Cubanálisis El Think-Tank

           ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

   

Dr. Eugenio Yáñez, Estados Unidos

 

 

 

Nicolás Maduro no le conviene a nadie

 

Nicolás Maduro, tan incapaz de fomentar consensos o de negociar inteligentemente para resolver problemas, ha terminado finalmente logrando algo nada sencillo: que su presencia en el gobierno resulte unánimemente inconveniente para todos. Para los “revolucionarios” venezolanos, los opositores, sus cómplices “bolivarianos” en otros países, sus pares en América Latina, y también para los procónsules castristas que son, en definitiva, quienes mandan verdaderamente en Venezuela.

 

La crisis en esa nación suramericana ha llegado a ser de tal magnitud y alcance, que cada vez resulta más difícil vislumbrar una salida racional a corto o mediano plazo. Y aunque en el plano político no se haya llegado todavía al cenit de las urgencias -aunque ya se está muy cerca- con la situación económica y social en que una camarilla de delincuentes ineptos ha sumido al país, no es posible darse el lujo de pensar ni siquiera en soluciones a mediano plazo, porque las que se requieren no llegan a ser ni de corto plazo, sino exigen la inmediatez de la emergencia.

 

Las crisis con los alimentos, medicamentos, abastecimientos, hospitales, combustibles, energía, producción, y seguridad ciudadana, no pueden esperar por soluciones demoradas: porque su efecto combinado ha colocado a Venezuela en una situación de aguda y peligrosísima crisis humanitaria que el régimen se niega a reconocer, y con eso lo único que consigue es la exacerbación de una situación al borde del estallido social.

 

Porque gritando insultos e incoherencias, acusando a fantasmas en todas partes por los problemas creados por la ineptitud y la corrupción, y pretendiendo continuar avanzando en el desconocimiento de la separación de poderes y el establecimiento de una dictadura cada vez menos disimulada, es imposible convertir epítetos y acusaciones en alimentos, medicinas, combustibles, hospitales funcionales, energía eléctrica, productos industriales, o un mínimo de tranquilidad para poder caminar por las calles sin temor a ser asesinado o asaltado con violencia.

 

La crisis actual no es entre izquierdas y derechas, ni entre revolucionarios y fascistas, ni entre neoliberales y “bolivarianos”, y mucho menos entre burgueses y proletarios, porque en realidad ya en estos momentos no tiene signos políticos o ideológicos. Es una crisis que enfrenta a una población empobrecida, hambreada, engañada, burlada y desesperada, con una gavilla de gángsters que se ha adueñado del gobierno para enriquecerse, narcotraficar, apoyar grupos terroristas y a lo peor de la morralla internacional disfrazada de “revolucionarios”, y venderle el país a intereses extranjeros, en aras de mantenerse en el poder para seguir enriqueciéndose y, más que nada, -y esto es fundamental para esos delincuentes- para evitar todo el tiempo que puedan tener que responder por sus acciones delictivas ante instituciones y órganos policiales y tribunales internacionales.

 

Esta situación provoca una profunda contradicción: salir del incompetente Nicolás Maduro es un primer requisito para intentar buscar soluciones a la crisis, porque está claro que el actual gobernante ni sabe cómo salir del atolladero ni es capaz de dialogar, intentar buscar consensos y crear coaliciones para enfrentar esta dramática, alarmante y peligrosa coyuntura.

 

Sin embargo, de acuerdo a las regulaciones constitucionales creadas por los mismos chavistas cuando se encontraban en el apogeo de su poder, si se realizara un referéndum revocatorio para sacar de la presidencia a Nicolás Maduro antes del 10 de enero del 2017, que es cuando se cumplirían cuatro años de su actual mandato, sería obligatorio convocar y celebrar elecciones para cubrir la primera magistratura de la nación en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la revocación.

 

Si esto ocurriese, dada la situación del país y las frustraciones de los venezolanos, sería muy probable que esas hipotéticas elecciones las ganara alguna persona no vinculada a la camarilla gobernante, que podría ser no solamente algún miembro de la oposición, sino también otras personas que actualmente no forman parte activa de la oposición pero están desencantadas y alejadas de las filas “revolucionarias” por los resultados catastróficos para el país provocados por el régimen de Nicolás Maduro.

 

Entre los que habría que considerar como potenciales opciones estarían figuras militares que acompañaron a Hugo Chávez en el golpe militar de 1992 y que hoy se encuentran  marginados y fuera del juego, pero también otras personalidades públicas civiles que podrían surgir como elementos imprescindibles para integrar o incluso presidir un gobierno de “salvación nacional” que fuera capaz de manejar la profunda crisis existente y enrumbar a Venezuela por caminos racionales y de recuperación de las profundas heridas provocadas por la insensata e insensible etapa “madurista” de gobierno.

 

Como los posibles “output” de esta variante podrían crear escenarios no agradables para los “revolucionarios” venezolanos y cubanos, desde Miraflores se ejercen gigantescas presiones para retardar la convocatoria del inevitable referéndum revocatorio de manera que haya que celebrarlo después del 10 de enero del 2017, porque entonces la segura salida de Nicolás Maduro no obligaría a convocar elecciones presidenciales, sino que durante el tiempo que falte hasta enero del 2019, cuando culminaría el actual período presidencial, la presidencia sería ejercida automáticamente por el vicepresidente del país, que no es un cargo electo sino designado a dedo por el presidente de la república.

 

Esa intención de obstaculizar el proceso iniciado es evidente en las vergonzosas acciones llevadas a cabo por Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, de Caracas, que está encargado por el gobierno de la “verificación” (más bien del rechazo) de las firmas presentadas por la oposición para solicitar la convocatoria del referéndum revocatorio. Aunque la cantidad de las presentadas excede varias veces las firmas exigidas por la ley, este alcalde de pacotilla declaró tranquilamente que alrededor del 40% de las que aparecen en los listados revisados eran falsificadas o inválidas.

 

Lo que demuestra la clara finalidad de detener o retardar la convocatoria del referéndum revocatorio a como de lugar para que no pueda realizarse antes del 10 de enero del 2017, teniendo en cuenta que nadie en Venezuela (ni fuera de ella) tiene dudas de que Maduro podría perder ese referéndum abrumadoramente, dadas su legendaria incapacidad y creciente impopularidad.

 

En esos momentos, en un hipotético referéndum revocatorio que expulsara a Maduro de la presidencia después de enero 10 del 2017, correspondería al actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, asumir el cargo de presidente durante el resto del mandato, hasta el 2019.

 

Lo que resultaría un “tranquilizante” para casi todos los “revolucionarios”, incluidos los procónsules imperiales en La Habana, porque del señor Istúriz, aunque cómplice de la comparsa “madurista” aferrada al poder, se dice que es mucho menos torpe que Nicolás Maduro y mucho más hábil y capaz de dialogar, analizar y buscar consensos con  opositores y otras fuerzas políticas y sociales del país.

 

Lo que sin dudas sería un alivio en las tensiones que actualmente crispan a Venezuela, y la posibilidad de extender, al menos por un tiempo, la “revolución bolivariana”, alejando el fantasma de una estrepitosa derrota inmediata del oficialismo en unas eventuales elecciones que se convocarían a más tardar treinta días después del cese de Maduro mediante referéndum revocatorio.

 

Esta solución que aparentemente podría resultar mucho más aceptable para castristas y  “revolucionarios”, aunque no fuera la óptima, tiene sin embargo un gran limitante que muy fácilmente puede convertirla en inviable: el factor tiempo.

 

Desde ahora hasta el 10 de enero del 2017 faltan siete meses y unos días, durante los cuales el presidente continuaría siendo el incapaz Nicolás Maduro.

 

Y las múltiples crisis que vive el país actualmente, lejos de aliviarse, se supone que continuarían agravándose si este sujeto continuara como presidente hasta el próximo año, por lo que sería de esperar que las manifestaciones populares, las protestas callejeras, las demostraciones de insatisfacción y frustración de venezolanos de todos los sectores y banderas ideológicas, las declaraciones de rechazo al régimen, y por otra parte las amenazas cada vez menos veladas de eventuales golpes de estado o choques violentos de todo tipo, se multiplicasen exponencialmente.

 

Los intentos de buscar una solución negociada con la participación de la OEA, para lo que se propició invocar la Carta Democrática, aparentemente tuvieron un buen comienzo por la actuación de Luis Almagro, secretario general de la organización, pero chocaron con los intereses geopolíticos específicos de Argentina. Como el gobierno de Mauricio Macri está interesado en promover a su canciller Susana Malcorra como próxima Secretaria General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), necesitaba darle protagonismo internacional, y por eso presentó apresuradamente una propuesta alternativa a la convocatoria de la Carta Democrática de la OEA.

 

La maniobra de Argentina bloqueó potenciales avances para aplicar a Maduro la Carta Democrática, y culminó en una ambigua declaración aprobada por consenso que pone en el mismo plano e igualdad de condiciones tanto a victimarios como a víctimas, llamando a un diálogo entre las partes enfrentadas que el gobierno venezolano no tienen interés en realizar ni los opositores en llevar a cabo si anteriormente no se logran definiciones en la fecha del referéndum revocatorio, que es el punto central y álgido de los enfrentamientos entre ambas posiciones en este momento.

 

Con lo cual el gobierno venezolano gana tiempo y la oposición lo pierde, pues para comenzar ese eventual diálogo serían necesarios una cantidad de eventos preparatorios, definiciones y acercamiento de posturas actualmente enfrentadas. Y mientras esto sucede, los esbirros de Maduro no están descansando ni mucho menos.

 

La última fechoría del régimen ha sido nada menos que introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por una supuesta usurpación de funciones del Ejecutivo Nacional y traición a la patria por parte de esa Asamblea. Sabiéndose como se sabe que el gobierno controla a voluntad el TSJ, cuyos miembros fueron nombrados a la carrera en los días finales de la anterior legislatura dominada por el oficialismo, es muy fácil imaginar cuál será el resultado de las deliberaciones de ese alto tribunal ante la demanda presentada por el Poder Ejecutivo.

 

Sin lugar a dudas se pronunciará a favor del gobierno y contra el parlamento, por “usurpación de funciones”. El ejecutivo, que continuamente usurpa funciones de los poderes legislativo, judicial y electoral, protestando porque supuestamente la Asamblea pretendió escamotear para sí quehaceres que constitucionalmente corresponden al Presidente. ¡El burro gritándole “orejón” al conejo!

 

Esta demanda del régimen “bolivariano” va mucho más allá de un simple intento de presionar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, y no puede verse separada de las recientes declaraciones de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de que los días de la Asamblea estaban contados y de que la misma había perdido relevancia debido a las posiciones supuestamente “anticonstitucionales” que asumía. Es innegable el intento de desarticular, o por lo menos reducir al mínimo o neutralizar definitivamente las funciones de la Asamblea Nacional.

 

Por otra parte, el Foro Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), compuesto por 36 ex jefes de Estado y Gobierno del continente y España, expresó sin ambages su apoyo categórico a la solicitud de la Asamblea Nacional a la OEA para que se garantice el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los venezolanos, incluido el derecho al referéndum revocatorio.

 

IDEA apoyó también la decisión del Secretario General de la OEA de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la situación de Venezuela y evitar que se agrave la crisis humanitaria, así como el aumento exponencial de la violencia y la conflictividad que vive el país.

 

Finalmente, IDEA ofreció apoyo a los venezolanos para identificar “algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones”, y “a las diferentes iniciativas de diálogo nacional”, enfatizando que no podría haber diálogo sin previo rescate de elementales principios democráticos, como libertad de los presos políticos y respeto a la expresión de la soberanía popular mediante la realización de un referéndum revocatorio durante 2016.

 

Aunque tanto Caracas como La Habana y La Paz han dicho que la reunión de la OEA en Washington logró un resultado favorable para Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, lo cierto es que el cada vez más inútil mandatario, y sus secuaces nacionales e internacionales, están más solos que nunca y cada vez son muchas más las personas, en Venezuela, América Latina, y todo el mundo, que repudian las posturas y actuaciones de la protodictadura madurista y la actitud delincuencial de sus cabecillas.

 

Y de nuevo vuelve a surgir el fantasma de la falta de tiempo. Hubiera podido ser tal vez un resultado favorable para el gobierno de Caracas -gracias a la incoherente posición geopolítica asumida por Argentina para torpedear los intentos de aplicación de la Carta Democrática y promover internacionalmente a su canciller- si se dispusiera de tiempo para intentar jugar todas las fichas.

 

Pero, como ha sido hasta ahora en los últimos tiempos, mientras los gobernantes, sus escribas y aduladores, intentan marear la perdiz con trabas burocráticas, declaraciones huecas, o absurdas descalificaciones insultantes, la crisis sigue latente y apretando cada vez más a los venezolanos.

 

Continúan las enormes y en muchas ocasiones violentas colas para poder comprar alimentos, los saqueos a almacenes de productos alimenticios e industriales, la falta de medicamentos, las lamentables condiciones materiales y de salubridad en los hospitales y centros de salud, los cortes de electricidad, los desabastecimientos generalizados, y la inseguridad ciudadana.

 

Y la única respuesta que recibe el pueblo es el incremento constante de la demagogia gubernamental cuando insiste en absurdas y desvergonzadas acusaciones sobre supuestas conspiraciones internacionales para realizar invasiones, golpes de Estado o planes de atentados, que Nicolás Maduro repite continua y lerdamente, partiendo del principio de que todos quienes le escuchan son retrasados mentales que pueden ser engañados fácilmente: ¿recuerdan aquella tontería del pajarito?

 

Simplemente, porque se trata de un mentiroso que no sabe mentir, y cuando lo hace todos los que le escuchan comprenden enseguida que está mintiendo. Sin embargo, el muy testarudo continúa con la misma estúpida estrategia, sin darse cuenta de que en realidad termina resultando el hazmerreír de venezolanos y extranjeros en todas partes.

 

A esa ofensiva propagandística del régimen venezolano caracterizada por groserías y descalificaciones se suman los cómplices más conspicuos del dictador, gente del talante de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que no se caracterizan precisamente ni por su moralidad ni su veracidad. Y ahora pretenden violentar la propia Constitución y las leyes chavistas para imponer su voluntad sobre los venezolanos, como si los diputados electos que constituyen aplastante mayoría en la Asamblea Nacional hubieran llegado de Marte o Venus y no hubieran sido elevados a sus cargos por la mayoría de los votantes.

 

Todas estas realidades están siendo observadas detalladamente en La Habana y Washington, y analizadas en ambas capitales con profundidad, aunque, como es evidente, por razones y objetivos diferentes.

 

Sin embargo, en ambos casos hay un precedente que en ambas capitales deberían estar sopesando seriamente:

 

Es el fantasma del “Caracazo” que se produjo entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando miles y miles de venezolanos salieron a las calles para protestar por la situación económica y los planes del gobierno, y se produjeron violentos choques y saqueos incontrolados.

 

Las protestas comenzaron en Guarenas, ciudad cercana a Caracas, y de inmediato se extendieron por la capital del país. Los venezolanos bajaban por miles de los cerros y los barrios más pobres gritando consignas contra el gobierno, vandalizando y saqueando mercados y almacenes.

 

Al día siguiente, 28 de febrero, fueron lanzadas a las calles la Policía Metropolitana y fuerzas del Ejército, la Guardia Nacional y los órganos de seguridad, intentando controlar la situación por medio de la fuerza. Hay diferentes versiones de los resultados reales de tales choques en cuanto a víctimas: cifras oficiales mencionan 276 muertos y numerosos heridos, pero, como sucede siempre en todas partes, reportes extraoficiales elevan las cifras de víctimas hasta más de 300 fallecidos, además de miles de heridos y 2,000 desaparecidos.

 

Han pasado ya 27 años de aquella catástrofe venezolana, y en la actualidad, gracias a la existencia de modernas tecnologías de comunicación instantánea hacia todo el mundo, una masacre de esa naturaleza provocaría un repudio masivo que podría tener incalculables consecuencias para quienes ordenaran la represión sangrienta de la población por las razones que fueran.

 

Sean las cifras de las víctimas de los sucesos de 1989 las que hayan sido realmente, tensiones y muertes como aquellas es lo que menos necesita Venezuela en estos momentos, y no sería fácil al gobierno en Caracas encontrar apoyo para justificarlas. En ese caso, desde La Habana los neocastristas justificarían a sus cómplices venezolanos para proteger sus intereses, aunque no parece probable, como consideran algunos, que las fuerzas de seguridad y militares cubanas lleguen a participar directamente en la represión.

 

No se abstendrían de participar directamente en una matanza por impedimentos morales, sino por puro pragmatismo y para evitar las muy nefastas consecuencias que resultarían si se pudiera demostrar que fuerzas cubanas estuvieran teniendo una participación similar a la de los soviéticos en Budapest en 1956 o en Praga en 1968. Y si entonces, cuando no existían teléfonos celulares con cámaras de fotografía y video en posesión de muchas personas, como ocurre ahora, se demostró y se repudió en todo el orbe la injerencia moscovita en el aplastamiento de la rebelión húngara y de la “primavera de Praga”, a pesar del tono expresado en la declaración emitida por La Habana para complacer a las cavernas y la ideología, no parece demasiado probable que La Habana decida correr esos riesgos para sostener en el poder por la fuerza a un inepto que ya no le conviene a nadie.

 

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano sobre la situación en Venezuela es clara y diáfana apoyando al inepto presidente de ese país:

 

“A la Revolución bolivariana y chavista, solidaria y generosa, al Presidente Nicolás Maduro Moros, a la unión cívico-militar y a su bravo pueblo, les reiteramos una vez más el pleno respaldo del Pueblo y del Gobierno Revolucionario cubanos y nuestra inquebrantable fe en el triunfo de su justa causa”.

 

Sin embargo, habrá que ver hasta cuándo se mantendrá ese “pleno respaldo” a Maduro. Con su reciente participación en la cumbre de la Asociación de Estados Caribeños no aportó nada que valga la pena en ningún sentido, y no parece que exista la más mínima voluntad por parte del mediocre presidente de Venezuela para actuar de manera diferente, entre otras cosas porque no sabe cómo hacerlo.

 

De ahí que aquello del “pleno respaldo” mencionado en la reciente declaración de apoyo del gobierno cubano pueda quedar en cualquier momento limitado exclusivamente a la “revolución bolivariana y chapista”, a la “unión cívico-militar” y al “bravo pueblo” venezolano, pero sin hacerlo necesariamente extensivo al actual presidente, sino a cualquier alternativa que apareciera que no resultara un lastre tan pesado como el demostradamente incapaz Nicolás Maduro.

 

Porque, como señalamos al principio, este alcornoque ha sido capaz de lograr que su presencia en el gobierno resulte unánimemente inconveniente para casi todos en todas partes: para los “revolucionarios” venezolanos, para los opositores, para sus cómplices “bolivarianos” en otros países, para sus pares en América Latina, y para los procónsules castristas en La Habana.

 

Paradojas políticas: Nicolás Maduro no puede quedarse en el poder mucho más tiempo. Pero tampoco puede irse ahora mismo, porque equivaldría a dejar ese poder en manos de la oposición democrática, lo que prácticamente sería como permitir impotentemente que se cayera la escalera, dejando casi literalmente “agarrados de la brocha” a sus mayorales cubanos.

 

Tan inservible ha resultado este fracasado aspirante a líder que ahora no puede quedarse, pero tampoco puede irse. Casi al final de su impetuosa e inútil carrera política se ha convertido en un individuo que no le conviene a nadie.