Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS  

     

                                                 Dr. Pablo A. de Cuba

 

Nullius in verba (En las palabras de nadie)

 

El Estado y sus Leyes. Una simple mirada a Cuba

 

Para mí, el Derecho  es una razón sagrada de culto.

 

Desde los inicios de  la conceptualización jurídica más estricta y rígida del Estado se ha intentado buscar una razón justificativa de sus poderes y no de los resultados y la responsabilidad de sus actos, precisamente, en el ejercicio de dichos poderes.

 

Así, la expresión y la voluntad de hacer y refrendar leyes para autorizar las guerras, crear crímenes y penas (sanciones) o controlar el anexo o colonias de territorios, fijar fronteras, y hasta la propia emisión de dinero y  deudas, han sido, por solo citar ejemplos, actos soberanos indiscutidos por sus semejantes y aceptados como mandato por sus súbditos. Una nota clara ilustrativa del acto de poder del Estado es aquella que manifiesta, aún en circunstancias económicas difíciles, la creación de una Ley para determinar el curso legal del signo externo más distintivo de una nación: el dinero.

 

Muchos de los actos externos del poder soberano han tenido la violencia de sus ejércitos o ciudadanos como fuente de creación. Así, la conquista llegó a ser base de imposición de leyes al margen de las existentes en los territorios conquistados. Negociar la vida y la libertad humana era prerrogativa de los conquistadores. De ahí que la historia recoja la condición de un periodo del progreso de la humanidad como la simiente de un Estado esclavista.

 

Los hombres buscaron en la obligatoriedad de sus costumbres y la exigencia de su fuerza, una fuente de poder absoluto de obediencia más allá de la debida, es decir, la obediencia por la imposición del miedo y no del orden. Pero, en fin, en la actualidad es la misma obediencia, pero basada en la coerción que emerge del imperio de la Ley: supuestos de poder en épocas distintas y sobre bases de racionalidad en la convivencia diferentes.

 

Lo que en sí queda claro, a pesar del invisible transcurrir del tiempo, y con ello la evolución derivada de la creación, es la exposición del poder sobre la base constructiva de que el impositor carece de toda disquisición entre el bien y el mal, lo puro o lo impuro, el credo y la religión, lo bello, lo hermoso y lo feo, la ética o la burla, la filosofía o el arte: en suma, la máxima existente de que el poder es precisa y simplemente eso, poder.

 

En este Siglo XXI, todavía vemos los conceptos de independencia en plena indagación de vigencia; también los diferendos en cuanto a la extensión de fronteras independientes; la integración de grupos de naciones sin renunciar a sus respectivas soberanías legislativas (atendiendo a determinada armonización); la búsqueda o reiteración en la  aplicación de principio utis posidetis iuis en nuevas naciones independientes. Realmente queda mucho por instituir, incluyendo la responsabilidad patrimonial internacional de los Estados.

 

De estos ejemplos, sentamos claramente que la voluntad de un Estado es para surtir efecto en la población de uno o varios territorios geográficamente controlados por sus propios actos y donde el alcance de los mismos supera cualquier intento de constreñir a un grupo de influencia en la limitación de dicho espacio geográfico. En suma, sus fronteras y su población sientan su soberanía y su jurisdicción.

 

Desde los teóricos más extremistas de las defensas lúcidas y racionales hasta las teorías ignaras del “soberano”, llegaron a establecer la imposibilidad de la responsabilidad de un ser que existía “mas allá del alcance humano” y, por ende, los hombres debían asumir sus actos como divinos, válidos y justos, aún y a pesar de sus descalabros. La razón única de la credibilidad del poder soberano es la base consecuente de los actos de poder dentro de una nación y su aceptación como racional por sus ciudadanos.

 

Esta temática es extremo amplia y por demás profusa. Tan es así, que en la actualidad se encuentran dilemas difíciles de sortear a pesar de la determinante riqueza que el Espíritu de la Leyes de Montesquieu nos dejó incrustada en la historia.  Caudal que enmarcó la vía real para evitar que la soberbia, las pasiones turbulentas y las causas de la grandeza del soberano indujeran a la decadencia y se autodestruyeran las naciones.

 

La evolución de los conceptos y de la práctica del ejercicio del acto de poder soberano ha transcurrido bulliciosamente de la barbarie a la actual exposición real y efectiva de un Estado de derecho.

 

Vivir en las exigencias dentro de un  Estado de petición y queja de sus ciudadanos como gobernadores soberanos de su propia nación, es base efectiva para establecer y defender una condición social de existencia justa y digna de las personas que toman su condición de súbditos. El status de ciudadano de un Estado enmarca el privilegio de defender, por cualquier método  y forma,  su existencia. Por esta mera razón de sacrificio, el Estado se debe al hombre y no viceversa.

 

Una de las cuestiones más abordadas en los estudios respecto a la facultad omnímoda y excluyente del Estado es la referida a la racionalidad productiva de leyes que este promulga. El soberano, so pena de su supuesta insujeción al error, debe superar, en el contenido de dichas normas cualquier interés de justificar actos criminales comprendidos en el ámbito de dichas leyes que pretendan o puedan justificarse en consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar que represente o tutele, en detrimento de otros, cualquier función del actuar humano.

La fertilidad legislativa de normas, no implica ni es condición de buena salud en el gobierno de un Estado. Más allá de cualquier dispersión legislativa, la eficiencia, vigencia y eficacia de las leyes dictadas es símbolo de la categoría y exigencia de los lúcidos legisladores dentro del Estado. Legislar en condiciones de bienestar es buscar leyes que garanticen la existencia de un Estado de bienestar. El resto contrario es demagogia escrita.

De este modo, es detestable que un soberano manifieste o imponga a su favor su propia voluntad de ejercer el poder sobre condiciones referidas, por ejemplo, limitar o proscribir  el ejercicio de su población en actos de independencia humana como lo son la libertad de palabra o de profesión, o también permitir “la realización o la amenaza de realizar una acción en beneficio de un grupo político o de privilegio gubernamental” en aquellos casos en que “la realización o la amenaza de realizar una acción tengan por finalidad influir al gobierno o intimidar al público o a parte de él […]” “con el propósito de instituir o promover una causa política, religiosa o ideológica” […] “influir o coaccionar al gobierno o a la población y la finalidad política última del acto, la cual puede combinarse con otros elementos (religiosos, ideológicos) que sólo especifican su alcance y fin político”, es contrario a un orden eficiente de la sociedad .  

Cuando los actos de poder legislativos del Estado poseen como “ratio legis” algunos de los elementos señalados anteriormente, corremos a la meta desafiante del despotismo, el totalitarismo y la bajeza del mal gobierno. Sobre esa égida no hay cabida a la racionalidad legislativa. Para muchos publicistas del derecho, esta tónica legislativa es partícipe naciente del terrorismo de Estado.

Desde el preciso momento en que el gobierno de un Estado se burla de sus propias leyes, éste está firmando un inapelable edicto de suplicio para su propio pueblo. Desde el instante en que un Estado, luego de refrendar en nombre de su pueblo las leyes que emite, utiliza su propio acto de poder para burlarlas o, peor aún, manipularlas y negarlas, en contra de sus propios principios soberanos, para luego, a sabiendas de su propio actuar, se fiesta de su propia facultad de emitir actos de poder, establece el camino hacia la inocuización perpetua de una represión tanto física como mental de sus propios habitantes.

 

El desacierto en el ejercicio jurídico del poder por parte del soberano clarifica el sendero real a la disidencia de sus propios actos y, con ello, el desarrollo del instituto de la defenestración se hace parte de su ejercicio. De ahí, la conceptualización de soberano en su función semántica de “ejercicio supremo e independiente de autoridad,” pasa a ser un “ente soberbio y presumido” cuya arrogancia en su ejercicio conduce a la dictadura en sus actos y la incertidumbre en su naturaleza. Este es el reflejo desarrollado por décadas dentro del incestuoso proceso cubano.

 

La facultad de hacer leyes sobre la égida de una necesidad política en su contenido siembra, a los efectos propios del soberano, una dictadura de impunidad y vacío en las garantías que deben proteger a los miembros de una nación para sobreponer los intereses de grupos políticos excluyentes del grueso de la población. El ejemplo mas palpable del proceso cubano es el contenido, su manipulación constitucional al presentar al grupo político del Partido Comunista de Cuba como ente rector supremo del Estado y, con ello, de la sociedad cubana. Mayor degradación legislativa que la expuesta en la supuesta Ley de leyes cubana es casi inexistente en la racionalidad jurídica de hoy día.

 

Desde el mismo momento en que la justicia se enmarca en una voluntad política de grupo ésta se corroe y queda a merced de los chantajes de los políticos de turno. El violador por excelencia de la doncella de la justicia es la política sectorial de grupos de poder despóticos.

 

El claro y lento suicidio de la existencia de sus propias garantías lo ha vivido paulatinamente el pueblo cubano según su gobierno le ha desprovisto, intencionalmente, del contenido de la libertad, el ejercicio de sus derechos y, con ello, de las garantías básicas para desarrollar una autonomía plena de pensamiento y actuación. En suma, ser entes pensantes y vivientes libres.

 

La libertad, como tal, es un atributo insuperable a la condición humana. Es inconcebible el ejercicio de un derecho sin libertad. Es precisamente la libertad la que dignifica la existencia y condición humanas para establecer el ejercicio pleno de un derecho.

 

El ejercicio de esa libertad esta garantizado, principalmente, por el derecho. Un derecho formado por la racionalidad histórica de la convivencia y nunca por los desesperados instintos de supervivencia de gobiernos de turno que han pretendido socavar la integridad del instituto de la libertad.

 

Garantizar este estadio jurídico es un principio insuperable de la existencia plena del ser humano.

 

El derecho que garantiza las libertades de la existencia humana, aún imperfecto como fruto humano, lo integran principios históricos y ecuménicos que han balanceado la discriminación humana y le han puesto coto a la desesperación de control y poder de un grupo sobre otro. Violar este postulado es conducente a la exacerbación del crimen y el desorden de una nación.

 

Cualquier intolerancia de un Estado medianamente civilizado constituye condición suficiente para la existencia de un ávido deseo combinado con arrogancia de poder que no puede superar la eficacia de las leyes que dicta. Ahí radica su real efecto destructivo. Desde el instante en que se combina el poder y la soberbia se allana el camino a un resultado fatal de autodestrucción. Este camino se perfila en el actuar actual del gobierno cubano.

 

La más mínima asimilación de un exceso de poder por parte de una sociedad será suficientemente dúctil y precisa para que el Estado coloque cualquier traba legal que resultará, a la postre, evanescente trecho de imposición limitante de determinadas libertades. Recordemos que el más mínimo desvío de una razón natural, social o económica, es suficiente para que los políticos pretendan legislar la forma de controlar dicho estado de cosas.

 

El socialismo se convirtió en una forma moderna de servidumbre teniendo a la ideología como fuente perpetua de deuda. Esa posición del cubano como atributo de la propiedad a favor del Estado “revolucionario” ha sido pretendiente justificada como fuente de derecho y ha servido, indiscutiblemente, como base de estudio eficiente en la promulgación de leyes. Tanto ha sido así que se ha considerado la existencia de leyes de despojo de la propiedad y de limitación de libertad de domicilio como razones de legitimación legislativa del poder del pueblo.

 

Desde el preciso momento en que un soberano es manipulado en su voluntad sagrada de emitir leyes que atenten contra la justicia humana, este soberano ha defenestrado su propia existencia y como tal, debe ser regido por otro gobierno. Esta condición es latente en la Cuba de hoy.

La propia dirigencia política cubana no acepta ser súbditos en la construcción del «Estado de Derecho» cubano, eso es todo, y eso es lo más grave de todo. Los políticos históricos y también los oportunistas actuales cubanos buscan asideros ideales y absurdos para ser victimas de la intolerancia nefasta de sus desmedidos actos. Han buscado, y aún buscan en sus leyes, pretendidos y sórdidos mensajes de falsa soberanía o defensa nacional, que más que garantizar la existencia como nación invocan el atentado contra sus propios ciudadanos.

A principios de instaurado el nuevo “Estado proletario cubano” el gobierno revolucionario buscaba sacar a relucir el concepto de “Estado socialista popular” sobre bases marxista-leninistas. La justificación del derecho pasa del proceso revolucionario como fuente de producción de leyes y principios jurídicos a la “institucionalización” del aparato de poder político en sustitución del concepto de Estado de derecho. De ahí,  la fuente de entendimiento del concepto de derecho se buscaba precisar, sin mayor abundamiento doctrinal,  a la “voluntad de la clase dominante erigida en ley”. Por ello, esta de más justificar el basamento de control político de la nueva legislación cubana dentro de los cánones fijados por la organización socialista mundial y sus respectivas divisiones de extensión y control por influencia ideológica global.

 

Pretender razonar el contenido marcadamente comunista de la mencionada normativa, no daba al traste con la supresión de libertades y derechos consagrados a la existencia lúcida del hombre. Todo se enmarcaba en perfecciones de directrices que, per genus et differentian (por género y especie), despojaban principios de derecho “burgués” inadmisibles a las nuevas formas de organización y, por ende, manipulación del poder estatal a favor de una minoría política gobernante.

 

Cualquier análisis teórico del contenido del nuevo derecho socialista, era dar paso solamente  a elucubraciones y entretenimientos de eventos y foros internacionales.

 

Garantizar y demostrar el poder del partido se constituyó en la base y el fondo del sistema legislativo. Cualquier intención de producir leyes, aún las innecesarias, tenía que ser parte de una programada política legislativa conforme a las directrices del partido o de las iniciativas de los demás órganos de ejercicio político del propio partido (otras organizaciones políticas y de masas). Hasta la necesidad de leyes tenía que ser planificada y sujeta a una política legislativa previamente aprobada por la esfera política.

 

La supervivencia del sistema es la  actual tarea del órgano de producción legislativa.

 

Si bien al principio de la institucionalización del Estado (hubo un año inclusive que llevo ese lema como nombre) se sacaron las nuevas teorías importadas de la “organización del Estado socialista”, y como tal la producción legislativa se centró en la creación del aparato burocrático del Gobierno, también fue imprescindible buscar y sostener, a todo costo, al inmaculado papel y liderazgo “indiscutible” del Jefe de Estado.

 

Ubicar al máximo dirigente de la revolución cubana en el sitio supremo del poder era garantizar su perpetuidad. Colocarlo por encima de las instituciones definidas por la propia Constitución socialista, la cual se “dibujó” a su “imagen y semejanza”, (en contravía de los intereses soberanos futuros del pueblo cubano), y la perpetuación en los máximos cargos de poder en Cuba, fue una razón de “alta técnica legislativa” que demandaba el momento cumbre de la falsedad política cubana. La historia nos ha  podido ilustrar sobre este peligro en las condiciones de existencia del campo socialista. Hoy el negativo lastre persiste.

 

La falsa exposición del poder popular socialista, concentrado en una Asamblea Nacional con  facultades supremas legislativas, pretendía descansar el acto de poder a favor de un Estado proletario emisor de leyes que respondiera principalmente a la clase trabajadora. La falsa imagen de “legislar en el pueblo y para el propio pueblo” condujo al maléfico establecimiento de un partido por encima del poder del Estado, amparado en la falacia rectora de la “necesidad de un estado fuerte, orgánico, y al mismo tiempo apoyado en una amplia base popular (…) un Estado que se apoya sobre millones de individuos que lo reconocen, lo sustentan y están dispuestos a servirle (…). Esta externa lealtad favoritista hacia una inmaculada concepción del poder no es otra cosa que el real estado tiránico. 

 

Este pedestal de fundamentación política e ideología no se aparta mucho de la fascista, en la cual se crea un marco interno y propio para superar sus contradicciones, y con ello tratar de  legitimar al Estado  en función a la reacción de  las masas que lo enarbolan en su contemplación e idolatría de una supuesta y envilecida superioridad humana y de falso liderazgo geniocrático. De tal suerte y semejanza se produjeron muchas legislaciones de corte fascista en Cuba, no solamente la penal, sino la administrativa y constitucional lograron, a la menor oportunidad, la eliminación del  sistema presidencialista y se reemplazó por un formato electivo de base sin representación ni facultad de ejercicio. Los jefes de organismos políticos y administrativos se convirtieron en una especie de ejemplo “intocable” de sacrificio y vanguardia. Este es un ejemplo claro del juego de un actor político  que, llegando al poder por la vía inconstitucional y antidemocrática, cree superar el sistema democrático imponiendo modelos de estados unanimistas que, supuestamente en obediencia al mandato encomendado por el pueblo, siembran el caudillaje, y de los cuales sobra decir el desastre que llevó dicho caudillismo a la sombra del sistema socialista mundial y de otras seudo-democracias de corte “latino”.

 

La concepción de la legislación socialista no ha podido superar su contenido  restrictivo de los derechos y libertades del hombre. Su implícito es despojante de las mínimas libertades en las relaciones patrimoniales, y altamente represivo en sus postulados de defensa del orden y del Estado. Todo nos indica que el hombre, en su estado naturalmente libre, no acepta sacrificar su vida en la construcción del sistema socialista. Cualquier duda al efecto, se debe consultar la historia.

 

Teóricamente, a nivel de algunos nuevos inspiradores internacionales del proyecto socialista, nada apunta a corregir las tendencias totalitaristas tradicionales que las sociedades de corte totalitarista anteriores han  impuesto a los individuos.

 

Esta nueva disgregación, se enfoca ahora en la ya gastada y por demás fracasada doctrina del Estado de la dictadura del proletariado (cualquier dictadura es mala), en contraposición a una realidad latente en una sociedad liberal que ha degenerado la importancia de los valores tradicionales en función del mercado, el consumismo y la permisividad excesiva y dañina de las libertades individuales y de grupos. Hay mucho de cierto en estos postulados del oportunismo liberal del capitalismo salvaje.

 

Para el Estado socialista, la fundamentación de sus actos externos de poder carece de la transparencia y flexibilidad que implique la posibilidad de participación de opinión. Si bien se necesitan referencias ideológicas y programáticas organizadas y a largo plazo, como los partidos, también se necesita evaluar de manera permanente a la consulta popular sobre la ética del ejercicio del poder.

 

La forma del acto de poder legislativo del Estado socialista no ha sido, en ninguna de sus fases de origen, organización y ejercicio, un instrumento para la erradicación de las prácticas de corrupción y el establecimiento y defensa del patrimonio público; tampoco ha garantizado las libertades  y las necesidades del pueblo, y menos aún que se garantice su seguridad e integridad frente a las agresiones desmedidas del propio Estado. La versión criolla de la definición de “Estado socialista cubano” es combinada con la expresión de “Estado de dictadura política”, y con ello, sus leyes son su reflejo.

 

Hablar de superar políticamente la justicia social totalitaria y su praxis es caer en un estado risible y contrastante con sus postulados y con las realidades que se observan en estos periodos de resultante e insuperable crisis, donde el propio Estado ha demostrado su incompetencia. Este resultado no es más que la sumatoria de sus años de desaciertos.

 

Este criollismo estadual también se ha manifestado en la decadencia y deshonra de sus órganos de seguridad. La represión ya se manifiesta burdamente (anteriormente era más solapada). Hemos sido espectadores de varios crímenes de Estado y de ejecuciones extrajudiciales teniendo como supremo desacierto, con asqueante indiferencia, el asesinato de un ser humano. No más que eso, un ser humano.

 

La racionalidad de justificación de la denigrante demagogia política socialista cubana, además de descaracterizar el pretendido lenguaje justificativo de su propia ineficiencia, exacerba la falta de principios que, detrás de los mezquinos intereses políticos de grupo, buscan el apoyo a un destino macabro como lo es el asesinato de Estado.

Estos personeros del poder se encuentran por encima de la concordia y de la Ley de las naciones. Denotan que sus oponentes son mercenarios obligados de otra nación extranjera y, por ende, deben ser eliminados, destruidos, ilegitimizados y tamizados por el arel de la «democracia revolucionaria a la cubana», que así se auto concibe como si fuera un prius lógico sobre el que descansa cualquier otro razonamiento posterior. «Nosotros (comunistas en el poder) somos los mayores demócratas», y contra ellos, «los enemigos de esta democracia», aunque todavía no existe, pero que si se avizora, no necesitamos elaborar  leyes que los atemoricen. La “moral revolucionaria del pueblo y su vanguardia dirigente” es fuente y condición legitima de actuar, aún contra legen de nosotros mismos, para defender los logros del propio pueblo. Esto es contenido de contenedores de basura de podios con muy pocos espectadores.

Esta denigrante concepción del poder soberano socialista es la que abruma hoy en día una nación digna. Ya no solamente el Estado dicta leyes para su protección e, inclusive, negociación de determinados elementos del poder con otros soberanos, sino se encamina al establecimiento de las leyes que enmarcan su propia autodestrucción.

 

El actual fracasado gobierno cubano pretende ejercer ius in omnia (derecho sobre todo) sobre cada uno de los ciudadanos que se mantienen vivos dentro de la isla caribeña. La falta de legitimación de poder existente en Cuba ya supera la base de la barbarie de un Estado medianamente civilizado.

 

El Estado de por si y autónomamente no actúa, lo provoca a desenvolverse los partidos políticos y las representaciones del poder en el gobierno que posean o no iniciativa legislativa, así para el bien o para el mal es agobiante la actual consideración del gobierno cubano de legitimar a determinado sector de la población para actuar como hordas contra sus propios compatriotas. Ya el miedo del gobierno no soporta la mínima marcha silenciosa, así sea de mujeres.

 

Siempre se debe evitar que uno los conceptos básicos de un Estado de bienestar, como es la justicia,  se convierta en una parte de integración en el peligro de una trinidad profana y la unción de una cleptocracia socialista. En Cuba estamos en los límites de esa existencia.

 

El gobierno del Estado cubano ha dejado de ser legítimo para dictar leyes por la mera razón de que ha traicionado la condición de respeto y reconocimiento al ejercicio de la soberanía, que solamente es atendible en manos de un gobierno del pueblo.

A quienes pretenden pacíficamente esta condición de ejercicio legítimo de libertades, ahora los llaman “mercenarios del imperio”, para poder hacer confluir en el nombre y la persona así designada la más rechazable abyección moral con la que eludir, en definitiva, el respeto y la aplicación de los más elementales derechos de existencia dentro del genero humano.

Tantos siglos de ilustración para que una basura gobernante, sea cual sea y donde sea, haga caer su peso siempre golpeado con la misma piedra: cuando la razón política asoma por la puerta, el Derecho salta por la ventana. Y no comprenden que al actuar así, precisamente así, confieren carta de naturaleza política al «enemigo». Como gobernantes son crueles pero, sobre todo, son necios.

Los gritos despavoridos de una sociedad envuelta es sus propios detractores no llegan a oídos nadie, salvo cuando los acompañan quienes a la par lo sufrieron. Una dictadura de existencia humana, mientras existe, no puede sólo quedar NULLIUS  IN  VERBA.