Cubanálisis   El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS            

 

 

                               Dr. Pablo A. de Cuba

 

 

 

 

 

 

     

                                      

 

LA ESCLAVITUD MODERNA ( i )

APUNTES SOBRE EL CASO DE LOS MéDICOS CUBANOS

 

En 1848, una obra vio la luz dentro de las turbulencias sociales, y con ella, una frase se repetiría en los días venideros al desarrollo histórico de las naciones: Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. Ahora, más allá de un siglo y medio después, otra cuestión intenta sensibilizar el sentimiento de las naciones, ya no es el fantasma del comunismo en Europa, sino un flagelo que recorre el mundo: la esclavitud moderna.
 
La dicotomía respecto al género y la condición humana es clara: libres o esclavos. La esclavitud, en cualquiera de sus expresiones, no admite reserva de las naciones. La concordia de los Estados es, en estos instantes, la única capaz de ratificar sus propios principios contrarios a este flagelo, y entablar una lucha desafiante ante lo que acontece hoy en día, y que ya, de forma directa, involucra acciones de corrupción y de tolerancia despótica que, inclusive, emanan de la voluntad concertada en pactos entre Estados soberanos que son, a toda luz, el reflejo de una naturaleza Hostis Humanis Generis subyacente, que existe y actúa desafiante en este Siglo XXI.

 

Estos profesionales cubanos, si bien provienen del tercer mundo, no son de otro mundo aunque los hechos así lo aparenten.
 
ACTOS CONTRARIOS A LA DEBIDA TOLERANCIA SOBERANA
 
                                                                 “No entiendo por qué los gobiernos siguen acaeciendo contrario al libre humano”.
 
Cuando hablamos de tolerancia soberana, no nos referimos a la mera tolerancia como estimulo que utilizó la iglesia por establecer el grado de amor de Dios hacia los hombres, ni tampoco la que los hombre trataron de darle a Dios cuando se promulgó el Decreto de Alhambra en 1492 para expulsar a los judíos de la península ibérica; menos aún la  que se enmarca en la tolerancia indebida de las autoridades gubernamentales, sino hablo de aquella que sobrepasa cualquier noción de tolerancia invocada, inclusive, en el liberalismo político, y salta la frontera de lo inadmisible del acto de poder soberano del Estado, que en su desconcordia acepta la práctica abierta de este fustigo.
 
El Estado que sustente su mal gobierno bajo un manto de soberanía, atenta cualquier basamento jurídico racional de paciencia y desemboca en un ataque directo contra la real y efectiva tolerancia como base de la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo (comprendido también el pluralismo cultural y religioso), la democracia y el Estado de derecho. Esta actitud contraria a la voluntad soberana del concepto de pueblo integrado por hombres libres, presupone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo sobre la voluntad racional, y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.

 

RELATORÍA FÁCTICA. ANTECEDENTES Y HECHOS

 

“Estamos en el límite de vivir en un mundo ciego y sordo de su propia dolencia”

 

Los primeros momentos en que se concibió utilizar la fuerza laboral cubana como fuente generadora de divisas a favor del Estado socialista se remontan al establecimiento de un régimen de control cambiario con la prohibición de la cotización del peso cubano a un “rate” de cambio contra cualquier otra moneda o divisa extranjera de forma libre, para concentrar esta función, de forma exclusiva, en determinadas agencias estatales debidamente autorizadas.

 

Los primeros resultados se centralizaron en  los trabajadores cubanos que laboraban en la Base Naval de Guantánamo, los cuales se vieron obligados a cambiar sus salarios por una contraprestación obligatoria en moneda de curso legal en Cuba, es decir, pesos cubanos. Esta práctica se condujo a todo personal cubano que por sus manos pasare cualquier divisa en función de su cargo u oficio.

 

Estas medidas se protegieron con una severa sanción penal a todo aquel nacional o residente que, sin la debida autorización, potara moneda libremente convertible (divisa). Con mayor severidad se sancionaba el tráfico de moneda nacional por divisa, así como cualquier intercambio de títulos o valores representados en moneda extranjera. Esta supuesta protección a la moneda nacional cubana se convirtió en un campo de batalla represivo que llegó a tener el triste record de personas sancionadas a tres años de privación de libertad por la mera tenencia de un dólar estadounidense en su posesión, incluyendo recuerdos guardados dentro de su propia vivienda.

 

La obligatoria continuidad de las relaciones diplomáticas y la demanda de estas propias sedes diplomáticas de mano de obra nacional, así como un incipiente establecimiento de entidades comerciales extranjeras en Cuba, tanto del otrora campo socialista como el capitalista, que igualmente requerían del nativo para realizar sus funciones, llevó al gobierno cubano a prestar servicios a favor de éstas concentrando dicha actividad en la ya desaparecida empresa estatal cubana CUBALSE (Cuba al Servicio del Extranjero).

 

Después del status colonial, por primera vez los cubanos prestaban sus servicios a cambio de un pago indirecto en moneda libremente convertible a favor del Estado cubano que arrendaba, bajo férreo control, la fuerza de trabajo de sus propios nacionales.

 

El “gobierno revolucionario” cubano, le tomó directamente el gusto a la divisa extranjera obtenida a menosprecio del trabajador nativo. La conciencia del dinero imperó en la isla so pena de concusión por sanción penal.

 

Con una égida aún más despótica, contra todo principio de ética de buen gobierno y de acatamiento a las normas de derecho consuetudinario internacional sobre status y respeto a la libertad humana, se institucionaliza la mediación de una entidad de corte jurídico privado que actuara entre la mano de obra oriunda y las entidades extranjeras comerciales acreditadas en Cuba.

 

Ya el cobro de una comisión por el uso de la fuerza de trabajo “alquilada” a entidades extranjeras se hace cada vez más lucrativa a favor del Estado cubano. Esta entidad, es conocida como ACOREX (Agencia de Contratación para Representaciones Extranjeras. Hablar de esta y sus dirigentes aun crea aversión en la conciencia de muchos cubanos.

 

El siguiente paso utilizado por el gobierno cubano fue trasladar la actividad de rentar mano de obra cubana fuera de las fronteras nacionales es decir, internacionalizar su oferta con basamentos en las necesidades humanas.

 

De ahí comenzó la  exportación de neuronas cubanas por conducto de otra entidad estatal denominada CUBATÉCNICA, cuya pertenencia se subordinaba desde el extinto Comité Estatal de Colaboración Económica (CECE), con traslado al actual Ministerio de Comercio Exterior, con la fusión del ya también extinto Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica.

El límite del abuso estatal cubano en tiempo de paz sobre una población urgida de cubrir sus propias necesidades mínimas, se materializó en el año 2004 cuando los Estados y gobiernos de la Republica de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, entraron en un acuerdo comercial denominado Convenio Integral De Cooperación”, el cual ha sido objeto de subsiguientes ampliaciones y modificaciones.

En virtud de este acuerdo, Cuba enviaría a Venezuela mano de obra profesional de la medicina, la salud y otras esferas técnicas a cambio de la entrega de miles de barriles de petróleo diariamente (aproximadamente 100,000). La ejecutoria de este acuerdo, descansaría entre en Ministerio de Salud Publica de Cuba y la estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA, (PDVSA).

Este Acuerdo se ha venido adecuando anualmente hasta la fecha sin modificar su naturaleza respecto al contenido del intercambio y el fatal resultado del mantenimiento del régimen despótico cubano.

Dichas adecuaciones, han tenido que reflejar la fórmula de intercambio compensado (barter) de valores por servicios; entre ellos, los referidos a la salud. Igualmente, mantiene y designa a la entidad Petróleos de Venezuela (PDVSA) como agente estatal para la realización de dichas actividades comerciales.

La ejecutoria se efectuó de la manera siguiente: por parte del Estado cubano, se enviaría a Venezuela mano de obra calificada en el sector de la salud, la cual seria desviada de sus funciones nacionales para incorporarlas en las denominadas misiones humanitarias en territorio venezolano. Para esto, el gobierno venezolano encargó se dispusiera con el financiamiento de la estatal PDVSA, la cual aportaría miles de millones dólares norteamericanos a estructuras de fideicomisos estatales, para garantizar el traslado vía aérea y terrestre de este personal y su mantenimiento y control en territorio de Venezuela.

Aquí se inicia la conspiración entre  los Estados y Gobiernos de la Republica de Cuba,  la Republica Bolivariana de Venezuela y la empresa estatal comercial propiedad del Estado venezolano denominada Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Ambos Gobiernos, actuando de mala fe (non bona fides acta) y en pleno concierto de voluntades, concibieron bajo compulsión ideológica y amenaza de una pena cualquiera, que los médicos y especialistas en la salud cubanos viajaran a territorio venezolano, para posteriormente colocarlos en condiciones de cautiverio y trabajo forzado con la finalidad de compensar (barter), para así descontar, la deuda comercial existente por suministros financiados de petróleo.

Ab initio, sabemos que la deuda es la causa del trabajo forzoso y sobre esta base fáctica, ambos Gobiernos, con absoluto conocimiento, autoridad despótica, indebida tolerancia y aprovechándose de las grandes necesidades materiales y las precarias situaciones de existencia  que poseen los llamados internacionalistas en Cuba, concibieron temerariamente los planes y organizaron un esquema fraudulento para lograr que todos ellos viajaran bajo amenaza indirecta de una pena cualquiera a territorio venezolano, para después obligarlos  a trabajar sin límites de tiempo y esfuerzos en una misión llamada “Barrio Adentro”.

Esta “misión” se ejecuta en lugares inseguros, violentos, de altos índices de crímenes comunes y políticos (incluyendo la selva y la frontera beligerante con la República de Colombia), viviendo hacinadamente o en casas de familias simpatizantes con el régimen social venezolano, y con falta de instalaciones de trabajo apropiadas.

Hoy, una fría e indeseable tarja con nombres de cubanos ya se ubica en territorio venezolano.

Como colofón de esta inmundicia de Estado, todo el trabajo forzado impuesto que realizó el personal cubano, fue sin licencia de ejercicio en la nación venezolana, contrario a la ley y que, como es natural, condujo al repudio del gremio médico y de enfermeros de Venezuela.

En todos estos momentos, en el territorio venezolano no existía condición de emergencia por ningún motivo que demandara esta movilización humana.

A la luz de las actuaciones, ambos gobiernos y sus agencias, degeneradamente han desempeñando la función de “mayorales de estancia”. Esto no es mas que un complot estatal, “condicio sine que nom” de la conspiración, el cual ha sido el vinculo conductor para que estos cubanos, que si bien provienen del tercer mundo no son de un mundo aparte, vivieran presos ilegalmente en los territorios asignados para ejercer de forma ilegal sus profesiones y siempre en contra de sus respectivas voluntades, salvo las de sus propias necesidades para la subsistencia en una nación sin futuro.

Todos fueron colocados intencional y arbitrariamente en condiciones de servidumbre por deuda y convertidos en una póliza de pago asegurada con trabajo forzado sin poder modificar su condición.

 

Así, estos “hombres de blanco” se convirtieron en esclavos económicos y promotores políticos de un Estado extranjero, en virtud de la concordancia temeraria y despótica de las voluntades de sus respectivos Gobiernos.

 

Por ello, la Republica de Cuba, la Republica Bolivariana de Venezuela y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),  en avenencia de voluntades, han violado burdamente las normas de su fuero interno y las del  derecho internacional, como lo son de forma imperativa las norma de IUS COGENS y por ello se colocan al margen de la concordia de naciones.

 

Ambos Estados, obligaron, colocaron y convirtieron a todo un ejército de almas sirvientes a la salud y el desarrollo humano integrado por personas libres e inocentes, en condiciones de trabajo forzado humano, cautiverio y servidumbre por deuda, como forma moderna de esclavitud.

 

TRABAJO FORZADO Y SERVIDUMBRE POR DEUDA. CONCEPTUALIZACIÓN Y FORMA DE EXPOSICIÓN MODERNA

 

“Aún en la penumbra hay luz”

 

La esclavitud moderna, en cualquiera de sus formulaciones y más allá de su tratamiento jurídico, es un insulto a la humanidad. 

 

Varios son los instrumentos internacionales que reflejan la prohibición del trabajo forzado. Así:

 

a. La Declaración Universal de Derechos humanos, GA. Nueva t 217 (A) 111 (1948) trabajo prohibido forzado,

 

b. El Acuerdo Procesamiento y Castigo de los Principales Criminales De guerra del Eje europeo y la Carta del Tribunal Internacional Militar, el 8 de agosto de 1945, art. 6, U.N.T.S. 280 donde el trabajo forzado constituye un crimen de guerra.

c) Convención sobre la Esclavitud. Firmado en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. Entrada en vigor: 9 de marzo de 1927 y su Protocolo Modificativo adoptado por la Asamblea General en su resolución 794 (VIII), de 23 de octubre de 1953.

d) Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956.

En la Convención Sobre el Trabajo Forzado, 1930 (el No 29) de la organización Internacional del trabajo (OIT), específicamente establece que los Estados miembros acuerdan que ellos “no permitirán a la imposición de trabajo forzado u obligatorio en beneficio de individuos privados, empresas o asociaciones.”

 

Cuba y Venezuela compulsaron y obligaron al personal cubano al trabajo forzado y de ninguna forma caen debajo de ninguna de las excepciones a la prohibición de trabajo forzado establecidas en la Convención sobre el Trabajo Forzado, 1930 (el No 29), cualquier otra excepción a la prohibición.

 

En la propia Convención , el Capítulo II sobre " la Definición de trabajo forzado u obligatorio " define a  los efectos del Convenio la expresión «trabajo forzoso u obligatorio» designando «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente».

 

A continuación se examinan los tres elementos de esta definición trabajo o servicio, amenaza de una pena cualquiera y ofrecimiento voluntario.

 

a) Trabajo o servicio

 

Como la Comisión observó ya en sus estudios anteriores sobre esta cuestión, la imposición de un trabajo o servicio se diferencia de los casos en que se impone la obligación de seguir una enseñanza o formación.

 

b) Amenaza de una pena cualquiera

 

La definición del «trabajo forzoso u obligatorio» comprende el trabajo o servicio exigido «bajo la amenaza de una pena cualquiera». Durante el examen del proyecto del instrumento por la Conferencia se puntualizó que tal pena podría revestir no sólo la forma de una sanción penal, sino que podía tratarse también de la privación de cualquier derecho o ventaja. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las personas que se niegan a llevar a cabo un trabajo voluntario se exponen a perder determinados derechos, ventajas o privilegios, en una situación en la cual dichos derechos, privilegios u otras ventajas (tales como ascensos, traslados, acceso a un nuevo empleo, adquisición de determinados bienes de consumo, vivienda o participación en programas universitarios) dependen de los méritos acumulados e inscritos en el expediente laboral por los trabajadores.

 

c) Ofrecimiento voluntario

 

En el texto del Convenio se establece una distinción entre el criterio de no haberse ofrecido voluntariamente y la «amenaza de una pena cualquiera» para lograr dicha “voluntariedad”. Sin embargo, en el caso en que el consentimiento para trabajar o prestar servicios ya ha sido dado «bajo la amenaza de una pena cualquiera», los dos criterios se superponen: no hay «ofrecimiento voluntario» bajo la amenaza. La amenaza extingue la voluntariedad. NO existe la voluntariedad bajo coacción o miedo. Al considerar la libertad de «ofrecerse voluntariamente» para prestar trabajos o servicios, es necesario tener en cuenta el marco legislativo y práctico que garantiza o limita esa libertad. En Cuba, esto es inexistente.

 

Una imposición externa o una coacción indirecta que coarte la libertad de un trabajador de «ofrecerse voluntariamente» pueden resultar de una disposición dimanante de las autoridades, como lo es un instrumento reglamentario.

 

Estas prácticas constituyen una clara violación del Convenio. Con todo, la tinta externa anuncia que el Estado es responsable de todas las imposiciones externas o de las coacciones indirectas que ejerciten en la práctica de su gobierno.

 

(continuará)