Cubanálisis   El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS            

 

 

                               Dr. Pablo A. de Cuba

 

 

 

 

 

 

     

                                      

 

LA ESCLAVITUD MODERNA ( I I )

APUNTES SOBRE EL CASO DE LOS MÉDICOS CUBANOS

 

ACTO DE PODER E INMUNIDAD SOBERANA. UN ENFOQUE SENCILLO.

 

“Lo único viejo que pasa es el cansancio”

 

La doctrina del Acto de Estado conjuntamente con su inherente atributo como lo es la inmunidad soberana y la responsabilidad patrimonial del Estado, han sido temas que su vinculación ha dejado un lastre de sabiduría doctrinal tanto legal como científica.

 

En la existencia jurídica de los Estados, estos dos atributos son congénitos a su efectividad y claramente se reflejan en la realización de sus actos tantos internos como externos. Uno es el referido al acto de poder como capacidad de ejercer una facultad soberana de  emitir leyes y gobierno, y el otro se contrae a la responsabilidad que posee cualquier Estado como persona jurídica que es, entre otras, la de reparar materialmente la consecuencia directa o indirecta de sus actos, en suma, la responsabilidad patrimonial.

 

Es precisamente en este elemento valorativo que radica la diferencia sustancial entre el ejercicio de un acto soberano inherente al gobierno y el ejercicio de un acto comercial inherente a una persona jurídica.

 

En la doctrina, esto ha quedado debidamente delimitado a pesar de que, aun en estos días, algún que otro elemento supuestamente pensante y de por si nocivo, busca encubrir impunidad con inmunidad.

Ambos Estados enunciados, de mutuo acuerdo, han conspirado para la realización y consecución de actos y hechos ilícitos contra legem que se encuentran “fuera del contexto de ser actos típicos de un Gobierno en el ejercicio de su soberanía o, en su caso, ser endémico a la actividad de administración y gobierno de cualquier entidad geopolítica” y por tanto, no son susceptibles de alegar como actos propios de Estado (“nemo ratio dicendi”).

Violar las leyes de orden nacional o internacional no es una cuestión política ni de buen gobierno.

Ninguno de los actos ejecutados y sus resultados descritos en este trabajo,  están exentos de responsabilidad jurídica por la magnitud del daño ocasionado a los demandantes en razón del contenido ilícito de los mismos que alcanzan tanto el fuero interno como el internacional. Los vínculos establecidos entre los implicados, no obstante ser “contra legem”, poseen una “naturaleza típica comercial comúnmente encontrada dentro de la actividad del comercio de los hombres y no de administración de gobierno o poderes policiales”.

 

A fortiori las bases doctrinales de esta fundamentación se han establecido plenamente por la Corte Suprema de EE.UU. desde el caso “Underhill v. Hernández” (168 US 250 (1897) hasta la celebridad de los casos “Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino” (376 US 398 (1964) y “Alfred Dunhill of London Inc. v.  Republic of Cuba” (425 US 682 (1976).

 

La República de Cuba ha sido designada por el Departamento de Estado de los EE.UU. como una nación coadyuvante con el terrorismo y respecto a las relaciones de intercambio humano como “cuasi-barter” contrario a las relaciones admitidas en la comunidad de naciones. Por lo tanto, además de las implicaciones que trae aparejado esta clasificación, varios Tribunales han impuesto la responsabilidad a dicho país en varias ocasiones anteriores por violaciones de las leyes de los EE.UU. y del Derecho Internacional. “Alejandre v. Republica de Cuba” (CASE NO. 96-10126-CIV-KING) y “Rodríguez v. Curacao Drydock Company, Inc.” (CASE NO. 06-22128-CIV-KING/BANSTRA).


Los participantes están abiertamente en una conspiración para el uso de esclavos profesionales de la medicina en el tratamiento de los sectores de su población (venezolana), a cambio de petróleo suministrado a los “dueños de los esclavos”. El Gobierno de Cuba y el de Venezuela son responsables por violaciones de las leyes establecidas de las naciones que prohíben la esclavitud y el trabajo forzoso.
 
Ambas naciones, Venezuela y Cuba, desde 1945 son signatarios de los tratados internacionales y otros instrumentos jurídicos de Naciones Unidas y, en específico, los emitidos por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la propia OIT que prohíben la esclavitud y su manifestación moderna: el trabajo forzoso y la servidumbre por deuda.
 
Como signatarios de estos acuerdos internacionales, se considera que ambos Estados han renunciado de forma expresa a su inmunidad soberana en asuntos relacionados con la esclavitud, la servidumbre por deuda y el trabajo forzoso y con ello de violación de derechos humanos, civiles y económicos.
 
Esta renuncia expresa a la inmunidad soberana, se hace extensiva tanto a la jurisdicción como a la ejecución y al embargo tanto ejecutivo como precautorio y por tanto, ser parte de cualquier proceso legal en su contra. Todo lo inverso en su aceptación, seria una irracionalidad jurídica y aberración moral.
 

Respecto a los actos de comercio realizados de común acuerdo por  los Gobiernos de la Republica de Cuba y la Republica Bolivariana de Venezuela, estos se colocan dentro de las excepciones de la Ley de Inmunidades Extranjeras de 1976 (FSIA)  y los enmarca dentro de los que carecen de toda protección referida a la inmunidad soberana (inmunidad absoluta), al ser realizados fuera de los principios que rigen los “actos de Estados protegidos bajo la doctrina de la inmunidad soberana” en razón de que los mismos son la expresión externa y concertada de ambas naciones para realizar una actividad comercial y financiera de naturaleza mercantil (“acta de iure gestionis”) que no poseen o representan en su realización actos de poder soberano (acta de iure imperii”) sino, por el contrario, son actos realizados dentro del tráfico mercantil, de contenido y naturaleza privada regidos por las normas del derecho privado (inmunidad restrictiva).

 

Ambas naciones,  “desde el mismo instante en que idearon este intercambio comercial, pretendieron ocultar subrepticiamente, abusando del velo de la inmunidad, una transacción comercial de naturaleza privada para el  intercambio de deuda financiada por compensación (barter/trueque) utilizando como base de intercambio el petróleo y el trabajo forzado humano, constituyendo así una verdadera servidumbre por deuda”.

 

In adiecto”, “ambos Estados, realizaron una operación de comercio compensado de naturaleza privada y con fines lucrativos”. “In adiecto”, “ambos Estados, igualmente intervinieron y realizaron una operación de comercio internacional”. La actividad comercial desarrollada entre los Estados de Venezuela y Cuba también se enmarca en las definiciones hechas por la Ley de Inmunidades Extranjeras (FSIA).

 

Conforme a la Ley de Inmunidades Extranjeras (FSIA), un Estado no goza de inmunidad respecto a las demandas derivadas de una actividad comercial (acta de jure gestionis). El carácter comercial de la actividad se determina por la naturaleza del acto o la transacción realizada, y no por el propósito o fin de la misma. Para determinar el carácter privado de un acto, “solamente es necesario vencer el requisito que dicho acto pueda ser realizado por cualquier individuo”.

 

Es por ello que los  Estados de Venezuela y Cuba realizaron actividades comerciales de intercambio compensado de valores de deuda, en reiteradas transacciones de suministros de petróleo que fueron descontadas con el resultado del trabajo forzado al que fueron sometidos ciudadanos cubanos, utilizando en dichas operaciones y fines a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que es propiedad del Estado de venezolano, para mediar como agente exportador para el suministros de petróleos y de intercambio compensado (trueque) de valores entre ambas naciones.

 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y también CITGO, de forma vinculada y dependiente en su propiedad al Estado venezolano, hacen actividades comerciales dentro del territorio de los Estados Unidos de forma constante y profesional sin que exista administración de sus recursos naturales dentro del territorio de los EE.UU. ya que solamente procesan el petróleo y lo comercializan de conjunto con sus derivados.

 

La exploración, excavación y explotación del petróleo como recurso natural se realiza en territorio del Estado venezolano. Por ello, desde el mismo momento en que el petróleo sale del territorio venezolano con destino a la exportación o venta para su refinación y comercialización a nivel de mercado, termina la protección soberana del Estado venezolano sobre sus recursos naturales ubicados en suelo de la Republica Bolivariana de Venezuela y se inicia una operación profesional de comercio, es decir, una actividad comercial de naturaleza privada como la realizan entidades comerciales dentro del intercambio y el tráfico mercantil y financiero internacional. Por tanto, este pertinente no es concurrente de aplicación el acto de poder soberano para la protección de sus recursos naturales.

 

En esta acción, también concurre la excepción de la inmunidad de jurisdicción en los tribunales de EE.UU., en relación a los países clasificados por la Secretaria de Estado como países patrocinadores de Estados terroristas, o de Estados no cooperantes plenos con la lucha antiterrorista de los EE.UU. Al respecto, la Secretaria de Estado de los EE.UU., ha dejado establecido clara y determinantemente la implicación que posee para cualquier Estado el ostentar dicha clasificación “respecto a la excepción de la inmunidad de jurisdicción”.

En suma, hay que saber cual es el fin de esta inmunidad de Jurisdicción, que son “como garantías para el libre y eficaz ejercicio de las funciones que llevan a cabo en representación del Estado que los envía”, y parten de Principios como el de Soberanía de los Estados y que “par in parem non habet imperium”, que es una concreción del principio de igualdad de los Estados, ya que entre ellos no cabe “imperium” (o sea, jurisdicción). Lo demás, es materia para ser juzgable so pena de alimentar, aun mas, la impunidad ya existente.

 

LA ESCLAVITUD, ACTO DE LESA Y DE HOSTIS HUMAN GENERIS

 

“Los políticos, por gobernar, transgreden la luz que apenas hoy alumbran las deterioradas barreras humana”

 

 

Además de perseguir la esclavitud como crimen de lesa humanidad o como crimen de guerra, también es posible acusar independientemente a agentes estatales o particulares de un delito de esclavitud tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

 

Efectivamente, las prohibiciones contra la esclavitud y las prácticas análogas figuraron entre las primeras que adquirieron la condición de normas perentorias del derecho internacional consuetudinario o IUS COGENS / Caso relativo a la Barcelona Traction, Light and Power Co., Ltd. (Bélgica c. España), fallo de 5 de febrero de 1970: I. C. J. Reports 1970, pág. 32.

 

La evolución de esta norma fundamental en materia de derechos humanos comenzó en el siglo XIX, y a principios del siglo XX ya se había puesto de manifiesto que las prohibiciones internacionales relativas a la esclavitud y a la trata de esclavos habían alcanzado el rango de derecho internacional consuetudinario / John P. Humphrey, The International Law of Human Rights in the Middle Twentieth Century, reproducido en Richard B. Lillich, International Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice (segunda edición) (Boston, Toronto: Little Brown & Co., 1991), pág. 1 expuso:

 

En 1885 ya era posible afirmar, en el Acta General de la Conferencia de Berlín sobre África central, que “la trata de esclavos está prohibida en virtud de los principios del derecho internacional”. Y en 1889, la Conferencia de Brúcelas no sólo condenó la esclavitud y la trata de esclavos sino que acordó medidas para su supresión, incluidas la concesión de derechos recíprocos de busca y captura de barcos de esclavos y el enjuiciamiento de los responsables. Esta labor fue continuada tanto por la Sociedad de Naciones como por las Naciones Unidas”.

 

Las prohibiciones consuetudinarias internacionales contra la esclavitud evolucionaron en parte para responder a preocupaciones jurisdiccionales complejas, ya que históricamente los tratantes de esclavos, al igual que los piratas, operaban en alta mar y no estaban sujetos necesariamente al control soberano o a la jurisdicción de un único Estado.

 

Por ello, la comunidad internacional reconoció la necesidad de asignar una responsabilidad penal individual a todos los perpetradores del delito, independientemente del lugar en que se hubiera cometido, del nivel de participación del Estado o de la medida en que las leyes o prácticas de cualquier Estado pudieran haber sancionado el acto. Por consiguiente, en virtud del derecho internacional, las modernas prohibiciones relativas a la esclavitud permiten aplicar una jurisdicción universal absoluta respecto de cualquier agente estatal o no estatal en todo caso en que intervengan la esclavitud o la trata de esclavos.

 

Esta situación puede resultar particularmente útil para formular cargos en casos concretos de esclavitud sexual que han tenido lugar durante un conflicto armado, ya que en tal caso la acusación no necesita establecer la existencia de participación o aquiescencia de un Estado, la existencia de una pauta generalizada o sistemática de violencia ni un nexo entre el delito y un conflicto armado.

 

El concierto de naciones no deja intersticio alguno ni en la interpretación ni en la aplicación respecto a la prohibición general de “actos inhumanos”. Al respecto, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica ha determinado establecer el principio de clasificación respecto a la esclavitud como crimen de Lesa Humanidad y sus comisores como HOSTIS HUMAN GENERIS, ratificando la Enmienda Constitucional XIII que proscribe la esclavitud y la servidumbre humana.

 

IUS COGENS. JUSIRISDICCION UNIVERSAL Y CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. ADEMDUM DE FORUM.

 

“Si forzamos una condición de existencia humana estamos violando nuestra propia naturaleza”

 

El trabajo forzado y la servidumbre por deudas como formas típicas de esclavitud moderna han pasado a ser parte de las normas imperativas de IUS COGENS. La jurisdicción universal se enmarca en su acatamiento y reconoce su aplicación en materia de Derecho Procesal Civil Internacional, que exige un trato preferente e indeclinable de dichas normas y su consecuente armonización para su real y efectiva utilización y no como fuente de discurso político, campaña o de foros promulgadores de acuerdos o legislaciones sin garras que no poseen ejecutividad jurídica.

Esta conceptualización en la práctica consuetudinaria internacional del derecho ha dejado establecido a favor del IUS COGENS su aplicación insuperable respecto de su contenido, naturaleza y esencia por parte de las naciones concordantes que hacen uso y reconocimiento efectivo de dichas normas imperativas, las cuales son aplicables, entre otras cosas, a cualquier forma de esclavitud moderna.

Así,  la jurisdicción está determinada por el hecho de que el derecho material del foro (lex-fori) regule la cuestión de mérito debatida (criterio del paralelismo), la secuencia se invierte por un “instante jurídico”, y de esta forma el tribunal que conoce del caso actúa aplicando sus normas de Derecho Internacional Privado aun antes de afirmar la propia jurisdicción para examinar y responder, precisamente, la cuestión de la jurisdicción, como lo es la asimilación del IUS COGENS respecto a la jurisdicción.

 

La concepción del principio de inmunidad de jurisdicción implica, sin menor discusión, que un Estado posee la inmunidad suficiente para no someterse a la consideración de los tribunales de otro Estado. Es indiscutible en su contenido. Sin embargo, este principio es de aplicación excluyente al sometimiento de un Estado siempre y cuando ese Estado haya actuado consecuente con su naturaleza de ejercicio de su soberanía y no en actos relativos a los seres humanos y el comercio de estos.

 

Toda situación jurídicamente internacionalizada presenta dos aspectos netamente diferenciados, a saber: la cuestión procesal, fundamentalmente la pertinente a la jurisdicción de los tribunales nacionales y, por la otra, la cuestión del derecho aplicable, ambos aspectos sustantivos y procesales de la vida internacional de las personas. Respecto a la esclavitud, esta consideración sobrepasa la limitación jurisdiccional de las fronteras y se enmarca en una situación de protección global.

 

Es limitativa a la razón de justicia no agotar el apud iudicem y analizar las bases de su incoación fundadas en una racionalidad procesal abierta y no de rígida o quiritaria aplicación en situaciones jurídicamente internacionalizadas, supuestos de hecho con elementos de extraterritorialidad relevantes como lo es la esclavitud moderna.

 

El Derecho Internacional Privado en sentido estricto, por su parte, utiliza ordinariamente normas de remisión a determinados ordenamientos jurídicos, principalmente la fuente de los Tratados, siendo así que el vínculo se enmarca en lo que hace más de un siglo fue expuesto y sembrado en la doctrina  como el “punto o factor de conexión”, del cual el derecho ha abierto su aplicación en elementos extensivos tales como: respecto a elementos personales tenemos la nacionalidad, el domicilio, su  residencia habitual y los términos y condiciones de Estancia en el territorio de un país. Respecto a los reales, encontramos el lugar de situación de un bien mueble o inmueble (lex rei sitae) o el pabellón, y sobre la   relación a los actos alcanzamos el conocimiento al lugar de realización de un acto (locus regis actum) o el lugar de cumplimiento de la obligación y el punto de análisis el referido lugar de tramitación de un proceso (lex fori) o bien a un ordenamiento jurídico extranjero -lex causae.

De lo anterior se afirma la validez -universal- del principio de forum regit processum, de difícil fundamentación dogmática, pero fácilmente justificable desde el punto de vista pragmático el que aun siendo reconocido como principio, no se le atribuye el carácter de norma de Derecho Internacional Público como lo es lo relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado.

El Forum non conveniens se limitaría a la efectividad del resultado del proceso y no a la materia vinculante de conocimiento.

CONCLUSIÓN

 

“Pienso, actúo y… amén”

 

Jurídica, humana y moralmente, el acuerdo suscrito entre ambos Estados (Cuba y Venezuela) y financiado por la estatal PDVSA, constituye un ilícito y aberrante engendro macabro comparable con la trata negrera de los antiguos colonos en América y memorados en la insuperable obra más vendida en el Siglo XIX y el segundo libro más comprado de la época, después de la Biblia, del escritor Harriet Beecher Stowe, La Cabaña del Tío Tom”, donde predomina una temática única: la maldad,  la inmoralidad y la naturaleza destructiva de la esclavitud. Este insigne libro fue escrito con la intención de darle mayor impulso a la causa abolicionista en los Estados Unidos anteriores a la Guerra Civil; hoy, puede inspirar una realidad aun existente en esta América nuestra que aún se estremece del río Bravo a la Patagonia.