Cubanálisis El Think-Tank

           ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

   

Dr. Eugenio Yáñez, Estados Unidos

 

 

 

El polvorín venezolano

 

Venezuela, que ya cargaba con infinidad de dificultades provocadas por la ineptitud y la corrupción de su presidente y su equipo gobernante, se ha convertido ahora en un punto más explosivo todavía, con los enfrentamientos que ya comenzaron entre la pandilla “bolivariana” en el poder y la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, donde la oposición alcanzó las dos terceras partes de los diputados, lo que constituye, de acuerdo a la Constitución del país, una “mayoría calificada” con amplias facultades legislativas.

 

Con excepción del mismo día 6 de diciembre, al conocerse los aplastantes resultados a favor de los opositores en las elecciones legislativas y que Diosdado Cabello con sus matones no fue capaz de interrumpir el proceso electoral para desconocer sus resultados, fue cuando único el presidente Nicolás Maduro quiso posar de estadista y aceptó la derrota de su partido y su camarilla. Todo lo demás han sido ataques, descalificaciones, insultos e intentos de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

 

Es evidente que Nicolás Maduro no tiene idea de lo que significan el Estado de Derecho y la separación de poderes en una democracia: esas cosas no se aprenden en la Escuela Superior del Partido Comunista en La Habana, que fue donde único estudió el flamante presidente que conversa con pajaritos. Naturalmente, la comparsa que le rodea y le sigue tampoco tiene la menor idea de como funcionan las cosas en una democracia: además de escasa instrucción, sus mentalidades de matones de barrio son incapaces de asimilar una discusión respetuosa entre puntos de vista diferentes: a las primeras de cambio se les sale la veta de guapetón y pretenden enfrentarlo todo con violencia (siempre que la fuerza esté de parte de ellos, naturalmente; de lo contrario se comportan como mansos corderitos).

 

La Habana no es el mejor lugar para asesorar a los chavistas en esta nueva coyuntura. Allá tampoco saben nada de democracia, cultura parlamentaria, consensos, búsqueda de acuerdos, negociaciones y comportamientos de ese estilo. Muy difícil pensar que desde Cuba personajes como Ramiro Valdés, José Ramón Machado Ventura, “Polo” Cintras Frías o Carlos Fernández Gondín, todos déspotas por naturaleza, puedan asesorar sobre técnicas de negociaciones, consensos o formulación de acuerdos. Si alguna experiencia tiene el régimen es esos complejos temas es en el campo de las relaciones internacionales, y no siempre: la forma en que están manejando la “normalización” de relaciones con Estados Unidos demuestra que cada vez que consideran que tienen la ventaja aprietan con sus demandas al máximo, y se niegan a ofrecer lo más mínimo a cambio. Y esa es la misma posición que estamos viendo ahora en Nicolás Maduro y los chavistas frente a los opositores que los derrotaron impecablemente.

 

Las maniobras contra la nueva Asamblea Nacional comenzaron tan pronto quedó clara la abrumadora victoria opositora. Apresuradamente, antes de que terminara la legislatura saliente, se constituyó una así llamada Asamblea Comunal, ente contemplado en la Constitución, pero que nunca se pensó constituir ni mucho menos mientras los oficialistas controlaban la mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional.

 

Sin embargo, cuando se supo que los opositores habían obtenido la aplastante mayoría de diputados se constituyó esa espuria Asamblea Comunal, con el único objetivo de crear dificultades y torpedear el funcionamiento del poder legislativo. El malandro presidente de la Asamblea saliente, el golpista y acusado de narcotraficante Diosdado Cabello, dijo claramente que el engendro comunal podría utilizar las instalaciones de la Asamblea Nacional cada vez que lo desearan o lo necesitaran: en otras palabras, amenaza velada de provocar enfrentamientos entre la Asamblea electa por los votantes y el espantajo creado a la carrera por el chavismo, del cual no se sabe quién ha seleccionado a sus integrantes ni cuáles serían sus funciones.

 

Jueces controlables para el tribunal Supremo

 

Posteriormente, y siempre a la carrera, ya en período de receso de la Asamblea saliente por las festividades de fin de año, se procedió a una convocatoria extraordinaria para nombrar 13 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, no teniendo en cuenta calificaciones y experiencia, sino “lealtad” o simpatías por la causa “chavista”. El objetivo era claro: contar con un máximo tribunal favorable a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el resto de la banda. De manera que cuando se produzcan -y nadie dude que se producirán continuamente- choques entre la Asamblea y el Ejecutivo, se plantearía el problema ante el máximo órgano de justicia, y ya se sabe hacia que lado se inclinarán los magistrados.

 

Un ejemplo de esta situación, que veremos muy pronto, vendrá dado con la Ley de Amnistía, que la Mesa de Unidad Democrática prometió durante la campaña electoral para la selección de parlamentarios. Para los opositores esa Ley es fundamental y definitoria, no solamente por la libertad de los presos políticos existentes en el país, sino también porque posibilitaría el regreso de los exiliados venezolanos, que ya se cuentan por decenas de miles, y revertiría la inhabilitación de políticos tramposamente castigados por los chavistas, como María Corina Machado, por motivos evidentemente de sus posiciones públicas y sus comportamientos políticos. Y tras las elecciones del día seis de diciembre, en que vencieron abrumadoramente, los parlamentarios electos aseguraron inmediatamente que una ley de amnistía sería una prioridad para la legislatura.

 

Ya Nicolás Maduro, con una mezcla de prepotencia, grosería, insensatez e ignorancia, anunció que vetaría cualquier ley de amnistía, alegando que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca, con lo que estaba dando por sentado que los presos políticos (Leopoldo López, Antonio Ledesma y otras decenas más) son delincuentes comunes que cometieron crímenes contra la humanidad. Cualquier semejanza o parecido con el funcionamiento de la “justicia” castrista no es pura coincidencia en ninguna circunstancia.

 

Y todo eso aunque esas burdas acusaciones de este Nicolás Maduro energúmeno, inmoral y mentiroso nunca pudieron ser probadas, mucho más cuando se conocieron en Miami las declaraciones del fiscal del juicio contra Leopoldo López, tras solicitar asilo político en esa ciudad, dejando claro que había recibido órdenes de acusar a López y que, además de muchas irregularidades de procedimiento en el proceso, también se falsificaron pruebas en su contra.

 

Cuando Maduro vete la ley de amnistía que elaborará el parlamento ésta regresará a la Asamblea, donde la oposición tiene mayoría suficiente para ratificarla nuevamente y volverla a enviar al Presidente, ahora ratificada, para que la sancione. Entonces Maduro, que estaría obligado a sancionarla después que su absurdo veto haya sido superado por la ratificación de la ley, sin dudas recurriría al Tribunal Supremo, alegando supuesta inconstitucionalidad de la ley, y solicitando que sea ese tribunal quien decida sobre el carácter constitucional de la legislación.

 

En un país serio con un poder judicial independiente y donde funcione un Estado de Derecho, la intervención del Tribunal Supremo en un conflicto de este tipo entre el poder legislativo y el ejecutivo no solo es necesaria, sino también recomendable y bienvenida, y la decisión del tribunal encaminaría la acción posterior a seguir en el caso analizado. Sin embargo, ninguna de las tres condiciones mencionadas se dan para Venezuela en estos momentos: no es un país serio, su poder judicial no es independiente, y no existe un Estado de Derecho.

 

De manera que es de esperar que en este caso, y en otros muchos, el Tribunal Supremo designado y controlado por los dictadorzuelos en Caracas actúe como un instrumento de los chavistas contra la Asamblea Nacional controlada por los opositores.

 

Sin embargo, la Asamblea Nacional no está desarmada ante una burda maniobra de este tipo. De acuerdo a las leyes venezolanas, la mayoría calificada de que disponen los diputados opositores le permite cuestionar la legitimidad de los magistrados designados a la carrera en pleno receso festivo de fin de año, impugnar e inhabilitar a quienes no reúnan los requisitos y calificaciones requeridos, y designar nuevos magistrados. Así que en este terreno se anticipa una fuerte batalla entre el poder ejecutivo, que se niega a respetar la voluntad de la población expresada en las urnas, y el poder legislativo, que tiene que actuar con inteligencia y firmeza para no dejarse avasallar o paralizar con bajas y tramposas maniobras de los chavistas.

 

Una de las primeras medidas de la nueva Asamblea Nacional, en voz de su Presidente, fue ordenar que las gigantescas fotografías de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y las “falsificadas” del Libertador Simón Bolívar elaboradas por computadora en tiempos del chavismo, fueran sacadas del recinto de la Asamblea y enviadas al Palacio de Miraflores o “al aseo”. Lo que indica que la Asamblea electa ha asumido su mandato muy dispuesta a no andarse con pequeñitas en su enfrentamiento al oficialismo.

 

Impugnación de diputados opositores electos

 

Otro recurso que utilizaron los chavistas para desarticular la Asamblea opositora fue solicitar al Tribunal Superior Electoral la impugnación de varios diputados opositores electos y reconocidos anteriormente por ese mismo tribunal, con el claro objetivo de impedir que los candidatos de la Mesa de Unidad Democrática alcanzara los 112 diputados que le permite proclamar la “mayoría calificada”. Los pretextos alegados para la impugnación presentada por los oficialistas y sus paniaguados, desde compra de votos hasta supuestos muertos votando, reflejaban más lo que ha sido siempre comportamiento corriente del oficialismo que el de los opositores.

 

El Tribunal Electoral, siempre complaciente con las solicitudes (órdenes) del gobierno, y cómplice de innumerables inmoralidades electorales, aunque también estaba en receso por las festividades navideñas y de fin de año, se reunió apresuradamente e inhabilitó a tres diputados opositores electos en el estado de Amazonas, que ya anteriormente había proclamado como electos al no existir ninguna irregularidad en su elección. Y para cubrirse con una pequeñita y delgadísima hoja de parra, inhabilitó también al diputado oficialista electo en ese mismo estado, para que pareciera que se trataba de un proceder más serio y no de un clásico “pucherazo” de cualquier elección de república bananera.

 

Sin embargo, la Asamblea Nacional argumentó que ella misma es un poder del Estado al mismo nivel que el Tribunal Electoral, y que, por consiguiente, no tiene ninguna razón por la cual subordinarse a dictámenes de ese órgano. En consonancia con eso, juramentó a los 3 diputados que ya habían sido reconocidos anteriormente en os conteos de votos y fueron inhabilitados temporalmente por el Tribunal. Con esta medida quedó definida en la Asamblea la mayoría calificada de 112 diputados oposicionistas.

 

De inmediato, “respetables demócratas” tales como el gorila Diosdado Cabello, los malandros de los “colectivos” chavistas motorizados, el socotroco Nicolás Maduro, la Agencia desinformativa del castrismo Prensa Latina, el periódico Granma del partido comunista cubano, y los sicarios digitales del castrismo y el chavismo en todo el mundo, comenzaron a rasgarse las vestiduras y a clamar para que fueran inhabilitadas todas y cada una de las decisiones y acuerdos de la Asamblea Nacional a partir de ese instante, -y si fuera posible hacerlo con efecto retroactivo mucho mejor todavía- con el argumento de que tal Asamblea se había convertido en ilegítima al actuar en desacato hacia el Tribunal Electoral. De esa manera, pretendían restar toda posibilidad de funcionamiento y decisión a la Asamblea democráticamente electa por los votantes.

 

Esa sucia jugada tienta a chavistas, castristas, y tiranuelos en general, pero no sería de fácil aceptación internacional. Son muchas las naciones que observan en detalle la realidad venezolana y que saben que la oposición aplastó limpia y contundentemente mente al oficialismo “bolivariano”, y que no estarían fácilmente dispuestas a aceptar los timos de Caracas contra la Asamblea Nacional. Lamentablemente, aunque en general América Latina y Europa han expresado su reconocimiento a la Asamblea Nacional y advertido con más o menos contundencia contra intentos de desconocer la voluntad popular por parte del gobierno de Caracas, Estados Unidos no ha emitido ninguna declaración verdaderamente categórica en este sentido, que sirva de advertencia clara y precisa a los delirantes gobernantes venezolanos.

 

Comportamientos de guapetones de barrio

 

Otra de las acciones del oficialismo han sido las constantes amenazas y el boicot a las sesiones de la Asamblea, incluyendo la sustracción de los equipos de audio del recinto de la Asamblea el día antes de la inauguración de la nueva legislatura, pretendiendo imponer su agenda a la fuerza. Algunos de los diputados han actuado así por maldad intrínseca, como es el caso de Diosdado Cabello y algunos otros chavistas prominentes, y otros por ignorancia y mediocridad, incapaces de entender, aceptar y reconocer que perdieron, que el pueblo no los quiere, y que ya bastante daño le han hecho a Venezuela, y que si pretenden lograr algo realmente valioso para los venezolanos deberían repensar sus programas y sus conductas, y tratar de ganarse nuevamente el favor del pueblo, dilapidado con las incongruencias, torpezas, corrupción, dilapidación de recursos, demagogia y politiquería de la camarilla en el poder, comportándose como lo que realmente son, un equipo de bandoleros que se ha apropiado de un país inmensamente rico que han empobrecido hasta la bancarrota y lo han convertido en la clásica república bananera de la que todos se burlan.

 

A última hora, e intentando “blindarse” contra la ahora Asamblea opositora, amparándose en espurias “leyes habilitantes” aprobadas por la patética Asamblea chavista, se entregaron poderes extraordinarios a Nicolás Maduro y nuevas facultades con relación al Banco Central y otras instituciones, como la capacidad de designar a sus dirigentes, cuyo único objetivo es tratar de asegurarse que la Asamblea opositora no pueda fiscalizar la corrupción, malversación, cohecho, ineptitud e inoperancia de determinadas instituciones estatales, y proteger a todos los malhechores de cuello blanco, y algunos de cuello sucio, con relación a todas sus fechorías.

 

La Asamblea Nacional tiene facultades para controlar al gobierno

 

Sin embargo, las facultades que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Asamblea Nacional le permite llamar a rendir cuentas a ministros y al Vicepresidente Ejecutivo, aprobar o rechazar convenios internacionales firmados por el ejecutivo, proponer enmiendas a ala Constitución, decretar amnistías, discutir y aprobar el presupuesto nacional, y muchas otras acciones de fiscalización y control sobre el poder ejecutivo y todo el gobierno y la administración pública.

 

Y la nueva Asamblea Nacional con absoluta mayoría opositora ha dejado bien claramente establecido que pretende hacer una amplia utilización de sus facultades para fiscalizar y controlar al gobierno y sus funcionarios. De manera que próximas batallas se desarrollarán en estos campos.

 

Un choque frontal que se avecina es el informe que el presidente Nicolás Maduro debe realizar a la Asamblea Nacional sobre su gestión durante 2015, actividad que hasta ahora, disfrutando de la mayoría oficialista en la Asamblea, era un acto ritual y burocrático sin ningún interés y muchas mentiras para realizar propaganda burda y dar la sensación de funcionamiento de la “democracia” en el país, sin ninguna función práctica de balance de poderes.

 

Habría que ver cómo se desarrolla este proceso del informe presidencial sobre sus actividades y gestión durante 2015, que debería realizarse en las próximas semanas. Y no se debería descartar alguna boutade o cualquier otra torpeza de Nicolás Maduro que, alegando la supuesta ilegitimidad de la Asamblea Nacional por cuestionar al Tribunal Electoral, se negara incluso a rendir cuentas ante el órgano legislativo, lo que lo colocaría en una situación práctica de dictador, que no debería ser aceptada tranquilamente por América Latina y el Caribe, aunque lamentablemente, en nuestro continente, como en el mítico Macondo, cualquier cosa podría suceder.

 

Lo que podría traer brutales enfrentamientos entre ambos poderes, y situaciones no previstas ni agradables para ninguna de las partes. Estando ambas sentadas sobre un polvorín que la irresponsabilidad de los gobernantes hace cada vez más peligroso.

 

El nuevo e incompetente gabinete ministerial de Nicolás Maduro

 

Por si fuera poco, la designación de un nuevo gabinete ministerial en Caracas no podría augurar peores futuros para los venezolanos… y también para el gobierno cubano: un tarado al mando de la economía, sociólogo graduado quién sabe donde ni cómo, que ni sabe donde está parado, y tranquilamente asegura que la inflación es una ficción creada por los economistas, pero que no es más que un aumento del precio de los productos. Sería buenísimo poder verle explicándole su “teoría” a un venezolano humilde a quien el salario no le alcanza para la canasta básica de su familia durante todo el mes.

 

El resto del gabinete, más o menos, los mismos de siempre, movidos como fichas de dominó, con la intención de pretender y obtener más de lo mismo. De acuerdo a las figuras nombradas, los nombres absurdos de los nuevos ministerios (como el de Economía Productiva, como si pudiera existir una economía no productiva) y el cambio de nombres a otros, dejan entrever que la larga y peluda mano de La Habana debe haber estado muy cerca de Nicolás Maduro en la designación de su nuevo gabinete ministerial, que tardó más de un mes en conformar.

 

Si las noticias y las perspectivas no son  agradables para los venezolanos, resultan mucho menos agradables para La Habana, que sabe que puede salir perdiendo mucho en esta situación donde se ponen en peligro los ingresos provenientes de su expoliada colonia, pero que por otra parte no está en condiciones intelectuales ni políticas de entender plenamente lo que realmente puede significar un choque entre poderes del Estado, porque en la Cuba “revolucionaria” ni se conoce lo que pueda ser un Estado de Derecho ni una separación de poderes en una democracia, ni cómo se manejan situaciones de este tipo que, sin embargo, son el pan nuestro de cada día en cualquier país verdaderamente democrático.

 

De manera que, ante la ignorancia, la confusión y la falta de visión, apoyar al gorila de Miraflores se les presenta como la opción más conveniente, aunque en la práctica no les resultará la más saludable. Curiosamente, pudiendo disponer de tantos “revolucionarios” en Venezuela mucho más y mejor calificados, capaces, instruidos y experimentados, decidieron apostar por uno de los más incultos, ineptos y torpes disponibles. Y ahora ya están comenzando a pagar las consecuencias de tal falta de visión estratégica, por haber preferido al incapaz sumiso antes que a los competentes con criterio propio.

 

Y es que “democracia” solamente es una palabra que se repite continuamente en Cuba en función de la propaganda oficial, la demagogia y la bobería, sobre todo cuando se habla de una supuesta e inexistente “democracia socialista”, pero de la que no se conoce en lo más mínimo su verdadero y profundo significado.

 

Ni por parte del cubano de a pie, a quien no se le ha enseñado durante más de medio siglo, ni por la camarilla gobernante en el Palacio de la Revolución o La Rinconada, porque no le interesa ni le conviene.