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ARTÍCULO ESPECIAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

Fidel Castro instigó a Chávez a que rompiera sus lazos con el general Baduel

 

Raúl Isaías Baduel fue uno de los más cercanos colaboradores de Chávez desde los tiempos de la academia militar y ahora es un prisionero político del chavismo

 

Francisco Olivares, en Diario Las Américas

 

En las cárceles venezolanas permanecen recluidos 29 militares y 6 civiles, procesados por rebelión militar. Veinte de ellos ya están sentenciados con condenas de hasta 10 años y el resto están en procesos bajo el cargo de “traición a la patria”, cuya pena podría ser de hasta 25 años. Pero lo que llama la atención de estos procesos, seguidos desde tribunales militares, es que se intensificaron a partir de la llegada de Nicolás Maduro al poder hace tres años.

 

Tres presuntas conspiraciones y otros casos aislados agrupan a los procesados. La primera de ellas fue bautizada con el nombre de “Operación Jericó” que llevó a condena a 10 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El “Golpe Azul” que culminó con 7 sentenciados el pasado 11 de enero, y un nuevo proceso que inicia en 2017, Diosdado Cabello, uno de los jefes del partido con más poder, bautizado como “Operación Alcatraz”.

 

Pero en las últimas acciones, supuestamente “anticonspirativas”, en las que están siendo procesadas unas 15 personas, señalan como cabecilla al general Raúl Isaís Baduel, el hombre que rescató a Hugo Chávez Frías durante los sucesos del 11 de abril de 2002, exministro de la Defensa, y quien tras una condena de de 7 años y 11 meses, debió haber salido en libertad el pasado 3 de marzo.

 

Ahora lo señalan como la cabeza de esta nueva conspiración, que según dicen, busca derrocar a Nicolás Maduro. Esa nueva acción, según concluye el abogado de Baduel, Omar Mora Tosta, persigue mantener en cautiverio a este alto oficial quien luego de años de persecución, mantiene un importante prestigio dentro y fuera de la Fuerza Armada, por tanto desde el Gobierno existe temor de que quede en libertad.

 

Un profesor universitario, un diputado, militares retirados y militares activos, todos los detenidos a partir de enero de este año, mantenían vínculos de amistad con el general Baduel y su entorno familiar. A partir de ese vínculo, según afirma Mora Tosta, el Gobierno de Maduro ha estructurado este nuevo proceso contra Baduel que desde su salida del ministerio de Defensa se dedicó a alertar del peligro que significaba el camino que había tomado la revolución chavista.

 

El general Baduel es un militar apegado a los principios de la institución militar en la que pasó 30 años, fue muy amigo de Hugo Chávez Frías hasta que, como él mismo expresó, sus principios se antepusieron a su amistad con Chávez, porque no estaba de acuerdo con la implantación en Venezuela del castrocomunismo, acompañado con una politización de la institución militar para ponerla al servicio del proyecto político de Chávez.

 

Según sus propias memorias, a principios del Gobierno de Chávez, cuando Fidel Castro conoció al general Baduel, le advirtió a Hugo Chávez “este es del que te tienes que cuidar. Este es el que te puede sacar a ti del Gobierno, tienes que tener cuidado con él”. De allí en adelante comenzó el distanciamiento de los viejos amigos de la academia quienes años atrás habían hecho juntos el juramento ante el “Samán de Güere” que fue el grupo embrión del Golpe de Estado del 4 de febrero, que años después llevaría a Chávez al poder.

 

Baduel entregó el Ministerio de la Defensa en julio de 2007 con un discurso de despedida en el que cuestionaba abiertamente el Socialismo del Siglo XXI y alertaba a la nación sobre el peligro que se cernía sobre el país. Al finalizar el discurso Hugo Chávez lo abrazó y le dijo algo en el oído a su antiguo amigo. Baduel nunca especificó exactamente lo que le expresó su excompañero de armas pero en diversas oportunidades sugirió una amenaza directa que caería sobre él, de insistir en enfrentarse a su proyecto político.

 

Tras apenas seis meses de su retiro y dedicado a recorrer el país en una actividad de política abierta como civil, en enero de 2008 fue detenido, acusado y sentenciado por una caso de “sustracción de dineros de las Fuerzas Armadas”, contra el decoro militar y abuso de poder, a pesar de que ya había transcurrido el tiempo reglamentario de entrega de su administración con el remate de cuestas correspondiente, como lo demostrara la defensa del oficial. A juicio de sus defensores, la amenaza se había consumado con un caso que no contaba con ningún soporte jurídico y en un tribunal militar de primera instancia que no se correspondía a la jerarquía de general en jefe como lo indica el Código de Justicia Militar y recluido en la cárcel militar de RamoVerde, ubicada en una zona cercana a la capital.

 

Baduel prácticamente cumplió toda su condena sin que le otorgaran beneficios alternativos salvo en el último año, a partir de agosto de 2015, cuando obtuvo libertad condicional pero con numerosas restricciones que le impedían hablar con medios de comunicación o salir de su región residencial en el Estado Aragua, en la región central del país.

 

El Comando Antigolpe

 

El general Baduel había cumplido casi la totalidad de la pena. Muy apartado de la vida pública esperaba la libertad que le correspondía el 3 de marzo de 2017.

 

Pero comenzando el año, el 10 de enero de 2017, acompañado de una feroz campaña gubernamental a través los medios de comunicación sobre amenazas a la revolución, se crea el Comando Antigolpe en el que participan el Ministerio del Interior y Justicia, la vicepresidencia, el diputado oficialista Diosdado Cabello, el Ministro de la Defensa y organismos de inteligencia del Gobierno.

 

La juramentación la hacía el presidente Nicolás Maduro quien ese mismo día partía a la investidura de su aliado en Nicaragua, Daniel Ortega. Y esa misma tarde llegó a las puertas de la residencia del general Baduel un contingente de vehículos con funcionarios de distintos cuerpos de seguridad quienes procedieron a un allanamiento de la casa del general.

 

La orden había sido emitida por el Tribunal Cuarto de Control Militar de Caracas y allí se señalaba una acusación por la presunta comisión del delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. En la orden se especificaba que Raúl Baduel había sostenido reuniones en su residencia con medios de comunicación, nacionales e internacionales y según un testimonio de un delator anónimo, identificado por el Gobierno como “patriotas cooperante”. Quienes brindan este servicio de delación son utilizados prácticamente en todos los casos de supuestas conspiraciones. En la orden se señalaba que a la casa de Baduel habían ingresado gran cantidad de armamentos entre el 2 y el 4 de enero de 2017.

 

La acción de allanamiento en la que participaron varias camionetas con vidrios oscuros, provocaron la reacción de cerca de 300 vecinos quienes se apostaron a las puertas de la residencia y con sus teléfonos grabó y emitieron por las redes sociales lo que acontecía. Los vecinos, alertaban sobre la posibilidad de que descargaran armamento para ser sembrado en la casa de los Baduel.

 

La comisión tuvo que retirarse en poco tiempo y sólo pudieron llevarse algunas computadoras, teléfonos y ninguna evidencia de armamentos.

 

Nuevo procedimiento

 

A Baduel le correspondía su presentación mensual ante el tribunal militar habilitado en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, su zona residencial, el día 12 de enero, dos días después del allanamiento. Al lado de su abogado, Omar Mora Tosta, una vez cumplida la presentación de rigor se disponían a salir de la sede militar cuando funcionarios de Contra Inteligencia les indicaron que tenían una orden de aprehensión de otro Tribunal Militar de Ejecución de Caracas por la que debía ser trasladado por supuestamente haber violado la libertad condicional. Baduel sería trasladado a ese tribunal ubicado en Fuerte Tiuna en Caracas. Partió custodiado por una gran caravana de vehículos de seguridad pero nunca llegó a dicho tribunal.

 

Durante tres días nadie supo de su paradero. Ni su abogado Mora Tosta logró recibir una información de alguna autoridad por lo que alertó sobre una desaparición forzada, hasta que pasados tres días el tribunal informó que había sido recluido en la cárcel de Ramo Verde.

 

Cadena de detenciones

 

Paralelamente a las medidas contra Baduel, el Comando Antigolpe comenzaba a operar con una serie de detenciones a militares y civiles con acusaciones por rebelión militar. La mayoría de ellas con vínculos de amistad con la familia del general Baduel.

 

 

El 24 de enero de 2017 es detenido el general retirado de la Guardia Nacional, Ramón Antonio Lozada Saavedra, gran amigo de Raúl Baduel y de la familia por muchos años y quien siempre lo visitaba en la prisión de Ramo Verde. El 19 de enero fue detenido el sargento retirado, Noel Ricardo Romero junto al coronel Vruzco Hernández cuando regresaban de la primera visita que hicieran su esposa e hija a Raúl Baduel en Ramo Verde. Los militares retirados estaban acompañando a la esposa del general Baduel, Cruz María y su hija Rayrin Baduel y al regreso fueron interceptados poco antes de llegar a la residencia de la familia Baduel. Esos dos militares eran muy cercanos a la familia a quienes siempre habían prestado ayuda durante la prisión que cumplía el general.

 

Destaca además en días posteriores, la detención del profesor Santiago Guevara García de la Universidad de Carabobo, quien se había vinculado a la familia Baduel por ser tutor de la tesis de grado del hijo del general, Raúl Emilio Baduel, quien también fue condenado a 8 años por participar en una protesta pacífica en los alrededores de una feria en la ciudad de Maracay.

 

El profesor Santiago Guevara, economista de 65 años, recibió sorpresivamente la visita de funcionarios de la Dirección de Contra Inteligencia Militar el día 21 de febrero y fue detenido en su residencia en la parte norte de la ciudad de Valencia.

 

Los paracaidistas de Maracay

 

El 19 de enero fueron detenidos seis militares activos pertenecientes a la 42 brigada de Paracaidistas del Ejército. El grupo había sido interrogado en la Dirección de Contrainteligencia y fueron acusados de planificar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. A estos militares se le señala de haber participado en reuniones conspirativas a finales del pasado año en la ciudad de Maracay. Reportes extraoficiales difundidos en medios venezolanos indicaron que planeaban asaltar la Compañía 4209 de Francotiradores para apoderarse de 52 fusiles y otros armamentos resguardados en esa instalación militar. También presumen que el grupo tenía vínculos con otros conspiradores en Caracas y en los estados Bolívar Carabobo y Zulia. Asimismo Contrainteligencia Militar vincula a ese grupo con el general Baduel como parte de “un anillo de seguridad”.

 

Vínculos con Baduel

 

Todas estas personas fueron detenidas en el transcurso de la misma semana de la detención de Baduel en el que se alegó la violación a la libertad condicional. Mientras ello ocurría, el general fue incomunicado en Ramo Verde durante 17 días. Prohibieron la visita a la familia y al abogado. Se denunció entonces que estaba sin agua y sin luz. “Había perdido 10 kilos cuando lo vimos” expresó su abogado Omar Tosta. A su juicio, intentaban tenerlo aislado mientras el tribunal confeccionaba el nuevo caso con otro tribunal miliar.

 

El día anterior en el que debían darle la libertad a Baduel, tomaron el expediente del allanamiento que ordenara el Tribunal Cuarto de Control de Caracas, y el expediente del Primero de Control de Caracas que ordenó la detención de los mencionados militares, amigos de Baduel y acumularon el caso.

 

Así el fiscal segundo militar solicitó el traslado de Baduel a ese tribunal para imputarlo por traición a la patria. El Tribunal Primero de Control ante esta situación pidió el traslado del general Baduel.

 

En Ramo Verde, durante la mañana el día 2 de marzo llegaron los funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar y lo trasladaron para ser imputado por esos nuevos delitos. Un detalle de esa audiencia es que la Juez Primera de Control Militar resultó ser la misma que había sentenciado a Baduel en el caso de “apropiación de dineros de la Fuerza Armada”. La recusación de la defensa no tuvo lugar y el tribunal dictó la privativa de libertad del general Raúl Baduel.

 

Tres nuevos detenidos por rebelión

 

El pasado fin de semana, mientras el país se debatía por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que suprimía las funciones de la Asamblea Nacional en Venezuela, fueron detenidos dos militares y un civil, acusados de instigación a la rebelión y de traición a la patria.

 

Tales detenciones fueron denunciadas por el abogado Alonso Medina Roa, quien pertenece al Foro Penal de Venezuela. Los detenidos fueron el coronel Ricardo Somascal, el capitán Angelo Heredia y el ciudadano Eduardo Vetencourt. Según informó, fueron privados de libertad el fin de semana pasado después de que el Tribunal Militar Primero de Control, a cargo de la jueza Claudia Pérez, considerara que incurrieron en los delitos de instigación a la rebelión, traición a la patria y delitos contra el orden dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

 

Alonso Medina, abogado asociado al Foro Penal Venezolano, indicó que el Ministerio Público (MP) realizó la imputación sin comprobar cómo se perpetraron los delitos. Medina Roa, quien fuera abogado defensor de los militares procesados en la llamada “Operación Jericó”, señaló que al igual que los casos anteriores, las acusaciones contra los tres detenidos no explican con precisión cómo ocurrieron los hechos, especialmente en este tipo de delitos que son muy complejos.

 

Llama la atención el caso del capitán activo Ángelo Heredia, cuya detención ocurrió luego de que denunciara ante el Ministerio Público la venta ilegal de gasolina en el poblado de La Fría en el estado Táchira.