Cubanálisis El Think-Tank

           ARTÍCULO ORIGINAL PARA EL THINK-TANK DE CUBANÁLISIS

 

         Eugenio Yáñez y Juan Benemelis

 

 

 

   

 

 

                               

                                                                                                                                                            

 

EL CASTRISMO Y LA VULNERABLE DEMOCRACIA LATINOAMERICANA

( VERSIÓN COMPLETA )

 

Uno de los aspectos que se muestran con mayor orgullo en cualquier balance contemporáneo de América Latina y el Caribe es la existencia de un gigantesco arco democrático que se extiende desde México hasta Argentina y Chile, cubriendo también a todas las islas del Caribe, con la única y bochornosa excepción de la Cuba castrista, donde hace más de medio siglo impera un régimen totalitario.

 

Sin embargo, eso mismo que resulta motivo indiscutible de sano orgullo para todo el hemisferio, está basado en fundamentos y cimientos para nada sólidos, tremendamente vulnerables, y que podrían revertirse en cualquier momento si se dieran las condiciones propicias para ello. Porque las democracias en América Latina y el Caribe, a diferencia de las realidades de América del Norte y Europa, resultan endebles, no se basan en un verdadero Estado de derecho, y sufren de innumerables males y tropiezos que pueden dar al traste con todo lo logrado en poco tiempo, pasando de democracias representativas a democracias “participativas” o “bolivarianas”, como estuvo a punto de suceder en Honduras hace poco, y como no puede descartarse que suceda en otras naciones donde el populismo sienta raíces junto a la corrupción y la indolencia de las élites.

 

En las “democracias” de América Latina no se cumple la regla de oro del barón de Montesquieu, aquella del balance entre los tres poderes de la democracia: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Las repúblicas que nacieron del hecho descolonizador en el continente, allá por el siglo XIX, tuvieron como punto común el desbalance entre los tres poderes. En ellas, el poder ejecutivo, con un “presidente fuerte”, se fue por encima de las legislaturas y del entramado judicial. Así, desde la silla presidencial se gestaban caudillos o iluminados que regían estas repúblicas cual si fueran granjerías de ultramar.

 

Las pretensiones de las cámaras legislativas se resolvían cuando la guardia presidencial entraba a caballo en tales recintos y desalojaba a los “pretensiosos abogaditos”. Ni que decir de la estructura judicial; era suficiente un papelito ajado proveniente de la “Casa presidencial” con una “recomendación” de aprobación o desaprobación, para que el viril entogado cambiase su sentencia, tras lo cual vendría un jugoso chequecito.

 

No fue sin razón que el cubano Martín Morúa Delgado, ponente de la Constituyente de 1901, abogase por que se adoptase un régimen parlamentario como la única manera de poner coto al sobre-poder ejecutivo estilo latinoamericano, que empollaba dictadores. Morúa fue desoído, y la historia republicana cubana estuvo entonces colmada de dictadores y caudillos.

 

¿Y qué decir de tales democracias latinoamericanas ya en el siglo XX? Pues, nada cambió. Ni siquiera les concedieron espacio a lo que en otras latitudes constituía la innovación, el de un nuevo actor en el balance de fuerzas democráticas, el nuevo Cuarto Poder de la prensa. Mientras en Euro-América del Norte la prensa se transformaba en factor de modernización del modelo, al sur del río Bravo, simplemente estaban consignados en las nóminas de los buróes de prensa de las respectivas casas presidenciales.

 

¿Y en el siglo XXI? A su vez, nada cambió. No ya la reconsideración de modernizarse concediendo legitimidad al Cuarto Poder, la prensa; ahora sería esquivada la conformación de un nuevo poder en las democracias, para ajustar aún más la balanza, el de la Sociedad Civil como Quinto Poder. La realidad resulta la presencia de democracias con esquemas decimonónicos, de presidencias fuertes, partidos políticos como meras agrupaciones clientelares, y cuarteles prestos a intervenir en la vida civil. Repúblicas en las cuales no se concibe la libertad de expresión como un factor de balance, a través de la prensa como cuarto poder, y no se reconocen los reclamos de los grupos de intereses en la sociedad civil, como quinto poder.

 

Ello explica que Fidel Castro desmantelase en menos de una semana los poderes ejecutivos y legislativos, que un teniente-coronel venezolano, desde la presidencia, pueda prolongar su estancia de manera infinita, que se disuelvan a capricho cámaras y senados en el continente sur, y que la manera más rápida de lograr riqueza personal sea ocupando un curul judicial.

 

Si durante un tiempo el peligro era que el “modelo cubano” se impusiera por la fuerza en las naciones latinoamericanas -como sucedió en Nicaragua en 1979 y estuvo a punto de suceder en Chile en 1973 o en Grenada en los años ochenta-, en la actualidad esa influencia puede muy bien establecerse mediante una “reforma constitucional” desde el poder, que abra el paso a un modelo de corte “bolivariano”, donde los capitales del gobierno venezolano y la “asesoría” desde La Habana conformen un gobierno “antiimperialista” y “progresista” contrario a los intereses de Estados Unidos y favorable al eje La Habana-Caracas.

 

Uno de los aspectos menos considerados a la hora de analizar cuáles son las debilidades de la democracia contemporánea en América Latina es el concerniente a la seguridad continental, que a su vez se relaciona estrechamente con la seguridad nacional en cada uno de los países que componen el continente, aunque la seguridad continental representa mucho más que la suma de la seguridad nacional de cada país del Hemisferio.

 

Tal debilidad tuvo un pasaje reprobable durante la égida del Tercer Reich germano, cuando Argentina, Chile y Bolivia se alinearon por vocación a un modelo donde el ejecutivo, en manos de un profeta por elección propia (Hitler-Perón), llegaba con facilidad al hecho totalitario. En suma, no resultaba muy lejano dar el paso desde una democracia deformada a un ejecutivo ultra-hegemónico.

 

Aquí vale recordar las lecciones de democracia que están brindando las islas-repúblicas del Caribe, en las cuales (producto del modelo democrático anglo-sajón) las democracias funcionan mejor que en sus pares de ascendientes ibericos. En el Caribe anglo-francófono funciona el balance entre los tres poderes y, además, la prensa ha ocupado su espacio como cuarto poder. De ahí la poca presencia de caudillos, la preeminencia de maquinarias partidistas, y la subordinación de los ejércitos al entramado civil.

 

La seguridad nacional a la sombra de la Guerra Fría

 

La seguridad nacional hace mucho que ha dejado de ser un aspecto restringido a los ejércitos, para convertirse en tema de importancia estratégica para cada país, y tal matiz tradicional ha sufrido cambios fundamentales con los años.

 

Ya quedaron atrás los tiempos en que bastaba que cada nación contribuyera con lo que le correspondía a la seguridad global del “mundo libre” en general, independientemente de cómo se desarrollaran las cosas en los ámbitos nacional, regional o local. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947 para la defensa común en caso de agresiones extra-continentales, estaba diseñado para garantizar la seguridad del continente americano frente a la “amenaza roja” de la expansión soviética en el mundo.

 

Ese tratado era la versión latinoamericana de una estrategia global de Estados Unidos, empeñado en una política de “contención”, que pretendía cercar a la Unión Soviética con bases militares y tratados de defensa mutua con países aliados, y que llevaría a la creación de diferentes bloques militares en todo el mundo, como la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), el Pacto de Bagdad, posteriormente convertido en CENTO (Organización del Tratado Central), la OTASO (Organización del Tratado de Asia Sur Oriental) y la ANZUS (Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos).

 

En comparación con esa primera línea del enfrentamiento con el expansionismo soviético, que se extendía desde Berlín a Hanoi, el traspatio latinoamericano de Estados Unidos era un remanso paradisíaco, donde no sucedía nada -o casi nada- peligroso. El punto más estratégico de todo el continente americano para Estados Unidos, el Canal de Panamá, se mantenía relativamente tranquilo dentro de la llamada “Zona del Canal”, bajo control del Comando Sur estadounidense, y aunque los sentimientos de “antiimperialismo” -en cierto sentido el deporte nacional de América Latina- siempre estuvieron presentes en el continente -basta recordar las visitas de Dwight Eisenhower y Richard Nixon a Latinoamérica, o las protestas panameñas por la soberanía del Canal- nunca fueron más allá del folklore, la nota periodística bullanguera, y la condescendencia democrática estadounidense hacia los indígenas del traspatio.

 

En ese mundo casi surrealista del realismo mágico descrito por García Márquez y Alejo Carpentier, “el Caribe” no tenía nada que ver con “América Latina”, Haití era una excepción de tipo étnico-folklórica, y aunque Brasil era reconocido como parte del territorio continental -era imposible negarlo-, siempre se veía como algo extraño y exótico, con un idioma diferente, fabulosos carnavales, y un fenómeno del fútbol llamado Pelé, pero como nación no acaba de imbricarse estrechamente en la problemática política regional de la “América inmortal”.

 

Los caudillos existentes con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, aunque lo fueran desde antes, civiles o militares, y hubieran llegado al poder mediante elecciones o por la fuerza, como Juan Domingo Perón, Rafael Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza, Alfredo Stroessner, Gustavo Rojas Pinilla, François Duvalier, Marcos Pérez Jiménez, Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas, Víctor Paz Estenssoro, Manuel Odría, o Jacobo Arbenz, tal vez quitaran algo del sueño a la United Fruit Company, la dinastía de los Patiño, oligarcas centroamericanos o determinados burócratas del State Department, pero no eran cabezas de playa del comunismo en América Latina, ni mucho menos. Y casi todos esos caudillos, para los Estados Unidos, aunque no lo pudieran decir en público, podrían ser unos hijos de puta, pero siempre eran y serían “sus hijos de puta”.

 

En este contexto, problemas “locales” entre los “indígenas” latinoamericanos, algunos de los cuales se arrastraban desde el siglo XIX, no preocupaban demasiado a Estados Unidos, ni merecían que se les prestara demasiada atención desde Washington. Así pervivieron durante muchos años, y perviven todavía, entre otros, conflictos fronterizos, étnicos, raciales, económicos, medioambientales, o de otra índole, entre Argentina y Chile; Paraguay y Bolivia; Argentina y Uruguay; Brasil y Paraguay; Bolivia, Chile y Perú; Colombia y Nicaragua; Bolivia y Brasil; Perú y Ecuador; Venezuela y Guyana; Brasil y Perú; Honduras y El Salvador; Haití y República Dominicana; Nicaragua y Costa Rica.

 

De manera que, con la seguridad nacional entendida como algo absolutamente garantizado por Estados Unidos, dado de antemano y sin complicaciones, en cierto sentido como las frutas en el paraíso bíblico, en América Latina se le veía como la lluvia o los cambios de estaciones, como algo natural y eterno, de lo que no había que preocuparse demasiado.

 

Como tradición continental, ni la seguridad nacional en América Latina ni la geopolítica resultaban temas de interés para las ciencias sociales, ni siquiera un asunto demasiado relevante de la política nacional, sino que en demasiadas ocasiones se resumían a ciertas consideraciones fronterizas y a las medidas necesarias para el sostenimiento del gobierno de turno. Producto de esa concepción, no por errada menos extendida, esos temas casi siempre caían en el ámbito de la policía política o de los servicios de inteligencia militar, siempre dentro de las instituciones militares o de orden interior.

 

Ni los presidentes ni los ministros o parlamentarios concedían demasiada atención al tema de la seguridad nacional, que a fin de cuentas se veía como asunto que dependía de Estados Unidos. No fue hasta el surgimiento y recrudecimiento de la Guerra Fría, con la definición del balance atómico URSS-EEUU, y la cruenta lucha por prevalecer globalmente, que el concepto de seguridad nacional cobró un nuevo significado.

 

El factor cubano y los retos a la seguridad nacional en América Latina

 

En el continente americano dos fuerzas ciclónicas determinaron la asunción por las élites gobernantes de una consideración más profunda y detallada de la seguridad nacional después de la Segunda Guerra Mundial.

 

Una de esas fuerzas fue la política exterior castrista, donde la promoción del foco guerrillero y la subversión formaban parte de una estrategia continental claramente definida, producto de la “patente de corso” lograda por el régimen cubano tras los acuerdos Kennedy-Jrushov y el compromiso norteamericano de no invadir Cuba en la medida que no se emplazaran en la Isla armas atómicas.

 

Cuba, que venía de haber emplazado misiles nucleares en su territorio y haber solicitado a los soviéticos, en palabras del Comandante en Jefe, un golpe nuclear “preventivo” contra Estados Unidos, comenzó a desarrollar después de la crisis de los misiles una estrategia subversiva global en toda América Latina y el Caribe, siendo el único país del continente que desde 1963 ya contaba con una estrategia política general hacia todo el territorio, cuando, como contrapartida, no ya el resto de los países del continente, sino incluso Estados Unidos, no tenía -ni tiene todavía- una política latinoamericana global perfectamente definida.

 

Así, tras la Crisis de los Misiles en octubre de 1962, el continente se encontró en una situación donde el peligro inmediato a su seguridad ya no provenía de instalaciones balísticas de mediano alcance o intercontinentales, ni de unidades acorazadas soviéticas que desembarcarían por aire o por mar en territorio de las repúblicas latinoamericanas, sino de la llegada subrepticia de “compañeros” cubanos que acompañaban a nacionales latinoamericanos cuidadosamente entrenados en Cuba para llevar a cabo “la revolución” en sus respectivos países o a escala continental, y que tras rigurosos entrenamientos dominaban las artes de instalación de explosivos y minas, demolición y sabotajes, arme y desarme de armamento, técnicas de seguimiento y control, comunicaciones clandestinas, falsificación de documentos, cartografía y croquis, reclutamiento de agentes y colaboradores, financiamiento y obtención de recursos monetarios, agitación y propaganda, armamento y suministros, emboscadas y atentados, extorsión y chantajes. En pocas palabras, “especialidades revolucionarias” que los diferentes ejércitos latinoamericanos tradicionales no estaban acostumbrados ni preparados para enfrentar y combatir.

 

La segunda fuerza decisiva, además de la subversión y la insurgencia cubanas, para que las élites gobernantes latinoamericanas se vincularan más directamente con los temas de seguridad nacional fue la definición de seguridad continental desarrollada por Estados Unidos y, por lo tanto, impuesta directa y no demasiado elegantemente a sus aliados continentales, pero siempre de manera reactiva, tratando de contrarrestar la ofensiva soviética, y todavía mirando más hacia Moscú que hacia La Habana, como parte del balance estratégico atómico global.

 

Aquella frase de tiempos de la administración Lyndon Johnson, de que por ninguna razón podría permitirse en ninguna circunstancia “otra Cuba” en el continente, no tenía nada que ver con las actividades guerrilleras o “revolucionarias” de La Habana, sino con la instalación de misiles nucleares en territorio de América Latina, apuntando contra Estados Unidos. Y ante tales riesgos y circunstancias, no era tan importante la opinión de los “aliados” latinoamericanos, como el hecho de que estuvieran dispuestos a sumarse al esfuerzo y contribuyeran a la consolidación de esa seguridad continental de acuerdo a los intereses y prioridades de Estados Unidos.

 

Así, por parte de Estados Unidos se precisaron sitios estratégicos como el Canal de Panamá y las rutas marítimas críticas, las fuentes petroleras y de ciertos minerales estratégicos, los vuelos de reconocimiento soviéticos y las rutas de sus submarinos en el territorio, así como la ubicación y necesidades de las bases militares norteamericanas; además, comenzaron a mirarse más de cerca aquellos regímenes que se balanceaban peligrosamente hacia una “izquierda” pro-comunista, o al menos que le facilitara las cosas a los soviéticos -en la percepción norteamericana sobre el tema- como posteriormente serían los gobiernos de los generales Juan Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá, Desi Bouterse en Surinam, o Juan José Torres en Bolivia.

 

Sin embargo, todavía en aquellas complejas circunstancias la consolidación de las democracias en América Latina, y los vínculos con Brasil y las islas-naciones del Caribe como unidad indisoluble para la seguridad hemisférica, no eran prioritarios para la política estadounidense hacia el continente en materia de seguridad, mientras que ya en La Habana se concebía el territorio latinoamericano como la unidad conceptual y funcional del espacio continental y las islas, y por consiguiente, objeto de atención priorizada y actividad por parte del Departamento América del Comité Central del Partido.

 

Al calor de esta nueva apreciación de la seguridad hemisférica por parte de Estados Unidos, los ejércitos latinoamericanos comenzaron a tomar cartas en el asunto y afrontaron el reto de los grupos subversivos, terroristas y guerrilleros a nivel de sus respectivos territorios, pero todavía sin un enfoque continental. Es decir, se pasó de la noción de pre-guerra, de una seguridad nacional abstracta e interna como asunto de cada país, a una seguridad de política exterior o externa, detallada, reglamentada, coordinada y determinada en el continente por el factor del comunismo y el balance atómico bi-polar. Sin embargo, todavía siempre de manera reactiva a las acciones estratégicas ofensivas concebidas en Moscú, Beijing o La Habana, y nunca de manera proactiva como definición conceptual y establecimiento inequívoco de las prioridades y los intereses de seguridad nacional del hemisferio.

 

Las nuevas realidades tras la debacle de la Unión Soviética

 

La caída del bloque soviético, el ascenso de China como potencia mundial, la unificación de Europa, el renacer del terrorismo fundamentalista islámico, las tendencias regionalistas, los movimientos autonómicos o independentistas, y la evolución del narcotráfico unido a la violencia, replantearon el concepto de seguridad nacional que venía desde la Guerra Fría, ahora aderezado con enormes cambios en el campo de las comunicaciones y los medios electrónicos de información.

 

Las grandes potencias euro-americanas, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, y Rusia, asumieron prontamente un nuevo significado de seguridad nacional, basado no solamente en sus propias fuerzas y recursos, sino además en la cooperación e inter-relación.

 

Pero en el caso de América Latina, que no pudo desarrollar durante la Guerra Fría su propio concepto de seguridad continental o nacional, se ha mantenido la vieja reflexión tradicional en manos de los aparatos militares y policiales, sin ver todavía mucho más allá de los problemas fronterizos inmediatos o los evidentes peligros de desestabilización de los gobiernos.

 

Ello quedó demostrado durante el conflicto de las islas Falkland o Malvinas en los años ochenta, en el cual, ante el choque de una nación latinoamericana con una potencia extra-continental como Inglaterra, Estados Unidos se alineó directamente al lado de “la pérfida Albión”, vinculado por una noción mutua y nueva de “relaciones especiales” y solidaridad entre potencias, y de conjunto actuaron contra Argentina y sus reclamos, con lo que el Tratado de Río de Janeiro de 1947 se convirtió en letra muerta a los efectos de la seguridad nacional de los países del continente, en este caso una Argentina militarmente enfrentada a una potencia europea por una reclamación territorial.

 

Quedó así evidenciado que América Latina carecía de una visión propia de seguridad continental, regional, e incluso individual, y que su seguridad colectiva hemisférica, al depender exclusivamente de la voluntad y los intereses de Estados Unidos, había sido distorsionada por la Guerra Fría.

 

Es por esa razón, entre otras, que las democracias en América Latina continúan mostrándose tan frágiles en la actualidad, como se ha evidenciado en los últimos tiempos en los casos venezolano, ecuatoriano, nicaragüense y boliviano, así como en las veleidades “bolivarianas” de la Honduras de Zelaya o la Argentina de los Kirchner, y en menor medida en el Paraguay de Lugo, así como en el regreso “democrático” a la escena de veteranos dictadores militares, supuestamente sobrepasados por los acontecimientos históricos, como fue el caso anteriormente de Hugo Bánzer en Bolivia, o lo es ahora el de Desi Bouterse en Surinam.

 

En la medida que cada país en particular no reconozca que contra su seguridad nacional atentan nuevas razones no contempladas en los esquemas anteriores, como el narco-tráfico, el terrorismo, el contrabando, la inestabilidad social y económica, la dependencia energética, la carrera armamentista, el tráfico humano, la corrupción y las farsas electorales, pero también los procesos de “integración” cargados de ideología e intereses políticos, como los del ALBA, o los procesos incontrolados y ajenos a la soberanía nacional de introducción masiva de “colaboración desinteresada” de cooperantes cubanos en todos los sectores de la vida nacional de una nación, en esa misma medida es que la democracia latinoamericana y caribeña no tiene un asidero sólido, y queda expuesta a su dislocación por figuras auto-elegidas, “reformas constitucionales” desde el poder, legislaturas sin fuerza, poderes ejecutivos predominantes, sistemas judiciales venales, carteles gangsteriles y narco-traficantes, carreras armamentistas desenfrenadas, alianzas dudosas con regímenes cuestionables, violencia social y guerrillas, foros de Sao Paulo y “movimientos de solidaridad” sin límites ni control.

 

Podríamos enumerar, de manera general, aquellos aspectos que resultan inesperados para las concepciones tradicionales, y que se presentan y son susceptibles de estudiarse en los programas de seguridad nacional en los países de América Latina y el Caribe, y que se definen ahora como de seguridad multi-nacional o multi-dimensional:

 

  • Tráfico de drogas
  • Terrorismo
  • Insurgencia
  • Inmigración ilegal
  • Lavado de dinero
  • Riesgos epidémicos
  • Derechos humanos
  • Discriminación étnica
  • Discriminación racial
  • Contrabando
  • Tráfico de armas
  • Tráfico humano
  • Corrupción
  • Militarismo
  • Carrera armamentista
  • Potencias emergentes
  • Dependencia energética
  • Seguridad alimentaria
  • Factores climáticos globales

 

América Latina necesita desarrollar con urgencia su propia conceptualización de seguridad regional, hemisférica y nacional, coordinada con Estados Unidos, pero independiente de las designaciones y pretensiones unilaterales norteamericanas, al ser una de las zonas más violentas del planeta, exhibir un sistema judicial incapaz de regular los poderes gubernamentales y hacer valer un verdadero Estado de derecho, disponer de ejércitos que tienen la voz cantante en cuanto a cuáles son los peligros domésticos y cuáles no, y cuerpos policiales locales nulos y corruptos que cada vez resultan menos eficientes ante las violaciones de la ley y el cuestionamiento del orden interior.

 

Los estamentos gobernantes del continente tienen que adjudicarse una definición nueva en términos democráticos, y concederle a la democracia civil y a la estabilidad interna la jerarquía de principios de seguridad suprema en cada una de las naciones.

 

En el ámbito político existen puntos cruciales como la violencia, que tiene como ejemplos más elocuentes a México, Colombia, Jamaica, Haití, Venezuela, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Violentar el escrutinio popular está emparentado con rasgos arcaicos provenientes del hecho post-colonial, como la ausencia de partidos políticos modernos al estilo europeo o norteamericano; el caudillismo con su clientelismo; el enfoque del Estado como una meta para el enriquecimiento de los políticos, el llamado Estado-corruptela.

 

En América Central los espacios que requieren la consideración máxima de seguridad nacional son la violencia social, el crimen organizado y el tráfico de drogas, amén de la emigración masiva hacia Estados Unidos a causa del fracaso de los gobiernos nacionales, que se transforma en el esquema de la inmigración ilegal norteamericana.

 

En nuestro hemisferio, la centralización estatal es un mal longevo; así tenemos el Estado como empresario económico, igualmente el desequilibrio entre el Estado-minotauro y el individuo-sin- opciones y a merced de la burocracia. El Estado en el continente, del mismo modo, cuenta con débiles servicios de inteligencia y contra-inteligencia civiles -cuando existen- que más bien resultan cuerpos policiales relativamente especializados y más capacitados que la policía común, pero que no disponen de entrenamiento, tecnologías o programas para lidiar con las realidades contemporáneas que representan aparatos de inteligencia y subversión como los desarrollados durante muchos años desde La Habana, Beirut, Damasco o Teherán, o fomentados por organizaciones de carácter clandestino como al-Qaida, Hizbolah, las FARC, ETA e IRA, entre otras.

 

En el contorno social es notoria la existencia en todos los países del continente de viejos códigos criminales, muchos de ellos con base en la colonia, que no contemplan los nuevos delitos producto de las nuevas condiciones y realidades. Por ello, los organismos que se ocupan de atender la esfera criminal son inoperantes, con escasa calificación y carentes de tecnologías y laboratorios de punta. Esta negligencia y falta de capacidad y eficacia hace que la seguridad en tales países sea ineficaz e inapropiada, atentando contra la estabilidad democrática.

 

La descolonización que nunca fue

 

En la lucha de las colonias españolas por su independencia, del Río Bravo a la Patagonia, pasando por Cuba, perecieron más indios y negros (400,000) que blancos, pero este sacrificio no fue compensado ni económica ni políticamente.

 

Y bien, es cierto, las convulsiones anti-coloniales de América en última instancia son las del patriciado euro-blanco, que busca la hegemonía del poder; en ellas, las banderas de la revolución norteamericana y la toma de La Bastilla no pasan de ser salmos legitimadores para quienes no guardaron escrúpulos cuando de aplastar sangrientamente a negros, indios y mestizos atravesados en su camino se trataría. De ahí las masacres de negros en Argentina, a manos de Domingo Faustino Sarmiento y Mitre, y el temor al ejemplo que podía ejercer Haití en las dotaciones de esclavos de Cuba.

 

La auto-legitimidad del Estado-nación-democrático post-colonial de América Latina descansará en estructuras de racialización y de un colonialismo que no se ejerce hacia ultramar, sino hacia dentro, hacia las minorías indígenas y afro-descendientes, denigradas por la herencia euro-céntrica. América Latina, incluyendo a Cuba, no participó de una verdadera descolonización. La independencia decimonónica en América resultó una transferencia de poder de élites ibéricas a elites euro-blancas criollas vinculadas al modelo europeo. La situación inicial de la conquista se repitió; a la colonización siguió la re-colonización, donde los indios, mestizos, negros y  mulatos son invisibles.

 

Al no forjarse con la independencia el proceso de descolonización, el cual más que resultar una evolución objetiva de transferencia de poder es subjetiva, pues tendría que reconocer y remodelar la deformación ideológica colonial, la pasión monolítica de lo ibérico, habría que cuestionar los proyectos políticos que se constituyeron como democracias a partir del devenir de una sola de las partes pobladoras del territorio.

 

Por ello no asombra que muchas de las democracias latinas no atiendan con programas específicos a las minorías existentes y no luchen por eliminar las diferentes formas de discriminación, ya sea étnica, racial o de género; asimismo, las empresas nacionales no se ocupan de su responsabilidad social corporativa con las comunidades donde se asientan.

 

En suma, nos hallamos ante mecanismos de prevención endebles debido a un inadecuado sistema judicial y a una policía civil y criminal incapaz e incapacitada. De ahí entonces el desarrollo del narcotráfico a niveles transnacionales, con el uso de verdaderos corredores de la droga en Belice, Haití y México, por ejemplo.

 

Uno de los sumarios fundamentales, herencia de las tradiciones post-independentistas, y exacerbados en la Guerra Fría, es el de los ejércitos. El cuerpo militar en casi todos los países del continente tiene como doctrina la lealtad primaria hacia lo militar y no hacia las autoridades civiles.

 

De ahí que en las crisis ellos creen sus fuerzas para-militares, crezcan con sus empresas militares, y determinen las necesidades de seguridad nacional con sus servicios de inteligencia. Sin embargo, los principios de la seguridad nacional contemporánea van mucho más allá del estrecho concepto y limitación de miras de los militares, pues abarca temas económicos, estructurales y sociales. Por lo tanto, el continente requiere que sus élites y estamentos civiles estructuren instrumentos de carácter civil que definan, estructuren y han funcionar la seguridad nacional en cada país, y elaboren las doctrinas acordes con tales requerimientos.

 

Mientras en el continente la seguridad nacional siga siendo definida por las fuerzas armadas la democracia se mantendrá demasiado vulnerable, puesto que en estas condiciones nunca podrá traspasar el umbral de los cuarteles, y los tópicos fronterizos, de bolsones de miseria, de corrupción y demás, quedarán al libre albedrío o la espontaneidad. De ahí que resulte ineludible no sólo la reformulación de qué es para cada uno de los países del continente su seguridad nacional y cuál es la regional y la hemisférica, sino de igual manera reformar las fuerzas armadas, reorganizar y fortalecer los aparatos de la policía local (criminal y política), y profesionalizar y remodelar todo el sistema judicial.

 

Sin dudas a los niveles de seguridad se han elevado también diferentes factores y agentes geo-económicos. Al petróleo y el gas (en Trinidad Tobago, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia), que resultan vitales para la economía mundial y hemisférica, se unen la existencia del uranio en Venezuela, del Canal de Panamá como vía estratégica para la armada norteamericana y el comercio trans-oceánico; así como la producción de armamentos en Brasil, Argentina y Venezuela.

 

Ya no sólo el tema de la no proliferación de armas nucleares es requerido; a ello se deberá añadir el de las armas de destrucción masiva (químicas y biológicas), y la comercialización ilegal de armamentos. Los combustibles irradiados se han convertido en una mercancía ilegal anhelada por aquellos que desean violar los acuerdos de no-proliferación; así como el comercio de tubos de zirconio, grafito de calidad nuclear y plantas de enfriamientos primarios, entre otros.

 

Tanto los puertos como los aeropuertos han ascendido en la jerarquía de seguridad hasta convertirse en elementos clave.

 

Uno de los aspectos que ha frustrado la seguridad hemisférica ha sido el de los fracasos de integración económica, como el del Mercado Común Centroamericano, que es una unión inefectiva; el Pacto Andino, que no pasa de ser un mero foro de reuniones aburridas; el ALBA, que tiene un filo agresivo; la etérea Carretera de la Selva en el Cono sur; la cacareada Hidrovía Bolivia-Uruguay, con la posibilidad de unir los ríos Paraná y Paraguay, o el descontrol en la zona de las “tres fronteras”.

 

El continente también tiene su ración abundante de complicaciones fronterizas latentes que requieren toda la atención nacional y regional. Además de los ya mencionados anteriormente, hay que considerar los casos de Argentina con las islas Malvinas; el diferendo fronterizo de Estados Unidos con México, debido al narcotráfico y a la inmigración ilegal; las crisis periódicas entre Haití y República Dominicana, que tradicionalmente se apaciguan con extrema violencia; y la tirantez fronteriza entre México y Guatemala y México y Belice,

 

Todo ello ha traído conflictos regionales, casi todos con vigencia actual, como el de México con América Central, la división entre la costa y las altas planicies en los casos de Ecuador y Costa Rica, y del altiplano y las sierras en Bolivia. El sumario de las poblaciones afro-descendientes marginadas va cobrando fuerza. Así tenemos el caso de Ecuador, donde ya el 40 % de la población es afro-descendiente; en Colombia, con la región del Chocó, donde la población afro-descendiente ya es el 30 %, el caso de Cuba, donde asciende al 65 %; y la marginación en Perú y Costa Rica de la población afro-descendiente.

 

El Estado

 

América Latina no es un continente homogéneo y de características generales comunes. Tal visión resulta un estereotipo que impide visualizar las diferencias entre sus países, las disparidades económicas y de recursos naturales, y lo heterogéneo de sus poblaciones en términos étnicos y raciales.

 

La clase política criolla latinoamericana no se ha percatado de que al desvanecerse la Guerra Fría estamos en presencia de un Nuevo Orden Mundial, donde China se ha transformado en la fábrica mundial de manufacturas; la carta asiática ya es decisiva en el planeta, al punto que la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), es un bloque económico superior a Europa; donde se perfila la nueva bipolaridad China-EEUU; donde la potencia nuclear Unión Soviética ha sido sustituida por el petro-Estado de Rusia.

 

De ahí que en Europa el eje Alemania-Francia, a partir de Merkel y Sarkozy, esté buscando una solución. Por su parte, la India está demostrando que es factible pasar de una sociedad agraria a una sociedad de servicios saltándose la etapa de la sociedad industrial; y Brasil y China compiten con Estados Unidos y la Unión Europea en la fabricación de grandes aviones de pasajeros.

 

Por ello, la grave crisis social, política y económica que recorre el continente suramericano, donde de unos 600 millones de habitantes casi 200 millones sobreviven con menos de dos dólares diarios; el terrorismo internacional de trasfondo islámico se mueve libremente; existen estados fallidos; la geopolítica del hidrocarburo ha conformado una alianza torcida desde La Habana y Caracas, que se analizará en detalles posteriormente; y el tráfico de drogas, junto a la migración ilegal hacia Estados Unidos, son puntos decisivos en las agendas de seguridad nacional.

 

Mientras el resto del planeta asume la “realpolitik”, en América Latina la ideología ha reemplazado a la política; las corporaciones mafiosas han suplantado a los partidos políticos, mientras las burocracias aplastan a las instituciones. El Hemisferio no ha logrado asumir la globalidad, no intenta conformar tratados de defensa ni de seguridad colectiva, y mantiene el viejo esquema de buscar la integración por la vía comercial.

 

En las últimas décadas los países más estables en el hecho democrático han sido Brasil y Chile. Se puede señalar a Uruguay, Perú, Panamá y Costa Rica como democracias que luchan por institucionalizarse definitivamente. También podría incluirse a la incomprendida Honduras, que recién logró frustrar los intentos de un régimen “chavista”, a pesar de recibir el repudio de la Europa social-demócrata y de un enfoque miope del Departamento de Estado norteamericano.

 

En el otro extremo del arco iris nos encontramos con Cuba bajo el comunismo castrista, y al conjunto del ALBA, de presidencias autoritarias con aspiraciones al socialismo, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Y un grupo gris, Argentina y Paraguay, que guardan su imagen pública democrática, pero que en el fondo se inclinan a los políticos del ALBA.

 

En palabras de Álvaro Vargas Llosa, nos hallamos ante una tensión cultural entre modernizadores y reaccionarios, hecho que ha complicado el desarrollo en el continente. Vargas Llosa ubicaba en el plano de la centro-derecha al mexicano Felipe Calderón, el colombiano Álvaro Uribe, y el salvadoreño Antonio Saca, como defensores de la economía de mercado y del Estado de Derecho. Se debe al ex presidente Francisco Flores que El Salvador haya podido mantenerse como un modelo de libre mercado para el conjunto de América Central.

 

En una izquierda a cuyos integrantes calificaba de “mansos socialdemócratas”, Vargas Llosa colocaba al brasileño Lula da Silva, al peruano Alan García, al uruguayo Tabaré Vázquez y al costarricense Oscar Arias. La izquierda candente estaba convocada por los hermanos Castro en Cuba, el venezolano Hugo Chávez, el nicaragüense Daniel Ortega, el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, y el paraguayo Fernando Lugo, todos con visiones marxistoides y apuntalados por los petrodólares.

 

El matrimonio argentino de los Kirchner, falsificando sus crisis económicas, giraba en torno a esta última cuadrilla; por ello trataron de deshacerse de las inversiones privadas extranjeras y promover las empresas estatales. En el Perú, Ollanta Humala se mantiene todavía como una sombra indefinida que gobierna su país predicando un alejamiento del chavismo, pero para muchos todavía eso está por ver definitivamente.

 

Así reaparecieron en la región el populismo, el caudillismo, el indigenismo, el autoritarismo y la tiranía, bajo diferentes denominaciones. Fue La Habana quien mejor supo explotar, con sus aparatos de inteligencia y propaganda, y con su diplomacia, las carencias institucionales del continente en la posguerra fría.

 

El Estado en América Latina es extremadamente débil en términos de recursos, y por ello incapaz de afrontar la desigualdad y la exclusión social, e insuficiente en ofrecer servicios y bienes públicos de alta calidad; transformado en una influencia de sentido contrario, acrecienta los niveles de desigualdad socio-económica del sub-continente, los más altos del planeta, donde el 10% de los latinoamericanos con menos recursos dispone solamente del 1.6% de la riqueza del continente, y el 10% con más recursos dispone del 48% de esa riqueza.

 

Pero la situación del continente en lo estructural y político es un cuadro mucho más complejo que el pregonado por las simples recetas de Hugo Chávez y Raúl Castro, y no es nada homogéneo. Como ya hemos mencionado en la primera parte de este trabajo, el modelo presidencialista ha sido el generalizado en los países latinoamericanos desde las independencias en el siglo XIX, desbalanceando el equilibrio de poderes, al abrogarse a su vez facultades legislativas y, por ende, estar demasiado cerca del hecho autoritario.

 

Y la filosofía política mas aceptada por los candidatos públicos ha sido siempre el populismo demagógico, encaramado en burocracias asfixiantes, con sistemas judiciales sometidos a la autoridad política. Todo eso se complicó en la década 1980, al ser la socialdemocracia quien logró sustituir a los gobiernos militares, y a través de la socialdemocracia Europa transfirió su crisis cultural y su decadencia al continente.

 

En el 2005-2006 llegaron o se mantuvieron en el poder, vía electoral, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Oscar Arias en Costa Rica, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, Alan García en Perú, y Hugo Chávez en Venezuela.

 

A este grupo se sumaria después el ex obispo católico Fernando Lugo, devenido presidente del Paraguay. En cuanto Lugo obtuvo la victoria electoral sobre la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, se abrió inmediatamente a Cuba, Venezuela y Bolivia. Paraguay, además, sostiene contenciosos con sus vecinos Brasil y Argentina, debido a los contratos para la explotación hidroeléctrica de Itaipú y de Yacyreta, que en realidad no le favorecen

 

La producción de soja, en manos de cultivadores brasileños, es otro de los motivos de fricción de Asunción con Brasilia, aunque si bien Lugo se ha adherido públicamente al bolivarianismo y recibe de Hugo Chávez grandes suministros estratégicos de petróleo, mantiene una proyección más discreta.

 

Así es como los otrora “terroristas-revolucionarios”, de escuela neo-estalinista, han ido llegando a los ejes del poder en muchos países del continente; pero esta vez no a partir del “foco guerrillero” castro-guevarista ni de la “revolución en la revolución”, sino por la vía electoral, por la puerta que abrió la socialdemocracia “gramsciana”, con el sostén no siempre demasiado discreto de los narcodólares y de los petrodólares venezolanos.

 

El retrato de la situación lo describe Vargas Llosa con las siguientes palabras:

 

“Pero todos los populistas comparten características básicas: el voluntarismo del caudillo como sustituto de la ley; la impugnación de la oligarquía y su reemplazo con otro tipo de oligarquía; la condena del imperialismo -que a menudo es un pretexto para odiar a los Estados Unidos-, el “tercermundismo”, en las apropiadas palabras de Carlos Rangel, es decir la proyección de la lucha de clases entre ricos y pobres al escenario de las relaciones internacionales; la idolatría del Estado como fuerza redentora de los pobres; el autoritarismo bajo el disfraz de la seguridad del Estado, y el clientelismo, una forma de padrinazgo mediante la cual el gobierno es el conducto para la movilidad social y la manera de obtener un “voto cautivo” para las futuras elecciones”.

 

La gran impotencia estatal en el sub-continente es su fallido sistema tributario, la crónica política fiscal y de impuestos. Tal debilidad fiduciaria se demuestra en su nulidad infraestructural para hacer frente a los niveles de desigualdad. Pero lo llamativo es la ausencia de una reforma tributaria, del esfuerzo por modernizar el servicio civil, del compromiso por crear maquinarias partidistas modernas más allá del caudillismo y el clientelismo.

 

En los países de América Latina la recaudación tributaria no excede el 12 % del Producto Interno Bruto. Con estos recursos, el Estado no puede resolver los desequilibrios sociales ni proveer los bienes públicos mínimos.

 

La clase media que se fue conformando a partir de la década 1970 no ha logrado verse representada en el poder. El valor de la inversión en el continente es aún muy bajo, salvo en el caso de Chile, y tropieza con legislaciones laborales extremadamente rígidas, con restricciones en la movilidad laboral, y con muchas dificultades y trabas para la creación de nuevas empresas, lo que ofrece poco incentivo al inversionista privado.

 

De ahí que las necesarias transformaciones institucionales tienen que ir mucho mas allá que las simplemente políticas. Se imponen reformas tributarias y organizativas de conjunto con la del servicio civil, la mejora policial, y la innovación de todo el sistema judicial.

 

El Estado democrático seguirá arrastrando su fragilidad si no desarrolla cuerpos de inteligencia y contrainteligencia de altas cualidades técnicas y humanas, equiparados con los tradicionalmente conocidos de prestigio internacional, que le permitan enfrentar y prevenir los nuevos retos a la seguridad nacional, regional y hemisférica.

 

La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

 

Hace ya mucho tiempo que el narcotráfico dejó de ser un tema local para convertirse en un problema global. Si hace treinta o cuarenta años parecía tema que en nuestro continente afectaba básicamente a Colombia, Perú y Bolivia como productores, en nuestros días afecta a toda la región, sea como productores, consumidores, o eslabones de tránsito de las drogas hacia los grandes mercados de América del Norte y Europa.

 

El narcotráfico es una amenaza colosal para la seguridad nacional de todas las naciones del continente: no solamente afecta el funcionamiento normal de la nación, sino que mina y debilita las bases morales de la sociedad, y facilita la violencia y la corrupción en gran escala a lo largo y ancho del país.

 

Simultáneamente, el cáncer del narcotráfico se vincula al del tráfico humano (entrada ilegal a Estados Unidos o a Europa) y al tráfico de armas, básicamente desde Estados Unidos hacia los países que se encuentran más allá de su frontera sur (suministro de armamento sofisticado al servicio del narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas). Y este tráfico de armas al que hacemos referencia tiene que ver con el tráfico ilegal, no con la carrera armamentista que abiertamente se desarrolla en América Latina desde hace ya muchos años, donde Venezuela, Brasil, Argentina, Perú y Chile juegan cada vez más un papel fundamental, ya sea como productores, consumidores, o ambas cosas a la vez.

 

De ahí puede colegirse la correlación con los niveles de violencia, y la tentación de un populismo que promete lo imposible: asegurar los derechos básicos del individuo. Ante un Estado enclenque en recursos, cualquier autoridad elegida dispone de una limitada capacidad para eliminar la inseguridad ciudadana ante le criminalidad organizada.

 

Es escalofriante la tasa de homicidios al sur del Río Bravo (27.5 x 100,000), tres veces más alta que la mundial, pereciendo en este decenio, victimas del crimen organizado, alrededor de 1.3 millones de personas. También, el 50% de los secuestros del planeta ocurren en América Latina. En México, la mitad de los homicidios corresponden al narcotráfico; en el norte de ese país campean las pandillas juveniles, las Mara, y lo mismo sucede en Centroamérica, donde las autoridades locales no tienen los recursos suficientes para encarar esta descontrolada violencia social.

 

El crimen organizado se ha engarzado al narcotráfico, en un negocio que genera miles de millones de dólares anuales, generalizándose los cultivos ilegales de marihuana y la producción de cocaína (primeros productores del mundo), y experimentando ya en gran escala con las drogas opiáceas y sintéticas. Es necesario apuntar que el inicio de la narco-guerrilla fue propulsado por Fidel Castro con las FARC de Tirofijo y el M-13 de Jaime Bateman Cayon, aunque La Habana posteriormente prefirió apoyar a otros grupos armados colombianos, como el ELN y el M-19, ante el rechazo y hostilidad de Tirofijo a Che Guevara.

 

El crimen organizado y el narcotráfico no solo ha gestado conflictos armados en Colombia y Perú, minando con su corrupción las instituciones policiales, militares, judiciales y políticas, sino también ha implicado un impacto económico negativo al ahuyentar las inversiones internacionales, deteriorando las demografías al cobrar sus victimas en individuos jóvenes.

 

Naciones pequeñas y sin demasiados recursos, como Jamaica, Haití, Belice, Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Honduras y Guatemala, y otras mayores y con más recursos, como Venezuela, Argentina, Brasil y México, juegan un papel fundamental en el escenario del narcotráfico, al actuar como importantes mercados consumidores o haberse convertido en caminos y corredores de la droga en su ruta hacia Estados Unidos y Europa, ya sea a través de México -que es la puerta de entrada principal a Estados Unidos- o directamente, con el consiguiente incremento de la violencia y el delito en sus territorios.

 

México en estos tiempos resulta simultáneamente un mercado consumidor y la puerta de entrada directa al gran mercado norteamericano de las drogas. Los intentos del gobierno mexicano por desarrollar la guerra al narcotráfico se han visto impedidos y saboteados por el extraordinario nivel de corrupción que corroe a las estructuras del poder mexicano a lo largo y ancho del país, desde la cúpula hasta la base: el abundante dinero perverso del narcotráfico ha logrado poco a poco comprar funcionarios, agentes antinarcóticos, oficiales policíacos, investigadores, militares, periodistas, especialistas, y líderes políticos a todos los niveles, y con el tiempo han ido constituyendo una extensa y espesa red de delincuentes casi impenetrable, que garantiza la impunidad de los barones de la droga y los “capos” de los carteles mexicanos, y el funcionamiento abierto y descarado de los sicarios que, mediante el terror, imponen la ley del narcotráfico a la nación.

 

El enfoque falso y falseado por parte del gobierno mexicano y, en menor escala, por algunos gobiernos de otros países productores, al pretender culpar a Estados Unidos y las naciones europeas por el incremento del narcotráfico, por ser los principales mercados consumidores, aunque hace referencia a una realidad indiscutible, pretende escamotear el asunto fundamental, porque independientemente del consumo norteamericano y europeo, los países productores o los que actúan como corredores de la droga hacia Estados Unidos y Europa no pueden desentenderse tranquilamente de sus responsabilidades en este asunto.

 

En América Latina, los cultivos básicos para la producción de la droga se realizan en Colombia, Perú y Bolivia, fundamentalmente. Por unas razones u otras, que no vamos a analizar en estos momentos por salirse del contexto de este razonamiento, los gobiernos de esos países han sido incapaces de eliminar definitivamente tales cultivos siniestros, y aunque en determinados momentos hayan avanzado más o menos en su erradicación, esa producción se ha mantenido como realidad incuestionable durante décadas y décadas.

 

Sin entrar en el juego de qué vino primero, si el huevo o la gallina, se puede argumentar fácilmente que sin la producción y elaboración de los narcóticos en Colombia, Perú y Bolivia, no existirían los corredores de la droga en México, América Central, Venezuela, Paraguay, y las islas del Caribe, y el consumo se reduciría sensiblemente en las naciones más desarrolladas.

 

Naturalmente, de ser así, el mercado de consumo forzaría la creación de la oferta por parte de otros productores, en Asía o África, por ejemplo, como es el caso, pero eso no puede eximir a los países productores y los canales de tránsito latinoamericanos de las responsabilidades que le corresponden en este fenómeno, y que afectan estratégicamente su seguridad nacional.

 

No puede olvidarse que, por las mismas rutas y caminos del narcotráfico, en América Latina se mueve también el tráfico humano, llevando hacia Estados Unidos, a través de América Central y México fundamentalmente, a personas que pretenden entrar en Estados Unidos sin documentos legales para hacerlo, es decir, “indocumentados”.

 

La parte fundamental de los indocumentados que ingresan en Estados Unidos cada año por la frontera sur proviene de México y Cuba. Cuando el régimen cubano acusa a la “asesina Ley de Ajuste Cubano” de ser la causante de problemas y muertes a los cubanos, al garantizar la residencia legal tras un año y un día a los ciudadanos cubanos que logran entrar al territorio norteamericano, está actuando de la misma manera sinuosa que el gobierno mexicano cuando acusa al consumo de drogas en Estados Unidos como responsable de la violencia en territorio mexicano.

 

Si no existiera en Cuba un régimen totalitario y dictatorial no tendría que existir una “Ley de Ajuste Cubano”, que otorga privilegios a los ciudadanos de esa nación de los que no disfruta más ninguna otra población en el mundo, pues en más ningún país latinoamericano o del Caribe existe un régimen comunista reprimiendo abiertamente a sus ciudadanos. De la misma manera, si en México no hubiera un mercado nacional del consumo de drogas, ni el país fuera un corredor ideal para la marcha del narcotráfico hacia Estados Unidos, que a su vez se vincula a las rutas de la emigración ilegal hacia el norte, ni la corrupción hubiera carcomido todos los niveles de la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo, no existiría en el país tanta violencia descontrolada ni tantos asesinatos a mansalva como, lamentablemente, sucede en los últimos años, sin que haya señales de que podrá disminuir en algún momento inmediato.

 

Esa mismas rutas del narcotráfico a través de México hacia Estados Unidos funcionan en sentido inverso para el tráfico ilegal de armas hacia América Latina, y ahora no estamos hablando de pistolas, revólveres o escopetas de caza, sino de granadas de mano, ametralladoras, minas antipersonales y anti-vehículos, explosivos, municiones de diferente tipo, lanzacohetes, equipos de comunicaciones y chalecos antibalas, entre otros sofisticados suministros.

 

Con la misma lógica que utiliza el gobierno mexicano al acusar al norteamericano por ser el mercado fundamental de consumo de drogas, el gobierno de Estados Unidos podría pretender culpar a México y varias naciones centroamericanas por este comercio criminal y malsano, pues esos vecinos del sur, -fundamentalmente México, por su extensión geográfica y el volumen de su población comparada con las pequeñas naciones de América Central- vienen a ser en estos momentos el mercado principal de consumo del armamento sofisticado proveniente de Estados Unidos, que se utiliza para establecer la violencia y la ley de la selva en territorio mexicano y centroamericano, donde las decapitaciones, secuestros, y asesinatos a mansalva, así como la actividad criminal de las pandillas, se han convertido en el pan nuestro de cada día.

 

Sin embargo, más que pretender culpar a otro por sus males propios -costumbre tan bien establecida y arraigada en América Latina que resulta prácticamente un deporte nacional, al mismo nivel que el “antiimperialismo”- Estados Unidos trata de enfrentar el problema del tráfico ilegal de armas como corresponde, pretendiendo dificultar e interrumpir el flujo de armas hacia más allá de su frontera sur, a la vez que busca colaborar con el gobierno mexicano y los centroamericanos para cerrar el cerco y liquidar a los traficantes de armas en ambas partes de la frontera.

 

La situación ha llegado a niveles tales que en Costa Rica, el 40 % de la población ha planteado que se permitan los linchamientos a los delincuentes, algo que se ha estado haciendo en silencio en Guatemala.

 

Otra cosa que espera urgente solución es la reforma y la modernización de los servicios policiales, de contra-inteligencia y de inteligencia. En la actualidad se cuenta con cuerpos esqueléticos, poco profesionales, con falta de tecnología y metodologías modernas, con sistemas de información precarios. A ello debe sumarse la falta de efectividad de los procesos judiciales.

 

No es solo la contra-violencia o la represión policial a vasta escala lo que garantiza la eliminación de raíz de tales problemas. En Honduras, el país con más altos índices de homicidios en el planeta (56 x 100,000 habitantes) ello se ha demostrado. En El Salvador, los planes de “Mano Dura” desatados por el gobierno en 2003, y luego los de “Súper Mano Dura”, si bien llegaron a controlar a niveles promedio la violencia, no impidieron sin embargo que la misma resurgiera con más fuerza años después. Si la “mano dura” no va acompañada de planes sociales, educativos, de prevención social, de eliminación de los bolsones de miseria, de posibilitar el acceso general a los derechos sociales, el esfuerzo está llamado al fracaso.

 

Ya es notable la inseguridad de los Estados cuya autoridad se halla comprometida ante la incompetencia para combatir la delincuencia, debido a lo endeble de los aparatos policiales, de inteligencia y de contrainteligencia, y su invalidez por hacer valer sus aparatos judiciales y la legalidad. Lo que en definitiva plantea un problema de seguridad nacional, pues propicia y justifica el retroceso al autoritarismo, tanto de izquierda como de derecha. En Colombia ello obligó a la intervención de las fuerzas armadas, algo que se manejó también en México, con el peligro que siempre conlleva la extra-limitación de las funciones militares.

 

La inhabilidad en Latinoamérica para conformar una respuesta multidimensional al narcotráfico, de considerarlo en la agenda prioritaria de seguridad regional y hemisférica, de una diplomacia que exceda las jurisdicciones nacionales, de integrar y calificar los cuerpos policiales y de inteligencia de los respectivos países, ha llevado al fiasco de las políticas de erradicación de los cultivos y la interdicción, y a la inefectividad de la cacareada Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

 

La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico atentan no sólo contra el modelo de democracia y las libertades individuales sino que incluso ponen en tela de juicio la propia existencia del Estado como una estructura social necesaria para la colectividad, pues resulta incapaz de asegurar su razón de existencia, la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La libertad no es sólo una función de la seguridad, sino que determina el grado de democracia.

 

En todos estos fenómenos, que afectan sensiblemente la seguridad nacional de cada uno de los países de América Latina y el Caribe, así como del continente en su conjunto, no puede olvidarse en ningún momento el papel real y potencial del régimen cubano en su condición de amenaza específica para la seguridad nacional de todas y cada una de las naciones del hemisferio.

 

Las rutas del narcotráfico en América Latina se fundieron desde los años sesenta del siglo pasado con las rutas de la insurgencia y la guerrilla, transitadas por la Dirección General de Inteligencia, como se llamaba entonces, y el Departamento América. Es el mismo Che Guevara quien cuenta en el diario de su fracasada campaña en Bolivia que, cuando están creando las condiciones para establecer la base guerrillera en la nación andina, que le hacen creer a los merodeadores que se trata de actividades de narcotráfico, para que no haya sospechas de actividad guerrillera e insurgencia.

 

El narcotráfico y la delincuencia rural siempre financiaron la insurgencia en Colombia, y no fueron ajenos a los movimientos armados en Perú y Bolivia, ni a los intentos más limitados en Paraguay.

 

En la década de los ochenta el régimen de La Habana vio en el auge del narcotráfico en América Latina una posibilidad excelente de “golpear al enemigo imperialista” en su mismo corazón, inundándolo con drogas, a la vez que podía obtener mucho dinero relativamente fácil.

 

Fue así que los aparatos de seguridad del régimen cubano se pusieron abiertamente en función del narcotráfico, no solamente otorgando cobertura operativa a la actividad sino facilitando las operaciones y negociando con los capos. Es sabido que aviones con droga colombiana sobrevolaban abiertamente la Isla y descargaba su mercancía en las aguas del norte de Cuba, donde era inmediatamente recogida y mantenida a buen recaudo por las autoridades cubanas, hasta que “lancheros” procedentes de Estados Unidos iban a la Isla a recoger la mercancía, a la vez que podían transportar al país productos prohibidos por el embargo norteamericano, y todo podría recibir la cobertura de estarse haciendo para  “romper el bloqueo imperialista”.

 

Se sabe que funcionarios cubanos fueron enviados a Colombia a reunirse con el célebre Pablo Escobar y otros barones de la droga, que invariablemente solicitaban a los cubanos armamento sofisticado y protección para sus operaciones, ofreciendo a cambio pagar de manera muy generosa y al contado por tales servicios.

 

Cuando las fuerzas antinarcóticos de Estados Unidos detectaron las actividades del régimen cubano vinculadas al narcotráfico, y estaban en condiciones de denunciarlas públicamente y documentarlas con evidencias, Fidel Castro, para desentenderse de toda responsabilidad en este asunto, se inventó precipitadamente las Causas #1 y #2 de 1989, farsas jurídicas escandalosas que terminaron con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y tres oficiales más, condenas a largas penas de cárcel del Ministro del Interior y decenas de oficiales más, y la implantación del control absoluto de las fuerzas armadas sobre los aparatos de seguridad y prácticamente todo el Ministerio del Interior cubano. Para la propaganda oficial del régimen, este circo jurídico representó “el fin de la conexión cubana” en el tema del tráfico de drogas en el continente.

 

Las rutas del narcotráfico y el tráfico humano y de armamentos han sido utilizadas por el régimen cubano para la infiltración de espías en Estados Unidos y los países de América Latina; para el seguro “regreso a casa” de espías, prófugos de la justicia de Estados Unidos que han recibido o reciben protección en Cuba; para que puedan llegar a la Isla guerrilleros e insurgentes latinoamericanos que buscan en La Habana cuidados médicos, entrenamiento, recursos, o simplemente descanso; para estafadores al Medicare en Estados Unidos que procuran refugio -premeditado o improvisado- en La Habana; para hacer llegar armas, municiones, explosivos y pertrechos de combate a diversos grupos guerrilleros y organizaciones subversivas en el continente; para colocar agentes cubanos “ilegales” en distintos países de América Latina y el Caribe.

 

En todos los casos, son acciones del gobierno cubano que conspiran contra la seguridad nacional de los diferentes países del continente y ponen en peligro la estabilidad de las democracias en el hemisferio.

 

La política y la sociedad civil

 

La notable lección del siglo XX es que las libertades prescriben el desarrollo económico, y que ellas permiten alcanzar una mejor calidad de vida individual. Los “socialistas”, los “liberales”, los populistas, no tienen el monopolio del mejoramiento social y popular, ni el modelo conservador es indolente ante la situación económica y social de sus gobernados. No es cierto que a “la derecha” no le interese la salud pública o la educación de las personas en los países donde gobierna. Ni es cierto que “la izquierda” ame tanto a sus ciudadanos que ofrezca salud pública y educación a toda costa, por encima de todo lo demás. Se trata de actitudes de responsabilidad ante los recursos disponibles por parte del Estado, y de actuar sin demagogia. Tal demagogia, y la propaganda ultra-izquierdista, han ido dando forma a una falacia conformada por el pesimismo intelectual europeo.

 

En este neo-estatismo, que en los últimos años se pretende extender a todo el continente bajo el confuso manto del “bolivarianismo”, el Estado asume funciones impropias, mientras desatiende las concernientes a las del derecho individual de sus ciudadanos. Asimismo, suplanta con su monopolio y sus regulaciones el papel y las funciones de las empresas privadas, restringiendo la competencia del mercado. Este populismo camina indefectiblemente hacia el socialismo marxista cubano o cualquier aberración parecida, como la “ley de costos y precios justos” venezolana, las arbitrariedades contra la prensa libre ecuatoriana, o las pretensiones de imposición sobre el poder judicial en Bolivia.

 

El chileno Federico Chiriboga expresaba en el diario El Comercio, en enero de 2010, que los gobiernos latinoamericanos habían devenido en “corruptos al servicio de oligarquías criollas”, y que se había devenido en no-republicas, o republicas formales con normas constitucionales que agotaban su contenido en el papel, y que se basaban en el imperio de los hombres, no en el de la ley.

 

El continente arrastra viejos problemas. La democracia latinoamericana aún ronda los bordes del abismo. La debilidad del poder político, de la democracia política, está plagada de clientelismo, y sufre una enorme falta de conciencia de institucionalizarse. Por ello la expresión de Guillermo O’Donnell, al calificarlas de “democracias de baja intensidad

 

La población de todos los países muestra una notable desconfianza hacia los partidos políticos (acaso con la excepción de los uruguayos); es notoria la democracia sin partidos de Guatemala, el raquitismo de los mismos en Perú, e incluso en Colombia. Como ha expresado el profesor costarricense Kevin Casas:

 

El desvanecimiento de la representatividad de los partidos está relacionado con la aparición de nuevos canales de participación política desde las organizaciones de la sociedad civil”.

 

América Latina fue la única región del planeta que no creció económicamente en las tres últimas décadas del siglo XX -con la excepción de Chile, que duplicó su economía-, y que aún se halla rezagada en ese vital renglón. Y llama la atención, pues precisamente es en esa época cuando se producen los cambios democráticos en Ecuador, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Algunos lo han calificado como una expansión de la “ciudadanía política” sin la correspondiente expansión de la “ciudadanía económica”.

 

La razón estriba en las tremendas debilidades estructurales de sus democracias, las crisis de representación, la impunidad de la corrupción política y burocrática y las limitaciones en los recursos fiscales del Estado y sus entidades locales. Es lastimoso el caso de Haití, que sin las tropas de la ONU no podría mantener el orden y la seguridad, ni las funciones gubernamentales. Ha sido también su falta de reconocimiento de un nuevo escenario internacional tras la Guerra Fría, en el cual los derechos de género, de raza, de etnias, del medioambiente y demás ocuparon planos de igualdad al de las partidocracias.

 

De ahí la propensión a las protestas violentas y las desafecciones políticas en todo el continente; de ahí la enorme emigración hacia los Estados Unidos. De ahí los iluminados de mano dura y los demagogos que buscan su prolongación en el poder modificando las constituciones a su favor mediante referendos y plebiscitos (muy de moda ahora), no importa la orilla política a la que pertenezcan, como se ejemplifica en casos tan dispares como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia por un lado, y Brasil, Argentina, Colombia y República Dominicana por el otro.

 

De ahí el retorno del liderazgo carismático, el menosprecio institucional de la nueva ola social-marxista, la reversión de la democracia en el talante autoritario de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua; el fortalecimiento de las relaciones clientelares; los gobiernos de izquierda en Brasil, con Lula da Silva y Dilma Rousseff; en Argentina con la familia Kirchner; en Venezuela con Hugo Chávez, en Ecuador con Rafael Correa, en Paraguay con Fernando Lugo, en Bolivia con Evo Morales, en Uruguay con Tabaré Vázquez y “Pepe” Mujica, en Nicaragua con Daniel Ortega, y el abortado de Manuel Zelaya en Honduras.

 

Y es que nos hallamos ante dos visiones, dos consideraciones ideológicas contrapuestas. Por un lado, la izquierda marxistoide promotora del “socialismo del siglo XXI” hostil a la globalización, a las alianzas contra el terrorismo, a la economía de mercado pura y dura que promueve la mano del Estado en la economía. Y de otra parte, el paradigma de la democracia liberal, del Estado de derecho y de la globalización. En Chile existe un gobierno liberal con enfoque social, un tipo de “economía social de mercado” estilo al de los nórdicos, al que en estos momentos la izquierda, a través de los movimientos estudiantiles que controla profundamente, le está creando innumerables dificultades a la vez que cuestiona su eficacia.

 

La visión del “socialismo del siglo XXI” y de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA, elaborada en Caracas y La Habana, ha sido abrazada abiertamente por  Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y solapadamente por Paraguay y Argentina… y descansa en la potencia política expansiva de la renta petrolera venezolana, que también influye en varias islas caribeñas, que aceptan gustosas los petrodólares y el petróleo venezolano subsidiado, aunque no se alinean políticamente de manera abierta con los “redentores” del movimiento bolivariano.

 

Y todo ello en momentos que la América Latina no figura entre las prioridades de Estados Unidos, ya desde hace un par de décadas, a la vez que los países de la región han decidido conformar sus políticas con independencia de las de los Estados Unidos.

 

Prueba de ello será la próxima constitución en Caracas de la llamada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), institución continental que La Habana define como “el primer” organismo donde no estarán específicamente ni Estados Unidos y Canadá, y váyase a saber por qué y para qué excluir a dos naciones eminentemente e innegablemente americanas de un organismo continental supuestamente creado para la cooperación y la colaboración entre países, y no para el enfrentamiento. 

 

Como dijimos anteriormente, ese espíritu anti-norteamericano, anti-estadounidense, disfrazado con una supuesta doctrina que proclamaron Simón Bolívar y José Martí, forma parte del deporte nacional latinoamericano.

 

No hay que sorprenderse, entonces, de que mientras Estados Unidos y Canadá son dos de las más prósperas naciones del planeta, América Latina y el Caribe sigan plagados de dificultades, problemas, pobreza estructural, corrupción, caudillismo, y tantas tragedias más, y que su seguridad nacional, por países y como continente, sea cada vez más precaria.

 

El eje Cuba-Venezuela y su importancia estratégica

 

El eje Cuba-Venezuela no es casual ni improvisado, sino un producto muy bien destilado por la mentalidad antiestadounidense de Fidel Castro.

 

Con el discreto pero efectivo apoyo chino. Fidel Castro se había dedicado a la tarea de afianzar una incipiente alianza más allá del hemisferio occidental, teniendo como objetivos Teherán, Damasco y los grupos islamistas extremos de Hamas y Hezbollah, con el objetivo de reconstruir globalmente un nuevo “imperio del mal” antiestadounidense y antidemocrático, que sustituyera a la desaparecida Unión Soviética y sus satélites.

 

En el 2001 el dictador cubano visitó Irán, al que consideraba “un bastión de dignidad e independencia”, con el objetivo declarado de incrementar la “cooperación” entre ambos países para enfrentar la “hegemonía” de Estados Unidos. Mientras el ayatollah Ali Khamenei, máxima autoridad del país islámico, declaraba ante Castro que “los Estados Unidos hoy son débiles y extremadamente vulnerables”, el cubano respondía que “Irán y Cuba, cooperando mutuamente, pueden poner de rodillas a Estados Unidos. Estados Unidos está muy débil, y nosotros somos testigos cercanos de esa debilidad”.

 

Exaltando los sentimientos nacionalistas de los jóvenes iraníes, Fidel Castro señaló entonces en la Universidad de Teherán que “en el mundo queda un Shah… el shah del imperialismo, que está entronizado muy cerca de mi patria… un shah explotador, que quiere imponer su sistema al mundo entero y forzarlo a la opresión. Pero, así como el shah de Irán fue derribado, este shah también caerá”.

 

El aliado iraní era vital para la dictadura cubana, pero insuficiente por sí solo para el proyecto estratégico “antiimperialista” de La Habana, desarticulado con la caída del Muro de Berlín y el imperio soviético. Pero tras el fallido y torpemente ejecutado golpe de estado que sacó a Hugo Chávez del poder por menos de 72 horas en el 2002, el Comandante en Jefe se dio cuenta de que, tras haberle restituido en el poder, podía contar abiertamente con la lealtad y los abundantes petrodólares del teniente-coronel venezolano para conformar una alianza “internacional” antiestadounidense con los radicales islámicos del otro lado del mundo, de manera que pudieran funcionar dos frentes antiestadounidenses perfectamente coordinados en ambas regiones del planeta, donde las caras principales fueran las de Venezuela e Irán, que tendrían también a su cargo todo el financiamiento del “antiimperialismo” gracias a los abundantes petrodólares.

 

Y esto es importante señalarlo para comprender como, tras la retirada pública de Fidel Castro del poder cubano “con carácter provisional” en el 2006, el papel visible del gobierno cubano en esta peculiar alianza ha sido extremadamente mucho más discreto y de muy bajo perfil, aunque no ha dejado de estar presente todo el tiempo en los resortes fundamentales y estratégicos de la alianza.

 

Irán puede aportar al proyecto castrista, además de sus abundantes recursos monetarios, tecnologías civiles y militares con las que no cuentan ni Cuba ni Venezuela, y una relativa capacidad de independencia internacional basada en el apoyo de muchas naciones islámicas (aunque la política demasiado agresiva de los ayatollahs le ha enfrentado a poderosas fuerzas islámicas de la zona, como Arabia Saudita y Turquía), además de una red terrorista no limitada por demasiadas consideraciones morales, capaz de actuar lo mismo en el medio oriente que en Suramérica, y eventualmente en Europa y Estados Unidos.

 

En base a todas estas consideraciones, después de abril del 2002 y el regreso del teniente-coronel al poder tras un fallido y ridículo golpe de estado, el castrismo se dedicó de lleno a fortalecer a Hugo Chávez y su régimen “bolivariano” con todos los medios a su alcance, tanto en los aspectos militares como los civiles, no solamente para asegurar el suministro continuo y estable de petróleo casi regalado a La Habana, sino para la reconstrucción a nivel mundial de una nueva alianza “Tricontinental” para enfrentar al “imperialismo” y promover en América Latina el así llamado “socialismo del siglo XXI”, mientras en el resto del mundo los radicales islamistas podrían imponer sus puntos de vistas sin entrar en contradicciones teóricas, ideológicas, políticas ni conceptuales con los “marxistas” de pacotilla de La Habana y los “bolivarianos” de Caracas.

 

En la actualidad hay 6 generales cubanos en Venezuela y varios cientos de oficiales colaboradores militares y de las fuerzas de seguridad. Además de haber creado hace años una Unidad Independiente de Contrainteligencia en ese país suramericano, subordinada directamente a La Habana, Cuba desarrolla en Venezuela una Escuela de Inteligencia y una Escuela de Tropas Especiales. Unidades de Tropas Especiales de Cuba están entrenando un cuerpo de tropas especiales venezolanas en el Estado de Cojedas, en las instalaciones del aeropuerto de San Carlos. Todo eso se inició bajo la supervisión del gobernador Johny Yanez Rangel. En el Estado de Cojedas están los yacimientos de uranio, donde se producirán los materiales derivados del uranio con fines de energía nuclear.

 

Otras unidades de Tropas Especiales cubanas, con dispositivos de la Guardia Nacional venezolana bajo entrenamiento, se hallan estacionadas en la zona de Guayana, donde se sabe que hay y que se extrae uranio. Las unidades cubanas garantizan la protección de las instalaciones de uranio venezolanas, parte de cuyas producciones tienen como destino final Teherán.

 

También hay unidades de Tropas Especiales destacadas en Puerto Cabello, territorio que es utilizado por Cuba para introducir personal militar y equipos militares. Las tropas especiales entrenan, además, a unidades especiales venezolanas en las bases militares de Guasdualito y Apure, fronterizas con Colombia.

 

Se dice que existe un pacto militar secreto entre Cuba y Venezuela, firmado en diciembre del 2005, entre Fidel Castro, Raúl Castro y Hugo Chávez, donde estuvieron presentes los tres comandantes de la revolución (Ramiro Valdés, Juan Almeida y Guillermo García) por el cual ambos mandatarios se comprometen en la defensa del otro país ante una agresión de Estados Unidos a cualquiera de las partes, aunque en realidad para esas acciones no sería necesario un pacto secreto ni mucho menos.
 
Cuba ayuda a Venezuela a lograr un nivel superior de equipamiento y entrenamiento militar, la creación y desarrollo de servicios de inteligencia y contra-inteligencia militar, y el desarrollo de fuerzas especiales. Asimismo, los cubanos “asesoran” al Comando Estratégico Operacional, así como a las actividades de inteligencia, ingeniería, recursos humanos, identificación nacional, comunicaciones, y armamento del ejército.
 

Un acápite de los acuerdos entre ambos gobiernos establece el diseño y la producción conjunta de armamentos, entre la Industria de Armamentos del MINFAR y el CAVIM de Venezuela. El objetivo primario es lograr la autosuficiencia a nivel de armamento de infantería, a través de la producción conjunta, utilizando la infraestructura industrial venezolana.

 

Bajo este acuerdo se fusionaron departamentos especiales de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela en función de los de Cuba. Personal cubano está ubicado en cargos de “asesoría” clave con relación al mando y análisis en la DISIP. La Fuerzas de seguridad bolivarianas se hallan bajo supervisión de oficiales cubanos de la seguridad. Asimismo, personal de seguridad cubano asesora el sistema de comunicaciones digitales de radio para las fuerzas de seguridad, y para la ubicación de antenas y frecuencias de radio.

 

La oficial cubana Rosa Campoalegre supervisa actividades policiales y funciones de seguridad pública. Asimismo, los sistemas de digitalización y registro de la población e inmigración (SAIME) se supervisan por un equipo de 12 cubanos especializados. A cargo del oficial de inteligencia Felipe Gil Chamizo, un cuerpo especial cubano asesora a un equipo de la presidencia en tareas de estrategia y movilización política, además de guerra psicológica y guerra política.

 

Con la cooperación de Cuba se desarrolla la pistola “Zamorana” 9mm, la escopeta “Soberana” calibre 12, la sub-ametralladora “Orinoco II”, el lanzacohetes “Nilangal”, y el vehículo cubano MRAP (Iguana), mejorado en Venezuela con un cañón de 90 mm. Se está trabajando febrilmente en producir de conjunto vehículos blindados ligeros. Se construyó un astillero militar cubano-venezolano en Maracaibo, y se le modernizó a Venezuela el buque ligero de guerra LST. Cuba mejora la lancha venezolana de intercepción Dianca P-698.

 

Aparentemente, habría pedidos secretos por parte de Irán para la fabricación por Cuba-Venezuela de cañoneras rápidas, y aviones pequeños a partir del modelo Helo boliviano. Se ha enviado a Irán, construido en Venezuela, el lanzagranadas cubano ASG-17.

 

Sin embargo, el proyecto estratégico ha tenido como adversario fundamental la salud de sus integrantes: primero fue Fidel Castro en el 2006, con su salida del poder “con carácter provisional” que resultó permanente y definitiva, y posteriormente Hugo Chávez, a quien en junio de este año s ele diagnosticó un cáncer del que todavía no hay información ni suficiente ni confiable.

 

Mientras el oficialismo chavista, en boca del propio Chávez, asegura que ya todo quedó atrás, diferentes criterios en la propia Venezuela y en Estados Unidos aseguran que la enfermedad es mucho más grave de lo que se ha declarado oficialmente, que el peligro no está erradicado ni mucho menos, y que al mandatario le quedarían solamente meses de vida.

 

Aunque Chávez ha hecho todo lo posible por desmentir esos criterios, con declaraciones y actuaciones, su imagen física, marcada por el uso de esteroides en los tratamientos de quimioterapia, no contribuye a tranquilizar a sus simpatizantes, ni a convencer del todo a quienes analizan la situación sin las cargas emocionales de la militancia política.

 

De manera que la incertidumbre y la ambigüedad signan el futuro inmediato venezolano. Con unas elecciones presidenciales fijadas para el mes de octubre del 2012, donde, según las encuestas, Chávez podría ganar con relativa comodidad, de acuerdo a sus índices de popularidad en estos momentos, tanto el oficialismo como la oposición se preguntan si el caudillo realmente estará en condiciones de salud para presentarse a la contienda, y, en caso de poder presentarse, si estará en condiciones de llevar a cabo el esfuerzo físico que requiere una campaña presidencial.

 

La oposición, por su parte, agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), está enfrascada en la tarea de seleccionar un candidato único en las elecciones primarias que deben celebrarse en el mes de febrero, para enfrentar a Hugo Chávez, o quizás a otro candidato oficialista, en el mes de octubre.

 

Como quiera que fuese, queda también pendiendo sobre la sociedad venezolana la gran incógnita sobre cual sería la actitud del estamento militar y diversos grupos paramilitares armados en caso de una victoria electoral opositora. Mientras parte de la oposición considera que la fuerza armada venezolana respetaría cualquier resultado electoral, otros criterios señalan que no parece probable que los altos mandos militares aceptarían tranquilamente renunciar a sus privilegios y prebendas, logrados bajo Chávez, en el hipotético caso de que el candidato opositor fuera el triunfador.

 

Terrorismo e insurgencia

 

En general, todos los gobiernos democráticos latinoamericanos tienen demasiados “parches porosos” e insuficiencias en lo referente a la organización, financiamiento y funcionamiento de sus mecanismos de seguridad nacional, además de una falta de comprensión por parte de sus élites sobre el peligro del terrorismo y la subversión después de la desaparición del imperio soviético.

 

Cada vez más, América del Sur es terreno propicio para el asentamiento de bases y campos al servicio de los terroristas. Y si, en los tiempos de la abierta subversión castrista, el régimen cubano necesitaba del “oro de Moscú” para materializar sus planes, tanto Venezuela como Irán disponen en estos momentos de miles y miles de millones de petrodólares, que resultan más que suficientes para llevar a cabo aventuras violentas en todo el continente, desde el Río Bravo al Cabo de Hornos, y en el resto del mundo.

 

Desde hace muchos años existen extensos territorios en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -a pesar de los contundentes golpes recibidos en los últimos tiempos-, así como las facilidades que la Venezuela chavista ha otorgado a los diferentes grupos de narcoguerrilleros colombianos en las zonas fronterizas, a los vascos revoltosos de ETA y los irlandeses del IRA, y, más recientemente, al gobierno iraní y a los grupos de Hezbollah, hechos denunciados recientemente, pero que todavía no han recibido toda la atención, ni mucho menos la respuesta, que merecen.

 

A esto hay que sumar el absoluto descontrol gubernamental existente en la zona de la llamada “triple frontera” suramericana (Argentina-Brasil-Paraguay), donde es sabido desde hace varios años que los simpatizantes de al-Qaida y otros grupos fundamentalistas islámicos han encontrado terreno fértil para asentarse con carácter permanente, sin que los gobiernos correspondientes hagan demasiado por evitarlo.

 

La zona de la “triple frontera” resulta un extenso territorio casi anárquico que comparten alegremente fundamentalistas musulmanes, contrabandistas, narcotraficantes, lavadores de dinero y traficantes de armas, con grupos insurgentes en entrenamiento o recuperación (como los guerrilleros paraguayos y rezagos del grupo armado peruano Sendero Luminoso), territorios que actúan como bases para el reclutamiento, entrenamiento y planificación de acciones terroristas no solamente contra Estados Unidos y los países desarrollados, sino también contra las propias naciones latinoamericanas, como las llevadas a cabo en Argentina por los servicios de inteligencia iraníes contra instalaciones de instituciones judías y la embajada israelí hace varios años.

 

En honor a la verdad, hay que señalar que La Habana ha logrado encubrir hábilmente cualquier eventual participación de apoyo directo a estos grupos y actividades terroristas, y aunque nunca ha ocultado ni oculta su apoyo e injerencia en todas las actividades de la insurgencia y la lucha guerrillera suramericana (información de inteligencia, logística, comunicaciones, entrenamiento, servicios médicos, educación, y cobertura diplomática), pocas veces se ha podido vincular convincentemente al régimen cubano con el apoyo directo, complicidad o cobertura a grupos abiertamente terroristas, como ha sido posible hacerlo con la Venezuela de Hugo Chávez (tanto con relación a las FARC colombianas como con el grupo islámico Hezbollah, la ETA y el IRA) y la Bolivia de Evo Morales (con los servicios de inteligencia iraníes que perpetraron los atentados anti-judíos en Argentina).

 

Aparentemente, en estos momentos el régimen neocastrista no facilita las cosas a los etarras que se encuentran en Cuba como parte de un conjunto de acuerdos con el gobierno español para su control. Una representación del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) ha estado presente en La Habana con la intención declarada de vigilar los movimientos de los etarras en el país, y ha sido así durante muchos años, con excepción del lapso que se produjo cuando la detención en La Habana del cubano Conrado Hernández, representante de los intereses del País Vasco en Cuba a través de la “Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial” (SPRI), y también informante de la inteligencia española, lo que provocó el retiro temporal de los representantes del CNI en La Habana.

 

Además de las quejas de algunos de estos terroristas en reposo de la ETA sobre la negativa del gobierno cubano a facilitarles pasaportes y cobertura oficial para viajar al extranjero -es decir, encubrirles sus acciones ilegales-, al extremo de señalar que se sentían casi prisioneros en el país, es muy reciente el intento de “balseros” etarras, que abandonaron Cuba en un yate -no en una balsa, claro- y terminaron encallados en las costas venezolanas, desde donde fueron enviados de regreso a Cuba

 

Lo que en los años sesenta del siglo pasado se veía como parte del romanticismo utópico de convertir a la cordillera de Los Andes en la Sierra Maestra latinoamericana, no se ve de igual manera en el siglo XXI, sino todo lo contrario, por lo que el neocastrismo de nuestros días, bajo la dirección de Raúl Castro, ha sido extremadamente cuidadoso en este sentido.

 

En los tiempos que comenzaron con las aventuras de Che Guevara en América Latina el régimen cubano apoyó en su momento las guerrillas del Frente de Liberación Nacional de Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional colombiano las FARC (estas últimas más limitadamente, por desavenencias) , las guerrillas de Luis de la Puente Uceda y el Movimiento Tupac Amaru en Perú, el gobierno de Salvador Allende en Chile y los grupos anti-Pinochet tras el derrocamiento del presidente socialista chileno, el Ejército de Liberación Nacional boliviano y las aventuras de Che Guevara en Bolivia, los dispersos grupos insurgentes ecuatorianos, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional argentino y los Montoneros, el grupo de lucha armada urbana de los Tupamaros en Uruguay, las guerrillas urbanas de Carlos Marighela y Carlos Lamarca en Brasil, los grupos insurgentes de Francisco Caamaño en República Dominicana, los Macheteros de Puerto Rico, los grupos subversivos del “Black Power” de Estados Unidos, el movimiento de la Nueva Joya en Grenada, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, los diferentes grupos guerrilleros en Guatemala, las actividades subversivas de Genaro Vázquez y Víctor Rico Galán en México, así como a grupos de menor impacto en Honduras, Belice, Panamá, Haití, Paraguay, Costa Rica, Guyana y Suriname.

 

Toda esta ingerencia y continua actividad subversiva contribuyeron a fomentar la leyenda del “antiimperialismo” castrista y el romanticismo “revolucionario” que tanto alimentó los sentimientos anti-Estados Unidos en el continente, no solamente entre las masas populares, sino también entre las élites y los gobiernos, que veían a la pequeña Isla del Caribe como el valiente Robin Hood que le decía y hacía al “imperialismo” lo que ellos mismos sentían en lo más profundo de sus corazones, pero no se atrevían a decir ni hacer.

 

Pero tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética el régimen no podía continuar sustentando su impunidad de cuarenta años por toda América Latina basado en los acuerdos Kennedy-Jrushov, y por otra parte, las vías violentas para derribar por la fuerza los poderes establecidos dejaron de verse como legítimas y aceptables, sobre todo cuando los regímenes democráticos comenzaron a extenderse por América Latina y las dictaduras militares fueron quedando como temas de la historia. De manera que el siglo XXI requería nuevas estrategias y discursos.

 

Fue necesario, entonces, reciclarse y transmutarse para transitar del “guerrillerismo” guevarista al “bolivarianismo” chavista. Bajo la batuta de Fidel Castro, Hugo Chávez hizo en Venezuela lo que no pudo lograr Salvador Allende en Chile: tras su triunfo electoral, procedió casi de inmediato a disolver el congreso nacional y convocar elecciones para una asamblea constituyente, donde, gracias a la gran popularidad de que disfrutaba en ese momento la promesa de un “nuevo comienzo”, los candidatos del “cambio” bolivariano obtuvieron cómoda mayoría para diseñar una nueva Constitución, que facilitaría la instauración del caudillismo en el país.

 

Y con esta experiencia ya asentada en Venezuela desde 1998, y la abundancia monetaria que garantizan los petrodólares, la fórmula se repitió en Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y si no pudo materializarse en Honduras en el 2009 no fue por falta de intentos por parte de los “bolivarianos”, sino por la oportuna intervención de los poderes legislativo y judicial hondureños, en coordinación con las fuerzas armadas del país, que sacaron del poder -de forma legal, pero demasiado torpemente- al presidente de turno y aspirante a la reforma constitucional que conllevara la reelección “bolivariana” permanente.

 

Sin embargo, si se observa detenidamente, mientras Hugo Chávez, Evo Morales, y hasta Luis Inazio Lula da Silva, se han abrazado con el presidente iraní en diferentes visitas de éste a la América del Sur -como mismo hicieron en diferentes ocasiones con el libio Muamar el Khadafi-, Mahmoud Ahmadinejad solamente ha estado en La Habana en ocasión de la Cumbre de los No Alineados en el 2006, semanas después de la salida de juego “provisional” de Fidel Castro por su enfermedad. El gobierno cubano nunca lo ha invitado oficialmente como presidente iraní, y el general Raúl Castro nunca ha visitado Irán -aunque Fidel Castro sí lo hizo en el año 2001-, a pesar de que hace años que existen estrechas relaciones comerciales, económicas y de colaboración entre ambos países, y la Isla se beneficia de continuos y generosos créditos iraníes.

 

¿Está América Latina, como un todo, conciente del peligro que representa para la seguridad nacional del continente y de cada uno de sus países esta alianza de Chávez con Ahmadinejad, apoyada por Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa, y donde Cuba participa de manera discreta, pero básicamente aportando su experiencia y su “seniority” (antigüedad) como elemento subversivo e injerencista?

 

Algo que no se sabe demasiado, y que mencionamos anteriormente, es el papel que desempeñan hace tiempo las tropas especiales cubanas en la protección de los yacimientos y extracción de uranio en tierras venezolanas, uranio que tiene como destino la teocracia iraní, a través de vuelos directos Caracas-Teherán. Aunque no resulta ni lo más significativo ni lo más escandaloso o lo más “denunciable” de esta operación, la protección de las tropas especiales cubanas de la extracción de uranio en Venezuela garantiza que el mineral radioactivo extraído llegará a su destino.

 

Contrabando y lavado de dinero

 

¿Qué peligro puede representar para la seguridad nacional de cualquier país de América Latina una empresa privada que se llame, por ejemplo (y es un nombre hipotético), “Alternative Technologies and Systems, Inc.” (ATS), y que desee ubicarse en Manaos, Nassau o Bonaire? Aparentemente, ninguno.

 

Ahondando un poco en la información sobre esta (hipotética) compañía, sabremos que ATS se dedica a elaborar aplicaciones de computación que puedan sustituir a las elaboradas por las grandes compañías establecidas en el mercado, que es una corporación por acciones que fue registrada en 1993 en Liechtenstein, que tiene su oficina principal en Santiago de Cuba, y oficinas de representación en Colón (Panamá), Tampico (México), Punta del Este (Uruguay), Santo Domingo (República Dominicana), Durban (África del Sur) y Guayaquil (Ecuador).

 

Bien, pero aun así, ¿cuál es el problema? De nuevo, aparentemente ninguno, pues se trata de una compañía privada establecida legalmente, que se registra como corresponde en los países donde se establece, y que realiza negocios compitiendo en el mercado.

 

Esta empresa aparentemente inocua la dirige un señor muy calificado, que cuenta con un Master en Business Administration en la Universidad McGill de Canadá, y una Ingeniería en Sistemas Computacionales por la Universidad Complutense de Madrid, y que antes de pasar a la vida civil tenía grados de teniente-coronel en la Dirección de Informática del Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas, donde trabajó en la informatización de la gestión de las empresas militares del país.

 

Y además de todos los negocios perfectamente legales en los que participa, “Alternative Technologies and Systems” se dedica muy discretamente a hacer llegar a su oficina principal en Santiago de Cuba copias ilegales de los sistemas y aplicaciones de software más avanzados que se utilizan en todo el mundo, convenientemente adecuados para que puedan ser utilizados en los sistemas cubanos sin tener que pagar por su utilización, lo que no se considera como hurto o plagio, sino simplemente como una forma honesta de “romper el bloqueo imperialista”.

 

Se puede conocer también que, a través de ATS, una firma de software radicada en Sao Paulo, llamada “Pesquisas”, se hará cargo de procesar la información de las células de identidad y los carnets de votantes de toda la población de Bolivia, así como de todos los sistemas de licencia de conducir y las nóminas de los empleados estatales de Nicaragua, además de continuar manteniendo el contrato para la gestión y control de los sistemas de inmigración y emigración de Venezuela.

 

Ah, pero con esa información todo cambia en un momento, porque resulta que la aparentemente inofensiva y muy respetable ATS controla información sensible de países latinoamericanos, viola leyes de derechos de autor y copyright trasladando ilegalmente a Cuba sistemas comerciales e informáticos protegidos por las leyes, viola disposiciones del embargo norteamericano contra el régimen cubano, mueve recursos y dineros al margen de los sistemas aduanales, bancarios y comerciales de los países donde funciona, y utiliza recursos de software y “técnica operativa” para controlar todos los desplazamientos de funcionarios de los gobiernos donde está ubicada la compañía o donde sea necesario hacerlo, así como controlar a líderes políticos latinoamericanos que no simpaticen con el gobierno cubano.

 

Y, aunque sería mucho más difícil poderlo saber, por su carácter altamente secreto, tales empresas también coordinan e intercambian información sensible con las embajadas cubanas, las misiones comerciales de la Isla en los países del continente, y hasta con los aparatos de inteligencia establecidos en todos esos países tras un laborioso y concienzudo trabajo durante casi medio siglo.

 

El ejemplo es hipotético, lo señalamos desde el comienzo, pero lo hipotético está en el nombre y la ubicación de la compañía y sus oficinas, no en el modus operandi ni en las estrategias de trabajo que se han mencionado en este ejemplo.

 

Y la pregunta fundamental vuelve a ser, en este caso y siempre, continuamente: ¿los gobiernos latinoamericanos están realmente en condiciones de poder detectar, controlar y neutralizar la actividad y acciones de operaciones como las mencionadas, que funcionan al margen de la ley de los gobiernos y las instituciones de los países donde están radicadas, y que lo hacen, concientemente y por misión establecida, a favor del régimen cubano y sus aliados estratégicos, a la vez que ponen en peligro la seguridad nacional de los países latinoamericanos?

 

Y, una vez más, la respuesta es que aparentemente la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos no está en condiciones técnicas ni de recursos humanos para enfrentar y derrotar amenazas de este tipo. Porque no existe ni tradición ni entrenamiento para ello.

 

Lamentablemente, una parte de los recursos de los servicios de inteligencia de Chile y Perú, por ejemplo, se dedican a tratar de obtener mutuamente información sobre las supuestas intenciones de la otra parte en caso de un hipotético enfrentamiento entre ambos países. Lo mismo puede suceder a Ecuador con relación a Perú y Colombia, a Bolivia con Argentina, a Guyana y Colombia con relación a Venezuela, a Costa Rica con relación a Nicaragua, a  El Salvador y Honduras mutuamente, entre ellos, a Guatemala con relación a México, a Santo Domingo con relación a Haití, y viceversa.

 

Mientras esto sucede y consume una parte de los limitados recursos de las naciones del continente, ¿de Cuba quién se ocupa? ¿quién se encarga del seguimiento, control y neutralización de las diversas “ATS” que ya existen en el continente desde hace mucho tiempo? Y que nadie vaya a creer que existiría una sola de estas empresas en todo el extenso territorio de América Latina y el Caribe: desde el norte de Canadá hasta los extremos sur de Chile y Argentina son muchas las instituciones al servicio del régimen cubano.

 

En todo ese inmenso territorio se mueven esas y muchas otras instituciones del gobierno cubano, “rompiendo el bloqueo”; enviando hacia la Isla productos y equipos de alta tecnología a los que el país no tiene acceso por las limitaciones establecidas por el embargo norteamericano; dando cobertura a “compañeros” que se tienen que mover y se mueven en la sombra o al margen de la ley; reclutando nuevos agentes para la causa “revolucionaria” y atendiendo a los ya existentes; recopilando información política, militar, económica y comercial sobre todos los países del continente; elaborando perfiles psicológicos de los funcionarios del gobierno y líderes opositores, dirigentes cívicos, comunitarios y sociales; y hasta llevando a cabo operaciones especiales si es que acaso resultara necesario.

 

Lamentablemente, la tarea de enfrentar tales amenazas no puede dejarse solamente en las manos de las fuerzas armadas de los países del continente, sin que ninguno de los gobiernos y las élites de cada nación se consideren directamente responsabilizados con esa tarea, o piensen que es algo que se puede desempeñar a tiempo parcial o con un insignificante puñado de recursos financieros, materiales y humanos. 

 

Venezuela, Hugo Chávez y el nacionalismo petrolero

 

En palabras de Heriberto Auel:

 

“A fines del 2007, las empresas petroleras internacionales controlan sólo el 15% de las reservas mundiales comprobadas, estando el 85% restante en poder de las empresas nacionales, que no cuentan con conocimientos y tecnologías para la extracción en zonas difíciles de explotar”.

 

Hugo Chávez, con sus petrodólares, ha interrumpido los procesos de integración regional y continental, en especial el ALCA, y aupado por Cuba se lanzó a la búsqueda de alianzas más estrechas con Irán, China y Rusia.

 

El eje Caracas-Teherán ha dado sentido a las nuevas izquierdas del continente, con el “nacionalismo energético”, como le llama el geoestratega Heriberto Auel, alineando a un grupo de países en contra de la política anti-terrorista de Estados Unidos y Europa. China y Rusia buscan acceder a las reservas de América Latina utilizando a La Habana y a Caracas.

 

Con asesoría de Fidel Castro, Hugo Chávez, de conjunto con Ahmadineyad, ha adoptado una política dentro de la OPEP que atenta contra el liderazgo de Arabia Saudita, entorpeciendo los esfuerzos de Riad de aumentar la producción y bajar los precios del petróleo. En ello, y por medio de Cuba, Chávez ha logrado sumar a Angola, y convenció a Rafael Correa para que reingresara en la OPEP, en un esfuerzo concertado contra las democracias occidentales.

 

Hay que ver hasta dónde el cáncer que afecta en estos momentos a Hugo Chávez puede interrumpir la ejecución de los megaproyectos castro-chavistas diseñados para el control del petróleo a escala mundial, manipular los precios del crudo, favorecer a China, y afectar seriamente a Estados Unidos en este sentido.

 

Chávez logró que las empresas petroleras norteamericanas Exxon-Mobil y Conoco-Phillips se retirasen de la Franja del Orinoco. Durante la visita del presidente iraní Mohamed Katami, en marzo de 2005, Irán fue incorporado en la explotación de los crudos extra pesados de esa Faja del Orinoco, lo que elevaría su valor estratégico.  

 

Las relaciones de Cuba, Venezuela, Rusia e Irán, se basan en una consideración geopolítica basada en el petróleo, con Venezuela de líder en el Hemisferio Occidental, y que busca engarzarse con polos tecno-económicos fuera de Estados Unidos. Irán se ha mostrado interesado en explotar los yacimientos de materiales radioactivos en Bolivia, sobre todo el litio y el uranio en Potosí. Se considera ya que el litio reemplazará al uranio para la obtención de energía nuclear.

 

Las giras del presidente iraní Ahmadineyad, del presidente ruso Medvedev y de la flota rusa al Caribe, fueron organizadas por Caracas. PDVSA sostiene relaciones estratégicas con Irán y Rusia, y abre sus contactos con China, pues quiere sustituir a Estados Unidos como comprador, por China, y crear una nueva OPEP. Las crecientes demandas chinas sobre el petróleo seguirán presionando en el alza del precio.

 

La política de Rusia hacia la América Latina se lleva a cabo con el apoyo de La Habana y Caracas. La relación de Chávez con Putin es de tipo estratégica. Así, Venezuela adquirió 100,000 fusiles AK, 15 helicópteros, 78 aviones de combate, 3 submarinos y abundante material blindado.

 

Se acaba de conocer que el régimen cubano, tras una visita de una delegación suya a una fábrica rusa de cartuchos militares en Venezuela, se interesó en adquirir maquinaria y tecnología para la modernización de la fábrica soviética instalada en Cuba desde finales de los años setenta, para fabricar proyectiles 7.62 mm. para fusiles AKM, AK, y otras armas del mismo calibre.

 

Rusia se ha interesado en el petróleo pesado de la Faja del Orinoco, cuyas reservas califican como las mayores del mundo, de llegar a explotarse. Incluso Rusia ha solicitado participar como “oyente” en UNASUR. Rusia busca conformar un cartel internacional del gas, y apoya la política petrolera iraní, amén de ser el proveedor de la tecnología nuclear a Teherán.

 

Brasil se ha aventurado a la explotación petrolera en aguas profundas en la costa de Santos, pero que conlleva un alto costo. Argentina ha dejado de explorar y perforar debido a problemas financieros y también técnicos, aunque muy recientemente se descubrieron importantes yacimientos en su territorio.

 

Hasta aquí hemos analizado con cierto detalle a lo largo de este trabajo la posición de Venezuela bajo el caudillismo de Hugo Chávez. Veamos ahora brevemente las posiciones de algunos de sus satélites “bolivarianos”, aliados y clientes políticos en América Latina, para posteriormente realizar, como conclusiones, un balance global de los retos a la seguridad nacional del continente y cada uno de sus países, y del papel del neocastrismo como combustible intelectual del bolivarianismo descocado y de su alianza con Teherán.

 

No nos detendremos en el análisis sobre Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y las Granadinas, por ser tres pequeñas naciones-islas del Caribe vinculadas a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) básicamente por sus necesidades de petróleo, que reciben de la Venezuela chavista en condiciones preferenciales, pero que en general mantienen gobiernos con comportamientos democráticos y que no representan conflictos significativos en el continente.

 

Bolivia, el cocalero Evo Morales y la utopía del pasado perfecto

 

Las empresas privadas en el continente se hallan altamente reguladas, y las estatales acaparan los sectores claves. Las empresas más grandes de América Latina son monopolios estatales, sobre todo los dedicados a la esfera petrolera. Si en México el petróleo implica el 40 % de sus ingresos, Bolivia, con Evo Morales, no logra explotar a plenitud sus 52,000 millones de metros cúbicos de gas natural.

 

Evo Morales es el caudillo bolivariano con menos formación escolar, y vive envuelto en un manto místico de adoración de un pasado perfecto encarnado por una idealizada civilización precolombina y su apego por la Pacha Mama (la Madre Tierra). Son dignos de una antología sus dislates sobre el papel de la carne de pollo en el fomento de la homosexualidad masculina, o el de la vinculación de la calvicie con el imperialismo.

 

Curiosamente, Evo Morales, que se proclama “revolucionario”, no busca su utopía en un futuro luminoso, como es lo común en todos los “iluminados” al “servicio del pueblo”, sino en un pasado brillante, lejano y remoto, que la conquista española habría destruido en su avance por la América del Sur. Para Morales, los marxista-guevaristas frustrados que le acompañan en la aventura, y los oportunistas de siempre, su paraíso soñado se ubica en las civilizaciones precolombinas que poblaron las regiones de lo que hoy es Bolivia, aunque tales civilizaciones hayan estado muy lejos del nivel de desarrollo alcanzado por los incas en los territorios peruanos, e incluso por los aztecas y los mayas en lo que sería la América del Norte y Central.

 

Hace varios años estableció un nuevo calendario histórico para fundamentar su desfasada ideología, donde asignó arbitrariamente nada menos que cinco mil años de existencia a la supuesta civilización precolombina antecedente de la moderna Bolivia, milenios a los que sumó los quinientos y tantos años transcurridos desde la llegada a América de los españoles. De tal forma, entre otros absurdos, concede a la civilización “occidental” solamente una décima parte del tiempo de “civilización” de los precolombinos.

 

La Bolivia de Evo Morales, con su inculta utopía, imitó a la Venezuela de Chávez y a la Cuba de los hermanos Castro en muchos aspectos desde que llegara al poder. Uno de ellos fue, tomado de Venezuela, claro, la “reforma constitucional”, casi un protocolo obligado de cualquier país latinoamericano en el camino hacia el “bolivarianismo”. Es notorio que todos los participantes latinoamericanos del ALBA han planteado, desde el mismo momento en que asumieron el poder, llevar a cabo reformas constitucionales, ya que de tal manera logran anular el fundamento democrático de la división de poderes del Estado.

 

Otra de las copias fotostáticas del modelo cubano-venezolano fue la irresponsable estatalización de muchos medios de producción. La nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no representó ningún aumento de la efectividad, de la tecnología ni de la eficiencia del sector petrolero en el país, pero, sin embargo, le permitió al presidente Evo Morales repartir jugosas mesadas a toda su clientela política.

 

Pero Morales se enfrenta a crisis internas difíciles, como la escisión social y política que en 2006 casi lleva al país a una guerra civil: un Estado de prebendas, centralizado y basado en La Paz, capital administrativa, que se enfrentaría a los reclamos de autonomía por parte de las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando, donde se genera el grueso del PIB boliviano y donde existen ricos yacimientos de petróleo. A ellos se unirían en el esfuerzo autonómico los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca.

 

Evo Morales, de inmediato, planteó la vieja querella de una salida al Océano Pacifico a través de Chile, lo que se sumó al diferendo territorial con el Perú. Entonces Morales supeditó la venta de gas a Chile a la solicitud de una franja territorial que le permita una salida al mar, viejo reclamo boliviano. Argentina y Brasil, por su parte, siempre se muestran nerviosos con estas posiciones de Morales, pues ambas naciones tienen intereses en el gas de Bolivia y no les interesan para nada conflictos fronterizos en este sentido.

 

El gobierno de Irán mira con mucho interés los yacimientos bolivianos de uranio, pero también los de litio, ya que se considera que este mineral tendrá un papel fundamental en el desarrollo de la energía nuclear, y resultará más importante que el uranio en el futuro. Debido a ello, y teniendo en cuenta la proclividad y dependencia de Evo Morales hacia el chavismo, y la dependencia de Bolivia al “socialismo del siglo XXI” proclamado por el teniente-coronel en Venezuela, Teherán busca estrechar continuamente sus relaciones y su “amistad” con el gobierno boliviano.

 

Este coqueteo del gobierno de Morales con los iraníes se ha desarrollado sin control ni demasiada responsabilidad, lo que llevó hasta la presencia en actos oficiales en instituciones militares bolivianas de funcionarios de la inteligencia de los ayatollahs acusados de vínculos y ejecución de los atentados terroristas contra instituciones israelíes y judías en la Argentina, lo que de inmediato tensó las relaciones del país con el gran vecino del sur y obligó a la salida precipitada de Bolivia de los visitantes indeseables.

 

Otro serio problema con la Bolivia de Evo Morales ha sido su política de expandir los terrenos de cultivo de la coca (de 12,000 hasta 30,000 hectáreas), especialmente en al región del Chapare, sobre todo por la porosa frontera con Brasil, por la cual se mueven con libertad absoluta los narcotraficantes y los encargados del tráfico humano moviendo inmigrantes ilegales. De esta manera, todo el programa anti-narcótico norteamericano se complicó, a lo que se suma la expulsión del territorio boliviano de los funcionarios de la agencia antidrogas norteamericana, la DEA, bajo pueriles pretextos.

 

Se conoce que en los últimos tiempos en las selvas bolivianas se han multiplicado los laboratorios cocaleros, cuyo producto luego se reexporta a Europa. Las rutas de los narcotraficantes que parten desde Bolivia se interesan y se concentran más en el mercado europeo -vía Brasil, Haití, Jamaica, Senegal, y naciones africanas del Golfo de Guinea- que en el de los Estados Unidos.

 

Políticas no bien pensadas ni calculadas han creado conflictos de todo tipo en el país, como el provocado por el aumento del precio de la gasolina, alegando que de otros países venían a Bolivia a obtener gasolina más barata para los autos y camiones. Fueron tantas y tan fuertes las protestas de los conductores bolivianos que el gobierno debió dejar sin efecto los aumentos, a los pocos días de haberlos establecido.

 

La política irresponsable e insensata del presidente Morales ha conllevado conflictos hasta con los mismos indígenas que se supone son la base de apoyo al presidente: su proyecto de construir una carretera a través de la selva que atravesaba territorios ancestrales de grupos indígenas, provocó el rechazo de los pobladores, que argumentaban confusos criterios referentes a los ecosistemas y la conservación de su habitat, y que terminaron con represión policial contra los manifestantes, muertes y detenidos, lo que terminó creando tales niveles de rechazo en el país que Morales debió ceder a la presión de los indígenas.

 

En estos momentos la Central Obrera Boliviana (COB), que resulta  la mayor central sindical del país, y varias asociaciones de pueblos indígenas, se han distanciado del presidente y ya en estos momentos no pueden  considerarse instituciones aliadas. Y muy recientemente, el pasado día 29, la policía reprimió con gases lacrimógenos y mangueras de agua violentas protestas de los estudiantes de la Universidad de El Alto, vecina de La Paz, que protestaban por las alzas en los costos de la educación. La brutal represión dejó un saldo de veinte heridos y cincuenta y cuatro detenidos, balance nada favorable para un gobierno que se las da de popular y revolucionario

 

Mientras todas estas tensiones sociales suceden en el país, el presidente Hugo Chávez continúa proveyendo a Evo Morales no solo de petrodólares, como son los mil quinientos millones de dólares para financiar plantas de procesamiento de gas, sino que soldados venezolanos han sido emplazados en Bolivia mediante acuerdos de Defensa y Seguridad entre ambos gobiernos; la guardia cubana de seguridad personal de Hugo Chávez ha sido extendida también al presidente boliviano, así como se tomó la decisión de facilitarle sus viajes al exterior en aviones venezolanos.

 

Según Heriberto Auel, en el aeropuerto de Santa Cruz, en el año 2007, aterrizaron sin supervisión alrededor de 330 aviones no comerciales, de los cuales 237 eran venezolanos, 62 cubanos, y 13 aviones militares bolivianos.

 

El control sobre las fuerzas armadas y los organismos de seguridad y orden interior, sobre la estructura judicial, sobre el cuerpo legislativo, y sobre la prensa, resultan parte del modelo extraído y diseñado a partir del experimento de Hugo Chávez.

 

Nicaragua y Daniel Ortega: a caballo entre Somoza y Sandino

 

El caso de Nicaragua con Daniel Ortega no resulta tan nítido como el de Venezuela con Hugo Chávez. En 1990, tras la victoria electoral de Doña Violeta Barrios de Chamorro, el fracaso del sandinismo en Nicaragua era evidente, y los “nueve comandantes” quedaron fuera de juego con el arribo de un gobierno democrático en la nación centroamericana, debiendo conformarse con “la piñata” en la que se apropiaron de enormes riquezas mal habidas, pero absolutamente fuera del poder político.

 

Solamente Humberto Ortega, hermano de Daniel, se mantuvo como Jefe del Ejército, a petición de la presidenta, con el objetivo de desmantelar la descomunal institución armada creada por los guerrilleros sandinistas, y reconvertirla en un ejército de dimensiones apropiadas al tamaño de la nación, pero en ningún caso mantuvo poder político en la nueva administración de la Sra. Chamorro.

 

Tras Violeta Barrios, ganó la presidencia Arnoldo Alemán, y posteriormente Enrique Bolaños, ambos de Partido Liberal Constitucional, derrotando en ambas ocasiones al Frente Sandinista (FSLN) de Daniel Ortega.

 

El resurgimiento de Ortega en la política nicaragüense tuvo que ver con las inmoralidades e irregularidades de un delincuente que le antecedió, Arnoldo Alemán, quien como presidente nicaragüense malversó más de cien millones de dólares del tesoro nacional, y si no está cumpliendo prisión fue por la presión combinada de los diputados liberales y sandinistas contra el presidente Bolaños y la venalidad de algunos jueces del sistema judicial nicaragüense, que consideraron que no había elementos probatorios suficientes para enviar al malversador a la cárcel, y a pesar de que merecería por lo menos veinte años de privación de libertad por sus delitos, no solamente le dejaron en libertad, sino le posibilitaron regresar a la vida política y a sus desmanes, inmoralidades y conductas al margen de la ley.

 

Tras este episodio, Arnoldo Alemán quiso asegurarse la impunidad permanente y agradecer el favor al ex-comandante sandinista, y pactó con Daniel Ortega, quien estaba desesperado por regresar al poder, de tal manera que el grupo liberal de Alemán apoyaría al “sandinista” Ortega a cambio del compromiso de éste de, en ninguna circunstancia, exigir cuentas al ex-presidente malversador por todos sus delitos y comportamiento irregular, no solamente pretérito, sino también presente y futuro.

 

Con esa componenda, donde ni siquiera necesitó la mayoría absoluta en una segunda vuelta electoral para ser proclamado en primera vuelta con el 37.99% de los votos en 2006, Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua. Este triunfo podría casi considerarse un “accidente político” al ser ampliamente facilitado por la desunión del bloque anti-sandinista, que le permitió la victoria electoral con menos del 38% de los votos, a partir de una peculiar regla de que si quien terminaba en primera posición sacaba más del 15% de ventaja a quien iba en segunda posición, no sería necesario acudir a una segunda vuelta electoral.

 

Daniel Ortega, a pesar de su autoritarismo mesiánico, no disponía entonces de la mayoría política de la población o del parlamento, por lo que tuvo que basarse en el hecho de que sus oponentes estaban desunidos, y aprovechar la escandalosa complicidad del bloque de Arnoldo Alemán, la generosidad de los petrodólares de Hugo Chávez que fluyeron sin límites ni control, y el asombroso apoyo del Cardenal Obando y Bravo -antiguo Némesis- para no tener demasiados problemas para mantenerse en el poder durante 2006-2011.

 

Sin embargo, Ortega ha confrontado dificultades para mantener a Nicaragua en el grupo “de la izquierda” extrema, en el plano interno, aunque en el externo apoyó abiertamente a las tiranías en la Libia de Gadafi y la Siria de al-Assad, y estrecha filas continuamente con los hermanos Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador.

 

Por tal razón no puede analizarse la política de Ortega en la realidad nicaragüense como un conflicto polarizado entre “derecha anti-sandinista” versus “izquierda sandinista”, porque ya el sandinismo dejó de existir en Nicaragua hace años -como dejó de existir el “fidelismo” en Cuba- como ha sido tan común entre muchos académicos europeos y norteamericanos, y hay que plantearse el conflicto como entre la dictadura del orteguismo versus la democracia anti-orteguista.

 

Por ello, el ex-comandante manipuló todas las elecciones a través de su influencia en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral y en la Contraloría General de la República. Con otro birlibirloque de tipo “jurídico” (una muy peculiar interpretación constitucional por los magistrados orteguistas en el tribunal), Ortega pudo presentarse nuevamente en las elecciones del 2011 y, gracias al “enjuague” constitucional, podrá hacerlo sucesivamente cada vez que lo desee.

 

Para las elecciones de noviembre del 2011, no conforme con el control y la manipulación de los mecanismos electorales que le garantizaban la “victoria”, y gracias a los casi infinitos recursos financieros que continuamente le hace llegar Hugo Chávez por diversos mecanismos que escapan a los controles institucionales y que se administran en un marco cuasi familiar-cuasi mafioso, Daniel Ortega repartió dinero y recursos fundamentales entre los nicaragüenses, en el mejor espíritu y prácticas de Somoza.

 

Muchas familias campesinas recibieron gratuitamente vacas, corderos y gallinas, aperos de labranza, semillas, fertilizantes y pesticidas, o hasta maquinaria agrícola. Las familias urbanas recibieron facilidades y ayudas económicas, créditos, recursos habitacionales, y promesas de todo tipo, para asegurar la reelección de Ortega.

 

Las acusaciones de algunos sectores del gobierno y los congresistas norteamericanos pretendiendo cuestionar la legitimidad de las elecciones nicaragüenses tienen muy pocas posibilidades de prosperar, porque, con independencia de las muchas manipulaciones que se hayan producido no solamente en el momento de las elecciones, sino en todo el proceso que llevó hasta ellas, incluyendo la peculiar interpretación de “jurisprudencia” justificando la presentación de Ortega a la reelección, es evidente que éste, contando voto a voto, ganó las elecciones, porque, simplemente, las compró, pagando a buena parte de los votantes con los dineros recibidos de Hugo Chávez.

 

La clave de la viabilidad del proyecto autoritario de Daniel Ortega -siguiendo las instrucciones del enfermo Fidel Castro desde La Habana- siempre ha estado basada en la generosa mano petro-financiera del presidente Hugo Chávez, mediante un sofisticado mecanismo que se ha montado fuera de las estructuras estatales tanto de Venezuela como de Nicaragua, en una miríada de empresas regidas por las familias de ambos círculos del poder, y que escapan al control de los mecanismos estatales de ambos países, donde los sistemas judiciales dependen de la voluntad de los caudillos y no son realmente instituciones independientes. Ese perverso subsidio chavista no solamente ha entronizado a Daniel Ortega en el poder, sino que ha terminado dando al traste con la integridad del sistema electoral nicaragüense.

 

Tras las elecciones del 2011, a Daniel Ortega, de “sandinista”, no le queda más que la leyenda y el pasado, pues su actuación, su conducta, y sus pretensiones, son más cercanas en la actualidad al régimen de los Somoza que imperó por más de veinte años en Nicaragua que al supuesto espíritu de Augusto César Sandino con que la “novena” de los comandantes -con el “manager” en La Habana- dirigió el país entre 1979 y 1990, hasta que fueron derrotados en las urnas por Doña Violeta Barrios de Chamorro, y terminó de una vez por todas no solamente la leyenda de la invencibilidad del FSLN, sino hasta el sandinismo como ideología revolucionaria centroamericana.

 

Ecuador y Rafael Correa: el despotismo ¿ilustrado?

 

Una serie de factores de seguridad nacional y debilidad institucional, un terremoto, la caída de los precios del petróleo, y el fracaso del intento de dolarización de la economía, provocaron la profunda crisis que posibilitó la victoria de Rafael Correa en Ecuador, con su Socialismo del Siglo XXI, al estilo de Hugo Chávez.  Pero sobre todo fue el conflicto limítrofe con Perú, que provocó una absurda guerra de varias semanas de duración que desequilibró la economía ecuatoriana, provocando una enorme inflación.

 

La dolarización ecuatoriana, que tantos contratiempos planteó, en realidad se estableció a partir del éxito argentino en su política de convertibilidad, y ante la incapacidad de los países latinoamericanos en manejar sus políticas monetarias. En la práctica, en muchos casos solo se formalizó una realidad existente, pues en muchos casos ya se hallaban extraoficialmente “dolarizados”.

 

Rafael Correa, un economista guayaquileño con formación superior en Europa y Estados Unidos, y el más académicamente capacitado de los caudillos “bolivarianos”, fue electo inicialmente por 4 años, pero a través de una forzada asamblea constituyente se anularon de la cuenta sus dos primeros años, viabilizando su reelección y estancia en el poder para un período de once años. En el financiamiento de su campaña electoral estuvieron presentes no solamente muchos petrodólares chavistas, sino también existen acusaciones de la presencia de narcodólares de las FARC.

 

De inmediato, implementó el proteccionismo, la intervención estatal, el rechazo al pago de la deuda externa, la extensión de subsidios a empresas en crisis, el rechazo a las bases militares norteamericanas (Manta), y la oposición a un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

 

La doctrina del socialismo del siglo XXI y el modelo del ALBA nada nuevo aporta que no se halla experimentado anteriormente, ya fuese en el socialismo real del ex bloque soviético, o en las demagógicas repúblicas liberales. Su política atenta contra la seguridad nacional de su propio país, al estar cuajada de “ideología, juicios de valor e intereses particulares”, como apunta Chiriboga. El socialismo del siglo XXI de Rafael Correa, copia del chavismo, en nada representa una mejoría cuando se compara con el desordenado neo-liberalismo de su antecesor Lucio Gutiérrez.

 

A diferencia del gobierno conservador de León Febres Cordero, quien en 1984 favoreció financieramente al desarrollo de las empresas privadas y posibilitó disminuir sus obligaciones con la banca acreedora internacional, Correa ha revirtió el principio de la Constitución de 1998 que reducía el papel del Estado en la economía y la sociedad.

 

Asimismo, violó la nueva orientación del papel de los bancos centrales en América Latina, que se apartaban de la dirección de la política fiscal y, de esa manera, disminuían el abultado poder en manos del ejecutivo. Sin embargo, Correa anuló esta pérdida de poder presidencial, al transgredir la autonomía del Banco central, obligar a que se le concediesen créditos al gobierno, y frenar la capacidad de la institución para controlar los precios. Como consecuencia de estas acciones, el gasto público se duplicó, y con ello la burocracia estatal.

 

Tras un enfrentamiento casi paranoico con la prensa ecuatoriana, a la que el presidente ha establecido coyundas de todo tipo, legislaciones tendenciosas y acusaciones sin fin, el papel del “cuarto poder”, como se le llama muchas veces a la prensa, se ha debilitado fuertemente en Ecuador. Las acusaciones de enriquecimiento ilegal y cohecho contra el hermano del presidente por disfrutar de contratos privilegiados del gobierno llevaron el enfrentamiento del presidente y la prensa al extremo. Multas arbitrarias y abrumadoras contra las instituciones periodísticas, establecidas por tribunales complacientes al servicio del Ejecutivo, ponen en peligro la existencia de los órganos de prensa independientes que existen en el país.

 

La economía ecuatoriana no ha sido capaz de crear nuevos empleos luego de que el presidente Correa le propinara el golpe de Estado al Banco Central. Ecuador perdió con el gobierno de Rafael Correa su competitividad en los mercados internacionales. El peso empresarial en la economía nacional ha ido en descenso. De no ser por los petrodólares y los altos precios del petróleo en los años recientes, el régimen político en Ecuador, así como el de Venezuela, ya se encontraría en un estado de pauperismo solo comparable al de Cuba.

 

El enfoque demasiado emocional y populista a una sublevación de policías en Quito, que el presidente Correa pretendió presentar como un golpe de estado y una conspiración “imperialista” contra su gobierno, sin serlo, contribuyó a polarizar aún más la sociedad ecuatoriana y elevar las tensiones y enfrentamientos. De la misma manera, la reciente grosería del presidente en la Cumbre Iberoamericana de Asunción, de retirarse de la sala para no escuchar la intervención de la representación del Fondo Monetario Internacional y la banca mundial, lejos de aportar algún entendimiento o soluciones a las dificultades, agrega tensiones innecesarias y no contribuye para nada a mejorar las condiciones de su propio pueblo.

 

El “socialismo del siglo XXI” en países como Bolivia, Venezuela, y Ecuador, ha logrado mantener cierto apoyo popular debido al elevado precio del petróleo en los últimos años, que ha permitido afrontar una alta deuda interna. Petroecuador se ha transformado en el actor económico y político principal, sobre todo cuando el ingreso estatal anual es de 20 mil millones de dólares.

 

El presidente Rafael Correa no ha reconocido el derecho de propiedad de la tierra a las comunidades indígenas, y en el 2009 su gobierno negoció préstamos en condiciones desfavorables con China al 7.25%, garantizados por petróleo, 6 puntos por encima de la tasa internacional.

 

Despreciando el pasado no se construye el futuro. Lo que en Venezuela, Ecuador y Bolivia se está haciendo es el conocido, típico y fracasado procedimiento marxista: borrar el pasado, pretender cambiar al ser humano, y controlar la familia.

 

Pero las sociedades no pueden conformarse a partir de su manipulación desde el Estado. Esta visión autoritaria y centralizadora no reconstruye la sociedad. Aunque el pasado esté lleno de errores, también es un error la concepción de que todo lo que sucedió en ese pasado fue negativo.

 

Argentina, Paraguay y el chavismo: cálidos desencuentros, frías afinidades

 

Ambos países del cono sur enfrentan una disyuntiva: no son tan proclives como el resto de los “bolivarianos” a besar la mano chavista, pero le deben demasiados favores al líder revoltoso de Caracas para darle la espalda.

 

Chávez prácticamente eliminó la deuda externa argentina al comprar gran parte de ella y garantizarla con petrobonos venezolanos, mientras que contribuye generosamente al suministro petrolero de Paraguay a precios preferenciales. Eso provoca que ambas naciones deban mantener un muy precario equilibrio entre el compromiso democrático y el “antiimperialismo” chavista.

 

Naturalmente, hay diferencias sustanciales entre Argentina y Paraguay: mientras la primera es una potencia regional en Suramérica, con un extenso territorio, una economía que supera con creces a sus más cercanos vecinos -con excepción de Brasil- y un desarrollo tecnológico e industrial significativo, Paraguay es una pequeña y empobrecida nación, con una masa significativa de pobladores rurales guaraníes, que en muchas ocasiones ni siquiera hablan español, y donde la agricultura tiene un peso fundamental en la economía nacional.

 

Mientras la dinastía Kirchner es sólida en Argentina, la posición del ex-obispo y actual presidente Fernando Lugo se ha debilitado mucho con las continuas acusaciones de madres que le señalan una paternidad no reconocida de sus vástagos, a lo que se suma la detección de un cáncer linfático que le debilitó grandemente la salud y redujo sensiblemente su capacidad de trabajo, aunque aparentemente ha logrado sobreponerse poco a poco a la enfermedad, o al menos no experimentar dañinas recaídas en los últimos tiempos.

 

Recientemente, en Paraguay aparecieron guerrillas de un llamado “Ejército del Pueblo”, que aparentemente no tenía nada que ver directamente ni con la Habana ni con Caracas, no solamente por estar desfasado en el tiempo, sino porque no parece probable que el eje castro-chavista tuviera interés en crearle dificultades al obispo devenido presidente, que mantiene excelentes relaciones con Cuba y Venezuela y ha dado amplia entrada en el país a los “colaboradores” cubanos de la salud y la educación.

 

Argentina todavía vive su mito peronista -del cual los Kirchner se declaran herederos- y en cierto sentido “antiimperialista”, sin querer reconocer que ese peronismo fue la base de la decadencia argentina desde la década de los cuarenta del siglo pasado hasta nuestros días, castrando las fabulosas y únicas oportunidades de desarrollo con que el país había comenzado el siglo XX.

 

En base a esa leyenda absurda, las élites argentinas se sienten obligadas a mostrar cercanía con el “antiimperialista” Hugo Chávez y simpatías hacia los hermanos Castro, así como “independencia” y “dignidad” frente al “imperialismo”, lo cual explica un reciente enfrentamiento no solamente irracional, sino también improcedente, con Estados Unidos, a causa de un embarque de material policial enviado a la Argentina para utilización en exposición y entrenamiento, y que las aduanas argentinas alegan que no fueron declarados como correspondía hacer, por lo que confiscaron el embarque, sin que el gobierno federal diera muchas muestras de pretender resolver el problema, sino más bien todo lo contrario, a juzgar por las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores argentino.

 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de ganar la reelección por “goleada” absoluta, sin necesidad de una segunda vuelta, lo cual legitima tanto su mandato como sus posiciones ideológicas, y las perspectivas de la economía argentina para el futuro más inmediato no son desalentadoras, lo cual parece augurarle un segundo mandato favorable.

 

Habrá que ver si estas perspectivas le mueven a intentar una reforma constitucional que le posibilite una segunda reelección, para lo que necesitaría dos tercios del Congreso, que no los tiene, o si decidirá pasar al retiro al concluir su mandato, dejando el paso a otros más jóvenes de su partido, que consideran que ya con la de Néstor primero y las dos de Cristina después son demasiadas presidencias para la familia Kirchner.

 

Doña Cristina empezó su primer gobierno en 2007 asesorada por Néstor Kirchner y enfrentada con EEUU, pero comienza el segundo como viuda de Kirchner, más cerca que nunca de Obama, y buscando las mejores relaciones con los industriales nacionales y la empresa privada. A pesar de su contundente triunfo electoral no parece tener interés en mostrarse demasiado radical en la arena internacional ni regional, ni en favorecer enfrentamientos “antiimperialistas”, ni con las posiciones democráticas en boga en el continente.

 

Prueba de ello fue su discreta presencia en la recién realizada Cumbre de la CELAC en Caracas, donde no participó durante todo el tiempo, y de donde se retiró demasiado pronto, a pesar de haber llegado a Venezuela con anticipación suficiente. En este aspecto estuvo mucho más cercana a su colega del Brasil, Dilma Rouseff, quien se comportó de igual manera.

 

Brasil, Lula y Dilma Rouseff: una izquierda “elegante”

 

Brasil es, sin dudas, una de las potencias emergentes con mejores posibilidades de lograr asentarse a nivel mundial en todos los ámbitos, al igual que sus colegas del BRIC (Brasil, Rusia, India y China). A su enorme territorio (quinto a nivel mundial) y una población que sobrepasa los ciento noventa millones de habitantes, une un respetable desarrollo tecnológico y un crecimiento económico que proyecta al país hacia niveles cercanos a los de los países más desarrollados.

 

Sin embargo, Brasil aun debe resolver complejos problemas sociales, de corrupción, y de seguridad nacional, para estabilizarse como una nación del Primer Mundo, aunque no está en este sentido demasiado distante de Rusia, India y China. Pero desde el punto de vista militar se encuentra muy lejos todavía de las otras naciones co-integrantes del BRIC, las tres con poderío atómico y militar -a diferentes escalas- mientras que la nación suramericana ni siquiera se ha planteado seriamente esa perspectiva nuclear, y a nivel continental, a pesar de contar con las fuerzas armadas más grandes y poderosas, no es vista como una seria amenaza para sus vecinos.

 

Aunque mucho del mérito del crecimiento del Brasil se asigna superficialmente al ex-presidente Lula da Silva, quien abandonó el cargo muy recientemente, y quien en realidad contribuyó bastante a la presencia de la nación en los primeros planos que hoy se encuentra, en realidad el desarrollo sostenido de Brasil comenzó con los gobiernos dictatoriales militares de la década de los sesenta del siglo pasado, con su énfasis en las construcciones y la infraestructura, en el desarrollo de los sistemas computacionales y de software, y de la industria militar, además de la estabilización de la economía y el enfrentamiento a la guerrilla urbana, que finalmente derrotaron.

 

Cuando los gobiernos civiles se hicieron cargo del país, a partir de la década de los noventa, ya existía una impresionante infraestructura en el país, gigantescas inversiones extranjeras que propiciaron el desarrollo de la industria automovilística, el transporte, y las telecomunicaciones, la producción de electricidad, la fabricación de variados equipos electrónicos y computadoras, y masivos e importantes renglones de la industria ligera para el consumo nacional.

 

Los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, reputado economista, trajeron la estabilidad monetaria al país, después de la terrible experiencia de los años de inflación descontrolada y las medidas de choque del gobierno de Collor de Melho. De manera que cuando Lula da Silva alcanzó la presidencia estaban creadas bases fundamentales para el fortalecimiento económico, lo que se potenció además con importantes descubrimientos de yacimientos petroleros que dan tranquilidad al país en cuanto a la dependencia energética, fantasma que atenazaba al Brasil de los generales que se hicieron con el poder en 1964 y lo mantuvieron por un cuarto de siglo.

 

Bajo los dos gobiernos de Lula recibió un fuerte impulso tecnológico la inversión en la agricultura y la producción agroindustrial, con el desarrollo de la producción de alimentos transgénicos que han permitido mitigar grandísimos bolsones de hambre y miseria en el país y han actuado a favor de la alimentación de la población brasileña y la exportación no solamente de alimentos, sino también de tecnologías productivas, así como la gigantesca transformación para la conversión de la producción azucarera como base productiva para la elaboración de etanol.

 

Hay que señalar que mientras para Brasil ambos experimentos científicos resultaron destacados éxitos productivos y económicos en función del bienestar del país, en esas mismas fechas Fidel Castro se opuso radicalmente tanto a la producción de alimentos transgénicos como a la utilización del azúcar para la producción de etanol, y los lamentables resultados para Cuba se conocen demasiado bien: la industria azucarera cubana fue destruida y el país debe importar el 80% de los alimentos que consume.

 

Mientras Brasil miraba al horizonte mundial y pretendía un papel protagónico que siente que no disfruta, aspirando, entre otras cosas, a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no parece haberse preocupado lo suficiente para poder establecer un liderazgo continental que no solamente le pertenece, sino que merece, y al estar demasiado atento en ser potencia mundial no se preocupó lo suficiente para establecerse definitivamente como potencia continental.

 

Algo que le ha faltado a Brasil, definitivamente, es poderío militar capaz de hacerse sentir a nivel mundial, si realmente aspira a ser considerado potencia mundial. De lo contrario, de la misma manera que Japón -limitado en su desarrollo militar por los acuerdos del fin de la Segunda Guerra Mundial-, podrá ser reconocido como potencia económica, productiva y tecnológica, pero no como potencia mundial.

 

A ello hay que sumar los graves problemas de inseguridad en la nación suramericana, que datan desde el siglo pasado, cuando con el crecimiento desmesurado de las ciudades creció también la miseria, y con ella la delincuencia y la inseguridad. Con los proyectos futuros del Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016 en tierras brasileñas, el país se ha lanzado desde ahora a una campaña de “saneamiento” urbano, que ha destapado las enormes brechas de seguridad y bolsones de drogadicción existentes, y detectado las extendidas redes de narcotráfico que funcionan no solamente para el tránsito transcontinental, sino también para el consumo nacional.

 

Sigue lacerando al país y su gobernabilidad el elevado nivel de corrupción existente en las esferas gubernamentales, que pudo tomar fuerza por la hostilidad del presidente Lula contra la prensa y las denuncias en este sentido, aunque esa beligerancia contra los medios de información en Brasil nunca alcanzó los niveles que se han visto en Venezuela y Ecuador. Y hay que señalar que con la presidenta Dilma Rouseff las medidas contra la corrupción se han incrementado y se han reducido los márgenes de tolerancia hacia los transgresores.

 

Aunque en el plano superficial se sitúan al ex-sindicalista de izquierda Lula da Silva y a la ex-guerrillera urbana Dilma Rouseff como ideológicamente afines con Hugo Chávez, en realidad la comparación es inexacta, pues ambos mandatarios brasileños -a pesar de su militancia socialista, cierta demagogia y populismo, y otros deslices “brasileiros”, como la contemporización con la corrupción por parte de Lula- han mostrado su apego a las normas democráticas y el Estado de derecho, mientras Chávez ha sido todo lo contrario desde su ascenso al poder.

 

Por mucho que tanto Caracas como La Habana han hecho énfasis en las supuestas afinidades ideológicas con Brasilia, los mandatarios latinoamericanos no han dudado en marcar las diferencias esenciales entre la izquierda “elegante” carioca y el bolivarianismo belicoso de Chávez, decantándose por los brasileños, como hicieron en su momento el salvadoreño Mauricio Funes y el peruano Ollanta Humala cuando eran aspirantes a la presidencia de sus países, fundamentalmente el peruano, quien aprendió en las elecciones presidenciales anteriores, que perdió en segunda vuelta ante el aprista Alan García, que el chavismo tal vez podría dar dinero, pero con seguridad que no daba votos, por el temor de los pueblos a las conductas dictatoriales que saben que existen en Cuba y Venezuela.

 

Las venas abiertas (del cerebro) de América Latina

 

América Latina y el Caribe conforman una unidad cultural y sociopolítica que carga con un gran complejo histórico con relación a los poderes metropolitanos. Aunque parezca increíble, todavía muchos pobladores latinoamericanos llevan en su alma los dolores de la conquista española, al extremo de sentir a España como “enemigo” y malamente poder comprender las relaciones internacionales contemporáneas.

 

En este sentido, tanto Brasil como las naciones isleñas del Caribe no hispano-parlante, que tuvieron sus metrópolis en Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, han asumido la realidad post-colonial con muchas menos reservas y complejos, y aunque por ninguna razón desearían volver al pasado colonial ni pretenden justificar aquella etapa en ningún sentido, no ven a las antiguas metrópolis como enemigos permanentes y eternos, y asumen la historia del continente como un grupo de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado más o menos reciente, con independencia de las voluntades y las intenciones de los participantes, pero que no justifican una hostilidad perenne y fraticida.

 

En este sentido, esas naciones no hispano-parlantes del continente están social e históricamente un paso más adelantadas que las que recibieron totalmente la herencia española y cargan todavía con los traumas y complejos del colonizado, desde los grupos “antiimperialistas” recalcitrantes y extremistas, pasando por la izquierda bistec o liberal, la demagogia y el populismo, hasta los “indigenistas” desmedidos, que ven el regreso a las sociedades y culturas precolombinas como un paso de avance, cuando en realidad, con independencia de los problemas reales de la actualidad en cada nación, sería un retroceso incalculable.

 

A causa de estas cargas emocionales excesivas que corroen nuestras nacionalidades fue que algunos gobernantes del continente, cuando constituían recientemente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Venezuela, declaraban, sinceramente convencidos de lo que decían, que se trataba de uno de los acontecimientos más importantes del continente, si no el más, en los últimos cien años, o desde el inicio de la independencia continental hace doscientos años.

 

Propensos a la exageración, como siempre, y poniendo la racionalidad a un lado para dar paso a la adrenalina y los sentimientos, los gobernantes del continente repetían orgullosos en esa reunión constitutiva que era algo tremendamente importante y trascendental haber creado una organización que explícitamente excluía sin apelación a los dos naciones más grandes, ricas, extensas y poderosas del continente (aunque no lo mencionaran de esta manera), sin otra razón verdadera que “porque sí”, con independencia de todas las declaraciones tranquilizadoras que se hayan podido expresar alrededor del tema, inclusive por los pacifistas arcángeles del neocastrismo.

 

Y resulta conveniente preguntarse como podrán los gobernantes latinoamericanos y caribeños, excluyendo concientemente a Estados Unidos y Canadá de la ecuación “independentista”, analizar, enfrentar y resolver los complejos problemas multinacionales que afectan al continente, entre los cuales están, aunque no son los únicos, tráfico de drogas, terrorismo, insurgencia, inmigración ilegal, lavado de dinero, riesgos epidémicos, derechos humanos, discriminación étnica, discriminación racial, discriminación de género, indigenismo, contrabando, tráfico de armas, tráfico humano, corrupción, militarismo, carrera armamentista, relaciones con potencias emergentes, dependencia energética, seguridad alimentaria, o factores climáticos globales, si aun contando con la participación y colaboración de ambas naciones del norte, en todos los sentidos mucho más desarrolladas que sus vecinos del sur, históricamente se ha hecho tremendamente difícil manejar exitosamente esos problemas, por no decir imposible.

 

De manera que el continente, lastrado desde siempre por un caudillismo y una corrupción que forman parte del código genético de nuestras naciones, y con un enfoque emocional y extremadamente sensible hacia lo que desde el punto de vista del poder y el gobierno deberían ser comportamientos geopolíticos, se planteó a si mismo crear una organización a despecho de todas las ya existentes, con la intención de abordar los problemas más acuciantes del hemisferio dando la espalda a los únicos dos socios potenciales con un tremendo nivel de desarrollo y tecnológica y económicamente capaces de cooperar decisivamente con las naciones latinoamericanas y del Caribe.

 

Es decir, utilizar menos cantidad y menos preparadas fuerzas y recursos con la pretensión de resolver problemas que no pueden ser resueltos aun con la participación unida y la cooperación de todos, excluidos y excluyentes.

 

Para los intereses de seguridad nacional del continente y cada país en particular pretender sustituir el papel decisivo de Estados Unidos en el hemisferio es algo que resulta demasiado riesgoso.

 

Porque, independientemente de  las razones que puedan alegarse para la discrepancia y las posiciones encontradas, mientras “el imperio” está conformado por instituciones muy sólidas y funciona por procedimientos predecibles y bien definidos, el volátil chavismo no solamente depende de un caudillismo extremo, sino específicamente de un caudillo en particular, que al faltar dejaría en el aire toda la entelequia anterior creada y mantenida por su voluntad por el caudillo de turno.

 

Sucedió así con Fidel Castro, que al abandonar sus cargos “con carácter provisional” en 2006, a causa de su deteriorada salud, dio paso, aun sin proponérselo ni mucho menos, a lo que hoy llamamos neocastrismo, que sin abandonar para nada las concepciones totalitarias y dictatoriales del Comandante en Jefe funciona con estilos y rasgos diferentes en la actualidad, producto de las condiciones y la personalidad de los dirigentes.

 

Sucede ahora con Hugo Chávez, que tras conocerse que estaba afectado por un cáncer en la pelvis del que no se sabe demasiado, por haber sido manejada la información con total secretismo, no solamente deja en la incertidumbre el futuro inmediato y a largo plazo de la revolución “bolivariana” en Venezuela, sino que obliga a sus aliados y clientes políticos a reconsiderar posiciones y conductas frente al “imperio”.

 

No por gusto tanto el mandatario boliviano Evo Morales como el ecuatoriano Rafael Correa han reconsiderado seriamente su enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos en el tema de la lucha contra el narcotráfico en sus países, tanto como productores como en condición de canales de tránsito, y después que se conoció públicamente de la enfermedad del teniente-coronel venezolano decidieron “sorpresivamente” volver a intercambiar embajadores con Estados Unidos -que llevaban varios años “congelados”, sin presencia en los respectivos países- y solicitaron a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, regresar a las respectivas naciones suramericanas, después de que años atrás había sido expulsada a caja destemplada y con groseras declaraciones, llamados a la “independencia nacional”, y protestas contra “la injerencia imperialista”.

 

Para que no existan dudas sobre las intenciones de los gobernantes “bolivarianos” tras la enfermedad del caudillo venezolano, la representación ecuatoriana en Washington la ostentará una ex-ministra, que cursó estudios en la Universidad de Harvard, una señora que está muy deseosa de atraer inversiones estadounidenses al país.

 

China, Rusia, Estados Unidos, y los vacíos de poder en el continente

 

China, como nueva gran potencia mundial, busca proyectarse tanto en África como en América Latina. Como gran importador de recursos naturales, tiene un grandísimo interés comercial en América Latina, que resulta un importante productor de materias primas y recursos primarios que la nación asiática necesita desesperadamente, tanto recursos minerales y forestales como productos elaborados.

 

A diferencia de Rusia e Irán, así como de la antigua Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, China no demuestra demasiado significativo interés por avanzar y mejorar posiciones militares o de inteligencia en el hemisferio, con excepción de su participación y utilidad en los recursos del espionaje electrónico desde La Habana. Mucho más le interesa garantizar las bases de suministros energéticos y de materias primas, y lograr espacios para sus inversores en el continente.

 

Si América Latina ha podido capear con relativa facilidad y prosperidad la crisis económica mundial de los últimos años, que ha golpeado tan fuertemente a Europa y estados Unidos, por ejemplo, ha sido por su continuo crecimiento de sus exportaciones a China, que representan una parte fundamental del crecimiento de las economías latinoamericanas en general en los últimos años en Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y América Central.

 

Venezuela ha fortalecido grandemente sus relaciones con China, sobre todo a partir del viaje que Hugo Chávez realizó a ese país para obtener equipos militares. El presidente chino, Hu Jintao, aprobó proveer a Venezuela de aviones de combate J-11 y aviones de entrenamiento K-8, en medio de un fondo de inversión bilateral por 6,000 millones de dólares (cuatro mil de China y dos mil Venezuela).

 

Utilizando como garantía compromisos futuros de abastecimiento de petróleo, Chávez ha podido obtener del gigante asiático significativos créditos y grandes ayudas financieras, que se han destinado no solamente a proyectos en Venezuela, sino también en clientes políticos del chavismo. Es significativa en este sentido la gigantesca inversión china para la ampliación de la refinería petrolera de Cienfuegos, en la zona central de Cuba, garantizada con petróleo venezolano que será exportado a China en los próximos años, como “colateral” del préstamo chino.

 

El forcejeo entre Rusia y Estados Unidos, o entre este país y China en el tablero mundial, se asemeja al gran juego del siglo XIX, cuando el Imperio del Zar y el de la Reina Victoria se disputaban el Asia Central. Aunque América Latina no había tenido hasta muy recientemente prioridad estratégica para China o Rusia ante la histórica hegemonía norteamericana, cuyos intereses se despliegan en el hemisferio norte, del Atlántico al Pacífico, en las nuevas condiciones la región sur del hemisferio occidental resulta tentador tanto para China como para Rusia.  

 

La diplomacia norteamericana no ha logrado en las últimas dos décadas comprender e interpretar adecuadamente la geopolítica post Guerra Fría, y en determinados sentidos se mantiene razonando como en los tiempos del enfrentamiento con la Unión Soviética. El mantenimiento y elevación a primer orden de las relaciones de Washington con Moscú y con Beijing no solo deben ser centrales para la Casa Blanca, sino que deben ser más importantes incluso que los lazos con Europa.

 

Los últimos mandatarios norteamericanos no han entendido que el rumbo y el enfoque geopolítico de Rusia se encarrilan más hacia el equilibrio y la estabilidad mundial que al enfrentamiento y el conflicto. Las acciones de Rusia en América Latina, coordinadas con Venezuela, Irán y Cuba, responden más a una reacción del Kremlin ante las decisiones de Estados Unidos que a una acción en busca de hegemonía. 

 

Ante el despliegue del escudo antimisiles de la OTAN en Polonia y la República Checa, en julio de 2008 (aun en tiempos del presidente George W Bush), se elevó la tensión entre Estados Unidos y Rusia, que lo vio como una amenaza para su seguridad nacional.

 

El Primer Ministro Vladimir Putin lo calificó como una duplicidad, pues no servía para el propósito aducido de defensa contra los misiles iraníes, puesto que éstos no tenían tales misiles en esos momentos. Como respuesta a la decisión norteamericana, Putin planteó “restablecer nuestra posición en Cuba”.

 

De inmediato el viceprimer ministro ruso Igor Sechin -veterano de la KGB soviética, que por su experiencia en el África de habla portuguesa se puede comunicar con sus pares latinoamericanos sin intérprete- visitó a Raúl Castro, mientras que los tremendistas en todo el mundo comenzaron a hablar y a escribir desaforadamente sobre la posibilidad de una segunda “Crisis de Octubre”, lo que no tenía ningún sentido, pero que sin dudas era un alimento inapreciable para el amarillismo periodístico y los “expertos” de mentiritas.

 

Significativamente, mientras un complicado juego geopolítico entre Rusia y Estados Unidos se lleva a cabo en torno a la América Latina y el Caribe, solamente las naciones “revolucionarias” ligadas al castro-chavismo participan activamente en la formulación y definición de políticas frente a Estados Unidos, en coordinación con sus aliados rusos, chinos e islámicos radicales, mientras las naciones democráticas del continente parecen no interesarse demasiado en todas estas realidades, y es muy poco lo que hacen.

 

Poco después, la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, conminaba a Rusia para que no proyectase su influencia en países de Latinoamérica adversarios de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El tono y la urgencia se debieron a la relampagueante campaña blindada rusa en Georgia. Sin dudas, influyó también el hecho de que Nicaragua y el grupo terrorista palestino Hamas fueron las únicas otras entidades, además de Rusia, que reconocieron la independencia de las provincias georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.

 

En respuesta a la secretaria de Estado norteamericana, Moscú expresó su interés en una estrategia militar en el área, como exportadora de armamentos y de tecnología militar, y respondió realizando ejercicios militares conjuntos con Venezuela. Un escuadrón de la Flota del Norte rusa enfiló hacia el Mar Caribe y Venezuela: el convoy para los ejercicios militares conjuntos incluyó el crucero atómico “Pedro el Grande”, así como el destroyer antisubmarino “Almirante Chabanenko”.

 

Asimismo, dos bombarderos estratégicos Tu-160 (el bombardero supersónico más grande del planeta, llamado el Cisne Blanco), aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía para sobrevolar el Mar Caribe, a la vez que una numerosa delegación encabezada por Igor I. Sechin, quien además de viceprimer ministro es el presidente de la petrolera estatal rusa Rosneff, visitaba Managua, Caracas y La Habana.

 

Ante las protestas norteamericanas, el Kremlin adujo que tanto la OTAN como Estados Unidos estaban llevando a cabo maniobras navales en el Mar Negro, una región que Moscú considera de su influencia. El presidente venezolano Hugo Chávez echó más leña al fuego planteando ante la televisión rusa Vesti-24 que Rusia era un elemento liberador de la influencia norteamericana.

 

Poco después, Moscú tomó otra medida de carácter ofensivo en el continente, al proponer que se ayudara a Cuba para establecer allí un centro espacial, lo que en la práctica iba a recordar la existencia de la base de espionaje electrónico de Lourdes y la capacidad de rastreo de las comunicaciones y movimientos de transporte de los norteamericanos. El director de la Agencia Espacial rusa, Anatoly Perminov, apuntó entonces en Venezuela que tanto Cuba como ese país podrían beneficiarse del uso común del propuesto centro espacial.

 

Rusia también, y esto es tremendamente importante, pretende crear un cártel mundial del gas, una especie de OPEP para el gas, e intenta convencer a Argelia, Libia, Qatar, los países de Asia Central, Irán, Venezuela y Bolivia para formar parte de ese proyectado cártel, que concentraría el mayor mercado del gas del mundo: entre todos ellos acaparan dos tercios de las reservas mundiales de gas.

 

Estados Unidos, por su parte, desea recuperar terrenos perdidos en lo comercial y en lo económico y avanzar en nuevas direcciones, pero también fortalecer sus posiciones en el terreno de la seguridad y fortalecer su presencia militar en el Pacífico en momentos en que China pretende expandir significativamente su poderío para reafirmarse como potencia mundial.

 

El presidente Barack Obama, además de lograr la aprobación de los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá, bloqueados en el Congreso norteamericano desde hacía mucho, y con Corea del Sur, acaba de hacer público y comenzar a expresar un amplio apoyo al desarrollo de una iniciativa llamada Asociación Trans-Pacífica (Trans-Pacific Partnership), que en estos momentos incluye solamente a pequeños países como Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, aunque ya Estados Unidos, Australia, Vietnam, Malasia y Perú están negociando su incorporación, mientras Canadá, Japón y México han expresado su interés en participar.

 

Estos esfuerzos norteamericanos se encaminan no solamente a nivelar los desbalances entre Estados Unidos y China en todos los campos, y no solamente el militar, sino también a fortalecer y desarrollar las relaciones norteamericanas con América Latina y el Caribe, y contribuir, mediante el desarrollo del comercio trans Pacífico, a fortalecer el papel de las naciones de América Latina con el gigante chino, aunque los permanentes “antiimperialistas” de siempre no sean capaces de ver y comprender estas realidades.

 

La lucha geopolítica por los recursos energéticos y el papel de América Latina

 

En la cuenca del Mar Caspio, Rusia, África Occidental y América del Norte y el Sur, se advierten perspectivas interesantes de producción expandida de petróleo y gas, así como también la promesa de una mayor producción de petróleo y gas en el Oriente Medio. Rusia es ya una superpotencia energética.

 

En términos generales, se prevé que el uso de electricidad en todo el mundo aumentará a 22 trillones de kilowatts-hora en el 2020, y las regiones que tendrán mayor desarrollo serían Asia, América Central y América del Sur.

 

La Cuenca del Atlántico emerge como una fuente segura de producción y abastecimiento energético, tanto en la región de América Latina como en la de África, en la medida que se desarrolla la tecnología correspondiente a la exploración en aguas profundas.

 

Una estrategia de dos vías gobierna la política de Estados Unidos hacia América Latina: una vía de esa estrategia es asegurarse petróleo, y la otra es evitar el terrorismo. Para Estados Unidos, las fuentes externas de energía más importantes y confiables son sus aliados de Canadá y México. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un exportador neto de gas natural a México.

 

Los países de los que regularmente han abastecido de petróleo a Estados Unidos hasta el momento y que, de continuar sin cambios en el escenario, se espera que abastezcan de petróleo a dicha nación en los años por venir, están desgarrados por violentos conflictos internos, anidan fuertes sentimientos antiestadounidenses, o entrañan ambas situaciones a la vez. Los esfuerzos por asegurarse fuentes adicionales de crudo foráneo seguramente conducirán a desórdenes violentos y a resistencia en muchas áreas clave de producción.

 

Ya desde la época del presidente George W Bush Estados Unidos buscaba incrementar significativamente las importaciones energéticas procedentes de América Latina. Fue de esa manera que, paradójicamente, cuando más se radicalizaba su gobierno “bolivariano”, Venezuela se convirtió en el tercer mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos, después de Canadá y Arabia Saudita, y superando a México, que pasaría a ser el cuarto abastecedor, mientras Colombia quedaría como el séptimo.

 

Las reservas más importantes de petróleo y gas, fuera del Medio Oriente, se hallan en el fondo de los océanos, en el Mar del Norte, en el Golfo de México y en Alaska, donde su extracción conllevaba costos muy elevados, estimándose incluso que su explotación no disminuiría los precios sensiblemente.

 

Resulta además una convicción casi generalizada de que en gran parte de este siglo XXI, hasta donde puede ser previsible en estos momentos, la ciencia y la tecnología serán incapaces de proveer nuevas fuentes energéticas en gran escala para reemplazar en términos mundiales al petróleo.

 

Las políticas que adopte Estados Unidos con relación a la prospección y explotación energética en su territorio terrestre o marítimo, así como los balances de concesiones con los grupos ambientalistas, los ajustes a la legislación para el incremento de la producción, el peso que se conceda al papel de la energía nuclear dentro del balance energético en el futuro, así como las políticas de importación petrolera de las diferentes áreas geográficas y países, determinarán las relaciones geopolíticas de Estados Unidos con América Latina y el Caribe en el tema petrolero.

 

Una vez más, los países productores y refinadores del continente deberán involucrarse profundamente en estos procesos y no verse solamente como productores con mercados seguros, si quieren poder influir realmente en los factores de seguridad nacional de cada uno de ellos y del continente en general.

 

Los más grandes yacimientos de carbón del mundo, localizados en Estados Unidos, Canadá y Australia, resultan difíciles de desarrollar, y los problemas del funcionamiento industrial por medio de la energía nuclear aún se hallan muy rezagados y confrontan dificultades operacionales.

 

En un informe que escribió la hoy desaparecida gigantesca compañía energética Enron hace años se aconsejaba un esfuerzo agresivo para tener acceso a suministros de petróleo fuera del Golfo Pérsico, por el riesgo geopolítico de la región.

 

Debido a los temores de que esta zona del mundo se viera periódicamente sumida en guerras la estrategia propuesta por la hoy inexistente Enron pedía un aumento de los suministros de Estados Unidos provenientes de otras áreas, donde además las posibilidades de bloquear al tráfico marítimo estrechos geográficos como los que coronan el Mar Rojo o el Golfo Pérsico, fueran más limitadas.

 

De aquí la recomendación de enfocar la atención y los esfuerzos en regiones como la cuenca del Mar Caspio, la costa occidental de África, y Venezuela, Colombia y México en América Latina.

 

Estados Unidos cuenta en la actualidad con veintidós mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas, incluyendo las que corresponden a la vertiente norte de Alaska, lo que a pesar del aparente gran volumen de esa cifra es insuficiente para las gigantescas necesidades del país.

 

Hay que tomar en consideración que Estados Unidos importa de diferentes fuentes, principalmente de México y Canadá, cerca de diez millones de barriles diarios de los veinte que consume, así como que también importa un significativo volumen de petrolero que se destina no a ser consumido directamente como combustible, sino como materia prima para la elaboración de productos derivados (tales como lubricantes, emulsiones y otras producciones especializadas).

 

De cualquier forma, ante la aberrante estrategia que ha seguido Pemex en los últimos años en la explotación de los combustibles fósiles, en la actualidad México no dispone de gas suficiente por falta de plantas criogénicas para separarlo del petróleo, además de que el gas seco del yacimiento de Burgos no se ha llegado a extraer a escala industrial.

 

Por si fuera poco, la obstinada política “revolucionaria” y súper-nacionalista mexicana de negarse rotundamente a cualquier tipo de inversión extranjera en la industria energética nacionalizada (la joya de la corona de la “revolución” mexicana, aunque la ineficiencia, la burocracia y la corrupción se coman a la industria energética nacional) no ha facilitado el desarrollo tecnológico de punta en el país.

 

Además, ha existido un relativo retraso en la exploración y explotación de las potenciales riquezas de petróleo y gas en su Zona Exclusiva de Desarrollo en el Golfo de México, y en aguas profundas en general, así como la coordinación de planes de contingencia.

 

Con estas realidades, y torpedeados por las acciones de La Habana y Caracas, y con la colaboración de los ultra-radicales islámicos, los esfuerzos estadounidenses por abrevar de las abundantes existencias energéticas venezolanas y de otros países del sur no han prosperado demasiado.

 

Debido a la historia de suspicacia en ambas orillas del Río Grande -parte de ellas relativamente justificadas, pero otra buena parte no-, Estados Unidos se ha tropezado con que los principales productores de gas y petróleo en el continente han situado sus reservas de energía bajo control estatal, estableciendo fuertes barreras legales para la inversión privada (tanto nacional como extranjera) en la producción interna de crudo.

 

Uno de los principales factores que ha condicionado en los últimos tiempos la actuación del Consejo de Seguridad de la ONU en la adopción de sanciones contra Irán ha sido el voto negativo de China para poder implementar cualquier tipo de represalia.

 

Tras esta actitud del gobierno chino se encuentran los acuerdos petroleros entre esa nación asiática ¿post-comunista? e Irán, por los cuales la nación islámica suministrará a la potencia que crece a más velocidad en el mundo una cantidad de crudo valorada en 100,000 millones de dólares hasta el año 2020.

 

A manera de cálculo numérico elemental, a un precio promedio de cien dólares por barril el suministro iraní a China en base a estos acuerdos representaría mil millones de barriles

 

Las principales inversiones en etanol, otra alternativa al combustible tradicional, las han protagonizado Brasil, Estados Unidos, Japón, Suecia y, curiosamente, algunos de los principales exportadores de petróleo, entre ellos Nigeria y Venezuela.

 

Más significativo aún es que la “Ley de Energía” estadounidense marcaba como objetivo para el año 2012 la producción de 35,000 millones de litros de etanol, con el objetivo de “sustituir” el 75% de las exportaciones de petróleo de Oriente Medio con etanol en un periodo de 20 años.

 

Otro caso evidente en toda esta problemática son las “tensas relaciones” existentes entre EEUU y Venezuela. Aunque en cereal desean capitalizar los beneficios derivados de un mayor volumen de exportaciones a Estados Unidos, los países latinoamericanos son propensos a resistir una mayor participación estadounidense en sus industrias energéticas y en cualquier incremento significativo en la extracción de crudo.

 

Y estas reticencias sin dudas tienen mucho más que ver con razonamientos “políticos” y emocionales que con criterios tecnológicos y económicos.

 

Es que, por mucho que lo intenten periódicamente, los gobiernos latinoamericanos repelen instintivamente “al imperio”, aun al precio de hipotecar a largo y mediano plazo el desarrollo y la prosperidad futura de sus pueblos, y aunque algunos líderes son más proclives que otros a mantener relaciones amistosas y mutuamente convenientes con el Potomac, algunos tienen que enarbolar la bandera “nacionalista” para complacer a las diversas bases de izquierda que sustentan o complementan su poder, por lo que tienen que adoptar posiciones populistas y/o demagógicas, aunque en ocasiones se trate de demócratas demostrados y convencidos.

 

Venezuela y Estados Unidos mantuvieron firmes vínculos amistosos históricos en cuestiones de energía hasta la llegada del chavismo, incluso en los períodos de la nacionalización de la industria petrolera del país suramericano. Los actos y declaraciones de Hugo Chávez deterioraron la reputación de proveedor petrolero confiable de su país.

 

En Venezuela, la nueva Constitución adoptada en 1999 prohibió la inversión extranjera en el sector petrolero, y desde el 2003 el presidente Hugo Chávez despidió a los administradores de la empresa petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), que favorecieron nexos con firmas extranjeras.

 

La actitud “bolivariana” se impuso sobre la lógica, la tecnología y la economía en aras de “la revolución”, Lo mismo había sucedido anteriormente en Argentina, Bolivia y Ecuador en sus procesos “nacionalistas”, pero con mucha menos virulencia que en la Venezuela del siglo XXI. De manera que, con independencia de los intereses de seguridad nacional de cada nación y del continente en su conjunto, las posiciones emocionales y las pasiones primarán en la toma de decisiones relacionadas con la política energética hemisférica.

 

Diferencias entre el neocastrismo y el castrismo en la política continental

 

Para asombro de los venezolanos, en Venezuela está sucediendo lo mismo que sucede en Cuba: van quedando atrás los postulados y actitudes del castrismo, con su Comandante como máxima y única figura, y se va conformando un neocastrismo relativamente más institucional y colectivo, donde el carisma, el desorden y la improvisación son mucho menos significativos que la efectividad, los planes y lo sistemático de los procedimientos a llevar a cabo para materializar las tareas. En Venezuela, por su parte, con la enfermedad del caudillo bolivariano, un cáncer del que no se conoce demasiado públicamente, las perspectivas del futuro “revolucionario” se hacen más difusas e incoherentes, mientras los presuntos herederos se preparan para la rebatiña que ya está comenzando, aun cuado Chávez asegura que el cáncer ha quedado atrás: no todos se lo creen, aunque nadie lo quiera decir tan crudamente.

 

Ya el objetivo de La Habana no es buscar regímenes “revolucionarios” a través del “foco guerrillero”, la insurgencia y la violencia desmedida; ahora son los petrodólares y el espionaje cubano los que constituyen la amalgama vencedora, desarrollando ya sea elecciones que aprovechan la frustración de los votantes por la ineficacia, el desinterés y la corrupción de los gobiernos para elegir caudillos mesiánicos que prometen el paraíso en esta vida, o realizando elecciones manipuladas que le permitan mostrar una cobertura de “legitimidad” ante los organismos internacionales y los incautos de todo tipo.

 

Ya no son los comandantes “duros” y “tiratiros” de la lucha guerrillera los que parten clandestinamente para fortalecer y entrenar a las guerrillas venezolanas, colombianas, argentinas, guatemaltecas, nicaragüenses o peruanas: ahora son los funcionarios más capacitados y entrenados en “el arte de la inteligencia”, que con cobertura diplomática, profesoral o de hombres de negocios, se mueven por toda América Latina y el Caribe llevando el “mensaje” revolucionario por todo el continente. La pistola todavía, claro, continúa a la cintura, pero ahora no sobre una camisa de campaña, sino bajo una elegante guayabera.

 

En estos días algunos se asombran por las revelaciones de que la cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Miami forma parte de la plantilla y nómina de los servicios de inteligencia venezolanos. ¿Cuál es la noticia para asombrarse? Verdadera noticia sería si se pudiera conocer que la señora es realmente una funcionaria diplomática destinada a esa ciudad para ofrecer servicios consulares apropiados a los venezolanos residentes en el sur de La Florida. Que sea una oficial de inteligencia no es noticia.

 

Como tampoco es noticia que el representante cubano en la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, o el Embajador cubano ante la Organización de Naciones Unidas, y muchos -por no decir todos- de los funcionarios de ambas representaciones en Estados Unidos, responden a los aparatos de inteligencia cubanos.

 

Si por regla general los aparatos de inteligencia cubanos controlan los servicios diplomáticos del país, en el caso de las representaciones en Estados Unidos no hay excepciones: hay que ser necesariamente del aparato de inteligencia para poder aspirar a ser “diplomático” ubicado en la gran potencia del norte.

 

Noticia sería, nuevamente, si se conociera que estos “diplomáticos” del régimen cubano son realmente profesionales de la diplomacia y promotores de las buenas relaciones entre ambos países, pero eso es imposible bajo el totalitarismo.

 

Pero lo verdaderamente curioso es que, después de las experiencias que ya se conocen de más de medio siglo de dictadura totalitaria en Cuba, todavía existan personas que se sorprendan con informaciones como la de la cónsul venezolana en Miami, y que la prensa se haga eco diligentemente y con espíritu amarillento de ese “escándalo”, que debería ser un secreto a voces en cualquier publicación seria.

 

Pero parece que en América Latina y el Caribe todos estamos condenados a repetir la historia, pero cada vez más en forma de parodia. En la Cuba “revolucionaria” no solo la clase media cubana apoyó y se incorporó al proceso revolucionario en los primeros momentos, sino también buena parte de las clases altas y acomodadas.

 

En Venezuela, la clase media se lanzó al chavismo en su primera ronda, decepcionada con la inutilidad y corrupción de la clase política tradicional, sólo para verse comprometida muy pronto con un ensayo tiránico que aun no ha terminado. Lo mismo sucedió en Bolivia con Evo Morales, cabeza del sindicalismo cocalero y la “esperanza” inicial de la clase media y los intelectuales.

 

En todos los casos, incluyendo posteriormente a Ecuador y Nicaragua, ha primado la idea de un caudillo mesiánico, que a través de la reforma constitucional o la manipulación de la ley fundamental pueda perpetuarse en el poder, desconociendo “deficiencias” de las democracias como son la alternancia en el poder, el respeto de mandatos presidenciales enmarcados en el tiempo, la libertad de prensa y opinión, y la división de poderes.

 

Pero tanto en Ecuador como en Venezuela, a diferencia de Bolivia y Nicaragua, se complica la situación por la realidad de que existe un amplio sector de la población de origen afro, que se halla marginada, y ha obligado a los “teóricos” de ambos regímenes a elaborar una supuesta idea de “reconciliación nacional” que no acaba de materializarse nunca.

 

En Bolivia el discurso indigenista fue extraído y enarbolado por un medio no indigenista, y el cebo es la recuperación de los territorios perdidos en la guerra contra Chile.

 

Puede argumentarse que nada de lo que sucede hoy en nuestro continente es nuevo, pues mucho de lo que se vive en la actualidad ya recorrió la política hemisférica de la década de los veinte y treinta del siglo pasado, sobre todo con la influencia del Duce Benito Mussolini, del cabo-führer Adolfo Hitler, y del “caudillo de España por la gracia de Dios”, Francisco Franco, que recogió y aplicó extensamente Juan Domingo Perón en la Argentina, iniciando a la gigantesca nación patagónica en un proceso de decadencia continua que dura hasta nuestros días.

 

La venezolano-francesa Elizabeth Burgos ha calificado al régimen de Hugo Chávez como “castrismo a la llanera”. Lo que llama la atención de este “socialismo del siglo XXI” es que la otrora luna de miel con el régimen cubano se ha evaporado totalmente.

 

Un firme defensor de ambos regímenes, el profesor mexicano-alemán Heinz Dieterich, intenta crear una fundamentación teórica “revolucionaria” para la experiencia latinoamericana, pero pasaba continuos malos ratos tratando de establecer un mínimo de coherencia e interrelación teórica entre ambos procesos “revolucionarios”, y con la llegada de Raúl Castro al poder en La Habana tal parece que el profesor ha perdido las esperanzas de poderlo lograr con un mínimo de sentido común, teniendo en cuenta de que al venezolano no hay quien lo entienda y al general-presidente cubano no le interesa demasiado hacerlo.

 

Tanto la izquierda europea “caviar” como la latinoamericana “bistec”, así como los más “duros” revolucionarios en todas partes, aprendieron hace tiempo que el “castrismo”, con su estado militarista, no es un modelo viable para aquella “larga marcha de América Latina” que inventó un teórico “revolucionario” de pacotilla que finalmente terminó más cerca de los grandes poderes europeos y los focos de las candilejas del poder “elegante” de la vieja Europa, pero muy lejos de los focos guerrilleros latinoamericanos.

 

Está claro y nadie discute que la intelectualidad “chic” europea, latinoamericana y hasta la “liberal” estadounidense, sienten una gran debilidad para todo experimento en América Latina, mientras más alocado y “original” mucho mejor, sobre todo por su visceral anti-norteamericanismo abstracto, llevando a que defiendan y apoyen sistemas sociopolíticos a establecer en América Latina y el Caribe que no serían capaces de aceptar para ellos mismos ni para su familia en sus países de residencia.

 

Si a la derecha despistada le parecen “románticos” los bohíos humildes, las chabolas destartaladas, y las favelas controladas por narcotraficantes, a esa izquierda le parece “revolucionario” el trabajo voluntario, el internacionalismo proletario y el paredón de fusilamiento.

 

Sin embargo, casi ninguno de esos intelectuales que apoya completamente el “modelo cubano” desde lejos y en la comodidad de sus propios entornos, es capaz de renunciar a sus comodidades, libertades y facilidades del Primer Mundo e irse a vivir a la Isla como un cubano más, sin pasaporte ni moneda convertible. No, no es para tanto: una cosa es ser un tipo “solidario” y otra es ser un comemierda.

 

El diferendo y reto del chavismo no se halla en el Potomac, frente “al imperio”, sino en el Amazonas, con el socialismo “elegante” encarnado por Lula da Silva. La versión del fracasado socialismo castrista a la que se arrimó Hugo Chávez tiene su competencia en el “socialismo democrático” de Luis Ignacio Lula da Silva, el cual, apoyado en el gaucho montonero Néstor Kirchner, se erigió como contendiente de Chávez para portar el manto revolucionario latinoamericano, a través del Foro de Sao Paulo.

 

Fidel Castro, a pesar de tener que conformarse con su ascenso al Olimpo de las Reflexiones, por estar cada vez más fuera del juego en los entretelones del poder cubano, a pesar de su supuesto carácter de “consultor estratégico”, ha tratado de balancear y mediar entre ambas figuras, pero su retórica, que además peca de decadente cada vez más en los últimos tiempos, ha resultado insuficiente para darle al teniente-coronel una estatura que no tiene, ni teórica ni política, mientras que el “sindicalista” y expresidente Lula goza de un prestigio internacional y popular a veces exagerado y no verdaderamente merecido, pero prestigio al fin, del cual se beneficia ampliamente.

 

Pero el “socialismo democrático” que propugna intensamente la posición izquierdista “elegante” en América Latina está en contradicción total con la izquierda “carnicera”, “antiimperialista” y “bolivariana”, que, como el alacrán, no puede dejar de utilizar el aguijón y esparcir la ponzoña, independientemente de que las condiciones hayan cambiado sustancialmente en todo el hemisferio, y en el mundo.

 

Ya no se encuentran guerrillas rurales ni urbanas en el continente que sean vistas con admiración o respeto por la población, o que puedan ser apoyadas “solidariamente” por La Habana o Caracas, y actualmente en nuestros países solamente pululan, haciendo mucho daño, es cierto, pero en proceso de extinción, las FARC colombianas, a lo que se suman remanentes aislados y poco importantes de los maoístas de Sendero Luminoso en el Perú, y trasnochados de un Ejército de Liberación paraguayo que muy pocos saben lo que representa realmente.

 

Pero la Venezuela chavista, con la asesoría de Fidel Castro, comenzó desde el 2001 un proceso de complicidad y acercamiento con el Irán de los ayatollahs, que se ha ido extendiendo a través de los años, a pesar de la enfermedad y “retiro” de Fidel Castro.

 

Raúl Castro, por su parte, no demuestra demasiado apego por los fundamentalistas iraníes y sus métodos abiertamente terroristas, pero, necesitado de los abundantes créditos que el Irán ha entregado al régimen en condiciones favorables, tiene que sobrellevarlos, y de ninguna manera puede mostrar rechazo a estas operaciones, aunque tampoco demuestra demasiado entusiasmo en desarrollar relaciones oficiales personales con estos personajes, y ha dejado ese trabajo, que parece considerar “sucio”, a Hugo Chávez y Evo Morales.

 

Los compromisos son serios. Con cobertura y a la vez flagrante negligencia del gobierno venezolano, han entrado a América Latina cientos de militantes y miles de simpatizantes de organizaciones islámicas fundamentalistas, de las cuales Hezbollah y Hamás son las más públicas y conocidas, pero no las únicas.

 

Células durmientes se crean continuamente en el continente, fundamentalmente en América del Sur, y se va tejiendo una extensa red subversiva que puede ser llamada a actuar en cualquier momento, tanto contra intereses de Estados Unidos o Israel en cualquier país como contra cualquier gobierno o institución que los fundamentalistas consideren necesario.

 

Las tropas especiales cubanas garantizan la extracción de uranio en las minas venezolanas, y posiblemente muy pronto se pueda saber también del vínculo de estas fuerzas especiales con la extracción del litio boliviano, porque ambos minerales tienen un carácter estratégico para la industria nuclear, y La Habana no está dispuesta a poner la seguridad de estas operaciones en manos menos experimentadas o fácilmente penetrables o corrompibles.

 

Continúan los vuelos semanales Caracas-Damasco-Teherán, de ida y vuelta, donde se envían al Medio Oriente, resguardados de miradas indiscretas en los aeropuertos abiertos de todo el mundo, los minerales estratégicos extraídos de las minas venezolanas que protegen los cubanos, y donde en los viajes de vuelta llegan a Venezuela “turistas”, entrenadores nada deportivos, potenciales terroristas y subversivos en activo, parte de los cuales se radica en el país, mientras otra parte se disemina por los países del continente.

 

Aunque todavía no es muy conocido ese hecho, habría que investigar a fondo la cantidad de personas de origen islámico que se ha radicado en las naciones-islas del Caribe en los últimos años, y podría establecerse el vínculo Teherán-Caracas en esta incremento de los viajeros procedentes de aquellas regiones hacia el hemisferio occidental.

 

Que sean de determinada religión no indica que militen en determinadas posiciones, y en definitiva es necesario respetar la religión de cada quien. Si se ha hecho énfasis en el origen de estos nuevos habitantes de estos territorios occidentales no es por motivo de su religión, sino de su potencial militancia política extremistas y sus potenciales vínculos o relaciones con el pensamiento y la acción terrorista.

 

Aparentemente, más por la biología que por la política, es plausible considerar que dentro de algunos años ni los hermanos Castro ni Hugo Chávez estarán presentes en el escenario latinoamericano, sea por enfermedad o vejez.

 

Pero aunque ellos no estén, el daño que van a dejar a la seguridad nacional de nuestro continente y de cada uno de nuestros países con el desarrollo de esa base subversiva y terrorista que han facilitado y apoyado, y sin tener en cuenta que por otra parte resulta completamente alejada de nuestra cultura, nuestra psicología y nuestras tradiciones, será colosal.

 

Tan colosal que habría que preguntarse si no existen ya motivos suficientes para que un tribunal independiente, dentro del más estricto apego a la ley, pudiera juzgar a estos tiranuelos de pacotilla por crímenes contra la humanidad, al haber facilitado la creación, instalación y asentamiento de una gigantesca infraestructura terrorista en el continente, basados solamente en el odio irracional a los Estados Unidos y a todo lo que signifique democracia y libertad.