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ARTÍCULO ESPECIAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

¿Hay prisioneros políticos en Cuba?

 

Alexandre Grosbois, AFP

 

Pocos asuntos pueden ser tan sensibles en Cuba como el de los prisioneros políticos. Para el gobierno es simple: no existen, pero una organización opositora lucha para lograr su reconocimiento.

 

Aún se recuerda a un gobernante Raúl Castro visiblemente molesto cuando desafió a un periodista que lo interrogó sobre el tema, durante una inusual conferencia de prensa junto al presidente Barack Obama en marzo en La Habana.

 

“¡Dame la lista!”, interpeló Castro a su interlocutor. Hubo silencio. El mandatario quiso demostrar así que no había prisioneros políticos en la isla comunista.

 

Al opositor Elizardo Sánchez, quien pasó más de ocho años en las cárceles cubanas, le hubiese gustado enviarle la lista que actualiza anualmente. Sin embargo, sus intentos no prosperaron.

 

Su organización, la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH), lleva la cuenta de los que considera presos políticos en un país donde los juicios suelen ser reservados.

 

Según el más reciente censo de la comisión, que funciona de manera ilegal pero tolerada, hay 93 detenidos “por motivos políticos o procesados y condenados en relación con procedimientos de motivación política”.

 

Sánchez los discrimina así: 51 presos de conciencia, 31 acusados de delitos contra el Estado y 11 detenidos de la llamada primavera negra de 2003, que ahora están en libertad condicional.

 

Los críticos cuestionan que una lista de prisioneros políticos incluya por igual a activistas pacíficos, excarcelados o a condenados por espionaje o terrorismo. Incluso forman parte de ella cubanos que quisieron salir del país secuestrando aviones o barcos.

 

“Nosotros incluimos a prisioneros condenados por delitos contra el Estado, que es un delito político”, replica Sánchez.

 

Además, “en la cárcel, la vida de ellos es mucho más difícil que para los otros” prisioneros.

 

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch no avalan el listado de Sánchez, porque Cuba no les autoriza el ingreso a la isla.

 

“Cuando Amnistía Internacional no reconoce a los prisioneros de conciencia (…), es simplemente porque no tenemos los medios para verificar toda la información”, explica Louise Tillotson, de la oficina de Amnistía para las Américas.

 

Lo mismo ocurre con muchos gobiernos extranjeros, que son rápidos en denunciar la represión en Cuba, pero nunca se atreven a dar cifras de prisioneros.

 

A finales de 2014, Cuba dejó en libertad a 53 detenidos a quienes Washington llamó abiertamente prisioneros políticos. Su liberación se produjo como parte del acercamiento histórico iniciado entre los dos países.

 

Con frecuencia, Sánchez propone a las grandes organizaciones de DDHH que reconozcan el carácter político de algunos casos, pero el proceso de validación puede ser muy lento.

 

“A veces proponemos un nombre, y un año después nos dicen que fue validado, pero nosotros decimos: ya salió (de la cárcel) la semana pasada”, afirma.

 

En Cuba son pocas las voces no oficiales o de oposición que intervienen en esta discusión. Una de ellas es la de Jorge Serpa, obispo de Pinar del Río (extremo oeste).

 

“Hay personas que han cometido delitos que son considerados contra el Estado, entonces, tengo que concluir que son por problemas políticos”, afirma el prelado, sin arriesgar tampoco cifras.

 

El obispo dirige la Pastoral Penitenciaria, un organismo independiente con acceso directo a las prisiones.

 

Para Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, la controversia no está exclusivamente en las cifras.

 

“Cuba tiene presos políticos, pero quizás no tantos como algunos pretenden. Dado que el nuevo método consiste en realizar detenciones de corta duración, se hace difícil establecer con exactitud el número de prisioneros políticos”, afirma.

 

Cada domingo, las Damas de Blanco organizan caminatas de protesta que por lo común terminan con el arresto temporal de las manifestantes. Grupos afines al gobierno las rodean e insultan antes de que agentes del Estado las suban a la fuerza a sus vehículos. Horas después son liberadas.

 

“El tema de los prisioneros políticos se vuelve menos relevante cuando la táctica del Estado consiste en multiplicar los arrestos de corta duración”, juzga Tillotson. Una estrategia que ante todo busca “intimidar y hostigar” a los opositores, agrega.

 

En 2015, la CCDH registró 8,616 arrestos por motivos políticos, una cifra ligeramente inferior con respecto a 2014 (8,889). La mayoría se ajusta al nuevo patrón de “intimidación” que denuncian los analistas externos