Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

                                           Dr. Eugenio Yáñez

                                                                                                                                                            

 

89,000 RAZONES PARA EL CAMBIO

 

El Ulises homérico demoró más de veinte años en su periplo, pero el Ulises general, Rosales del Toro, en menos tiempo, en su periplo como ministro, redujo a chatarra toda la industria azucarera cubana, y va por el mismo camino para destruir lo poco que ya queda de la agricultura.

 

Seamos justos: no todo es su culpa; general al fin, cumple órdenes del “alto mando”, aunque también él es parte de ese "alto mando”, en su condición de miembro del buró político y vicepresidente del consejo de ministros, además de ministro de agricultura y ex-jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas..

 

Ahora parecen enterarse en la Cuba oficial de los problemas de la agricultura cubana. Recientemente, un alabardero de siempre escribía en Granma: “Uno de los grandes males organizativos de la agricultura cubana es el exceso de personal improductivo. Los análisis demuestran que en esa categoría aparecen unos 89 000 trabajadores (26%) del total del sector estatal”.

 

Tras cincuenta años de poder revolucionario en Cuba las informaciones objetivas sobre la realidad socioeconómica del campo antes de 1959 están lastradas por la utilización apologética de dos documentos: “La historia me absolverá”, y una muy publicitada (con fines propagandísticos e ideológicos) encuesta sobre las condiciones de vida rurales, realizada en la década de los cincuenta por la Agrupación Católica Universitaria, que el gobierno cubano a partir de 1959 ha presentado como la única verdad de un universo rural cubano que la encuesta nunca pretendió abarcar, además de distorsionar los hechos, incluyendo en la categoría de “campesinos” a los trabajadores rurales sin tierras.

 

Sin embargo, en el Anuario Demográfico 1955-1959 de la FAO, organización de Naciones Unidas, la información disponible llevaba a conclusiones diferentes:

 

El conocido muestreo nacional de Jollife (Clark, J. 1992) realizado en 1956 en el sector más pobre de la población cubana arrojo que sólo el 4.3 % de los niños campesinos era deficiente en hemoglobina. De acuerdo con ese estudio, la población campesina cubana consumía 2,500 calorías diarias, y para 1959 la FAO estimaba el consumo por habitantes de calorías diarias.

 

                                                                          PAIS                 CALORIAS DIARIAS

                                                                                                   POR PERSONA (1958)

================================

                                                                          Argentina                      3,360

                                                                          EE.UU.                         3,100

                                                                          Canadá                         3,070

                                                                          Uruguay                        2,945

                                                                          Cuba                             2,870”

 

El exceso de personal improductivo no es un problema organizativo, sino estructural: una agricultura estatal centralizada no puede funcionar de otra manera, porque su objetivo no es la producción agropecuaria, sino la consolidación del poder “revolucionario”.

 

Y no es un problema nuevo. La agricultura cubana “revolucionaria” se ha basado, durante casi medio siglo, en los axiomas desprendidos de los documentos señalados, y a la vez, en al menos seis estrategias conjuntas absurdas y fallidas, que han ido sepultando poco a poco todas las posibilidades productivas de la nación: 

·        Privilegiar absoluta y arbitrariamente la producción estatal sobre la privada

·        La “especialización productiva” a toda costa

·        Intensificación subsidiada de la producción sin tener en cuenta los costos

·        Voluntarismo y desprecio por la tecnología

·        Falta de incentivos a trabajadores agrícolas, campesinos privados y cooperativistas

·        Rechazo y subestimación del enfoque agroindustrial en la producción agropecuaria

Durante todo este medio siglo revolucionario, independientemente de la “moda” o la “onda” de cada momento reorganizativo en el país, leyendas y distorsiones caracterizaron toda descripción de la realidad agropecuaria anterior al año 1959, y se mantuvieron, hasta hoy, las concepciones estratégicas mencionadas anteriormente, organizativas, productivas y económicas, las cuales han caracterizado siempre el funcionamiento de la producción agropecuaria cubana, y, por consiguiente, sus decepcionantes resultados.

 

¿A dónde ha llevado esa política irresponsable? Como ha escrito Asdrúbal Caner Camejo desde Canadá, en La Isla y el Caos: “Según la ingeniera pecuaria María Caridad Cruz en un artículo publicado en la revista cubana Temas, alrededor de 75 por ciento de la superficie agrícola del país está degradada de una u otra forma y existen unos tres millones de hectáreas con baja fertilidad y 4,66 millones con muy bajo contenido de materia orgánica, en tanto la salinidad alcanza a un millón de hectáreas y la erosión, de muy fuerte a media, a 2,5 millones”.

 

Los tercos hechos y las testarudas realidades siguen indicando, año tras año, que los campesinos privados y las cooperativas, con menos del 20% de la tierra, entregan más del 60% de la producción agropecuaria, (y en determinados renglones más del 90%) mientras los productores estatales, incluidos también los ahora declarados 89,000 trabajadores improductivos, malamente alcanzan el 40% de esa producción total, (y en determinados renglones menos del 10%), aún si las estadísticas fueran exactas, algo que no se puede garantizar.

 

Una elemental regla de tres permite ver claramente lo que podría ser la producción agropecuaria cubana si estuviera plenamente en manos de los campesinos privados y los cooperativistas.

 

Porque una supuesta especialización productiva de las tierras estatales llevó al abandono de las rotaciones de cultivos y la subestimación de las producciones complementarias en las tierras estatales, impidiendo que se desarrollaran en pequeñas áreas no utilizadas, para el consumo de la población y de los propios trabajadores de la agricultura.

 

Porque ya Fidel Castro había dicho: “…en el sistema tradicional, en un mismo pedazo de tierra, en unas hectáreas siembran arroz, caña, papa, yuca, boniato, malanga, pastos, frutales, en fin, se siembra de todo. […] Indiscutiblemente que una agricultura que en cada lugar tiene que sembrar 25 cosas —y cada individuo tiene que ser un especialista de 25 cosas— es una agricultura absurda”. 

 

Y nada pudo detener la absurda organización de la producción agropecuaria cubana, y esa más de cuarta parte (26%) de trabajadores improductivos actualmente no es más que un reflejo, ahora hecho público, de la terca, absurda e ineficiente concepción y organización de la agricultura cubana a lo largo de toda la etapa revolucionaria, cada vez con más trabajadores y menos producción y productividad, y los costos por los cielos.

 

Aunque ahora se declara, sibilina y confusamente, que “no pocas gestiones trataron, en etapas anteriores, de llevar a las unidades de base a mujeres y hombres aptos, con experiencia y posibilidades, que estaban dedicados a tareas secundarias”, en realidad nunca se intentó nada serio y permanente, pues el exceso de “caciques” sobre “indios” es una parte consustancial del sistema, y mucho más en la agricultura.

 

Durante los primeros quince años de agricultura “revolucionaria” se desarticularon todas las instituciones productivas y las organizaciones de la sociedad civil rural, y se disolvió el Ministerio de Agricultura para crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y posteriormente se desmembró este instituto con la creación de los Puestos de Mando de la Agricultura, subordinados directamente a las organizaciones del Partido provincial y sus primeros secretarios. Estos se mantuvieron, entre el desorden y el marasmo, hasta que tras el colosal fracaso de la zafra “de los diez millones” en 1970 el país entero tuvo que someterse a un “proceso de institucionalización” exigido por los soviéticos como estricta condición para continuar financiando el experimento tropical.

 

Con el inicio de ese llamado proceso de “institucionalización” en 1975 fue necesario tratar de reconstruir el sistema estatal agropecuario, destrozado en los años anteriores con la eliminación del INRA, los Puestos de Mando de la Agricultura, el fracasado intento del Cordón de La Habana, y otros descabellados “Planes Especiales” del Comandante.

 

A falta de las estadísticas agropecuarias, que desaparecieron en un instante en medio del entusiasmo revolucionario durante 1967-68, hubo que “reconstruirlas” como fuera, para partir de una base real o imaginaria en la producción agropecuaria, mediante la llamada “recuperación de las series estadísticas”, basada en buscar los últimos datos disponibles (1967) y los existentes (1977), para “calcular” cual “debió haber sido” el comportamiento de los indicadores en ese lapso.

 

Un ejemplo: si los datos de producción de carne de ave en 1967 fueron, hipotéticamente, 160,000 toneladas, y en 1977 fueron 156,000, se “calculaba” un descenso de 4,000 toneladas (160,000 – 156,000) en diez años, a razón de 400 toneladas por año, y se “reconstruían” linealmente los indicadores: 1968, 159,600 ton; 1969, 159,200; y así hasta llevarlo a 1976, 156,400 ton. Imposible imaginar algo menos serio.

 

En esa vorágine era necesario desactivar los planes especiales, proyectos faraónicos y sistemas de organización basados en una cultura guerrillero-militar, crear unidades productivo-económicas más racionales, coherentes y manejables, tratar de establecer un mínimo de racionalidad en la organización de la fuerza de trabajo, y organizar un sistema de control económico, entre muchas otras tareas.

 

En 1976 comenzaron a crearse empresas agropecuarias estatales, supuestamente bajo los principios del autofinanciamiento que se pretendía aplicar en el país después del desastre de los años de “ofensiva revolucionaria”. En aquel entonces, en números aproximados, más del 80% de la tierra estaba en manos estatales, y menos del 20% restante en manos de campesinos privados y cooperativas.

 

Se crearon unas 560 empresas estatales, entre cañeras, ganaderas, no cañeras y otras. Las ganaderas abarcaban ganado vacuno, porcino, y avicultura, y algunas se dedicarían al ganado menor, como ovino-caprino y cría de conejos, y a la producción de piensos; las no cañeras eran empresas arroceras, citrícolas, de “cultivos varios” (granos, viandas y vegetales), café, tabaco, y alguna de frutales. La silvicultura y actividades forestales no estaban incorporadas al Ministerio de Agricultura reconstruido en esos momentos.

 

Para dirigir aquel engendro en los años setenta existían tres viceministerios: agricultura cañera, ganadería y agricultura no cañera, complementados con otros viceministerios para investigación y desarrollo, economía, y recursos humanos, así como catorce delegaciones provinciales de la agricultura, una por provincia, y una especial en la Isla de la Juventud.

 

El despilfarro de recursos, legendario en todo el país, era antológico en la agricultura cubana, y todas las soluciones suponían la solicitud de más y más recursos, en un supuesto esquema de tecnificación acelerada y progreso científico-técnico. A falta de la eficiencia y la gestión organizada, abundaban las “casas de visita”, los autos estatales, el desvío de recursos, y la corrupción, y casi nadie se preocupaba entonces por la existencia de trabajadores “improductivos”.

 

Como característica generalizada, en aquella época casi todas las empresas estatales recién creadas eran irrentables, con muy escasas excepciones. La única diferencia con la actualidad es que ahora son 415 las empresas estatales en la agricultura, aunque muchas siguen irrentables y desorganizadas como entonces, o quizás peor.

 

Eso no era importante: la guerra de Angola era más estratégica que cualquier eficiente producción de alimentos: buena parte de los cuadros de la agricultura venía de las fuerzas armadas.

 

Un ilustre asesor del entonces ministro recomendaba en esos años adquirir urgentemente 30,000 nuevos tractores para la agricultura, para evitar su paralización productiva. Un análisis de Eugenio Yánez y Juan Benemelis, ambos trabajando entonces en el Ministerio de Agricultura, como respuesta a tan descabellada propuesta, demostró que en realidad, más que adquirir nuevos tractores, en el país sobraban 30,000 de ellos si se utilizaban eficientemente, y que la proporción de tractores en Cuba por tierra cultivada era mayor que en los países del “socialismo real” y en muchos países occidentales. Naturalmente, no les hicieron caso.

 

En aquel entonces se discutía seriamente, analizando detalladamente cargo por cargo y trabajador por trabajador, que las empresas estatales tuvieran en sus aparatos de dirección no más de 60 personas cada una, aunque la cifra se consideraba elevada y susceptible de ser reducida. Eso fue hace más de treinta años.

 

Ahora, en noviembre del año 2009, “Granma” señala: “Las plantillas y estructuras que se mantenían estáticas desde la década de los años 80, se ajustan ahora a las realidades”. Es decir, hicieron falta más de treinta años para aceptar la realidad de que las plantillas y estructuras eran totalmente ajenas a las necesidades y requerimientos de la economía y la producción.

 

Porque ahora, treinta años después, el promedio de trabajadores en los aparatos de dirección de las empresas estatales es de 57: “El examen en las 17 empresas escogidas demostró, con datos, la posibilidad de bajar de 57 a 26 el promedio de trabajadores en los órganos de dirección, una reducción drástica en el número de cargos que ya no se justifican, dados los cambios organizativos y de estructuras”.

 

No se trata de que esos excesos de personal “ya no se justifican”: realmente nunca se justificaron, pero se mantuvieron durante todos estos años porque los resultados de la gestión empresarial nunca fueron importantes para el gobierno, y mucho más después del inicio del llamado “proceso de rectificación de errores y tendencias negativas” en 1986, varios años antes del desmerengamiento del “campo socialista”, la disolución de la Unión Soviética, los huracanes del 2008 y la crisis financiera mundial.

 

El gobierno cubano siempre se ha aferrado intransigentemente a la centralización, y mucho más en la agricultura, aún cuando todas las experiencias del “socialismo real” apuntaban en sentido contrario, y mientras en China, hace más de veinticinco años, se había comenzado a transitar por el camino inverso, que les llevaría al extraordinario boom productivo en todo el país hasta la actualidad.

 

Esa era la estrategia sobre “Las cuatro modernizaciones”, de Deng Xiaoping:

 

La fórmula de responsabilidad por contrata sobre la base de la familia y con el ingreso en función del rendimiento abarcó dos aspectos. Primero, la tierra se mantenía como propiedad colectiva, sin que se alterase su naturaleza pública; segundo, por razón de la contrata se entregó el derecho de gestión y de administración de tierras a las familias, y la colectividad suscribía contratos con éstas, los cuales se mantendrían inalterables durante muchos años. En el periodo de la contrata el campesino pagaría el impuesto al Estado, entregaría a la colectividad aquella parte de la cosecha que retenía por derecho, y se quedaba con el resto para su propia disposición”.

 

Con aquellas experiencias funcionando, la producción agropecuaria china comenzó a desarrollarse y creció cada vez más hasta nuestros días. Como ha sido señalado:

 

Hacia finales de 1983, el sistema cubría ya a más del 90% de las familias aldeanas; se había abolido el acopio estatal unificado de géneros agrícolas y el régimen urbano de racionamiento de cereales y aceites comestibles fue abolido, permitiéndose que el campesino introdujese contratos con las autoridades locales y comerciara sus excedentes en el mercado libre. En 1983 y 1984 el gobierno autorizó a las familias agricultoras a contratar trabajadores, comprar y vender maquinaria agrícola y mercantilizar sus sobrantes en otras regiones. Se alentó entonces a las familias más productivas para que arrendasen tierras de las familias menos industriosas”.

 

Mientras estas experiencias descentralizadoras y de transformación de las relaciones de propiedad comenzaban a dar resultados en otras partes del mundo “socialista”, en Cuba era todo lo contrario: no solamente se ignoraban, sino que se despreciaban.

 

Todos los intentos en esos años en la agricultura cubana siempre fueron más de lo mismo. Cualquier enfoque que no se basara en la abrumadora participación de las tierras estatales en la producción agropecuaria ni siquiera se consideraba, a pesar de las evidentes señales, durante todo el tiempo, de que la producción privada y cooperativa en la agricultura era mucho más eficiente y efectiva que la estatal.

 

Y cada vez que el mercado libre campesino se abarrotaba de productos y clientes, el gobierno, lejos de aprender de la experiencia y de la realidad y extender el proceso hasta los productores estatales, sacaba las fuerzas represivas, confiscaba los productos, multaba a los vendedores, o cerraba definitivamente los mercados, hasta que cuando la crisis y la escasez arreciaban hasta los extremos tenía que abrirlos nuevamente, pero con más y más restricciones cada vez.

 

En 1980 se pasaron las empresas cañeras al Ministerio de la Industria Azucarera, y se crearon, de nombre solamente, los Complejos Agroindustriales Azucareros (CAI), que en realidad nunca integraron la producción agrícola con la industrial y de derivados, ni se beneficiaron de una potencial integración agroindustrial.

 

En aquel entonces, casualmente, el mismo alabardero de Granma que ahora explica sobre los trabajadores “improductivos”, aseguraba a todos que los complejos agroindustriales azucareros serían la solución definitiva de la producción azucarera cubana y sus muchos derivados.

 

Al cabo de los años, esta nueva ofensiva contra los trabajadores improductivos ahora se lanza por el mismo general-ministro que no ha logrado hasta el momento resolver la situación laboral de cientos de miles de desplazados de la industria azucarera en extinción, ni mucho menos el gravísimo problema de los pueblos fantasmas en que se convirtieron los bateyes de los centrales azucareros convertidos en chatarra, cuando la producción azucarera pasó a ser una maldición de la economía cubana, al decir del Comandante.

 

En la crisis de turno en los años noventa, en momentos del llamado período especial, se crearon las llamadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), tratando de disfrazar la realidad de empresas estatales absolutamente improductivas con un nombre que sugería un proceso de cooperativización de la tierra y una modificación sustancial en las relaciones de propiedad, que en realidad no iban más allá de un enmascaramiento de las realidades, lo que Rubén Villegas, un estudioso cubano, trataba de explicar en 1999 con esquemas conceptuales como estos:

 

“…un tipo de propiedad cualitativamente nueva que no es ni estatal, ni cooperativa, pero reúne rasgos de las dos y por tanto se puede definir como propiedad estatal-cooperativa, cuya existencia como categoría económica independiente se explica porque expresa un grupo de relaciones sociales de producción objetivas que no pueden expresar los miembros de este binomio (cooperativa y Estado) por separado y crea el espacio para aclarar algunos puntos confusos – al menos en teoría, pero con profundas implicaciones prácticas – en el quehacer de las UBPC […]

 

Estas organizaciones tienden a funcionar en un régimen de copropiedad de los colectivos obreros organizados en cooperativa y el Estado socialista. En cuanto a la gestión, todas presentan, en mayor o menor grado, un esquema de cogestión con las mencionadas instituciones y en particular con las empresas agropecuarias y complejos agroindustriales […]

 

En los hechos, las relaciones reales en que está inmersa hoy la UBPC no apuntan a que la propiedad cooperativa asuma una ‘forma sustantiva independiente’”.

 

Ahora, con los “grandiosos” proyectos organizativos actuales, el periódico Granma hace referencia a esas confusas y absurdas realidades de esta manera: […las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) surgidas hace algunos años.] Tras muchos vaivenes e indefiniciones, no acaban de responder a la misión para la que fueron creadas”.

 

Tres líneas para intentar simplificar el desastre con eufemismos. Pero diez años antes, otros estudiosos cubanos del referido tema ya señalaban situaciones que van mucho más allá de supuestos y edulcorados “vaivenes e indefiniciones” que menciona el órgano del Partido como la  pretendida explicación del fracaso de las UBPC.

 

Arias Guevara y otros señalaban en un trabajo analítico de 1999:

 

“En el plano externo, sigue siendo la empresa su obstáculo principal, lo que se expresa en:

 

- Controles excesivos.

 

- Intermediarios en los actos de compraventa que encarecen el producto y perjudican a las UBPC.

 

- Intermediarios en la distribución de los insumos y prestación de los principales servicios.

 

- Los organismos y empresa estatales no permiten operaciones de compraventa de algunos productos que solicitan las UBPC.

 

Lo anterior expuesto demuestra el papel monopólico que sigue ejerciendo la empresa, lo que afecta la independencia económico operativa de estas entidades”.

 

En realidad, la “cooperativización” de tierras estatales en las llamadas Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) fue el reconocimiento tácito de la incapacidad de la gestión estatal para administrar las tierras, el ganado y la producción, y aunque tal cooperativización fue virtual y no real, pues la tierra siguió siendo monopolio del estado, bastó eliminar los aparatos burocráticos estatales de los lotes productivos para que los resultados mejoraran significativamente, sin recurrir a inversiones adicionales, gastos injustificados y despilfarro, aunque siempre por debajo de las verdaderas cooperativas y los pequeños productores privados.

 

Ya desde el año 2000 los pobres resultados productivos y económicos continuamente descendentes de la actividad de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, que supuestamente serían la gran solución de los problemas de la agricultura cubana, eran evidentes y permanentes, aunque aparentemente ahora se enteran en el Ministerio de Agricultura cubano:

 

Tabla 2. Dinámica de las UBPC cañeras en el período 1993-2000.

Indicadores

UM

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

UBPC Exis

Uno

1561

1415

1286

1128

1041

1002

955

Asociados

Miles

153.1

132.4

140.2

141.1

145.2

139.5

137.3

Prod. Caña

MM@

2883.0

1859.7

2672.7

2491.9

2078.7

2151.3

2334.0

Pro.caña/As

M@

18.830

14.046

19.063

17.660

13.316

15.421

16.986

Area Cose.

M cab

73.6

53.1

70.7

69.6

58.5

54.9

57.6

Caña Moli

MMt

32.08

24.25

29.50

27.95

23.60

24.78

 

Rendimient

M@

39.2

30.5

37.8

35.8

35.5

39.2

40.5

Siembra

Mcab

15.8

16.6

15.7

20.1

17.0

16.7

24.2

Costo

P/100@

22.64

33.39

44.41

47.16

31.69

28.84

27.29

Costoxpeso

Pesos

0.89

1.24

1.67

1.78

1.17

1.13

1.05

UBPCganan

%

71

23

6

7

25

60

63

UBPC pierd

%

29

77

94

93

75

40

37

Anticipo d.

Ps

8.61

8.41

8.17

8.12

7.82

8.08

8.55

Jornada/H

Uno

165

256

278

285

284

283

283

Ing.Pro-mes

Pesos

137.4

186.3

191.5

194.9

195.1

204.6

214.4

Const-Vivie

Uno

-

5650

5335

3665

2027

2169

994

Fuente: Sulroca F, Lamadrid E , López O y García L Las UBPC en la Agricultura Cañera Cubana MINAZ, Feb del 2000.

Evolución de las unidades Productoras de caña en el Período 1993-2000 Nov 2000.

 

Como las evidencias no bastaban, y la práctica nunca ha sido el criterio de la verdad en la economía cubana, y mucho menos en lo relativo a la producción agropecuaria, el Ministerio de Agricultura definía entonces su “Visión” para el año 2005 (según la moda que se vivía en ese momento) de la siguiente manera:

 

  • El Ministerio de Agricultura logra satisfacer en más del 60% el aporte a la seguridad alimentaria del país; logra ingresos a partir de la comercialización del orden de los 1000 millones de USD; es una organización eficiente, competitiva y sostenible y todas sus entidades han desarrollado el proceso de perfeccionamiento empresarial.

 

  • Ha institucionalizado el sistema de planificación, seguimiento y evaluación así como el sistema de información gerencial y desarrolla la gerencia por proyectos, derivados de su Plan Estratégico.

 

  • Ha logrado la implementación de un sistema de calidad y capacitación gerencial y especializada, que le permite contar con gerentes y técnicos competentes.

 

  • Cuenta con un Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica Agraria consolidado, que responde a las necesidades de su entorno, cuyos productos, procesos y servicios son intensivos de conocimiento e información.

 

  • Ha cumplido su compromiso con el desarrollo sostenible y reconoce que su principal ventaja competitiva es el hombre.

 

Cualquier comentario sobre lo preclaro y visionario de aquella “Visión” por parte de los dirigentes del Ministerio de Agricultura cubano sobra en estos momentos.

 

Después vino el proyecto de la agricultura urbana: sembrar en áreas cercanas a las ciudades mientras el marabú se enseñoreaba de las tierras agrícolas estatales: el marabú es una planta contrarrevolucionaria, que no prospera demasiado en tierras privadas o cooperativas, pero se da gusto avanzando en las unidades estatales y las UBPC.

 

El acopio y comercialización de la producción sigue tan desastroso e ineficiente como siempre. En meses recientes, como ha reconocido la prensa oficial, se han perdido infinidad de toneladas de productos agrícolas en el campo o en los almacenes de acopio debido a la permanente desorganización, negligencia e insensibilidad en todo el país.

 

El haber traspasado la legendariamente ineficiente Empresa de Acopio al Ministerio de Comercio Interior, después de casi medio siglo en manos del de Agricultura, no resuelve el problema: es solamente vender el sofá una vez más, traspasar el problema para otro lugar, para que no se vea o para que no caigan todas las culpas solamente en el Ministerio de Agricultura.

 

Y la supuesta entrega de tierras ociosas a usufructuarios dispuestos a hacerlas producir, aprobada hace ya hace más de un año, muestra demasiados problemas y justificaciones para no materializarse plenamente, pero insuficientes boniatos y calabazas, productos que no requieren ni ingeniería genética ni aceleradores de neutrones para brotar de la tierra cubana cuando hay interés en lograrlo.

 

Sin embargo, ahora de nuevo se intenta presentar por la prensa oficial los mismos absurdos conceptuales de siempre, como si fueran un muy novedoso y profundo proceso de reestructuración organizativa, y utilizando los mismos eufemismos de siempre.

 

Las palabras de uno de los viceministros sobre la presente “reorganización”, citadas por el periódico oficial, merecen incluirse en una antología clásica del surrealismo gerencial cubano:

 

El proceso de reordenamiento avanza con una premisa: a cada acción le antecede el análisis, la consulta y la aprobación de la máxima dirección del organismo”.

 

¿Y eso es todo lo que puede decir un señor viceministro ante una crisis donde hay 89,000 trabajadores en exceso en las estructuras de dirección de la agricultura? ¿Es que se puede considerar normal que se ejecuten acciones que no hayan sido precedidas de un análisis? ¿O es que en vez de una política general se trata de acciones puntuales, donde cada una de ellas requiere de consulta y aprobación del ministro?

 

Urge hacerlo todo bien, sin apartase de la línea trazada”, declaró ese viceministro. ¿Es que hay otra manera de abordar éste o cualquier problema, en cualquier parte, digamos haciéndolo todo mal y apartándose de la línea trazada?

 

En el trabajo llevado a cabo en el Ministerio de Agricultura desde el 2007 hasta este momento, se informa por Granma de “la extinción de 83 empresas agropecuarias y la transformación de 473 unidades productivas ineficientes y con reiteradas pérdidas económicas”.

 

Producto de ello, “…de los 7316 trabajadores reubicados tras esa medida, cerca de 2000 son técnicos de nivel medio que no explotaban a fondo su calificación. Más del 80% pasó a fortalecer unidades de base y el resto a las delegaciones municipales de la Agricultura, estructura que todavía se halla en su fase primaria”.

 

Obsérvense los números. Si se trata de cerca de 2000 técnicos de nivel medio reubicados, ¿qué sucede con los otros 5,316 que harían el total de 7,316 reubicados? No se trata de técnicos, sino de burócratas y “dirigentes”, una parte de la nomenklatura rural de segunda categoría, machista e inculta, pero ideológicamente “confiable”, que pulula en todas las empresas estatales, en ocasiones sin un mínimo de calificación, organizando reuniones absurdas, elaborando informes sin valor y “orientaciones” sin sentido, pero a la vez disfrutando beneficios y privilegios menores, y desviando recursos, tareas en que ninguna de ellas están relacionadas con la verdadera producción.

 

Repitiendo cada “dirigente”, dentro de su pequeño feudo local, lo mismo que el primer vicepresidente cubano, José Ramón Machado Ventura, acaba de decir en una visita a un hospital en Guantánamo:

 

Cada trabajador de las instituciones sanitarias debe sentir la necesidad de evitar el derroche, y emplear de forma adecuada la tecnología y el equipamiento disponible, sin perjudicar en lo más mínimo la atención que se brinda a los pacientes”.

 

Mientras estos personajes no sean una especie en extinción definitiva, el país, con más de la mitad de sus tierras agrícolas invadidas por el marabú, necesitando importar en alimentos más de 2,500 millones de dólares anuales de los que no dispone, y sin créditos, no tiene la más mínima posibilidad real de prosperar y resolver sus problemas.

 

Ahora se anuncia con bombo y platillos que se pretende generalizar las experiencias de 17 empresas de La Habana y Ciudad de La Habana a la agricultura en todo el país. “Entre sus objetivos principales están el eliminar de las plantillas no menos del 10% del personal improductivo, disminuir dirigentes y funcionarios, sustituir los departamentos por especialistas y técnicos a pie de surco y que las Granjas Estatales se conviertan, sin perder su condición, en Unidades Empresariales de Base”.

 

Si 89,000 personas, el 26% de la fuerza laboral en el sector estatal, son “improductivos”, y se pretende reducir “no menos del 10%” de ese personal, sin especificar cantidades, se estaría reduciendo no menos del 2.6%, quedando por definirse el 23.4% restante (23.4 + 2.6 = 26), por lo que serían unas 80,100 personas pendientes de una definición, en un momento de crisis en que se declara: “La urgencia por incrementar la producción de alimentos y reducir las importaciones ha acelerado la solución de este viejo problema que engendra burocracia, eleva los costos, frena la productividad, crea desorden e impide que el obrero mejores sus ingresos”.

 

La solución que se pretende ahora ni es efectiva ni será permanente, aunque de momento puedan tal vez mostrarse algunas cifras alentadoras, pero no ataca las profundas raíces reales del problema: en el mejor de los casos, sería la solución correcta al problema equivocado, no más que eso.

 

Esos 89,000 seres humanos definidos como “improductivos” no son vagos, torpes, ni salvajes de una tribu amazónica: los hay entre ellos ingenieros, veterinarios, agrónomos, economistas, arquitectos, contadores, matemáticos, químicos, biólogos, estadísticos, especialistas en suelos y fertilizantes, en riego y drenaje, maestros, organizadores del trabajo, y personas que aunque no tengan un título han dedicado muchos años de su vida a la producción agropecuaria.

 

Ninguno de esos 89,000 seres humanos fue a los aparatos improductivos por su cuenta: todos fueron asignados a esas tareas gracias a un mecanismo laboral muy enfermo e ineficiente, producto de una dirección hiper-centralizada, que a pesar de las abundantes declaraciones altisonantes sobre “nuestro pueblo” y “los trabajadores”, privilegia siempre “caciques” sobre “indios”, “dirigentes” sobre “la masa”, “confiables” sobre profesionales, resbalosos sobre los que hablan de frente, a los que siempre están de acuerdo por sobre los “conflictivos”. 

 

Y es que el insoslayable y absoluto fracaso de este enésimo proyecto reorganizativo de la agricultura cubana se perfila y se dibuja en una de las frases del trabajo publicado en Granma por el alabardero oficial, para hacer creer que se buscan soluciones efectivas, al mencionar la necesidad de que “las Granjas Estatales se conviertan, sin perder su condición, en Unidades Empresariales de Base”.

 

Ahí está la clave de la inevitable debacle, el por qué el proyecto no puede funcionar, al aferrarse a un fracaso ya comprobado, repetido en todas partes y tiempos del “socialismo real” cada vez que se intentó este camino, por noventa y dos años ya, desde 1917 hasta la fecha.

 

Ahí están los trabajadores improductivos preguntándose qué hacer ahora, y son, al menos, 89,000 buenas razones para justificar un verdadero cambio estructural y de conceptos en la agricultura cubana, pero no más experimentos de ingeniera social ni demagogia en la prensa.

 

La solución está en Cuba, ahora mismo, en manos de todos los cubanos. No hacen falta farmers norteamericanos en la agricultura cubana para resolver muchos de los problemas actuales, sino un cambio de mentalidad y enfoque en todos los que tienen a su cargo la responsabilidad, que no cumplen, de asegurar condiciones necesarias para la adecuada y mejor alimentación de todos los cubanos.

 

Porque se lograrían muchos más y mejores resultados si se modificara un poco esa frase supuestamente mágica que propone el órgano del partido, para que quedase así:

 

Que las Granjas Estatales se conviertan, precisamente perdiendo su condición absurda mantenida durante casi medio siglo, en unidades empresariales campesinas privadas y cooperativas, y que paguen los impuestos correspondientes sobre las ganancias que obtengan, de acuerdo a  los mecanismos fiscales que se establezcan para ello”.