Cubanálisis El Think-Tank

ARTÍCULO ESPECIAL EN EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 El escandaloso fraude de la Asamblea Constituyente en Venezuela

 

Autores varios

 

The Economist: Venezuela podría convertirse en algo mucho peor que Cuba

 

La revista The Economist propone un escenario para solucionar la actual crisis política en Venezuela, la nación chavista que asegura está a punto de convertirse en un modelo mucho peor que Cuba o China.

 

[Basado en un artículo de The Economist . Traducción Rolando Cartaya, Martínoticias]

 

"Venezuela afirma tener más petróleo que Arabia Saudita, pero sus ciudadanos tienen hambre. Un asombroso 93% de ellos dicen que no pueden pagar los alimentos que necesitan, y tres cuartas partes han perdido peso en el último año. El régimen que causó esta tragedia previsible profesa gran amor por los pobres. Sin embargo, sus funcionarios han malversado miles de millones, convirtiendo a Venezuela en el país más corrupto de América Latina, así como en el más ineptamente gobernado. Es un ejemplo de libro de texto de por qué la democracia importa: las personas con gobiernos malos deben poder librarse de esos vagos. Es quizás por eso que el presidente Nicolás Maduro está tan ansioso por ahogar lo poco que queda de democracia en Venezuela", apunta The Economist.

 

En el artículo "Frente a la catástrofe: ¿Cómo lidiar con Venezuela?" se advierte que Maduro usará la constituyente para perpetuar su impopular régimen socialista, completar la destrucción de los poderes del parlamento, ahora controlado por la oposición, y quebrantar la integridad de las elecciones presidenciales del próximo año.

 

"Los opositores dicen que la asamblea instalará el comunismo al estilo cubano. Por lo menos, su creación provocará más violencia en un país donde las calles ya están asfixiadas en gases lacrimógenos y cubiertas de cartuchos de escopetas policiales. En casi cuatro meses de protestas, más de 100 personas han muerto; cientos más han sido encarceladas por motivos políticos. Todo esto enfurece a los venezolanos. También debería alarmar al mundo exterior".

 

The Economist vaticina que a fines de este año, el colapso económico de Venezuela, será el más pronunciado en la historia moderna de América Latina y por una causa ideológica.

 

"Siguiendo el ejemplo de su difunto mentor, Hugo Chávez, Maduro dilapida los fondos públicos, sobre todo con sus partidarios. Los débiles precios del petróleo y la inepta gestión resultan en que ahora no puede pagar sus cuentas. Así que imprime dinero sin respaldo y culpa a los especuladores por la inflación resultante, que se espera que este año supere el 1.000%. El precio de los dólares estadounidenses en el mercado negro equivale ahora a alrededor de 900 veces el tipo oficial. Los controles de precios y la expropiación de empresas privadas han llevado a escasez de alimentos y medicinas. Con los hospitales vacíos de suministros, la tasa de mortalidad materna aumentó un 66% el año pasado. Los funcionarios lucran flagrantemente con su acceso a divisas y bienes básicos. Venezuela se ha convertido en una ruta favorita del narcotráfico, y está inundada de armas".

 

La revista pronostica además un aumento considerable en la emigración que convierte al gobierno venezolano en una amenaza para la región, así como para su propio pueblo.

 

Para solucionar la crisis The Economist propone una "transición negociada" (Maduro terminaría su mandato pero respetaría la constitución y el parlamento, liberaría a los presos políticos y garantizaría que las dilatadas elecciones regionales y la contienda presidencial del próximo año se celebren con limpieza) pero, al mismo tiempo, alerta que un intento similar fracasó en el 2016 y que hoy día nada indica que Maduro y sus compinches vayan a entregar voluntariamente el poder.

 

El artículo describe a la oposición como "una alianza variopinta con demasiadas ambiciones personales y poca cohesión" que debe hacer mucho más para convertirse en un gobierno alternativo creíble, algo que incluye "acordar un solo líder".

 

"Algunos en la oposición creen que todo lo que se necesita para desencadenar el colapso del régimen es incrementar las protestas. Eso suena a fantasía. Maduro todavía puede contar con las fuerzas armadas, con las que cogobierna. En la economía estatizada de Venezuela controla todo el dinero remanente, y conserva el respaldo de una cuarta parte de los venezolanos, suficientes para poner en la calle a sus simpatizantes. Y además, cuenta con el consejo de oficiales de la seguridad cubana, que son expertos en represión selectiva", advierte The Economist.

 

Sobre la presión internacional, el análisis reconoce que Venezuela está mucho más aislada ahora, tras haber sido suspendida del bloque Mercosur, aunque no consiguió una suspensión similar en la Organización de Estados Americanos (OEA) gracias al respaldo de sus aliados ideológicos y algunos estados insulares caribeños a los que ofrece petróleo barato y la débil presión diplomática ejercida por EEUU.

 

Al mismo tiempo advierte que sanciones como prohibir la importación de petróleo venezolano o a empresas estadounidenses operar en la industria petrolera de Venezuela serían un error pues Maduro encontraría nuevos compradores para su petróleo en cuestión de meses y la gente común sería la más afectada y entonces "la afirmación vacía de Maduro de que enfrenta una “guerra económica” del “imperio” tendría algo de sustancia".

 

La Unión Europea y América Latina deben tomar medidas similares a las adoptadas por el gobierno de Trump el pasado 26 de julio cuando impuso sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en el proyecto de asamblea constituyente, o sospechosos de corrupción o abusos contra los derechos humanos. "A estos funcionarios se les han retirado las visas, y los bancos y empresas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Este esfuerzo podría intensificarse presionando a los bancos a revelar información vergonzante sobre funcionarios que han escondido en el extranjero fondos públicos robados".

 

Además recomienda que el garrote de las sanciones individuales se combine con la oferta de negociaciones, gestionadas por gobiernos extranjeros al mismo tiempo pone sobre la mesa la posibilidad de incluir un acuerdo de inmunidad legal para altos funcionarios chavistas, algo que la publicación reconoce como "un punto amargo pero necesario para lograr una transición pacífica de regreso a la democracia".

 

Finalmente esboza la alternativa de "un deslizamiento a la violencia generalizada, de la que Maduro sería plenamente responsable".

 

"Ya hay señales de anarquía, con radicales en ambos lados que se salen del control de sus líderes. En lugar de una segunda Cuba o una China tropical, la Venezuela chavista, con su corrupción, sus pandillas e ineptitud, corre el riesgo de convertirse en algo mucho peor", concluye The Economist.

 

 

Radiografía del fraude de la Constituyente

 

Con una elección a la medida, sin referendo previo y sin participación de la oposición, que hoy es mayoría, el régimen camina hacia la consolidación de una dictadura

 

Eugenio Martínez, en Diario Las Américas

 

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con bases comiciales sesgadas, forma parte de la estrategia desplegada por el chavismo desde el año 2015 para impedir paulatinamente que la voluntad popular de los venezolanos pueda expresarse en elecciones competitivas.

 

La estrategia de manipulación de la ANC es simple de resumir: lograr que el chavismo con 30% de los votos obtenga la mayoría de los 545 delegados de la ANC.

 

No obstante, la ausencia de la oposición en esta convocatoria, las protestas y la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional cambió la estrategia. El anuncio realizado el jueves por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) descubre la principal preocupación del chavismo: que la participación no sea menor a los 7,6 millones que la oposición reportó en su consulta popular el pasado 16 de julio.

 

Según los datos de la firma de sondeos Datanálisis un 12.5% del electorado se muestra “muy dispuesto” a participar y un 12.5% “dispuesto”. Es decir, el madurismo tiene 25% de participación como su escenario más optimista.

 

No obstante, para intentar corregir la poca disposición a votar del chavismo, el CNE anunció que los electores podrán sufragar en cualquier centro de votación que se encuentre en el municipio en donde tradicionalmente acude a sufragar. Esto implica flexibilizar todos los controles de seguridad e identificación que el organismo comicial ha empleado en la última década, y abrir la posibilidad a que se multipliquen los casos de voto múltiple y usurpación de identidad.

 

Expresión electoral

 

Durante los últimos dos años y medio el Gobierno de Nicolás Maduro ha desconocido, a través de 63 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la elección parlamentaria del año 2015. En ese proceso 7.707.422 electores (56,2% de quienes acudieron a votar) apoyaron a los candidatos de la oposición a la Asamblea Nacional.

 

La mayoría absoluta que obtuvo la oposición en esa elección (112 diputados de los 167 que integran el Parlamento) fue rápidamente objetada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el TSJ. Las denuncias de fraude y compras de votos del partido de gobierno sirvieron para que el máximo tribunal anulara cautelarmente la designación de tres de los 112 diputados de la oposición. 571 días después de esa sentencia el TSJ no ha finalizado el juicio sobre fraude electoral y aún se encuentra en la fase de sustanciación de pruebas que permitan demostrar las denuncias del PSUV. No obstante, mientras se finaliza el juicio el debate sobre la legalidad en la juramentación de los tres diputados le ha servido al Gobierno venezolano para acusar al Parlamento de estar en desacato y desconocer así sus decisiones.

 

En paralelo el TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cinco jueces penales regionales paralizaron el proceso de organización del referendo para dirimir la continuidad de Maduro en la presidencia de la república por un supuesto fraude cometido por la oposición en la recolección de firmas avalando que se presentara la solicitud de revocar del cargo a Maduro.

 

Nueve meses después ni el CNE, ni el TSJ ni los cinco jueces penales que suspendieron el proceso se han pronunciado sobre este tema.

 

Mientras se comenzaba el proceso que obstaculizaría las funciones de los partidos y se posponía el revocatorio, el CNE -siguiendo instrucciones del TSJ- pospuso por seis meses y después por un año la convocatoria de las elecciones regionales que por mandato constitucional debían realizarse en el mes de diciembre de 2016.

 

Evitando el referendo previo

 

El proceso constituyente celebrado en 1999 sirve para ejemplificar una de las manipulaciones de la instancia convocada por Maduro. La Constituyente de 1999 se puede dividir en tres grandes etapas:

 

  • Referendo aprobatorio de la iniciativa constituyente y las bases comiciales presentadas por el presidente Hugo Chávez. En este referendo 3.516.558 ciudadanos, lo que equivale a 92% de los electores que acudieron a votar, aprobaron la iniciativa constituyente de Chávez. Debe resaltarse que en este proceso dejaron de votar 7.023.429 de los venezolanos con derecho a expresar su opinión sobre la Constituyente.

 

  • Elección de los 131 constituyentes. En el caso de la elección de los constituyentes el sistema uninominal, unido a la técnica que se conoció como el “Kino de Chávez” provocó que 62% de los venezolanos votaran por los candidatos del Polo Patriótico, pero que esos votos se tradujeran en 94% de los escaños de la ANC. Por el contrario, los candidatos que no se identificaban con la oferta electoral de Chávez, a pesar de aglutinar 38% de los sufragios apenas lograron capitalizar 6% de los puestos de la ANC.

 

  • El tercer proceso electoral del proceso constituyente de 1999 consistió en el referendo aprobatorio de la nueva Carta Magna. En este consulta 3.301.475 de electores (71% del total de votos válidos) avalaron la nueva Constitución. A este referendo dejaron de acudir 6.121.540 ciudadanos con derecho a votar.

 

Sin embargo, Maduro decidió (con el aval del TSJ y CNE) obviar el referendo consultivo previo, evitando que su idea pudiese ser evaluada en las urnas por los venezolanos. Según la última encuesta de Datanálisis 82% de los venezolanos rechazan la propuesta de la ANC.

 

Constituyente en 60 días

 

Para cumplir con la exigencia de Maduro, la mayoría de las rectoras que integran al CNE decidieron prescindir de etapas esenciales para garantizar la integridad electoral y técnica del proceso que fue convocado para el 30 de julio.

 

En 2016 el CNE y el chavismo argumentaron que se necesitan hasta 12 meses para poder organizar una consulta popular sobre la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. No obstante, la elección de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente se organizó (incluyendo la revisión de 5,6 millones de firmas que avalan las candidaturas presentadas) en 63 días continuos.

 

Según el reporte del Observatorio Electoral Venezolano de las 100 etapas que en promedio integran el cronograma de organización de unas elecciones en Venezuela, para la Constituyente el CNE apenas cumplió 30 de estas fases, dejando de ejecutar, entre otros temas, 14 auditorías al sistema de votación y la revisión del padrón de votantes.

 

Muchos votos, pocos constituyentes

 

Las bases comiciales que aplicará el CNE intentaban (en caso que la oposición participara) sobrerrepresentar al chavismo, dándole más valor a sus votantes. Básicamente Maduro propuso elegir un (1) constituyente por cada municipio del país, salvo en los municipios que son capitales de estado en donde se escogerán dos constituyentes por lista y por distribución proporcional. Eso significa elegir 312 constituyentes por nombre y apellido.

 

El siguiente ejemplo puede ilustrar lo que perseguía el chavismo al sobrerrepresentar a las zonas rurales: los 253.004 electores inscritos en el municipio Baruta del estado Miranda (con tendencia mayoritaria a votar por la oposición) elegirán a un constituyente, al igual que los 8.755 electores inscritos en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro (con tendencia mayoritaria a votar por la chavismo).

 

Por otra parte, en su intento de manipular, Maduro modificó el valor del sufragio: Las bases comiciales diseñadas implican que el voto de un elector del municipio Rio Negro en el estado Amazonas vale 203 veces más que el voto de un elector del barrio la Bombilla del municipio Sucre-Estado Miranda.

 

El análisis realizado por el politólogo Héctor Briceño de las bases comiciales presentadas por Maduro -y admitidas por el CNE- advierte que el chavismo diseñó un sistema de elección que le permite asegurar más escaños en la ANC pese a su poco apoyo popular, a través de dos métodos muy claros: la municipalización del voto y la sectorización.

 

Por último, en el caso de los 173 delegados que deben escogerse en sectores sociales es importante reseñar que 38% de los venezolanos fueron excluidos de esta elección por el CNE. En esencia, según el diseño de sub registro de votación que hizo la autoridad electoral a instancias de Maduro cuatro de cada 10 venezolanos no pueden considerarse, ni pensionados, ni estudiantes, ni trabajadores y mucho menos empresarios y por esta razón no podrán participar en una parte de la elección.

 

 

¿Por qué la Constituyente convocada por Maduro es considerada un fraude?

 

El mandatario venezolano pretende "reformar el Estado y redactar una nueva Constitución" sin consultar previamente a los venezolanos.

 

Diario Las Américas

 

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó vía decreto una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que pretende "reformar el Estado y redactar una nueva Constitución" y el oficialismo ha llamado este domingo a escoger a los miembros de la Constituyente.

 

Según el abogado constitucionalista, José Ignacio Hernández, queda en evidencia que el gobierno venezolano no pretende convocar una legítima Asamblea Nacional Constituyente, ya que, su intención es acudir al fraudulento mecanismo de una "Constituyente Ciudadana o Comunal" para consolidar el golpe a la democracia.

 

Sin embargo, veamos los parámetros que establece la actual Carta Magna para convocar una efectiva Asamblea Nacional Constituyente, a diferencia del proceso que adelanta Nicolás Maduro:

 

¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?

 

Según el artículo 347 de la actual Carta Magna, se establece que: "El pueblo depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".

 

¿Para qué se plantea una Constituyente?

 

Una Asamblea Nacional Constituyente es convocada cuando se requieren hacer cambios profundos a la Constitución, que no podrían hacerse a través de una enmienda o de una reforma. Este mecanismo es utilizado para "refundar" la República.

 

Cabe destacar que la Asamblea Nacional Constituyente no existe para solucionar problemas cotidianos (inflación, inseguridad, escasez), ni para cambiar al gobierno o a los demás órganos del Poder Público, ni para convocar a un diálogo a distintos sectores del país.

 

¿Qué dice el artículo 137 de la Constitución venezolana?

 

El artículo 137 de la Carta Magna reza: "La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen".

 

¿La Constitución de 1999 contempla la figura de Asamblea Constituyente Comunal?

 

No. Ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Popular -normativa promulgada por el Gobierno en el año 2010 donde se contemplan los concejos comunales y la organización en comunas- existe la figura de una Constituyente “ciudadana” o “comunal”. Es decir, el proceso está fuera de la Ley.

 

¿Cómo estaría representada la Asamblea Nacional Constituyente, según la propuesta de Maduro?

 

El decreto de bases comiciales presentado por Maduro al Consejo Nacional Electoral (CNE) ordena que la Asamblea Nacional Constituyente esté integrada por 540 miembros, 364 de éstos electos en ámbitos territoriales.

 

Según el decreto de bases comiciales presentado por Maduro los sectores sociales reconocidos por el gobierno nacional deben postular y elegir a 176 constituyentes

 

¿Qué plantea la Constitución actual sobre una Asamblea Constituyente?

 

El artículo 347 de la Constitución venezolana establece que "el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".

 

¿Cuál es la diferencia entre el Parlamento Comunal que planteó el oficialismo en 2015 y la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente?

 

Aunque las organizaciones comunitarias en Venezuela ya tienen un gran alcance a través de al menos 45.000 consejos comunales, la Constituyente le puede dar más prominencia y legitimidad constitucional.

 

¿Por qué se dice que la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta?

 

En los términos planteados por Maduro, se está saltando la primera elección para que el poder originario que reside en el pueblo, pueda expresarse a través de un referendo consultivo, en el que debe aprobar o rechazar la convocatoria a una Constituyente.

 

El hecho de que no se consulte al pueblo, tal como se hizo en 1999, ha hecho que figuras como la Fiscal General señalen que se trata de un retroceso en los derechos humanos consagrados en la Constitución venezolana.

 

¿Qué puede pasar si se aprueba la propuesta de la Constituyente?

 

De acuerdo con el profesor José Ignacio Hernández, una vez instalada, y según anunció Maduro, esa “Asamblea Nacional Constituyente Popular” concentraría todas las funciones, bajo una fraudulenta interpretación del artículo 349 del texto de 1999, según el cual, “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Esto serviría de excusa, por ejemplo, para consolidar la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional.

 

Ante este panorama, la oposición venezolana ha calificado la convocatoria de una nueva Constituyente como la "consumación del golpe de Estado continuo de Maduro a la Constitución" y aseguró que mantendrán su agenda de lucha en las calles para lograr restituir la democracia en el país caribeño.

 

 

Las claves de la Asamblea Constituyente con la que Maduro

quiere eternizarse en el poder

 

La convocatoria de la elección de este domingo ha generado una ola de protestas en Venezuela

 

Bernardo Álvarez Villar, ABC

 

Madrid.- Cuatro meses de protestas masivas en las calles y el rechazo de buena parte de la comunidad internacional no han disuadido a Nicolás Maduro de asestar su golpe definitivo a la democracia en Venezuela. Con la elección hoy, sin sufragio universal ni libre, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pretende acabar con el actual Parlamento salido de las urnas y reformar a su medida la Constitución.

 

La oposición volverá a salir este domingo a las calles en un último intento de frenar el proyecto autoritario de Maduro, pero enfrente tendrá al aparato represivo del régimen chavista, que ha amenazado con penas de entre cinco y diez años de prisión para quien obstaculice el proceso.

 

Estas son las claves para entender estos momentos en los que Venezuela se juega su futuro.

 

¿Qué es la Asamblea Constituyente?

 

La convocatoria de una Asamblea Constituyente está contemplada en la Constitución chavista de 1999 como una vía para «transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Maduro fue mucho más rotundo cuando el 28 de mayo declaró que es una Constituyente «para cambiarlo todo».

 

Según la Constitución, el presidente tiene potestad para convocar la Constituyente, aunque no para objetar la Carta Magna que de ella resulte, que pasará a situarse por encima de cualquier otra ley de las que rigen en Venezuela.

 

¿Por qué la convoca Maduro?

 

La oposición considera que la Asamblea Constituyente es el último cartucho que le queda a un Maduro desgastado por el descontento social y la crisis económica que asola Venezuela. La popularidad del dirigente, en caída libre, no le garantiza una victoria en las elecciones presidenciales que deberían celebrarse en 2018. Así las cosas, la formación de una Asamblea Constituyente, viciada desde el mismo proceso de designación para favorecer al régimen, sería la única forma de lograr la perpetuación de las instituciones chavistas en el país.

 

¿Cómo se conformará la Asamblea Constituyente?

 

La Asamblea Constituyente tendrá 545 miembros: 364 de ellos serán elegidos por voto territorial (cada uno de los 24 estados elegirá a un número de miembros proporcional a su población), 173 se votarán por sectores (79 serán elegidos por trabajadores, 8 por campesinos y pescadores, 24 por estudiantes, 5 por discapacitados, 28 por pensionistas, 5 por empresarios y 24 por los consejos comunales) y los 8 restantes representarán a los pueblos indígenas.

 

La oposición ha criticado este sistema de votación sectorial al considerar que favorece al oficialismo y que no respeta el principio de sufragio universal y directo recogido en la Constitución.

 

Según el Consejo Nacional Electoral, más de 19 millones de venezolanos están llamados a ejercer su derecho al voto, que en este caso parece haberse convertido en una obligación: «Quien no vote está traicionando la revolución», ha advertido el diputado chavista Diosdado Cabello.

 

¿Cuál es la postura de la oposición?

 

Ya desde el día después del anuncio de Maduro de la convocatoria de una Constituyente la oposición tachó el proceso de «golpe de Estado». La coyuntura deja a los opositores en una posición paradójica, pues son ellos los que están defendiendo la Constitución redactada por Chávez.

 

Desde entonces, se han sucedido las manifestaciones, tres jornadas de huelga general y una consulta el pasado 16 de julio en la que se preguntaba a los venezolanos su opinión sobre la Constituyente. El gran dilema al que se ha venido enfrentando la oposición estas semanas es sobre la conveniencia o no de su participación electoral en la votación: para muchos es una trampa del gobierno, para otros una oportunidad de ganar terreno y hacer presión.

 

Uno de los hechos novedosos en esta ocasión son las críticas al proyecto salidas de figuras de peso del chavismo. La más conocida es la de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha defendido la vigencia y validez de la Constitución chavista del 99 para superar la crisis que atraviesa Venezuela.

 

¿Qué pasa con la Constitución actual?

 

Si todo sigue según los cauces establecidos por el gobierno, la Carta Magna promulgada en 1999 será sustituida por la redactada en la Asamblea Constituyente. Para Maduro, se trata de «perfeccionar» el proyecto político de su antecesor y de proteger sus conquistas sociales. «Este es el viejo sueño de Hugo Chávez, pero en 1998 las condiciones no estaban dadas», ha dicho Maduro.

 

¿Cuáles son las incógnitas?

 

De momento, se desconoce el papel que jugará la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene mayoría desde las legislativas de diciembre de 2015. El Tribunal Supremo de Justicia retiró sus funciones al Parlamento tras acusarlo de desacato y bloquea sus iniciativas legislativas. De hecho, esta apropiación del TSJ de los poderes del Parlamento está en el germen de las movilizaciones que vienen dándose en Venezuela en los últimos meses.

 

Además, está en el aire la celebración de unas elecciones regionales, que debieran haber tenido lugar a finales de 2016, y unas municipales que en teoría se celebrarán este año. Las presidenciales, fechadas para finales del 2018, tampoco tienen ninguna garantía de celebrarse si finalmente se acomete la «transformación del Estado» que contempla el gobierno.

 

 

Un voto o dos votos, depende de quién seas en Venezuela

 

Las elecciones a la Asamblea Constituyente presentan un sistema de padrón basado en el oficio y el municipio, lo que otorga la posibilidad, a algunas personas según su sector profesional, dos votos frente a otros que solo dispondrán de uno

 

Carmen de Carlos, ABC, Enviada Especial a Caracas

 

Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, convocadas por Nicolás Maduro, están consideradas una huida hacía delante de un Gobierno que busca soluciones, al margen de su propia ley, para mantenerse en el poder. El régimen militar tiene tantos flancos abiertos como los juristas atribuyen a la convocatoria de este domingo.

 

En el plano estrictamente jurídico, Oscar Arnat, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Venezuela, advierte los más alarmantes.

 

«La actual Constitución, aprobada en 1999, obliga a convocar un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no la creación de una Constituyente. Lo que ha hecho el Gobierno de Maduro es, directamente, obligar a elegir los miembros de una Constituyente que no se ha votado». Dicho de otro modo, «esa decisión es contraria a la actual Carta Magna».

 

Dos criteros en el padrón

 

Las elecciones de este domingo arrastran este pecado original pero el profesor Arnat observa que, además, hay que poner la lupa en lo que en Venezuela se llama, «las bases comiciales». Esto es, cómo se articula esta convocatoria. «El Gobierno -advierte- elaboró un sistema de padrones discriminatorio». Arnat lamenta que haya «venezolanos que pueden votar dos veces y otros sólo una. Esto se explica porque se imponen dos criterios, el territorial y el sectorial (por actividad)». En el primero votan todos, en el segundo depende de quién seas. Para ilustrarlo pone un ejemplo, «el que está desempleado no pertenece a ninguno de los siete sectores que figuran en la pantalla de votación. Por lo tanto, ese solo votará una vez, en su caso, por razones geográficas».

 

Arnat es de los que tiene derecho a doble voto pero el escenario es tan surrealista que él «siendo docente, me han incluido en el sector de los trabajadores», comenta algo desconcertado.

 

Los «sectores» que reconoce el padrón son: «Empresarios, campesinos y pescadores, discapacitados, estudiantes, trabajadores, pensionados y representantes de las comunas y consejos comunales». El que no está ahí dentro solo votará territorialmente.

 

Respecto a este punto, Arnat considera que las elecciones adolecen de otras defectos al estar «municipalizadas». Esto significa que, «hay municipios con cuatrocientos mil votantes donde se elige un diputado para la Asamblea Nacional Constituyente y otros con menos de diez mil que también eligen un diputado.» Esto, también supone que un Estado como el de Miranda (cerca de tres millones de habitantes), cuyo gobernador es el líder opositor, Enrique Capriles, tendrá cuatro representantes menos que Falcón, donde residen aproximadamente un millón de personas. En definitiva, «no se respeta la proporcionalidad del voto como exige la Constitución vigente». La oposición considera que el chavismo se beneficia de este sistema.

 

En este laberinto electoral el Gobierno, recuerda Oscar Arnal, aprovechó para «suprimir el captador de huella y la tinta indeleble». Dicho de otro modo, puede computar votos y votantes a destajo y sin control de ninguna clase.