Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS  

 

 

     

                                                 Dr. Pablo A. de Cuba

 

EL DIALOGO, SUS RESULTADOS Y PRIORIDADES.

 

Pablo A. De Cuba

 

Desde los inicios del ya tan mencionado dialogo entre el gobierno y la iglesia católica cubanos, este ha sido el tercer artículo en el que modestamente referimos una simple apreciación de lo acontecido. Realmente lo ocurrido amerita la iniciativa y el intento expositivo de nuestra parte, aunque no pretendemos con el desarrollo de estos epigramas cubrir la inteligencia o la interpretación ajena.

 

Los sucesos que se han devenido en Cuba sobre la excarcelación de los presos de conciencia, y con ello las noticias y los análisis o, en su caso, pretendidos análisis noticiosos de dichos aconteceres, más de informar han desatado una bandada de suposiciones que realmente exceden lo serio y trascendente del asunto y caen en especulaciones desacreditadas en muchas ocasiones, y en otras, en informaciones que agravan sin razón los hechos y empañan la realidad existente.

 

Lo ocurrido es un hecho real de la vida cubana y no un drama de novela. Jugar con esto, es conducir al criterio de la nulidad real de su trascendencia histórica para caer en la ficción de una necesidad de liderazgo político inexistente y creado para la recreación regionalizada de cientos de tele-oyentes.

 

En la mayoría de los casos, sea sobre cualquier elemento de ciencia, asumir determinado estado de cosas o de hechos es conducente al error máxime si estos asuntos se desenvuelven en la arena de la política internacional. Ante un auditorio lego en la materia, agravar esta condición y situación es patéticamente fácil.

 

Hemos estado escuchando diversidad de criterios, que incluyen una supuesta pero a su vez falsa y contradictoria “avanzada de liderazgo” que pretende arrogarle como un éxito a determinado grupo, o inclusive persona, el desencadenamiento de la excarcelación de los presos enviados al extranjero. Sin embargo, es lamentable tal incidencia de supremacía o protagonismo exacerbado principalmente por los medios de comunicación para luego, ante la realidad de los resultados, dejarlos opacarse sin mayor explicación a los receptores de la información que el ocultamiento de la realidad.

 

No pensamos en la malicia expuesta, sino solamente en una falta de profesionalismo que lleva implícita su asimilación o no como parte de la libertad de criterio que muchas veces campea por una pradera de falso o incoherente análisis capaz de confundir un error con prioridades.

 

Desde los inicios de las encarcelaciones, que por demás se veían venir, se ha intentado buscar el previo y también posterior debido proceso que no existe. Tampoco busquemos en la teoría de la conspiración que los participes mismos han tabulado como una fábula (no de Esopo) alrededor de este dialogo, y los mensajeros del éter y la tinta saben que a la gente le gustan las conspiraciones. De ahí y por ello es que el argumento falaz parte de premisas falsas y, por ende, la conclusión es, necesariamente, errónea. Es totalmente inoportuno ampliar lo pretendido en el escenario de sucesos que sobre esta excarcelación se mueven en Cuba.

 

Si a lo anterior le sumamos que en nuestro país no existe ejercicio de la política sino el poder político único, personal y excluyente, el resultado de este encuentro no ha debido asustar a nadie, salvo ilusos interpretadores de reiteraciones históricas que maravillan a mancebos o jóvenes que ignoran el pasado de una isla que no está solamente rodeada de mar, sino de orgullo, aciertos y desaciertos, como cualquier otra nación por muy insignificante que esta sea, y la nuestra nunca lo ha sido.

 

Los hechos, vistos de forma sencilla y simple, partieron de la excarcelación de un significativo grupo de inocentes reclusos de conciencia cuya desdicha personal y honradez de actuación volaron al mundo en una primavera negra en Cuba.

 

Hay que señalar claramente que, como presos de conciencia, nunca han sido reconocidos por el gobierno cubano, el cual no admite tal calificación de reclusión ideológica.

 

El dialogo, como tal, marcó el principio de una pequeña faceta pública de negociación, la cual estuvo preñada de previos y variados trámites intransparentes, típicos de las negociaciones de gobiernos que no rinden cuenta de sus actos. Posteriormente, se fijaron condiciones, y no concesiones, para la excarcelación sucedida. De ahí partió el dialogo, donde de forma trascendente y coadyuvante medió como insuperable mensajero, y no concordante de voluntades, la iglesia católica cubana. Finalmente y con gran expectativa,   este grupo de cubanos salieron de sus recintos carcelarios directos al aeropuerto, y de ahí al exterior.

 

Desde estos precisos instantes, volaron las noticias, las especulaciones, los criterios sobre la tan nombrada “posición común”, los cancilleres y prelados en medio de las fotos, de nuevo el embargo y el diferendo Cuba-USA, destierros y hasta deportaciones (¿?) y, en fin, un sinfín de cosas más que, como es razonable y lógico, se desprendieron de estos trascendentales hechos que se resumen en una excarcelación condicionada y de forma adherente, sin mayor recurso que tomarlo o dejarlo.

 

Jurídica e históricamente estos hechos no son nuevos. Ya desde tiempos tan oscuros como la historia de Roma, la libertad condicionada, sea esta condicional, provisional, extra penal, fianza u otra como medida alternativa a la pena de privación de libertad, ha sido objeto de utilización por parte del poder político de los Estados para conceder la libertad a reos que por diferentes causas se encuentran encarcelados.

 

Una de esas causales ha sido y es aún el delito político, aunque el gobierno cubano no lo reconozca.

 

La falta de reconocimiento de los delitos políticos en la esfera del derecho revolucionario socialista, y en especial del cubano, parte de la premisa que siempre el delito político ha constituido un proceso histórico donde la clasificación de “delincuente político” es en tanto y en cuanto este desafecto no triunfe; si así ocurre, éste implanta sus ideales y programas y su condición personal deja de ser de “delincuente” y se erige en “líder”. En estos casos, sabemos que el antecedente criminal del líder es, a su vez, un mérito histórico insuperable.

 

Tengamos presente que los móviles del delito político parten del anhelo en la toma del poder. La oposición no es una mera palabra de actuación de foro político, sino también constituye una insaciable carrera a la toma y goce del poder. Es por tal afán que la persecución del significado del verdadero delito político siempre contiene una carga extraordinario de malicia y dolo estatal.

 

Actualmente, el delincuente político es inadmisible en su existencia y, por tanto, menos aun en su represión. No puede existir delito en la libre expresión de ideas o de asociaciones con fines políticos aun sea, como debe de ser, con la finalidad de ostentar el poder. Esta es una de las razones que han llevado a que el análisis de la  naturaleza del delito político sea  extra-jurídico, optándose la vía de  abordar el tema desde un punto de vista exclusivamente.

 

No confundamos como delito político el hecho de que el sujeto activo busque exponer con fines de implantar una concepción nueva o distinta del buen gobierno y del hacer político de la nación. Todo está en que para conseguir materializar su ideal no choque con el criterio de quienes ostentan el poder, y menos aun, aplique métodos que no son admitidos por quienes gobiernan. Si esto ocurre, deviene la represión que se ejecuta con más facilidad y sin impedimento en países de corte totalitarista y antidemocrático.

 

Tampoco podemos olvidar que el sujeto activo clasificado como delincuente político, posee y despliega una actitud de espíritu superior, que guiado por principios morales, políticos y sociales altruistas, trata de construir una sociedad nueva, rompiendo esquemas y estructuras, a costa de ser considerado un delincuente si fracasa en su propósito y, si es necesario, pagar su precio hasta con la vida.

 

Desde que hubo Estado hubo delito político. Su asimilación o tolerancia es relativo y depende de la voluntad del gobernante y de la sociedad donde se ejerce la titularidad en un Estado.  El Estado, por el solo hecho de serlo, tiene la absoluta necesidad de garantizar su existencia y seguridad frente a conductas que tienden a destruirlo o desconocer su soberanía, interna e internacional. Si bien cada Estado, como acto de poder soberano, legisla para establecer la normativa clasificatoria del concepto de delito y con ellos de sus figuras tipificadas en normas escritas de conducta y sanción, es decir, la antijuricidad y lo punible, todo vinculante con una  armonización internacional que también alcanza la concepción de que el verdadero delito político, dentro de un Estado real y efectivo de derecho,  no contiene, en esencia, una carga de malicia o dolo, sino más bien su carácter delictivo tiene su referente fáctico  en el hecho de haberse cometido de tal o cual forma y dentro de un determinado régimen político generalmente intolerante o totalitario.

 

Igualmente la tendencia moderna es ver gobiernos que nacen democráticamente y ejercen totalitariamente su mandato y poder.

 

Estos basamentos, a su vez, permiten la libre manipulación del sistema judicial a favor del poder político imperante.

 

Así planteado, vemos como superamos la valoración teórica de la “voluntad de la clase dominante erigida en ley” y pasamos, sin otro argumento en contra, a la programación política de la capacidad sancionadora de los tribunales revolucionarios.

 

Es así como sale a relucir la diferencia entre defender en un juicio a un asesino común o a un disidente. A pesar de la complejidad del caso en materia doctrinal, la poca movilidad en el segundo de los casos hace casi imposible la defensa.

 

Recordemos que un preso, sea cual fuere su calificación o posición ideológica, incluyendo espías, mercenarios, asesinos, guerrilleros o mafiosos, son armas de negociación a favor del Estado que ostenta su privativa libertad y, con ello, la libre disponibilidad de canje o concesión la posee quien ostente el poder de hacerlo que es, en este caso, el gobierno de turno.

 

Respecto a la condición en que se sitúa la excarcelación de estos dignos cubanos, la valoración jurídica y su trascendencia o connotación respecto a sus derechos civiles, su condición migratoria o lo accesorio de destierro condicionado, realmente se quedan en cualquier mesa de foro de análisis para conferencias, ya que, y así ha sido, cada uno de ellos aceptó, de forma muy inteligente y sin rasgos de cobardía, la salida del país, para así convertir su libertad en fuente de denuncia directa. Hasta ahora ninguno ha denunciado amenaza sobre su negativa, además de que, por los resultados de hechos, al parecer no se han producido.

 

En el supuesto de no aceptar la salida del país, el gobierno cubano ha destapado la posibilidad de mantener las excarcelaciones a pesar de que el beneficiado decida y pueda quedarse dentro del territorio nacional, sin más explicación sobre las condiciones que rodearan su libertad. Ya veremos qué acontece.

 

La generalidad conceptual implícita en el instituto jurídico de la libertad condicionada que referimos anteriormente es, precisamente, que se condiciona la libertad a diferentes imposiciones que el recluso ha de cumplir, reiteramos, de forma adherente y sin reservas. En suma, el Estado se enfrenta al reo en un terreno desfavorable para el recluso, y lo conmina a determinar que “para gozar de libertad tiene que cumplir determinado mandato o imposición sin reserva alguna”. En resumen, el Estado no admite negociación o condicionamiento a su propuesta, la cual queda sujeta a una decisión expedita en tiempo y forma en su ejecución.

 

Sin embargo, esta tolerancia incondicionada no puede implicar, directa o indirectamente, el detrimento o la renuncia a determinados derechos que, per se, son inherentes e inalienables a la condición humana como lo son la vida y la libertad. Ninguna de las dos vierte de un Odre.

 

Aún con reservas de análisis, también es racional argüir la potestad de cualquier Estado e inclusive Tribunal de separar las cuestiones justiciables a las políticas, y esto igualmente aplica a las excarcelaciones u otras formas de suspender la ejecutoria de una sentencia.

 

Pero la verdad, por mera prudencia, no puede ser contentiva de un valor abstracto y desencarnado. Esta, desde el momento en que se declara, afecta a personas con sentimientos legítimos e intereses y aspiraciones que trasciende en muchos casos el factor personal y penetra al ámbito familiar con repercusión, inclusive, en el circuito social.

 

La verdad que se ha hecho manifiesta y que rodea este dialogo con sus resultados respecto a las excarcelaciones es, hasta donde se ha expuesto, una maniobra política que nosotros, mortales y simples observadores, nada podemos hacer para conocer, y menos aun modificar, el alcance de sus resultados, sean de largo, mediano o corto impacto, o inclusive, para bien o para mal.

 

Lo que si sabemos y conocemos a fondo tanto en la teoría como en la práctica, es que en Cuba el control jurisdiccional y las cuestiones políticas no se manejan por separado si estos aspectos, principalmente, redundan en la capacidad de maniobra del gobierno, tengan o no repercusión en la seguridad nacional.

 

Esta capacidad de maniobra va desde lo social hasta lo económico. Ejemplos de estos sucesos los vemos tanto desde la autorización de inscripción registral administrativa de una sociedad que no “representa los intereses de la mayoría del pueblo” o de un “ejecutivo extranjero que se comporta de forma diferente a los principios del pueblo”, o de un “dirigente defenestrado por abusos de prerrogativas” e inclusive y muy recientemente, de un “inversionista extranjero amigo de Cuba que ahora es un ladrón de cuello blanco”, o el “debido permiso de marchar” de un grupo de mujeres. En definitiva, un abanico de cosas que existen con o sin razones de justificación o, también y ¿por que no?, con una carga de injusticia o de burda venganza, y que están sucediendo en nuestra pequeña isla.

 

No es necesario superar la academia florentina para demostrar que la intolerancia de un gobierno erigida en ley genera un exceso de figuras delictivas a su favor, que más que justificar su existencia bajo retóricas de disciplina, seguridad nacional o garantizar la autoridad y el buen gobierno, desatan una persecución humana que a la postre se convierte en su propio verdugo.

 

Este tono y forma de ejecución de negociación oculta y sin rastros, si bien es típica de los gobiernos para mantener el “misterio de su seguridad”, ha inspirado y fundamentado la revolución cubana como etiqueta popular y no como participe del poder.

 

La revolución cubana se invoca desde la plaza de la revolución hacia afuera con miras a las masas congregadas al frente de ese monumento en honor, exclusivamente, a nuestro José Martí. A las espaldas de ese monumento blanco se encuentra el poder y no precisamente de la revolución, sino derivado y escudado en y por la revolución. Mucha es la diferencia que se recorre entre ambas exposiciones.

Históricamente, y muy en especial desde las Revoluciones burguesas de los  siglos XVIII y XIX, la libertad suele estar muy unida a los conceptos de justicia e igualdad. Esto nos confirma una vez más que no ha existido revolución proletaria incluyendo la cubana y que donde inspira el poder de muy pocos a nombre de muchos la justicia se suicida.

Retornando a nuestro espectro, lo acaecido no es nada nuevo comparado con otros movimientos similares de excarcelaciones realizadas oficial y públicamente por el gobierno cubano. Nada desconocido en el panorama temático cubano. Basta recordar la “amnistía” en el gobierno de Carter, por solo citar un ejemplo.

 

Así las cosas, y previa la toma de decisiones finales y sin mucho recurso de negociación, este grupo de reos aceptó tal propuesta de salida del país de forma definitiva, como versa en sus respectivos permisos de salidas, según sus propias declaraciones, y se enfrentaron, en pocas horas, a convertirse en exiliados sin otra connotación que varias declaraciones sobre determinados aspectos de política exterior de la Unión Europea respecto a Cuba, algunos que otros temas de sus condiciones y vivencias carcelarias, y su determinación de continuar sus posiciones ideológicas y de disidencia u oposición política al régimen cubano, pero desde el exilio.

 

Sin embargo ahí no queda todo: aún falta conocer, en el tiempo, la tolerancia de España para estos menesteres de actividad política organizada contra otro gobierno, el cual, además, goza de la buena esperanza del actual partido gobernante o, por lo menos, de su Presidente y Canciller. Ya, ab initio, la condición migratoria de estos cubanos no tiene clasificación ni reconocimiento político de ninguna clase. Son, hasta ahora, unos emigrantes legales comunes y corrientes.

 

Un análisis común del acaecer de estos sucesos nos otorga suficiente claridad y coherencia de  que los presos de conciencia cubanos, si bien son un problema para el Gobierno, no constituyen en si mismo la solución de la problemática cubana.

 

El objetivo del gobierno cubano se cumplió con la eliminación de una causal más de presión sobre sus decisiones y no de sus prioridades. Anular a este grupo de cubanos y sus efectos colaterales es parte del interés del gobierno.

 

El gobierno de la isla demostró claramente que los presos recientemente liberados y otros pendientes de excarcelación, si bien son un problema que en gran parte ha solucionado,  no son una prioridad de la regencia cubana.

 

Respecto a los excarcelados, la prioridad de gobierno cubano es anularlos, minimizarlos y utilizarlos como material de desecho, tanto a ellos como los integrados en su radio de acción y efecto. Es decir, anular sus respectivas condiciones ideológicas (aunque no las reconozca), cortar sus efectos tanto dentro como fuera del país y, con ello, cualquier trascendencia de resultado, como por ejemplo las Damas de Blanco o cualquier otro elemento vinculante socialmente que pudiera acelerar una desestabilización interna o de aumento negativo de la opinión publica internacional, ambos en pleno y galopante desarrollo contrarios a los intereses de ganar tiempo del gobierno.

 

La realidad imperante y a relieve de actos es que el Gobierno cubano tiene en estos momentos prioridades que superan cualquier equiparación a la problemática de los presos de conciencia cubanos e, inclusive, cualquier presión internacional o nacional al respecto, aun siendo estas valederas.

 

La prioridad en Cuba es, para el gobierno, la mesa diaria que es, en definitiva,  la única que va a evitar que se multipliquen esos presos. Por ello, aunque apenas se escuchen referencias sobre lo negociado por parte de la alta jerarquía política cubana, tampoco se manifiestan argumentos personales de nadie en el poder ad hominem que nos permita probar alguna contradicción latente entre las palabras del que discurre y sus propios actos.

 

Es así que los hechos que rodearon la excarcelación y salida son congruentes con la política que ha usado el gobierno en hechos similares anteriores.

 

No podemos dejar de sentir, sin asumir nada, que la posibilidad de intercambio de concesiones llegue hasta el levantamiento del bloque duro y pesado de la ley de comercio con el enemigo de los Estados Unidos o la permisibilidad de viajes. Es decir, disminuir las limitaciones de relaciones comerciales y financieras entre Cuba y los Estados Unidos, tendiendo como plato fuerte los viajes de estadounidenses a Cuba.

 

Esto no implica que la actuación sobre los ex-presos no sea directamente manipulada a interés político de eliminar un asunto más de gobierno, sin dejar de medir el alcance que produce dicha actuación política, la cual se asemeja a una excomunión o anatema directo a favor de quitar “estorbos” en un camino que, hasta ahora, solamente se vislumbra en lograr tiempo, ya que no expone metas de cambios certeros o apreciables.

 

Aun nos queda mucho por observar y por hacer. También vemos conclusiones determinantes, aunque apresuradas, de la cancillería española, que ya redunda en la demagogia de logros de partidos socialistas que aún no se vislumbran, pero tienden a pintar a un Moratinos próximo Presidente de España (¿?).

 

Estamos oyendo puras hipótesis a las cuales no se les ve la punta o capacidad de materialización. Por lo menos hasta ahora.

 

También vemos reuniones en la oficina de intereses de Washington en la Habana para exposiciones o aclaraciones de posiciones de gobierno a los familiares de excarcelados actuales y futuros. Dentro de poco, cuando refresque la polémica de Venezuela y Colombia, la OEA dirá algo y, en fin, seguiremos atendiendo y observando activamente esta realidad. Nunca nos ponemos al límite del rodeo para observar la arena.

 

Estimado lector: entre gobiernos te veas y sabrás de la oscuridad.