Cubanálisis El Think-Tank

           ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

   

Dr. Eugenio Yáñez, Estados Unidos

 

 

 

La imposible democracia socialista

 

Después de mucho bombo y platillo, y tras las muy peculiares “elecciones” cubanas, el 24 de Febrero deberá quedar constituida la nueva legislatura (2013-2018) de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), cuya mayor novedad será, de lo conocido hasta estos momentos, que Ricardo Alarcón no será su presidente, porque se dedicará a tiempo completo a la improductiva campaña por la liberación de los cinco espías de la “Red Avispa”.

 

Tanto en Cuba como en los países del llamado “socialismo real”, las instituciones de carácter “legislativo”, del corte de la Asamblea Nacional cubana, que con muy pocas variantes, salvo en el nombre, existían en cada paraíso del proletariado, tanto europeo como asiático, resultaron siempre nada más allá que grandes dinosaurios ineficientes e intrascendentes, caracterizados por su plácida complacencia hacia las disposiciones de los partidos comunistas, su papel estrictamente decorativo y escenográfico en la toma de decisiones gubernamentales y de administración pública, y el absoluto surrealismo de sus reuniones, que totalizaban solamente unos pocos días al año, dedicadas más que nada a la aprobación o a la condena unánime de cualquier cosa que se les ordenara que era necesario aprobar o condenar.

 

Esas Asambleas, por definición, eran una castración del Estado de Derecho, y sus reales posibilidades para actuar como elementos de gobierno eran nulas, pues al no reconocerse en los regímenes totalitarios la separación de poderes, el supuesto aparato legislativo tiene que subordinarse a los intereses y decisiones del partido comunista, reconocido en la constitución de los países “socialistas” como institución superior a todas las demás y por encima del pueblo en cuanto al ejercicio de la soberanía, y  en consecuencia como la fuerza dirigente e inapelable en cada país.

 

La separación de poderes y el papel del parlamento

 

Desde la época moderna se fue definiendo muy claramente, por pensadores políticos que hoy se consideran portadores de las ideas más avanzadas de la humanidad, el concepto de la separación de poderes para el funcionamiento efectivo de una democracia moderna, donde la soberanía residiría en el pueblo, y existirían tres poderes con un mismo nivel de autoridad y con funciones específicas cada uno: ejecutivo, encargado de llevar a cabo el gobierno de la nación en base a las leyes y disposiciones establecidas, que estaría obligado a cumplir y a hacer cumplir; legislativo, encargado de la elaboración, modificación y derogación de las leyes y disposiciones jurídicas con las que funciona el poder ejecutivo y el país en general; y judicial, encargado de velar por la legalidad de las disposiciones tanto del poder ejecutivo como del legislativo, y de dirimir los conflictos que pudieran derivarse de la interpretación de los actos de gobierno y las disposiciones legales establecidas o que se establecieran.

 

Los inventos “bolivarianos” de unos supuestos “poder electoral” y “poder ciudadano” no son más que eso: inventos con los que se pretende destruir la configuración democrática de las naciones. Las funciones de organización y control del sistema electoral de un país no necesitan de un “poder electoral”, porque se controlan a través del poder judicial en cualquier democracia moderna; y el llamado “poder ciudadano” no es más que una gran entelequia abstracta, que no resulta para nada necesario cuando funciona un verdadero Estado de Derecho, cada poder público tiene actuar de acuerdo a las leyes, y se respetan todos los derechos inalienables de los ciudadanos.  

 

Elementos fundamentales de la concepción democrática moderna del gobierno son tanto la absoluta separación de los tres poderes como la imposibilidad de que alguno de ellos se pudiera establecer por encima de los otros dos. Así, ni siquiera el jefe de gobierno de la nación tiene autoridad para contradecir las decisiones de los órganos de justicia, a las que debe subordinarse sin excepciones, de la misma manera que tiene que actuar conforme a las leyes y no puede pretender dictar por la fuerza a los órganos legislativos lo que le interesa que sea aprobado o desaprobado, ni la manera de hacerlo.

 

Frente a ello, los representantes del poder legislativo por regla general no pueden participar en las actividades ejecutivas del gobierno ni ocupar cargos públicos simultáneamente a su condición de legisladores. Los integrantes del poder legislativo, que pueden ser llamados indistintamente en diferentes países diputados, congresistas, senadores, representantes, parlamentarios, o cualquier otra denominación que se decida, si aceptaran ser nominados para un cargo del ejecutivo (ministros, directores, embajadores) deberán renunciar a la actividad legislativa, pues ejercer ambas funciones a la vez se considera incompatible.

 

La constitución cubana de 1940 en su Artículo 126 establecía específicamente que los cargos de Senador o Representante (poder legislativo) eran incompatibles con cualquier otro cargo público en el país, con excepción del de “Catedrático de establecimiento oficial obtenido con anterioridad a la elección”. Y el Artículo 127 establecía de manera inequívoca una excepción a la regla definiendo que “El nombramiento de Ministro de Gobierno puede recaer en miembros del Poder Legislativo, pero en ningún caso podrán ostentar ambos cargos más de la mitad de los componentes del Consejo de Ministros”.

 

Como complemento y contrapeso de los dos poderes anteriores, existe el poder judicial, absolutamente independiente de los otros dos. Sus integrantes no pueden pertenecer de ninguna manera ni en ningún momento ni al poder ejecutivo ni al legislativo, pues no pueden ser juez y parte a la vez. Son absolutamente independientes en sus decisiones jurídicas, y en el ejercicio de sus funciones se subordinan exclusivamente a las leyes y a su propia conciencia para tomar sus decisiones y emitir sus veredictos, que resultan de obligatorio cumplimiento para los otros poderes, así como para la nación y la población en general.

 

Los gobiernos en el mundo

 

En los países donde estas concepciones se aplican sin cortapisas funcionan el Estado de derecho y el imperio de la ley, y con el paso de los años se han ido consolidando como democracias sólidas y modernas, naciones donde imperan la libertad, la legalidad, la prosperidad, y la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos, independientemente de muchas peculiaridades diferentes en cada nación.

 

Puede tratarse de estilos de gobierno diferentes, encabezados por partidos que se llamen a sí mismos como liberales, conservadores, socialdemócratas, socialistas, democristianos, demócratas, centristas, republicanos, radicales, monárquicos, populares, laboristas, o de otra manera, o gobiernos formados por una coalición de agrupaciones políticas con diferentes denominaciones, pero siempre el gobierno en un país realmente democrático se caracteriza por el consentimiento de sus nacionales para gobernar, su subordinación a la legalidad para poder funcionar correctamente, la celebración de elecciones libres, justas, multipartidistas y periódicas, el libre funcionamiento de la prensa, y el irrestricto respeto a los derechos individuales de los ciudadanos.

 

Sean naciones con estilos de gobierno tan diferentes como Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Francia, Lituania o Nueva Zelanda, en todas ellas ninguna persona se considera que pueda estar por encima de las leyes, los poderes militares se subordinan a la autoridad civil, y los gobernantes son electos por la población. En modernas monarquías constitucionales como Inglaterra, Suecia, Japón, Holanda, Noruega o Dinamarca, las casas reales ejercen determinadas funciones de jefes de Estado, pero en general con carácter mucho más formal que real, y los gobiernos en la práctica están en manos de funcionarios electos libre y periódicamente por todos sus ciudadanos con derecho al voto, derecho al voto que no puede ser restringido por razones políticas ni por ningún tipo de discriminación.

 

En otros países existen  democracias llamadas presidencialistas, parlamentarias o semi-parlamentarias, como en Estados Unidos, Alemania, Italia, República Checa, Irlanda, Polonia o Corea del Sur, donde el Jefe de Estado es el presidente (Alemania, Italia), no siempre electo en elecciones directas, sino a través del parlamento, y además existe un Jefe de Gobierno, generalmente Primer Ministro. En otros países, el Jefe de Estado es también simultáneamente el Jefe de Gobierno (Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil y muchos otros países latinoamericanos).

 

Las cincuenta y cuatro naciones que conforman la llamada Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), como Canadá, Australia, India, Singapur, Malasia o Kenya, reconocen a la Reina de Inglaterra como la Jefa de Estado de cada una de sus naciones, pero esa designación es algo  puramente protocolar: las decisiones soberanas en cada país se toman por los gobiernos de esos países, y por nadie más.

 

En esta amplia agrupación se pueden encontrar gobiernos democráticamente electos (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, naciones anglófonas del Caribe), pero también dictaduras muy crueles y gobiernos terriblemente brutales (Zimbabwe, Pakistán), y otros que solamente pueden pasar el test de gobiernos democráticos si no se extreman demasiado los instrumentos de medición de tales características (Singapur, Nigeria, Kenya), pero que tienen todavía muchas tareas por delante para ser considerados verdaderas naciones de una avanzada democrática.

 

Quedan en el medio de estas definiciones los herederos de los despojos del otrora imperio soviético, donde existen discutibles y peculiares democracias, como Rusia, Mongolia o Georgia, y abiertas y nada disimuladas dictaduras como Belarús y algunas naciones del Asia ex-soviética.

 

En otro extremo, eso que se llama “Nuestra América”, desde Río Grande hasta la Tierra del Fuego, supuestamente compuesta de naciones democráticas que en general guardan en los últimos tiempos apariencias democráticas fundamentales, como la celebración de elecciones y una determinada y discutida libertad de prensa, pero donde la corrupción campea por su respeto y son permanentes las intenciones de los caciques de los ejecutivos para imponer su autoridad sin frenos sobre los poderes legislativo y judicial y sobre la prensa en todos los aspectos, pretendiendo asegurarse parlamentos muy obedientes, que dictarán las leyes que deseen los caudillos.

 

La corrupción se extiende ampliamente hasta los poderes judiciales totalmente corruptos y los jueces escandalosamente venales, capaces de absolver sin recato ni límites a gobernantes delincuentes, inescrupulosos malversadores de las riquezas de su propio país, o a “interpretar” las leyes indecentemente, a conveniencia de los caudillos que les pagan o de las “revoluciones”.

 

La corrupción y el debilitamiento de las instituciones democráticas en la América Latina, y es de lamentar, se observa en los últimos años también en España, donde se comienzan a ver fenómenos y conflictos -comenzando por la mismísima Familia Real y el gobierno español- que van a resultar a largo plazo muy dañinos para la relativamente joven democracia peninsular -que una vez fue ejemplo para tantos-, lo que unido a la dramática crisis económica que viven en estos tiempos y algunas tendencias separatista que han comenzado a tomar mucha fuerza más recientemente, traerá sin duda momentos muy difíciles para todos los españoles.

 

En estas condiciones, la pretendida influencia de España en Iberoamérica no puede resultar ni eficaz ni modélica, y no podrá, de ninguna manera, trascender, mientras no se modifiquen las condicionantes que le lastran y le debilitan continuamente. Como factor para no perder todo el optimismo, puede pensarse que su vinculación con las instituciones de la Unión Europea, a pesar de las muchas limitaciones que esa organización pueda manifestar todavía, serán factores favorables a la estabilidad y la conservación de las instituciones democráticas en España.

 

En el resto de mundo -África, Medio Oriente, y regiones balcánicas y centroasiáticas- las diferentes características siguen siendo las mismas más o menos: gobiernos patriarcales que pueden considerarse relativamente benignos, aunque sin aportar demasiado progreso ni a sus naciones ni a sus ciudadanos, brutales tiranías establecidas por la fuerza en base al factor tribal o a la pertenencia a las fuerzas armadas, y naciones donde la permanente abulia de la población se desentiende de los asuntos de gobierno -que a la larga no le reportan mucho beneficio en ningún sentido a más nadie que a los vinculados a las estructuras de poder de esos gobiernos y a sus burócratas y clientela política- y solamente se preocupa por garantizar una precaria subsistencia, totalmente ignorante o alejada de la modernidad y el progreso.

 

La separación de poderes y la teoría marxista-leninista

 

Contra los conceptos de la separación de poderes y el Estado de Derecho lanzaron todos sus cañones desde el primer momento los bolcheviques rusos dirigidos por Vladimir Ilich Lenin. Aunque en los últimos tiempos hay una muy sutil tendencia a limpiar la imagen de un Lenin supuestamente romántico, benévolo y soñador, y cargar todas las culpas sobre Stalin y su camarilla, fue Lenin quien en realidad ignoró y a la vez pretendió destruir los conceptos del imperio de la ley y la separación de poderes.

 

Lenin acumula sobre sí un amplio espectro de acciones brutales, que se extienden desde el frío asesinato de los descendientes directos de la familia real rusa para impedir una restauración del zarismo (cosa que muchos cubanos no conocen), pasando por la creación de monstruosos órganos policiales represivos que podían actuar sin límites ni necesidad de rendir cuentas para eliminar a los adversarios (la Cheká de Félix Dzershinski), hasta la generalización de las totalitarias instituciones de gobierno de los “soviets”, supuestas asambleas independientes de obreros, campesinos y soldados, que ejercerían el poder a lo largo del vasto imperio comunista sin tener que rendir cuentas a sus supuestos electores, sino a nadie más que al partido comunista.

 

Cuando Lenin murió en 1922 las bases fundamentales del maligno tejido del totalitarismo comunista ya estaban sentadas, y todos los demás que le siguieron al frente de la Unión Soviética, hasta la llegada de Mijail Gorbachev, no hicieron otra cosa que pretender “perfeccionar” el macabro engendro leninista, que tras la Segunda Guerra Mundial fue extendido, bajo las esteras de los tanques, las bayonetas y las botas militares soviéticas, a las después llamadas “democracias populares” de Europa del Este y Asia, que cubrirían desde la muy “democrática” Alemania del Muro de Berlín hasta Vietnam.

 

Lo peor y lo más negro de esos antidemocráticos modelos de gobierno represivo creados en los más oscuros años del pensamiento político soviético, tanto en la llamada URSS como en el resto del ficticio “campo socialista”, terminó copiado y adaptado al engendro cubano de la titulada Constitución Socialista por una comisión presidida por el antiguo dirigente comunista Blas Roca, que reportaba únicamente al Comandante.

 

Las constituciones “socialistas” cubanas

 

Dicha constitución se estableció concientemente contra las tradiciones y herencias culturales de los cubanos después de más de diecisiete años de arbitrariedades y absoluta falta de rendición de cuentas del llamado Gobierno Revolucionario impuesto desde 1959 por Fidel Castro.

 

Sometido el proyecto constitucional a una masiva discusión formal y posteriormente a un espurio referéndum, fue impuesta a los cubanos en 1976 en medio del llamado proceso de “institucionalización” del país, impuesto por los soviéticos como condición inexcusable para mantener los subsidios económicos al régimen, después de la debacle de la Zafra de los Diez Millones que nunca fueron y el caos económico creado a su alredor.

 

La Constitución de 1901 que fue creada para la República que nacería el 20 de Mayo de 1902, a pesar de que surgiría lastrada con la Enmienda Platt, establecía la dignidad de todos los cubanos y se planteaba como objetivo definir la organización de la nación cubana “como Estado independiente y soberano, estableciendo un gobierno capaz de cumplir sus obligaciones internacionales, mantener el orden, asegurar la libertad y la justicia y promover el bienestar general”.

 

En su Artículo 43 expresaba claramente que “La Soberanía reside en el pueblo de Cuba, y de éste dimanan todos los Poderes públicos”. Es decir, se establecía de manera diáfana e inconfundible que los poderes públicos emanaban del pueblo cubano y se subordinaban a él, y no al contrario.

 

La Constitución de 1940, que sin duda puede considerarse como uno de los más refinados resultados del ejercicio democrático real de los cubanos a lo largo de toda su historia, establecía perfectamente desde sus articulados iniciales lo siguiente:

 

“Art. 1- Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.

 

Y a continuación repetía casi textualmente lo ya expresado en la Constitución de 1901, al ratificar en su Art. 2: “La soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes públicos”.

 

Corresponde al castrismo el imperdonable y eterno bochorno de haber lanzado por la borda todos esos principios básicos de libertad, soberanía y democracia establecidos por varias ilustres generaciones de cubanos que legislaron para crear constituciones para su Patria antes de 1959.

 

Fue en la fatídica Constitución Socialista de 1976 que se omitió toda referencia a la soberanía popular y a la libertad, y se estableció la gris y miserable nebulosa conceptual con el Artículo 4, que señalaba difusamente, sin mencionar la palabra soberanía:

 

“(1) En la República de Cuba todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas derivan, o bien directamente, y (2) El Poder del pueblo trabajador se sustenta en la firme alianza de la clase obrera con los campesinos y las demás capas trabajadoras de la ciudad y el campo, bajo la dirección de la clase obrera”.

 

Sin embargo, para que no hubiera confusión de ningún tipo, inmediatamente se establecía en el tristemente célebre Artículo 5 que

 

El Partido Comunista de Cuba, vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera, es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. Eso era decir, muy claramente, que el Partido Comunista, “fuerza dirigente de la sociedad y el Estado”, se consideraba a sí mismo por encima de esa sociedad y ese Estado,

 

Para completar el entuerto, las constituciones socialistas cubanas no reconocen ni aceptan la separación de poderes: cualquier persona, en teoría, puede ser “electa”, independientemente de cuales sean sus funciones: ministros, jueces, “dirigentes”, militares, burócratas partidistas.

 

Lo cual, en realidad, no tiene tanta importancia, porque los tribunales no responden a su conciencia y a las leyes, sino antes que todo al Partido Comunista. Los legisladores no legislan realmente, entre otras cosas por no tener tiempo real para hacerlo en los dos o tres días semestrales -en el mejor de los casos- en que se reúnen cada año, sin conocer antecedentes, opciones y posibilidades, o la verdadera importancia de la legislación que debe ser aprobada, sino se limitan a levantar sus brazos y aprobar por unanimidad las propuestas que emanan del poder ejecutivo.

 

El poder ejecutivo no tiene demasiados problemas para actuar en Cuba: cuando necesita determinada disposición jurídica, sencillamente la propone, en la seguridad de que será aprobada por los “legisladores”. Para más escarnio aún, no es necesario ni siquiera tener que esperar por la sesión semestral de la Asamblea Nacional. El Consejo de Estado está constitucionalmente autorizado a aprobar Decretos-Leyes, que deben ser sometidos a la consideración de la Asamblea en la próxima sesión. De ser aprobados en la sesión de la Asamblea, adquieren carácter de Ley. No se conoce ningún caso, en más de treinta y seis años de “parlamento” socialista, que en la Asamblea haya sido rechazado o no aprobado algún Decreto-Ley dictado por el Consejo de Estado. Ni uno solo.

 

Tan escandalosa resultaba la concepción y redacción de la Constitución de 1976 que, tras la caída del imperio soviético y la desaparición del llamado “socialismo real” bajo los escombros del Muro de Berlín, se le hizo necesario al castrismo redactar un nuevo texto constitucional, donde se intentaba hacer desaparecer o atenuar algunos de los dislates y arbitrariedades más señaladas en los ya arcaicos documentos de 1976. Ese nuevo texto constitucional pretendía adaptarse a las presiones del momento que llegaban desde todas partes, -no a las nuevas realidades-, y se dio a conocer en 1992.

 

Tratando de disimular las cosas y las escandalosas declaraciones conceptuales del infame documento de 1976, en el Artículo 3 de la Constitución de 1992 se menciona la soberanía popular, aunque solamente sea de pasada, pero no se mencionan para nada las libertades ciudadanas, al señalarse que

 

En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”.

 

Sin embargo, aunque supuestamente la soberanía radicaba en el pueblo, como se dice en el Artículo 3, tras un breve Artículo 4 sobre la definición de los símbolos nacionales, en el Artículo 5 se dejan claramente establecidas las reglas del juego totalitario, y que cualquier ilusión o creencia de que la voluntad popular sería respetada y el poder se adaptaría a las nuevas realidades de esos tiempos, no eran otra cosa que fantasías.

 

La Constitución de 1992 deja claro que todo eso no eran más que ilusiones, al establecer muy tajantemente, nuevamente, en el Artículo 5, que

 

El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

 

El único cambio real con relación a la Constitución de 1976 en lo que se refiere al Partido como secuestrador de la soberanía popular ocurre en la tramposa definición del partido, ahora con el miserable travestismo de denominarlo “martiano” además de “marxista-leninista”, generando con ello un oximoron del pensamiento político y la historia cubana difícil de superar, aún en el continente de lo real-maravilloso que es ese gigantesco Macondo en el que viven los latinoamericanos.

 

[NOTA: las versiones completas de las constituciones cubanas de 1901, 1940, 1976 y 1992, así como de la Enmienda Platt, puede encontrarlas el lector en la sección de Cubanálisis llamada “Documentos para conocer la Historia de Cuba.]

 

La muy peculiar “democracia” castrista

 

Con esa concepción dictatorial castrista tan “martiana y marxista-leninista” del poder, que a la vez resulta en la definición de las formas de ejercer el gobierno, no es ni siquiera necesario negar explícitamente ni la separación de poderes ni el Estado de Derecho, porque se trata de conceptos imposibles de funcionar en estas condiciones, al estar castrados genéticamente. Desde el ADN correspondiente se impide su existencia.

 

Cuando la soberanía reside en el pueblo y los poderes públicos dimanan de éste, como establecen claramente las Constituciones de 1901 y 1940, nada ni nadie puede colocarse por encima de ese pueblo y los poderes públicos surgen de la voluntad popular.

 

Sin embargo, cuando la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” se otorga a un Partido Comunista donde el pueblo no puede ejercer ningún tipo de control, regulación ni participación espontánea, ninguno de los tres poderes del Estado -ejecutivo, legislativo,  judicial- puede considerarse independiente ni libre, porque los tres están, por definición y desde su surgimiento, subordinados al Partido Comunista.

 

No se trata de una maldad intrínseca en los demonios, sino de la interpretación acertada de los conceptos de dictadura del proletariado referidos por Marx y Engels. Pero sucede que el totalitarismo, en sus complejos, no quiere declarar la “dictadura del proletariado” como su razón de ser y su concepción de gobierno, y entonces se aferra a denominar su engendro como “democracia”, sin darse cuenta que se trata de un concepto “burgués”, que no tiene sentido en el paraíso de los trabajadores.

 

Esta aberración se enreda en sí misma hasta morderse la cola, llegando al extremo, como en el caso de Fidel Castro en Cuba o de la dinastía de los Kim en Corea del Norte, como era anteriormente en las “democracias populares” europeas o el Vietnam “liberado”, de considerar el totalitarismo no solamente como una forma pura de democracia, sino como el sistema “más democrático del mundo”, aunque no puedan explicar nunca el por qué tantos “felices” trabajadores de esos edenes comunistas se arriesgan día tras día para abandonarlos como sea, a través de embajadas o “deserciones” en viajes al exterior, en balsas, bajo las alambradas y los disparos, o saltándose el Muro aún a riesgo de sus vidas.

 

Las “elecciones” en Cuba

 

Por si todo esto fuera poco, en Cuba se introdujo además, con la Constitución de 1976, el sistema de elección indirecta, donde los electores no eligen directamente los gobernantes, sino a determinados delegados que, a su vez, eligen al gobierno.

 

Los apologistas de la dictadura dirán que es casi lo mismo, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde los votos se asignan a los colegios electorales, que son quienes votan por el presidente, o en Inglaterra, donde los parlamentarios eligen al jefe del gobierno, o en Alemania, donde los diputados son quienes eligen al presidente del país y al canciller (jefe del gobierno). Pero eso una tergiversación totalitarista de la realidad, por una razón muy sencilla: tanto los colegios electorales en Estados Unidos como los parlamentos en Inglaterra y Alemania eligen a los gobernantes de acuerdo con la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

 

Sin embargo, en Cuba eso no es posible desde 1976, porque la voluntad del pueblo no cuenta para nada. Los candidatos responden todos a un único partido, y los votantes ni conocen los programas de gobierno ni las intenciones de los que al final resultarán electos como “líderes” de la nación.

 

La única opción de los cubanos consiste en dar su voto a candidatos en las elecciones de base, seleccionando entre dos o más no muy conocidos, de similares características, doble moral y limitaciones prácticas para actuar, previamente designados en asambleas de las cuadras de sus lugares de residencia para los comicios primarios. Podrán también “votar”, para delegados provinciales y diputados nacionales, por candidatos designados por las llamadas Comisiones de Candidatura, designadas por el Partido Comunista, para realizar su labor de proponer a los candidatos para delegados provinciales y diputados.

 

Está establecido que al menos el 50% de los diputados a la ANPP deben haber sido electos en esas elecciones de base, lo que teóricamente da la posibilidad de que el 50% de los candidatos a diputados a la ANPP no hayan sido electos en ningún lugar.

 

Así tenemos la posibilidad, y hasta la realidad, de que un realmente destacado médico y reconocido internacionalmente investigador científico como Agustín Lage Dávila -quien es hermano del defenestrado Carlos Lage, lo que no tiene nada que ver en esta historia, pues sus méritos los ha ganado Agustín por su destacado trabajo científico- haya sido electo diputado por el municipio de Yaguajay, en la provincia de Sancti Spiritus.

 

Con todo el respeto que merece el ilustre científico, cuyos méritos médicos nadie se los ha regalado, habría que preguntarse cuántas veces este insigne doctor ha estado en la localidad de Yaguajay en los últimos tiempos, y habría que preguntarle a los cubanos de a pie que viven en el municipio de Yaguajay cuántas veces han conversado con su augusto delegado y qué problemas le han planteado ellos para que traslade a la Asamblea Nacional del Poder Popular en nombre de sus “electores”.

 

Las Comisiones de Candidatura no las integra el Partido, eso es cierto, sino la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y las “organizaciones de masas y sociales”. Tanto la UJC como las llamadas organizaciones de masas y sociales aceptan por definición constitutiva el papel del Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, por lo que no cuestionarán nunca las “orientaciones” de esa especie de “ser supremo” que es el Partido Comunista de Cuba.

 

De manera que, a fin de cuentas, viene a ser la voluntad de ese “Partido”, que es la de los “dirigentes” y burócratas que lo dirigen sin control ni preocupaciones, la que impera en la selección de los candidatos y la futura definición del “poder legislativo” del régimen.

 

Como si no bastara con todo eso, el totalitarismo, ahora desde el 2006 expresado como el neocastrismo raulista, continúa “jugando al seguro”. De manera que ofrece a los cubanos la posibilidad de poder “elegir” entre 612 candidatos para 612 cargos de diputados. Así de sencillo.

 

En un país donde su macabro sistema electoral considera a un diputado electo si cuenta con la mitad más uno de los votos válidos, aunque ninguna otra persona de la población votara, bastaría con que el propio candidato votara por sí mismo para tener “la mitad más uno de los votos válidos”, pues tendría un voto dentro de un posible total de un voto válido solamente, por lo tanto ese candidato resultaría “legalmente” electo. Esas son algunas de las maravillas del totalitarismo.

 

Algunas peculiaridades de las últimas elecciones

 

En las recientes elecciones del 3 de Febrero, de acuerdo a las informaciones oficiales publicadas en “Granma”, asistieron a las urnas 90.88% de los electores registrados, y el 94.17% de los votos emitidos se consideraron válidos. De esos válidos, el 81.29% de los votos emitidos para diputados integraron la categoría de “Voto por todos”, es decir, boletas que fueron marcadas de una sola vez para votar por todos los candidatos incluidos en esas boletas, y el 18.7% correspondió al “Voto selectivo”, es decir, donde los electores votan solamente por alguno o algunos de los candidatos que aparecían en la boleta. Como puede verse fácilmente, prácticamente no existe ninguna posibilidad de que alguno de los candidatos propuestos no sean definitivamente “electos”, pues eso solamente podría ser posible si ni siquiera el propio candidato votara por él mismo.

 

Sin embargo, a pesar de todas esas condicionantes creadas de antemano para asegurar el resultado de las elecciones, aparecen “líderes” con raquíticas votaciones comparativas, a pesar de ocupar altas posiciones en el partido y el estado.

 

En elecciones amañadas donde lo más común es obtener más del 90% de los votos, varios miembros del buró político del partido, incluidos el “líder obrero” de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el “zar” de las reformas económicas, y la primera secretaria del partido en La Habana, así como varios miembros del secretariado del partido y varios ministros del gobierno, recibieron en algunos casos votaciones en la escala del 70%, y en otros en la del 80%.

 

Es de destacar, por otra parte, el caso de la Ministra de Justicia, que obtuvo el 85.59% de los votos, mientras una subordinada suya, Viceministra de ese mismo organismo, alcanzó nada menos que el 99.97%

 

Incluso el mismísimo Fidel Castro se quedó en el 94.727%, habiendo sido superado esta vez por Raúl Castro (98.046%), el general Abelardo (“Furry”) Colomé Ibarra (95.745%), José Ramón Machado Ventura (95.204%), y otras dos decenas de candidatos, varios de ellos cubanos de a pie.

 

Tres diputados de la provincia Guantánamo recibieron un mayor porcentaje de votos que Raúl Castro, lo cual es significativo. En la era de Fidel Castro esa información nunca hubiera sido reflejada por la prensa oficialista.

 

Una información más detallada sobre las votaciones recibidas por parte de los principales personajes de la nomenklatura cubana en estas últimas elecciones puede encontrarse en el artículo de Wilfredo Cancio Isla titulado ¿Qué votación recibió la élite gubernamental en Cuba?, publicado originalmente en su blog CaféFuerte, y que Cubanálisis-El Think-Tank reproduce en esta misma edición, en la sección “Cuna en la prensa mundial”.

 

¿Un nuevo papel para la Asamblea Nacional cubana?

 

Lo que verdaderamente pudiera definir un cambio sustancial en la concepción y en el funcionamiento de lo que se ha dado en llamar por el régimen la “actualización del modelo” cubano sería, más que saber quién presidiría la Asamblea Nacional a partir de la separación de Ricardo Alarcón, entender cuál sería el papel que se asignará a la ANPP en la nueva legislatura que comenzará el 24 de Febrero.

 

Dando por descontado que Raúl Castro volverá a ser Jefe de Estado y Gobierno, al menos para los próximos cinco años, si la biología se lo permite, y si cumple su palabra de no mantenerse en el cargo por más de dos períodos, se pueden manejar distintas opciones para tratar de adivinar al nuevo o nueva presidente de la Asamblea Nacional, pero eso pudiera resultar algo demasiado superfluo si el “parlamento” cubano mantuviera el papel de paisaje y de decoración escenográfica, como coro de focas amaestradas que levantan sus brazos y mueven sus colas a la orden del entrenador y a cambio de algunos pescaditos o caramelos.

 

La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba pudiera jugar un importantísimo papel como contraparte del gobierno -algo que nunca ha sucedido en la historia de ninguno de los “parlamentos” del “socialismo real”- sin tener necesidad de renunciar para nada ni a las ventajas intrínsecas que la constitución otorga al partido comunista, ni a la separación de poderes que constituye la base de las democracias “burguesas” que existen en todo el mundo, donde se respeta el Estado de Derecho, así como los derechos individuales de los ciudadanos.

 

Bastaría, simplemente, que se le otorgara y ejerciera una verdadera facultad de pedir cuentas y poder controlar a los organismos de la Administración Central del Estado ante los diputados. Sin embargo, para ello sería necesario que tanto el propio partido como la muy dócil prensa oficialista dejaran de cantar loas a la perfección de la irrealidad, y comenzaran a facilitar a la supuesta autoridad estatal suprema jugar un verdadero papel de regulación y control de las instituciones estatales.

 

Para ello, no bastan los debates mensuales en el local de la revista “Temas”, cargados a la  vez de muchos eufemismos y no menos  boberías, ni las continuas críticas a la mala gestión de las instituciones estatales en todo el país que publica diariamente “Juventud Rebelde” a través de cartas de los lectores-víctimas, donde está claro que la nomenklatura no es ni capaz de  responder en serio, cuando se digna responder.

 

Tampoco es problema que puedan resolver determinados reportajes de la prensa oficialista en provincias, que además de repetir, obligatoriamente, las “orientaciones” que bajan  de los organismos centrales, a veces critican la gestión local de las instituciones, siempre cuidando celosamente que se juegue bastante con la  cadena, pero nunca con el mono.

 

Mientras las cosas sean así, esos supuestos análisis críticos partidistas, o los de la prensa oficialista, serán lo mismo que los tríos de guitarra cantando a los turistas en El Floridita o en La Bodeguita del Medio: agradables, románticos, que merecen un breve aplauso, pero nada más, y que se olvidan al poco tiempo.

 

Mientras esas condiciones no cambien, la Asamblea Nacional del Poder Popular seguirá siendo paisaje y nada más y la llamada democracia socialista cubana seguirá siendo una quimera sin futuro ni perspectivas de ningún tipo, que solamente interesará a algunos instructores del partido y algunos cuadros profesionales de esa organización, incapaces de ganarse el sustento diario a través de actividades útiles y productivas.

 

Una conclusión provisional

 

Hace falta, indudablemente, una gran dosis de cinismo, ingenuidad, ignorancia, o todas esas cosas a la vez, para considerar que un sistema electoral con esas limitaciones intrínsecas desde su mismo origen, como es el cubano, pueda ser considerado en algún momento como un sistema democrático.

 

Y mucho menos que pueda ser considerado como el sistema más democrático del mundo, pero así son las cosas en la finca propiedad de los hermanos Castro, conocida también como República de Cuba.

 

Guardemos a buen recaudo la información sobre el porcentaje de votos recibidos por cada candidato el día 3 de Febrero. De manera que cuando dentro de dos semanas, en la reunión del próximo 24 de Febrero, se constituya la próxima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, podamos comprobar la votación que haya recibido en las urnas cada uno de los nuevos “dirigentes” de las supremas instituciones del Estado cubano.

 

Será una manera más de comprobar si el sistema electoral creado por el castrismo es el más democrático del mundo.