los cien mil agricultores pequeños que hoy pagan rentas, procedería” (…) “repartiendo el resto disponible entre las familias campesinas con preferencia a las más numerosas.”

 

El 17 de mayo de 1959 se dicta la Ley de Reforma Agraria: es la primera norma legal de carácter radical de la Revolución en el poder, dirigida a  erradicar la propiedad latifundista en el país. Establece un mínimo vital de 26.84 y un máximo hasta 402.60 hectáreas de tierras. Dispuso que los productores que fueran arrendatarios, aparceros, colonos y precaristas se reconocieran como beneficiarios de esa Ley en carácter de propietarios y cuando fueran  parcelas de menor cabida que lo establecido como mínimo vital tenían derecho a acrecer en esa diferencia. Prohíbe la compraventa, permuta u otras cesiones, por lo que desaparece el mercado de tierras, y determinó que el Estado  era el único comprador de fincas rústicas.

 

En aquel momento la  tenencia de la tierra en Cuba se caracterizaba por la existencia de grandes latifundios: el 1,5% de los propietarios poseían 2,336 fincas con 4 millones 254 mil hectáreas, que representaban el 46% del total nacional. El resto eran medianos y pequeños propietarios, y existían 199,817 personas que ocupaban tierras en concepto de arrendatarios, aparceros, colonos y precaristas.

 

Resultante de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria la propiedad de la tierra quedó estructurada en un sector estatal, con 3 millones 903 mil hectáreas, y el privado, con 5 millones 174 mil hectáreas, representando respectivamente el 44 y 56% del total de la nación.

 

Comoconsecuencia fueron reconocidos como propietarios-beneficiarios los 199,817 ocupantes de tierras señalados anteriormente. Las propiedades de personas naturales y jurídicas que tenían áreas superiores a 402.60 hectáreas se redujeron a ese límite, donde generalmente se encontraban las instalaciones y los medios fundamentales de producción. Además, resultaron afectados decenas de miles de pequeños propietarios que vivían de rentar sus tierras a otras personas.

 

El organismo creado por esta Ley para ejecutar su aplicación fue el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), dirigido personalmente por Fidel Castro, y en cuanto a los 3 millones 903 mil hectáreas que integraban el patrimonio estatal, se decidió que no serían distribuidas a nuevos beneficiarios. Tampoco los que tenían áreas inferiores al mínimo vital pudieron acrecer, y fueron  creadas miles de cooperativas colectivas dirigidas por el INRA, las que apenas duraron unos meses y se transformaron en Granjas del Pueblo.

 

En el momento que se adopta la decisión de crear los grandes latifundios estatales (las Granjas del Pueblo) es precisamente el punto de inflexión de la radicalización de la revolución hacia el socialismo, situación que en el orden interior se encontraba sumamente agravada, debido a la confrontación entre revolucionarios y no revolucionarios.

 

Ya en esos momentos se habían producido levantamientos armados de decenas de grupos de alzados en las entonces seis provincias del país, que operaban en las zonas rurales, por lo que Fidel Castro decide aplicar la drástica medida de exterminar a los propietarios medianos de tierras. De esa forma dicta el 3 de octubre de 1963 la Segunda Ley de Reforma Agraria, mediante la cual son intervenidas las fincas con extensiones superiores a 67.10 hectáreas (5 caballerías), alegando que un porcentaje  importante de los propietarios eran quienes garantizaban los abastecimientos a los grupos de alzados.

 

La realidad es que se buscaba eliminar ese segmento de propietarios que no compartía ideales con la revolución marxista y apropiarse de los recursos fundamentales que habían quedado en las propiedades que fueron afectadas por la Primera Ley de Reforma Agraria.

 

Desde octubre de 1963 la propiedad estatal ascendió a 5 millones 514 mil hectáreas, y el sector privado quedó con unos 150 mil pequeños  propietarios, con 3 millones 563 mil hectáreas, o sea, el 60,7% y el 39,3% respectivamente del total nacional. Las nuevas tierras confiscadas por el Estado tampoco se distribuyeron, y fueron incorporadas a las Granjas del Pueblo.

            

La voracidad y geofagia del gran imperio de tierras estatales debía de haberse detenido, por lógica, ya que tenía la mayoría y los mejores suelos del país, y ya no quedaban causas de tipo político o económico que argüir para continuar la expansión.

 

Sin embargo, no fue así: Fidel Castro estaba dispuesto a exterminar definitivamente la propiedad privada de la tierra, y los pasos sucesivos fueron los siguientes:

·        1960 a 1972: miles de propietarios y sus familias residentes en las montañas del Escambray y otras zonas rurales donde operaban grupos de alzados contra la Revolución fueron evacuados de forma forzosa y enviados a lugares remotos, con la prohibición expresa de regresar, y sin ningún tipo de indemnización.

·        Desde 1966 se estableció la compra de fincas privadas que sus propietarios desearan vender de forma “voluntaria” al Estado. Decenas de miles fueron adquiridas, el mayor porciento virtualmente obligados, por encontrarse afectados por los enormes planes de desarrollo integrales del Estado. El pago se hacía con exiguas pensiones que no podían exceder los 120 pesos,  o al contado, con precios aún vigentes e infinitamente inferiores a los del mercado mundial.

·       1968 a 1972: alrededor de 25 mil propietarios de fincas que se encontraban dentro de los perímetros de los planes de desarrollo fueron acosados y presionados hasta que “voluntariamente” arrendaron sus tierras al Estado por exiguas rentas y la promesa de que se les entregarían apartamentos en las comunidades y otras ofertas, la mayoría jamás cumplidas.

·        1960 a 1970: fueron confiscadas centenares de fincas que pertenecían a personas que practicaban la religión Testigos de Jehová.

·       1968-1970: son ocupadas centenares de fincas en las que sus propietarios no tenían posibilidades de contratar fuerza de trabajo para cultivar la caña de azúcar. La mayoría no fueron devueltas ni indemnizadas posteriormente.

·        1976-1988: último asalto de la UTOPÍA por exterminar la propiedad  privada sobre la tierra: se instaura la cooperativización, los propietarios son presionados, y se les ofrecen incontables promesas para que integren sus tierras de forma “voluntaria” a las cooperativas colectivas.        

·        La Constitución de 1976 y el resto de las normas legales que se dictan mantienen el denominador común de no permitir la aparición de la propiedad privada sobre la tierra y su desaparición de forma progresiva.

En En el año 2006 el conjunto de medidas adoptadas implicaba que  el 80% de la propiedad de la tierra en Cuba pertenecía al Estado, el 8% a las Cooperativas de Producción Agropecuaria y el 12% a los privados. La tendencia no se ha detenido, ya que se ha incrementado la presión sobre las cooperativas irrentables, que son mayoría, para la adquisición de sus tierras, así como múltiples medidas que se realizan contra agricultores pequeños, por lo que hoy debe ser aún mayor él porciento de tierras en propiedad del Estado. 

La La política agraria desde 1959 hasta 1993 estuvo signada por la utopía de Fidel Castro de organizar la agricultura en gigantescos planes estatales de desarrollo dirigidos por empresas estatales, y en Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) con forma de propiedad colectiva. Nadie podía jamás mencionar o proponer la entrega de tierras de forma individual, aunque fuere en usufructo.

      Desde 1991, en que se produce la desaparición de la URSS y el campo socialista, y hasta septiembre de 1993, la agricultura entró en una vertiginosa etapa de desplome y colapsó virtualmente. Era ya imposible mantener los enormes mastodontes de empresas estatales, y se decide crear un nuevo tipo de cooperativas, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), un nuevo engendro diabólico ideado por Fidel Castro, donde la tierra fue entregada en usufructo a esas entidades y los bienes fueron vendidos a la cooperativa. Esos medios de producción, en su mayoría tecnológicamente obsoletos y con años de utilización, fueron tasados y vendidos a precios similares a nuevos y como si el negocio fuera rentable y no colapsado. Para colmo, y con el evidente propósito de asegurarse que esas cooperativas continuaran totalmente controladas por el Estado, se dispuso que las empresas estatales a partir de las cuales habían sido creadas las cooperativas, ejercieran control sobre ellas: por tanto, se creaban y se mantenían -y se mantienen aún- sin  autonomía alguna.

     En esa misma fecha se aprueba la entrega de tierras en usufructo a personas individuales para el cultivo del tabaco, el que requería anualmente la movilización de decenas de miles de estudiantes a las labores tabacaleras, cuestión que bajo las nuevas circunstancias era ya imposible. Adicionalmente se había creado una gran asociación económica con la entidad española Tabacalera S. A.,  que garantizaba la entrega de los insumos básicos, por lo que la única alternativa que quedaba era dar ese paso para lograr una producción estable en cuanto a cantidad y calidad.

      La tercera medida fue entregar 0.5 hectáreas de tierra en usufructo a personas naturales que no trabajaran en la producción agropecuaria, preferentemente jubilados y otras personas sin empleo, para que las destinaran a cultivos de autoabastecimiento familiar. Era tal la incomodidad de Fidel Castro por haberse visto obligado a adoptar esas medidas que, a pesar de que ya se había autorizado esa cantidad de tierras  por el Buró Político del Partido y por un Decreto-Ley, decidió que el límite máximo a entregar seria de 0.25 hectáreas; es decir, al ya ridículo limite le incrementó un poco más la ridiculez e insensatez. Más de de 100 mil personas necesitadas aceptaron y pusieron a producir esas tierras ociosas.

      En 1994, ante el desastre en la producción cafetalera, fue aprobada la entrega de tierras en usufructo para la siembra de café y cacao en las regiones montañosas del país, bajo estrictas medidas de selectividad para la persona que solicitaba tierras, así como los familiares que residirían en la finca. La Seguridad del Estado era la institución que finalmente determinaba quién podía o no recibir tierras,  y existía además una expresa prohibición para que a todas las personas y sus familiares que habían sido evacuadas forzosamente de las regiones rurales del país no se les entregaran tierras. Las limitaciones de recursos, la existencia de precios no estimulantes, el abandono generalizado por el Gobierno a los habitantes de las regiones montañosas, y la implacable persecución a los productores para que vendieran al Estado el café obtenido, han implicado que los resultados sean generalmente adversos.

      Desde septiembre de 1993 hasta el 2008 los esfuerzos se concentraban en lograr que las recién creadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) atendidas por los Ministerios de la Agricultura y el Azúcar alcanzaran niveles productivos y de eficiencia que permitieran que los miembros de esas entidades pudieran obtener ganancias para su distribución anual. Salvo algunas excepciones, las UBPC significaron simplemente la prolongación del colapso que se les transmitió por el Estado al entregarle las tierras y venderles los medios e instalaciones a los ya sacrificados obreros agropecuarios.

      En agosto de 2008, ya bajo el mandato de Raúl Castro fue aprobada la entrega de tierras ociosas en usufructo para todos los tipos de cultivo, para lo cual se estableció en un Decreto-Ley que las entidades que tuvieran tierras ociosas deberían declararlas, y serían entregadas a personas naturales en un límite máximo de 13.42 hectáreas (una caballería) y en una cifra superior cuando se tratara de personas jurídicas.

      Desde ese momento y hasta el presente se produce un proceso de reducción de las tierras improductivas que tenían las Empresas Estatales, las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las UBPC. Esta medida, como todas las citadas anteriormente, está lastrada por un sinnúmero de medidas administrativas para garantizar mantener el control del Estado sobre cada productor, sin asegurarle la venta de los insumos básicos para poder explotar tierras que generalmente están cubiertas de malezas y que, por supuesto, figuran entre las peores que tenían las entidades que se vieron obligadas a entregarlas.

     El incorrecto límite establecido inicialmente de 13,42 hectáreas, ampliado actualmente a 67.10 (cinco caballerías), la desagregación de las tierras por las entidades según su propia conveniencia, y su entrega a un porciento mayoritario de personas que no tenía ningún tipo de noción de la agricultura, ni tampoco recursos materiales y financieros para enfrentar una tarea de semejante magnitud, ha generado una respuesta muy pobre en cuanto a la elevación de los niveles de producción, convirtiendo esas tierras en explotaciones de supervivencia y no de eficiencia y rentabilidad.

      A este conjunto de factores negativos hay que añadir el más importante: la inseguridad en el futuro. Tantos años de engaños, la falta de una definición nacional de que esas tierras en usufructo no serán nuevamente recuperadas por el Estado, implican que los usufructuarios no realicen inversiones consecuentes, y sin esos factores, lógicamente, no puede existir desarrollo ni lo más importante y determinante: si la forma de explotación de las tierras será a partir de la producción individual, ¿entonces por qué se entregan en usufructo y no en propiedad?

     Sinteticemos lo que  ha  significado “la conquista” de la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, las medidas posteriores y hasta el momento actual:

·        Si bien es cierto que más de 100 mil personas fueron declaradas propietarias de las tierras que ocupaban, las entregas de las áreas adquiridas por el Estado no se realizó, y se inició la larga marcha por exterminar la propiedad privada sobre la tierra, donde más de 200 mil personas fueron afectadas brutalmente, o engañadas producto a la aplicación de medidas que incluían amenazas, coacción, expropiación o confiscación.

·        En 1958 existían en Cuba 6 millones de cabezas de ganado vacuno (casi una por habitante). En 2012 quedan 3,8 millones (con una población de más de once millones de habitantes). Hasta 1959 el sacrificio de carne de vacuno era libre; hace más de 50 años el sacrificio está prohibido a las personas naturales, aunque sean los propietarios de las reses, y desde hace más de veinte años no se vende carne de res en moneda nacional ni en venta libre ni racionada. Solamente se vende en tiendas recaudadoras de divisas.

·        La leche sólo se recibe de forma racionada por los niños hasta cuando cumplen los 7 años de edad, y a personas que tengan dietas médicas. El resto de los ciudadanos, para tomar leche, debe adquirirla en el mercado de divisas, a precios inalcanzables para las personas de medios y bajos ingresos.                

·        Hasta que se prohibió el sacrificio de ganado vacuno prácticamente no existía el robo y sacrificio ilegal de esos animales. Actualmente, y por decenas de años, se hurtan y sacrifican un promedio de 40 mil cabezas anuales, decenas de miles de personas han sido arrestadas por este ilógico delito y sometidas a prisión con largas condenas, algunas muy similares a quien comete un homicidio.

·        La producción de café alcanzaba 60 mil toneladas anuales, de excelente calidad, y un por ciento importante era exportado. En la actualidad ha descendido vertiginosamente hasta 6 mil toneladas. Durante más de 50 años la venta de café a la población ha estado racionada, se realizan significativas importaciones, incluso desde Vietnam, país al que los cubanos enseñaron a cultivar café, y la calidad del que se vende a la población tiene una mezcla con chícharos superior al 50%.

·        El tabaco, símbolo de distinción del país, ha ido perdiendo en cuanto a calidad y, lo peor, los ciudadanos cubanos durante decenas de años se vieron obligados a adquirirlos de forma racionada. Hoy están en venta libre, pero su calidad es muy deficiente; los cigarrillos que se expenden libremente en moneda nacional tienen precios que no se corresponden con las posibilidades de la población, y además no alcanzan la calidad histórica de ese producto en el país.

·        En 1958 Cuba era el primer productor y exportador de azúcar a nivel mundial, con un promedio de 5.59 millones de toneladas de excelente calidad durante toda la década de los años 50, contaba con 156 centrales azucareros y las zafras se realizaban con un elevado nivel de eficiencia. Hoy sobreviven apenas 46 centrales azucareros y la producción de azúcar no rebasa en las ultimas zafras 1.5 millones de toneladas, cifra que se lograba en los primeros años republicanos en el siglo XX. Durante más de 50 años las ventas de azúcar a la población son bajo racionamiento y con muy poca calidad, y la que recientemente se vende de forma libre tiene precios inalcanzables para el cubano medio. 

·        Los frutales virtualmente desaparecieron en una gran cantidad de variedades: ahora se les denomina a muchas de ellas “frutas exóticas”. 

·        En 2012 la población rural apenas constituía el 20% de la población total: durante décadas se ha venido produciendo un éxodo interminable hacia ciudades y poblados. 

·        Los productores cubanos son víctimas de la indolencia policial ante el actuar de personas que roban sus cosechas y los obliga a trabajar de día en el agro y como cuidadores de sus productos en horario nocturno. 

·        De exportador de alimentos el país ha pasado a importador: en 2013, pese a las reducciones sensibles por parte del gobierno, la cifra planificada de importaciones de productos alimenticios asciende a 1,600 millones de dólares, y solo cubre el consumo racionado de los cubanos, para poder asegurar la alimentación de más de 2 millones 800 mil turistas anuales.  

·        La prohibición de que surjan nuevos propietarios de tierras, las inconsistentes políticas de distribución de tierras en  usufructo, la forma autorizada legalmente para heredar la tierra,  la prolongada prohibición de construcción de viviendas en tierras estatales (que implicó que se realizaran en las privadas bajo formulas ilegales), y la inexistencia de un mercado de tierras, han originado la proliferación del minifundio en el campo cubano, derivando a una agricultura de subsistencia en muchas provincias densamente pobladas.

El primero de marzo de 2010, en una de sus “brillantes” reflexiones, Fidel Castro expresó:

 

“Cuando un día observé una filmación de una extensión de 40 mil hectáreas  de tierra en Ciego de Ávila dedicada al cultivo de soya en rotación con maíz donde se tratara de laborar durante todo el año, exclamé: es el ideal de una empresa estatal socialista, altamente mecanizada con elevada productividad por hombre y por hectárea”.

 

¡Cuánta diferencia entre los enunciados del programa del Moncada en cuanto a la tierra y su actuar desde el 17 de mayo de 1959 a la fecha!

 

¡Cuánta traición para las miles de personas que lucharon  contra la dictadura de Fulgencio Batista con el objetivo de que las tierras de los latifundios fueran distribuidas y el pueblo, de una vez y por todas, pudiera obtener alimentos suficientes de nuestras magnificas tierras!

 

Estos son los resultados de la Reforma Agraria en la Cuba de Fidel y Raúl Castro: fracaso.