Cubanálisis  El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

                    Ileana Fuentes, Miami

 

 

 

 

                                                       

 

 

Apuntes para una nueva Historia de Cuba ( I )

I.- Los derechos de las mujeres son derechos humanos

El próximo 25 de noviembre comienza la observación de “Los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres”, campaña iniciada en 1991 por el Centro para el Liderazgo Global de la Mujer en la Universidad Rutgers (EE.UU.). Desde ese centro docente -con el que colaboré personalmente durante los años que trabajé en dicha universidad-, feministas estadounidenses y de todo el mundo iniciaron el movimiento que culminó en 1993 en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Allí se adoptó, con la firma de 171 estados miembros, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres –conocida como la Declaración y Plataforma de Acción de Viena.

 

En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de ese mismo organismo nombró una Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias para monitorear y denunciar toda manifestación de violencia de género en el mundo. A la Carta Universal de Derechos Humanos se le anexó la Declaración de Viena, proclamando oficialmente el lema del activismo global feminista: “Los derechos de la mujer son derechos humanos”.

 

Recuerdo la recogida de firmas -que fueron cientos de miles- que hicieron posible que la ONU oficializara dicho concepto. El Centro Global coordinaba la campaña en 1990 y 1991 cuando la poeta Tania Díaz Castro, fundadora-presidenta del Partido Cubano de Derechos Humanos, fue arrestada y casi secuestrada por la Seguridad del Estado cubana en La Habana. Su fotografía y datos encabezaron las docenas de hojas con las que recabamos firmas las cubanas exiliadas del área metropolitana de Nueva York durante las vigilias por la libertad de Díaz Castro, y un año más tarde, la de la poeta María Elena Cruz Varela, para dicha campaña global. Los derechos de las cubanas también eran derechos humanos.

 

Los 16 días de activismo se extienden desde el 25 de noviembre –Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, adoptado en 1999 por la ONU en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por los esbirros del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en 1960- hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

 

En 1999, Radhika Coomaraswamy, la actual Relatora Especial, visitó Cuba. Su informe, presentado ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en la primavera del 2000, señaló diversas instancias de negligencia gubernamental en torno a la educación, el control y la eliminación de la violencia en contra de las cubanas, incluyendo acoso y discriminación, abuso en las cárceles, y las condiciones de las mujeres rurales. Coomaraswamy no sólo abordó los tradicionales temas de violencia doméstica y hostigamiento sexual, sino también violaciones de índole económica y política de los cuales tenía conocimiento previo, y que no le fue posible investigar. La Relatora abordó la crisis del desempleo femenino y el tema tabú del jineterismo, y le achacó ambos a la falta de independencia y poder económico de las cubanas. Coomaraswamy quiso reunirse con organizaciones independientes de mujeres y con opositoras, como por ejemplo Martha Beatriz Roque Cabello, pero no se le permitió.

 

El informe sobre Cuba de la Relatora Coomaraswamy fue un mero bosquejo de un problema endémico y generalizado que ha sido plenamente documentado desde los años ’80, y que ha sido objeto de denuncias durante más de dos décadas por parte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, la evidencia -y el record oficial- del presidio político femenino, los pocos, pero no por ello menos salvajes, fusilamientos, al igual que el ostracismo de miles de cubanas por razones ideológicas, que data de los inicios mismos de la revolución, y más tarde la evidencia de los actos de repudio y golpizas de mujeres a partir del éxodo Mariel-Cayo Hueso –y continúan hoy contra las Damas de Blanco y otras opositoras-, son amplias pruebas de que el régimen cubano ha violado impunemente los derechos humanos de todos los cubanos, y los derechos fundamentales de las cubanas, durante más de 52 años.

           

II.- El gulag femenino cubano, 1959-2003

 

La Fundación Cubana de Derechos Humanos denunció en noviembre 2003 las condiciones de terror y tortura que llevaba a cabo la Seguridad del Estado contra las reclusas en el Centro de Operaciones de ese organismo en Holguín.

 

Día y noche se suceden los casos de mujeres que caen en angustioso pavor de desesperación gritando a voz en cuello clemencia a Dios y a las autoridades que hacen mutis, oídos sordos. Las reclusas son metidas en gavetas, es decir, en celdas tapiadas muy estrechas, con camas de cemento y un hueco en el suelo para hacer las necesidades. Pululan los roedores, las cucarachas y otros insectos. Estas mujeres carecen de todo tipo de pertenencias personales y casi siempre falta el agua hasta para bañarse, teniendo que consumir agua muchas veces con insectos adentro.

 

Las tanquetas donde guardan la comida que reparten carecen de higiene y huelen a podrido. La comida es poca y de mala calidad…En estas gavetas permanecen semanas y meses, gritando aterrorizadas por el calor y la oscuridad, producto de los frecuentes apagones. A estas mujeres les inyectan sedantes para mantenerlas semi-endrogadas. Son atendidas por hombres quienes tienen que llevarles íntimos femeninos, sin respetarles su privacidad. Si las detenidas protestan en alta voz son llevadas a celdas de castigo de mayor rigor”.

 

Pero esto no es nuevo. Por más de 40 años, en las cárceles de mujeres de Guanabacoa, Guanajay, Baracoa, La Cabaña, El Caney, Kilo-5, Manto Negro, Nuevo Amanecer y América Libre -valgan los crueles eufemismos-, miles de cubanas (se calcula que unas 8,000 en cuatro décadas) padecieron las peores vejaciones y atropellos por razones políticas y de conciencia. Las historias son muchas.

 

La Dra. Ana Lázara Rodríguez era una estudiante de medicina cuando la revolución llegó al poder. Durante 19 años fue presa política. Entró en prisión en 1961 a cumplir una condena de 30 años luego de un sumarísimo juicio político. Fue puesta en libertad en 1980. En su libro Diary of a Survival: Nineteen Years in a Cuban Women’s Prison (Diario de una sobreviviente: diecinueve años en una prisión cubana de mujeres) publicado en 1995 por la editorial neoyorquina St. Martin’s Press, la Dra. Rodríguez reveló una espeluznante realidad, de la cual cito a continuación un breve pasaje:

 

Llevaban veinte minutos sacando a las presas de sus celdas, una a una. Cuando una mujer oía su nombre, tenía que ir caminando hasta el comedor por el pasillo del Pabellón D en la planta baja de la prisión de Guanajay escoltada por dos guardias. En ese umbral simplemente se desaparecía. A los pocos minutos, los guardias pronunciaban otro nombre, y sin detenerse, escoltaban a la próxima presa hasta la puerta al otro extremo del comedor, que conducía al ala nueva y recién inaugurada del recinto. Aquel pasillo apenas iluminado con dos bombillos, era un lugar tenebroso. Me dio la impresión de haber entrado en una cueva prehistórica bajo la tierra…

 

De pronto, capté de reojo la razón de aquella oscuridad: no entraba luz alguna al pasillo. Habían soldado una plancha de acero a la puerta de cada celda. Ahora me estremecía con una imagen peor: la de una cripta gigante. “Póngase esto… y bienvenida a las tapiadas”, me gritó uno de los guardias al empujarme hacia el interior del calabozo. El ruido del cerrojo traspasando la pared sonó a cripta. La oscuridad era inimaginable. “No tienen derecho a enterrarnos vivas”, pensé. La mente se deslizaba hacia un abismo. Fui palpando las paredes arrastrando los pies hasta que di con la tersa superficie del acero. ¡Al menos sabía dónde estaba la puerta!

 

Desde que nos trasladaron a Guanajay de la prisión de Baracoa en enero, la vida había sido una confrontación diaria con las autoridades del penal, especialmente con Manolo Martínez. El quería resquebrajar nuestra voluntad. Lo intentó por todos los medios: nos cortó las raciones de comida, nos retuvo la ropa y las sábanas, confiscó nuestra correspondencia, canceló las visitas familiares, suspendió los recreos en el patio, y le dio por cambiarnos de celda cada dos o tres días. Nada le hervía más la sangre que nuestra hostilidad hacia el plan de reeducación.

 

Con el pase del tiempo empezamos a preocuparnos menos por la comida y más por los problemas de higiene. El agua que nos suministraban apenas alcanzaba para tomar, y no daba para bañarnos o lavarnos la cabeza, o los dientes, o lavar la única muda de ropa. No había forma de limpiar la sangre empegostada de la menstruación, ni con qué asearnos cuando el agua insalubre nos daba diarreas.

 

Las celdas eran como hornos durante el día, carentes de ventilación, y el sudor se mezclaba con el polvo del concreto que todavía flotaba en el aire desde la reciente construcción. Así se fue formando una costra sobre el cuerpo. El inodoro, que nunca funcionaba (como tampoco el lavamanos) servía de criadero para los mosquitos. Con la acumulación de excremento luego de una semana sin poder descargarlo, la taza se convertía en una fábrica de cucarachas. Una las podía oír revoloteando en el piso durante horas. Esas cucarachas portadoras de cuanta bacteria tropical existe en este mundo convivían con cada una de nosotras. No puedo describir la repugnancia ante la realidad de que por mucho que me distanciara de aquel inodoro y me pegara a la puerta, las cucarachas iban a pasearse sobre mi cuerpo de todas maneras.

 

Los días se hicieron semanas, y las semanas meses. La inmundicia, el calor, la escasa comida y el agua infestada se hizo sentir. Todas nos enfermamos. La fetidez del vómito se mezclaba con las otras fetideces del ambiente de aquellas tapiadas. A los cincuenta y nueve días nos sacaron de allí. Salimos como borrachas dando tumbos hasta regresar al Pabellón D. La costra que cubría nuestros cuerpos, mezcla de sangre, de sudor, de polvo de cemento, y de churre, era tan gruesa que tuvimos que rasparnos la piel con cuchillitas de afeitar. El pelo, un pegoste imposible de lavar. De ahí que nos pasáramos esa primera noche pelándonos casi al rape unas a otras”.

 

Dos décadas más tarde, a Marta Beatriz Roque Cabello, economista de 58 años, la condenaron a veinte años de cárcel por el delito de disentir, de opinar diferente a los ideólogos oficiales, por aspirar a una democracia plena de derechos humanos y legalidad. La organización MAR por Cuba denunció en su momento el maltrato y la negligencia que sufría esta mujer –hoy una de las opositoras más conocidas- en manos de las autoridades penales.

 

Algo parecido le sucedió también a la galardonada poeta María Elena Cruz Varela durante su encarcelamiento entre 1991 y 1993. La violencia ha sido pan de cada día en el presidio de mujeres.                          

 

III.- Actos de repudio

 

Los actos de repudio se usaban en la Alemania nazi contra los judíos que el régimen luego llevó al exterminio de los hornos en la red de campos de concentración que purificarían la raza aria. Luego también se practicaron en la China de Mao cuando la Revolución Cultural, método denigrante mediante el cual llevaban a intelectuales, profesionales y artistas al suicidio. En Cuba, durante la estampida de la embajada de Perú y el subsecuente éxodo marítimo por el puerto de Mariel, los actos de repudio se pusieron de moda, y a cualquier sospechoso de querer irse del país las turbas le tiraban huevos, tomates, piedras, excremento, o le entraban a palos o piñazos en el medio de la calle.

 

En 1990, la historia de los actos de repudio en Cuba tomó otro giro, ya no contra los que querían huir del infierno, sino contra intelectuales desafectos. En noviembre de 1990, la galardonada poeta María Elena Cruz Varela dirigió una severa crítica pública a Fidel Castro -lo que ella llamara su Declaración de Principios- luego de haber fundado, junto a otros intelectuales cubanos, el grupo contestatario Criterio Alternativo. Un año más tarde, en noviembre de 1991, una turba invadió su apartamento en Alamar, hizo trizas su contenido, le hizo tragar hojas de un poemario inédito, y la arrastró por las escaleras, desde el cuarto piso hasta la calle, donde policías de Seguridad y la multitud siguieron dándole golpes hasta que se la llevaron detenida.

 

Días después fue sentenciada a 2 años de prisión por “asociación ilícita”, de los que cumplió 18 meses. Las penurias en la cárcel fueron muchas, las mismas que miles de prisioneras políticas antes que ella padecieron en los años sesenta y setenta. Pero hay algo específicamente cruel e inhumano que tuvo que sufrir esta mujer en la cárcel: una media docena de exámenes ginecológicos consecutivos con sus correspondientes biopsias en un período de seis meses, porque en el hospital del penal “se perdían” o “no servían” los resultados de exámenes anteriores.

 

Nadie que no sea mujer, y ninguna mujer que no haya experimentado el frío espéculo y la profunda cuchilla durante un examen ginecológico puede entender la tortura física que esto significa. Si es un suplicio en las higiénicas oficinas médicas donde el ginecólogo amigo y una amable enfermera y el último grito de la tecnología y la anestesia suavizan el impacto, ¡qué puede decirse de verse sobre una camilla desnuda, ante un instrumental antiguo y quizás ni pasado por una autoclave, en manos de un personal carcelario que igual la dejaría a una morir de cáncer o de una hemorragia!           

 

A María Elena Cruz Varela le invadieron su casa, le invadieron su vida, le invadieron su familia, le invadieron su cuerpo. Tuvo la suerte de escapar con vida. “Soy una balsera cuya vida es ahogó en la tierra. Aquí estoy: 41 años, mi espina dorsal dañada como consecuencia de los sucesos de noviembre de 1991; una irreversible deficiencia vitamínica adquirida en prisión; y una ansiedad por mis compatriotas que no me abandona ni de día ni de noche”, dijo de sí misma la poeta en 1996. Es una sobreviviente de los abusos médicos que el régimen comete en las cárceles cubanas.

 

Cuando a Lidia Pérez la arrestaron a principios de 1961, estaba en estado. Seis meses después, el 22 de junio, moriría en prisión por falta de asistencia médica durante el parto. El 31 de diciembre de ese mismo año, murió de septicemia en la prisión de Guanajay la presa política Julia González Roqueta. Que no haya ninguna duda que en las cárceles cubanas se utiliza perversamente la atención médica y siquiátrica como tortura, y que la desatención o tratamiento inadecuado de las reclusas (de todos los presos) es parte de una metodología diseñada para convertir al preso en guiñapo humano, o aniquilarlo.

 

IV.- Ser rehén, ser náufraga, o ser libre

 

El Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la libertad de movimiento y residencia dentro de un país, y el derecho de entrar y salir de del país de origen. El Articulo 22 declara como derecho el libre albedrío social, cultural y económico “indispensables para la dignidad del ser humano y el desarrollo libre de su personalidad”. El Artículo 23 sienta el derecho del trabajador a un trabajo remunerado que garantice una existencia digna al individuo y a su familia, y el Artículo 25 habla del derecho de la persona a un estándar de vida adecuado para su salud y bienestar.

 

En Cuba esos derechos se violan desde hace 50 años. Es precisamente por la asfixia política y económica en que el régimen obliga a vivir a sus ciudadanos que los cubanos buscan escapar del “paraíso socialista”.  Si no se consigue una visa, o un marido extranjero, siempre está la opción del mar. Los departamentos de inmigración de Cuba y Estados Unidos concuerdan en que 3 de cada 4 balseros mueren ahogados en el Estrecho de la Florida en su intento de huir de Cuba y llegar a Estados Unidos. O sea, que de cada cuatro balseros, sólo uno llega. Del millón y medio de cubanos que llegaron a Estados Unidos entre 1959 y 1996, por ejemplo, unos 75,000 llegaron en balsa, el 29% (21,750) de ellos, mujeres. Si aplicamos la fórmula, entonces 225,000 cubanos perecieron en ese período en el mar, y si la proporción hombre-mujer es una constante, 65,000 de esos balseros eran mujeres.

 

La balsera náufraga más conocida es, sin duda, Elizabeth Brotón, la madre del niño Elián González. Elizabeth pereció en la travesía, al igual que los otros miembros de la familia que emigraba en aquella balsa que al ser descubierta en el mar sólo contenía un niñito dormido. Pero antes de Elizabeth, muchas otras madres perdieron la vida en el intento. Quién no recuerda la balsa que llegó a costas de la Florida con el otro niño solitario junto al cadáver de su madre, o la espeluznante historia del naufragio en Cayo Perro donde dos hermanitas murieron de sed y tuvieron que ser abandonadas sobre los arrecifes, sus cadáveres malamente cubiertos con piedras.

 

Por último están las mujeres a quienes el estado socialista les impide la salida legal del país a pesar de tenerlo todo en orden para abandonar el territorio. Estas mujeres son rehenes de Castro.  Entre ellas hay docenas de médicas, dentistas y enfermeras, a quienes se impide la salida por razones puramente arbitrarias que implementa el Ministerio de Salud Pública. Para que el gobierno cubano le tramite a un especialista de la salud su permiso de salida, ese cubano o esa cubana tiene que esperar 5 años a partir del día en que lo solicita. Cinco años de trabajo, marcada la persona como desafecta, que hace de ella casi un paria.

 

Durante muchos años estuvo el caso de la Dra. Hilda Molina Morejón, eminente científica, fundadora del Centro Internacional de Restauración Neurológica en La Habana, y célebre oficialista, hasta el día que se negó al rejuego del turismo de salud: brindar asistencia médica preferencial a pacientes extranjeros portadores de dólares. Fundó el Colegio Médico Independiente de Cuba, organización disidente dedicada a denunciar los desmanes de salud pública y el nuevo apartheid médico. Cuando en 1994 solicitó salir del país para visitar a su hijo y recién nacido nieto en Argentina, el permiso le fue negado, porque, según las autoridades, sus conocimientos científicos adquiridos en Cuba son patrimonio nacional y asunto de seguridad nacional. (Finalmente, luego de más de una década de ser rehén del gobierno cubano, y de infinidad de gestiones internacionales, incluso del gobierno argentino, Hilda Molina y su anciana madre pudieron viajar a Buenos Aires).

 

Igual sucedió a las mujeres de la familia Cohen. En 1994, José Cohen desertó del gobierno de Cuba, donde hasta ese momento era parte de los servicios de inteligencia. El gobierno tomó represalias contra su familia, como lo ha hecho con todas las familias de quienes considera traidores y desertores, incluyendo los médicos que piden asilo político en países donde cumplen misión internacionalista. En Cuba quedaron Daisy Valdés de Cohen, su madre de 65 años; su esposa Lázara Brito González; y sus hijas Yanelis y Yamila, de 19 y 16 años respectivamente. (Isaac Cohen, su padre, y su hijo menor también sufren las represalias). A los Cohen, judíos practicantes, se les ha vedado el derecho al trabajo y a los estudios. Después de más de una década esperando, y docenas de gestiones por parte de José, a la familia se le permitió la salida definitiva del país.

 

Amnistía Internacional ha declarado que las mujeres tienen derecho a sus derechos inalienables y a no sufrir represalias por los actos políticos de los miembros de su familia. En 1991, publicó el documento Doce Pasos para Proteger los Derechos Humanos de la Mujer, que declara que

 

las mujeres se encuentran entre los encarcelados por sus creencias y actividades pacíficas, son torturadas, se les niega el derecho a un juicio justo, son secuestradas y desaparecidas, y ejecutadas extrajudicialmente… (ellas) enfrentan violaciones a los derechos humanos simplemente o fundamentalmente debido a su sexo.”

 

El documento hace un llamado a todos los gobiernos a cesar la persecución de las mujeres debido a nexos de familia; cesar de torturarlas y maltratarlas; liberar a todos las prisioneras de conciencia; y proveer atención médica adecuada a todos los presos y detenidos, tanto hombres como mujeres. Respecto a lo anterior, el gobierno de Cuba, signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde su adopción y signatario de una plétora de otros documentos de la ONU acerca del bienestar humano, continúa violando los derechos civiles y humanos de las cubanas.

                                                                                                                   

V.- Entre la espada y la pared: el estado asesino

 

En medio de los Dieciséis Días cae también el 1ro de diciembre, en que se observa en muchos países el Día Mundial del SIDA. Reinaldo Arenas, que falleció en Nueva York precisamente por complicaciones causadas por el síndrome, dejó escrito antes de ponerle fin a su sufrimiento que nadie más que el régimen de Fidel Castro era culpable de todas sus penurias, incluyendo su muerte.

 

El pintor y escritor Jaime Bellechasse también murió a causa del SIDA. También optó por quitarse la vida ante los estragos del síndrome. Jaime había estado preso siete años por repartir en La Habana “propaganda enemiga”. En la cárcel, Jaime, el preso político, fue violado por presos comunes puestos “para el daño” por los propios guardias. Esta estrategia de acosar a los políticos con la peor ralea del presidio común se repite hasta el día de hoy. A Martha Beatriz Roque Cabello le pusieron en su celda en el hospital militar a una presa común que la tenía amenazada de muerte.

 

Traigo a colación a mis amigos Reinaldo y Jaime porque hay una historia poco conocida, casi olvidada, que al señalar la violencia hacia las mujeres, se debe resaltar: el caso de los roqueros que se inyectaron con SIDA en desafío al gobierno ante las condiciones de vida y la imposibilidad de abandonar el país. Entre ellos hubo varias jóvenes que participaron en el virtual suicidio colectivo. Terminaron internadas en el reclusorio para enfermos del SIDA conocido como Los Cocos. Allí fueron recluidas en contra de su voluntad y en violación de sus derechos humanos.

 

¿Suicidio el de estas muchachas, el del resto de los roqueros? No, que va, ésa sería muy fácil. Porque cuando las circunstancias sociales y políticas de un país que padece un régimen totalitario llevan a alguien hasta la pared sin opciones de vida, todo lo que suceda con esa persona es responsabilidad del régimen. Suicidio inducido equivale a asesinato.

 

En las cárceles ha habido golpes, tortura, abuso sicológico y muerte. Las muertes por negligencia médica son asesinatos, y varias mujeres han muerto en presidio por esa causa. Ya mencioné los casos de Lidia Pérez y Julia González Roqueta. Pero hay muchos más. De un infarto no atendido murió la presa política conocida por “la monja”. Murió sin que siquiera la viera un médico. El cadáver lo tiraron al piso y lo arrastraron. “Llévense a ésta que ya no jode más…” fue el panegírico del guardia. ¿Y qué de las locuras inducidas por los maltratos, por las condiciones inhumanas en que se mantuvo y se mantiene a las presas políticas? Asesinar a una persona no es solamente ponerle fin a su vida: es ponerle fin a su raciocinio, a su salud, a su potencial como ser humano.

 

Pero asesinato a sangre fría también lo ha habido, ninguno como la masacre del remolcador “13 de marzo”, ocurrida el 13 de julio de 1994 frente al litoral de la Bahía de La Habana. Ese día, 72 hombres, mujeres, niños y niñas abordaron la nave con un solo propósito: abandonar la isla y llegar a Estados Unidos. Durante 45 minutos, guardacostas cubanos siguieron al remolcador, para entonces iniciar un ataque frontal del mismo, embistiéndolo con sus lanchas por varios lugares, y barriendo con sus indefensos pasajeros a fuerza de manguerazos de agua. En el bestial hundimiento del remolcador, cuarenta y dos personas perecieron, 14 mujeres y 8 menores de edad -entre ellos 3 niñas- cuyos nombres son:

 

 Rosa María Alcalde Puig (47), Martha María Carrasco Anaya (44), Julia Caridad Ruiz Blanco (35), Martha Caridad Tacoronte Vega (36), Caridad Leyva Tacoronte (36), Odalys Muñoz García (21), Pilar Almanza Romero (30), Lissette María Alvarez Guerra (24), Yuliana Enriquez Carrazana (23), Yaltamira Anaya Carrasco (22), María Miralis Fernández Rodríguez (28), Miladys Sanabria Cabrera (19), Mayulis Méndez Tacoronte (17), Estrella Suárez (?).
 
Las niñas asesinadas en el remolcador tenían 4 y 2 años, la tercera apenas 6 meses. Todos los niños pequeños fueron arrancados de los brazos de sus madres por los chorros de agua a presión. Los niños: Yausel Eugenio Pérez Tacoronte (11), Yaser Perodín Almanza (11), Juan Mario Gutiérrez García (10), (4), José Carlos Nicole Anaya (3), Angel René Abreu Ruiz (3); las tres niñas eran Giselle Borges Alvarez, Cindy Rodríguez Fernández (2), Helen Martínez Enríquez (6 meses).
 
El gobierno cubano se ha negado repetidamente a rescatar los cadáveres. Hasta la fecha, las autoridades cubanas ni siquiera se han molestado en identificar o instruir de cargos de asesinato premeditado de civiles indefensos a los guardacostas responsables de la masacre.
 

VI.- Violación, violentación y violencia

 

Porque la situación social, económica y política de Cuba está inflexiblemente parametrada por un régimen omnipotente y uni-proveedor que limita las libertades, el potencial y la iniciativa de la persona, la violencia hacia la mujer, vista desde nuestra óptica feminista, obligatoriamente comprende no sólo los actos de agresión física en la vida privada que tradicionalmente se tienen como violencia, sino todo acto o condición propiciada directa o indirectamente por el régimen que violente la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público.

 

Es necesario levantar conciencia entre las mujeres de que la violencia hacia ellas se materializa de muchas maneras. Porque lo que hay que entender es que el régimen incurre en violaciones de derechos humanos y en actos de violencia hacia la mujer al obligarla a enfrentar circunstancias que resultan directa o indirectamente del sistema económico y de la agenda política del gobierno. En el caso cubano, hay muchas cotidianidades que califican como violentación sistémica de la vida misma:

 

·        La alta incidencia de alcoholismo, por ejemplo, se traduce en un aumento de la violencia doméstica cuyas víctimas son mayormente mujeres; se sabe perfectamente que la distribución de bebidas alcohólicas está en manos del estado, y que cumple una misión compensatoria que amortigua la protesta popular por los paupérrimos niveles de vida;

 

·        La escasez de vivienda y las condiciones de hacinamiento y deterioro de las viviendas existentes hacen de la vida conyugal un verdadero infierno. Todo lo que hostiga al ser humano incrementa la violencia verbal y la física: la falta de privacidad en los hogares, el hecho de que parejas divorciadas tengan que mantenerse bajo el mismo techo, el hacinamiento en las barbacoas fomenta el desencanto y la frustración, el racionamiento del agua que interfiere con el aseo de la familia y con la cocina, los apagones, en fin, todo lo que hace de la cotidianidad un verdadero Niágara -el fracaso de la economía socialista- traído a “la concreta” en cada casa, todo ello aumenta la incidencia de violencia doméstica;

 

·        La desatención social y la desnutrición femenina son actos de violencia contra la salud mental y corporal de la mujer, y no son responsabilidad sino del régimen, con su errada política económica que ha llevado al país a la bancarrota, y de las ciegas políticas alimenticias que no han tomado en cuenta las necesidades de nutrición específicas de las mujeres: alto consumo de calcio y de hierro, minerales que se pierden durante los 30 o 35 años de menstruación y periódicos embarazos. Lo que se traduce en algo muy sencillo: que la falta de leche a partir de los siete años, y la carestía de alimentos ricos en hierro, como la carne de res, violentan la salud de la población femenina, desde la infancia misma;

 

·        El nivel de pobreza en que vive la mayoría de la población cubana es una violencia del sistema para con sus ciudadanos, que no tienen más opciones que las que brinda el gobierno. Esto afecta sobre todo a las mujeres de la tercera edad, cuyas pensiones de jubilación por lo general no llegan a los 100 pesos mensuales -entre 4 y 5 dólares al mes- dinero que no suple los gastos básicos de una semana. Por eso las mujeres mayores, a pesar de sus endémicos problemas de salud como la osteoporosis y la anemia, tienen que inventarse trabajitos a escondidas de las autoridades para suplementar sus ingresos. El Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala como derecho un estándar de vida que garantice la salud y el bienestar de la persona, y el derecho al bienestar social en la vejez. ¿No es violencia hacia las ancianas obligarlas al trasiego ilícito para sobrevivir?

 

Hablemos de la violencia doméstica, considerada aún un fenómeno que sucede en privado. En Cuba, la violencia doméstica aún no figura como delito. Aquello de que “entre marido y mujer nadie se debe meter” sigue vigente, reflejando los largos siglos en que la mujer fue propiedad de su esposo, autorizado como pater familias a hacer con ella lo que le viniera en gana.

La violencia contra la mujer es un tema que sin dudas se extralimita del marco del Derecho de Familia para encausarse precisamente en el Derecho Penal. En Cuba, específicamente la legislación penal relativa a la materia está expresada en el vigente Código Penal o Ley Nro. 62 de 29 de diciembre de 1987, puesta en vigor el 30 de abril de 1988 y modificada por el Decreto Ley No. 150 de junio de 1994, con sus dos últimas modificaciones: el Decreto Ley 175 de 17 de Junio de 1997 y la Ley 87 de 16 de Febrero de 1999.  Todos ellos perfeccionan las normas penales que protegen a la mujer, pues si bien nuestro Código no tiene sección específica para la violencia intrafamiliar, o sea, que no se tipifica como delito único, sí, mediante una interpretación extensiva, podemos percibir que existen diversos artículos que la contemplan y sancionan, de lo cual se deduce que no existe como bien jurídico especial en alguno de los títulos del Código Penal, sino que se puede llegar a él infiriéndolo por varios tipos penales. Sin hacer expresa alusión a las cuestiones de género específicamente sí se regulan de forma genérica en nuestra legislación penal los atentados contra la mujer en los delitos de lesiones, privación ilegal de libertad, amenazas, coacción, violación y abusos lascivos, entre otros.”  (2.4.2. Análisis del Derecho Penal cubano en sede de violencia de género. “La violencia de género: Una sistematización técnico-jurídica”. Fuente: Internet. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales).

Si no se tipifica, es como si no existiera. La relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer incluyó en su informe sobre Cuba del año 2000 serias observaciones y recomendaciones sobre esta tragedia. Su Excelencia Radhika Coomaraswamy observó que para las autoridades cubanas (al menos hace una década), el problema de la violencia doméstica era casi inexistente en Cuba. No hay todavía casas de refugio para aquellas cubanas que necesitan escapar de maridos abusivos, ya que según la Federación de Mujeres Cubanas, cuando una mujer es víctima de este tipo de violencia, se traslada a casa de algún pariente.

 

Conociendo el problema de la vivienda en Cuba, las restricciones impuestas al traslado, la obligatoriedad de estar inscrito en donde se vive y, hasta hace muy poco tiempo, la libreta de racionamiento acorde al lugar de residencia, esa respuesta de la FMC es tan indolente como ofensiva. El discurso de la Federación de Mujeres Cubanas no deja de ser tradicionalmente patriarcal. El trabajo social que se ha hecho desde entonces en Cuba, y los muchos artículos que se han escrito en diversos medios de prensa, no compensan ni resuelven el problema, porque el mensaje no llega a la base. Y sin prevención y soluciones especialmente diseñadas para controlar daños, a mucha teoría, pocas soluciones. 

           

(continuará)